Ningún hecho político es en estos momentos más importante que la elección del Fiscal General de la República, pues es a quien le corresponde promover la acción penal, defender los intereses del Estado y la sociedad, así como el accionar de la justicia en defensa de la legalidad. Para cumplir a cabalidad con las responsabilidades que señala el artículo 193 de la Constitución, se requiere de una persona con alto nivel de conocimientos especializados, grandes dotes de liderazgo, valentía, y sobre todo honradez e independencia. La Asamblea Legislativa debió elegir al nuevo Fiscal antes del 3 de diciembre, fecha en que terminó su periodo Luis Martínez. La falta de cumplimento de plazos por parte de la Asamblea Legislativa no debe ser aceptable, pues las instituciones deben respetar las reglas. Adicionalmente, el procedimiento de elección debe cumplir con la jurisprudencia constitucional en donde se han señalado características de ser público, transparente y debidamente motivado. El Fiscal saliente, Luis Martínez, ha fallado en su gestión de investigar casos de impunidad relevantes, ha promovido casos de penalización de políticas públicas y, además, ha sido sujeto de cuestionamientos por posibles conflictos de interés. El Fiscal que se llegue a elegir hereda debilidad institucional, impunidad, casos de corrupción no resueltos y unos niveles de homicidios tan altos que pone a nuestro país dentro de los más violentos del planeta. Sin un buen Fiscal no se podrá combatir el crimen en forma efectiva, ni habrá una justicia de calidad que responda a la realidad tan difícil que está atravesando nuestro querido país. En base a lo anterior, Hacemos un llamado a los diputados que integran la Asamblea Legislativa para que depongan cualquier interés político partidario y, a la brevedad posible, procedan a la elección de un nuevo Fiscal General apolítico, con las características de capacidad, independencia, probidad y liderazgo, lo que se traduciría en un gran aporte a la consolidación del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática que nos merecemos todos los salvadoreños.

1. El Consorcio por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción con motivo de la elección del
Fiscal General de la República señala:
Ningún hecho político es en estos momentos más importante que la elección del Fiscal General de la
República, pues es a quien le corresponde promover la acción penal, defender los intereses del Estado y la
sociedad, así como el accionar de la justicia en defensa de la legalidad.
Para cumplir a cabalidad con las responsabilidades que señala el artículo 193 de la Constitución, se requiere
de una persona con alto nivel de conocimientos especializados, grandes dotes de liderazgo, valentía, y sobre
todo honradez e independencia.
La Asamblea Legislativa debió elegir al nuevo Fiscal antes del 3 de diciembre, fecha en que terminó su
periodo Luis Martínez. La falta de cumplimento de plazos por parte de la Asamblea Legislativa no debe ser
aceptable, pues las instituciones deben respetar las reglas. Adicionalmente, el procedimiento de elección
debe cumplir con la jurisprudencia constitucional en donde se han señalado características de ser público,
transparente y debidamente motivado.
El Fiscal saliente, Luis Martínez, ha fallado en su gestión de investigar casos de impunidad relevantes, ha
promovido casos de penalización de políticas públicas y, además, ha sido sujeto de cuestionamientos por
posibles conflictos de interés.
El Fiscal que se llegue a elegir hereda debilidad institucional, impunidad, casos de corrupción no resueltos y
unos niveles de homicidios tan altos que pone a nuestro país dentro de los más violentos del planeta.
Sin un buen Fiscal no se podrá combatir el crimen en forma efectiva, ni habrá una justicia de calidad que
responda a la realidad tan difícil que está atravesando nuestro querido país.
En base a lo anterior,
Hacemos un llamado a los diputados que integran la Asamblea Legislativa para que depongan cualquier
interés político partidario y, a la brevedad posible, procedan a la elección de un nuevo Fiscal General
apolítico, con las características de capacidad, independencia, probidad y liderazgo, lo que se traduciría en
un gran aporte a la consolidación del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática que nos
merecemos todos los salvadoreños.