Más de 7.000 personas en Antioquia y Colombia preocupados por los conflictos sociambientales generados por Hidroituango solicitan suspensión de la Licencia Ambiental e intervención inmediata del Gobierno Central y Defensoría del Pueblo

1. En Colombia siete mil personas piden suspensión de Hidroituango
y garantías de derechos para los afectados por EPM Hidroituango
DE AGUASPARALAVIDA JUNIO 14, 2013. Comunicado Público No 12
Movimiento Ríos Vivos Antioquia
Más de 7.000 personas en Antioquia y Colombia preocupados por los
conflictos sociambientales generados por Hidroituango solicitan
suspensión de la Licencia Ambiental e intervención inmediata del
Gobierno Central y Defensoría del Pueblo
Debido a las denuncias realizadas por las y los afectados por el
Proyecto hidroeléctrico más grande del País –Hidroituango-
agrupados en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia surgió una iniciativa
popular respaldada por más de 7.000 personas de distintas zonas del
departamento y del país en la que solicitan la suspensión de la
licencia ambiental del megaproyecto hasta tanto se den garantías de
restitución de las actividades productivas y se presente un informe
del seguimiento de la ANLA al cumplimiento de la licencia.
Por otra parte, los millares de firmantes instan al gobierno nacional
abrir espacios de reflexión en torno a la política minero energética,
pues miles de comunidades están siendo expuestas a perder sus
formas de subsistencia, así como su identidad y culturas en nombre
del desarrollo; así mismo se exige un informe sobre las maneras
mediante las cuales el Gobierno Nacional dará garantías de protección
de los derechos de los afectados en los territorios donde se adelantan
proyectos mineroenergéticos, incluso, como lo ha solicitado el
Movimiento Ríos vivos en otras instancia, se pide que se informe
como los afectados por estos proyectos pueden adelantar procesos
reales de participación ciudadana en la toma de decisiones que les
afectan sus formas de vida en medio de zonas donde hay conflicto
armado.

2. Complementariamente también hacen un llamado a la Defensoría
Nacional del Pueblo y demás entes de control para que verifiquen y
hagan seguimiento a la situación de derechos humanos en el área de
influencia de Hidroituango, solicitando además, que en un término no
superior a dos meses presenten un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de la Licencia Ambiental del Proyecto por parte de EPM.
A nuestro juicio, el documento radicado ayer en la ANLA, Presidencia
de la república, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del
Pueblo, Presidencia y Naciones Unidas, es un ejercicio CONTUNDENTE
DE PARTICIPACIÓN CIUDAANA, basado en razones de peso para que
un gobierno que respeta los derechos humanos en la práctica y la
legalidad tome correctivos de carácter urgente para solucionar
las problemáticas generadas por el proyecto de ESTADO
HIDROITUANGO, entre ellas se destacan: La relación entre conflicto
armado y megarepresa, las miles de víctimas de los grupos armados
revictimizadas por los desplazamientos forzados, la pérdida de
fuentes de sustento, la no restitución de las actividades productivas,
los engaños, los sofismas, las violaciones a derechos fundamentales
como la libre movilidad, el trabajo, la libertad, pues muchos de los
afectados fueron apresados ilegalmente, derecho a la honra pues a
muchos se les ha señalado y estigmatizado no solo dañando su buen
nombre sino derivando en un riesgo inminente para vida e integridad
física, muchos han sido amenazados y han vivido situaciones de
infracción al DIH, entre otros.
Hasta el día de hoy más de 300 personas han permanecido alejadas
de su territorio, bajo la absoluta indiferencia de un gobierno que no
comprende las dinámicas del campo, las diferencias culturales –que
se deben respetar a cabalidad- y sobre todo los grandes impactos que
sobre el proyecto de vida de cientos de personas humildes está
generando.
Nos mantenemos atentos de la reacción del Gobierno Nacional y
Ministerio de Ambiente frete a la petición de miles de ciudadanos que
cada vez más son conscientes de la problemática social, ambiental,
económica y cultural que generan las represas.
Ver derecho de petición radicado por 7 000 personas.
¡Todos somos afectados, la vida no se represa!