Representantes de organizaciones sociales bolivianas debatieron el proyecto de ley minera y expresaron su preocupación por sus posibles impactos negativos. Criticaron que la ley podría expandir la minería a nuevas áreas, incluidas zonas protegidas, y facilitar la explotación minera privada sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas. Varios oradores denunciaron que la ley beneficiaría principalmente los intereses de las empresas mineras en lugar de proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades.
Organizaciones sociales debaten y cuestionan el tratamiento de la Ley Minera
1. Organizaciones sociales debaten y cuestionan el tratamiento
de la Ley Minera
(Nota Fundación Solón, 8 de mayo de 2014).- Con la presencia de
alrededor de 500 representantes de organizaciones nacionales del
país entre las que están regantes, juntas vecinales, mujeres, círculos
académicos y organizaciones como CNAMIB (Confederación Nacional
de Mujeres Indígenas de Bolivia, CONALPROMA (Coordinadora
Nacional de Comunidades Afectadas por la Mineria y por la Protección
del Medio Ambiente), APDH Bolivia, CONAMAQ, CPMB, OICH,
CODEPANAL, entre otras junto a numerosas representaciones de
comunidades rurales, se inauguró la Cumbre Social sobre el Proyecto
de Ley Minera recordando a los presentes que el problema de la
minería en el país no solo afecta a las comunidades indígenas y
campesinas sino también a todos y todas las bolivianas y bolivianos,
por lo que la ciudadanía tiene el derecho a ser consultada y a
pronunciarse.
Ingrid Palomeque de CNAMIB señaló que están presentes en la
Cumbre porque las generaciones presentes debemos defender
nuestros territorios de la explotación minera para el futuro de sus
hijos. Félix Laime de CONALPROMA, a su turno señaló que no solo
hay que resaltar la importancia económica de la minería sino también
sus impactos negativos como es la contaminación de los territorios.
Laime denunció que en el país hay ciudadanos “de primera” como los
mineros, quienes tienen privilegios sobre la explotación del agua para
2. la minería, y que en cambio las comunidades afectadas por esta
actividad no son escuchadas ni involucradas en la discusión de esta
ley “parece que somos entenados”, afirmó. Por su parte, Yolanda
Herrera de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
señaló que la propuesta de ley de minería incluye artículos que
criminalizan y judicializan a las personas que defienden el agua y el
medio ambiente.
Marco Gandarillas del CEDIB en su presentación, indicó que
actualmente se está exportando más minerales que en la época de
los “Barones de estaño”, la mayoría en materia prima - roca (97%), y
el resto en metálico (3%). Afirmó que el proyecto de ley minera
abrirá la explotación a zonas no tradicionales ya que los actuales
yacimientos, después de 600 años, tienen capacidad para 8 años
más; además de dar en concesión las áreas nacionalizadas y reservas
fiscales de COMIBOL (Ej. Tantari y Precámbrico en Santa Cruz) en 3
años, así como áreas protegidas (el 15% ya es objeto de concesión
minera), glaciares, cementerios, y todo el territorio nacional.
El Estado está promoviendo la conformación de cooperativas mineras
por lo que se están expandiendo de forma insostenible (ej. 900
nuevos títulos y 200 solicitudes en trámite). Gandarillas denunció que
el proyecto de ley de minería busca la instauración de un nuevo
Estado de derecho en beneficio de los mineros, un ejemplo de ello es
el desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, conminándole a aprobar estos contratos en tres meses.
Carlos Arce del CEDLA por su parte indicó que el Estado nunca ha
invertido en COMIBOL (Huanuni y Colquiri) y ha brindado todo tipo de
facilidades para la minería privada, por ejemplo, los arrendamientos
actuales serán legalizados a partir de los contratos. En la parte final
de su intervención, Arce señaló que el modelo de economía plural, en
el que se ampara la figura del cooperativismo, indica que pueden
convivir las empresas transnacionales con pequeñas y elimina la
posibilidad de que se realice la minería comunitaria a pequeña escala
por lo que obliga a las comunidades a convertirse en empresas
conduciéndonos a un capitalismo salvaje.
Edwin Armatas del Programa Nina, en su exposición afirmó que el
Proyecto de Ley Minera crea la figura del “actor productivo minero” y
le otorga el derecho del uso de los recursos del área de concesión en
todo el territorio nacional, con el peligro de cambiar los usos del agua
y alterando los cursos de agua. Cambia los principios y el espíritu del
Derecho a la Consulta establecido a nivel internacional porque la
reduce a 3 reuniones entre las autoridades de una comunidad y la
empresa minera en la ciudad de La Paz y no en la misma comunidad,
intermediada por la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa
Minera (ARJAM) en donde el actor minero presentará sus planes de
trabajo y de inversión, así como los mecanismos de compensación.
3. Criticó que la consulta se haga solo en fase de exploración y no así en
las fases de explotación. Otra limitación es que esta consulta
dependería de la Certificación de Pueblo Indígena Originario
Campesino que en gran medida se respaldará en los datos del Censo
Nacional en donde ya se evidenció que los pueblos indígenas están
siendo diezmados.
La sesión de la mañana de ayer finalizó con la lectura de las
numerosas declaraciones y pronunciamientos de las organizaciones
que se manifestaron en contra del proyecto de ley minera, entre ellas
varias comunidades, federaciones como la Red Nacional de Mujeres
en defensa de la Madre Tierra. También se hicieron conocer las
observaciones de las organizaciones de la Campaña Octubre Azul en
Bolivia en la que participaron más de 100 organizaciones e
instituciones en octubre de 2013 pidiendo el cuidado del agua en toda
norma y política que se apruebe en el país, así como abrir espacios
para la discusión de esta ley y para encarar el debate sobre el tipo de
desarrollo que se debería impulsar en el país en tiempos de crisis
global del agua y severa crisis climática.
En la tarde sesionaron 5 grupos de trabajo:
Agua y Minería; Política Económica; Derechos Colectivos; Tierra,
Territorio y Recursos Naturales; Madre Tierra e Impactos
Socioambientales.