Colom 01

REPÚBLICA
DE COLOMBIA
123/2007

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ÍNDICE
Pág.
I. DATOS BÁSICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. DATOS HISTÓRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO . . . . . . . . . . 64
IV. RELACIONES CON ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . 68
a) Relaciones diplomáticas . . . . . . . . . . . . . . . . 68
b) Relaciones económicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
c) Tratados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
d) Visitas de personalidades . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1. Personalidades españolas que han
visitado Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2. Personalidades colombianas que han
visitado España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
V. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN
ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
FUENTES DOCUMENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

I. DATOS BÁSICOS
ETIMOLOGÍA
El nombre de Colombia significa tierra de Cristóbal Colón y fue con-
cebido por Francisco de Miranda para nombrar al Nuevo Mundo, América.
Su nombre oficial es República de Colombia.
El 15 de febrero de 1819, durante el Congreso de Angostura, fue procla-
mado el Estado que adoptó el nombre de República de Colombia (conocida
en aquel entonces como Gran Colombia, para evitar confusiones con la
actual Colombia) con soberanía sobre los territorios de los hasta entonces
Virreinato de Nueva Granada y Capitanía de Venezuela.
En 1830, Cuando los departamentos de Quito (Ecuador) y Venezuela
ya se habían separado de la Gran Colombia, el restante departamento de
Cundinamarca que comprendía el actual territorio colombiano,9 se erigió
como república con el nombre de República de Nueva Granada y poco
después se convirtió en una Estado federal bajo el título de Confederación
Granadina al aprobarse la Constitución de 1858. La misma adoptó el nom-
bre de Estados Unidos de Colombia en 1863, la cual, en 1886, se constituyó
definitivamente, hasta nuestros días, en República de Colombia. En 1903
se separa Panamá.
El significado del nombre de Colombia también se menciona en una
de las estrofas del Himno Nacional, que reza de esta forma: “...en sangre
de héroes la tierra de Colón”.
Características generales
Nombre oficial: República de Colombia.
Fiesta nacional: El 20 de Julio (Declaración de la Independencia con
el Grito o La reyerta del 20 de Julio de 1810)
No obstante, el 7 de Agosto (Definición de la
Independencia, en conmemoración de la Batalla de
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Boyacá) se celebra como Fiesta patriótica teniendo
lugar en la Casa de Nariño (Casa de Gobierno) la
toma de posesión del nuevo Presidente de la Repú-
blica.
Superficie: 1.147.748 km2.
Límites: Al norte con el mar de las Antillas (1.600 km), al
este con Venezuela (2.219 km) y Brasil (1.645 km)
al oeste con el océano Pacífico (1.300 km), y al nor-
oeste con Panamá (266 km).
Situación: Entre los meridianos 66º 50’ y 79º 01’ oeste de
Greenwich y los paralelos 4º 07’ sur y 12º 13’ nor-
te.
Población: 46.952.000 habitantes (2007).
Capital: Santa Fe de Bogotá, 6.673.000habitantes (2005).
Otras ciudades: Medellín (3.312.000 hab.) (2005).
Cali (2.530.000 hab.) (2005).
Barranquilla (1.695.000hab.) (2005).
División Administrativa:
Departamentos (capital) Extensión (km2)
Amazonas(Leticia) 109.665
Antioquía(Medellín) 63.612
Arauca(Arauca) 23.818
Atlántico(Barranquilla) 3.388
Bolívar(Cartagena) 25.978
Boyacá(Tunja) 23.189
Caldas(Manizales) 7.888
Caquetá(Florencia) 88.965
Casanare(Yopal) 44.640
Cauca(Popayán) 29.308
César(Valledupar) 22.905
Córdoba(Montería) 25.020
Cundinamarca(Bogotá) 24.210

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Departamentos (capital) Extensión (km2)
Guainía(PuertoInírida) 72.238
Chocó(Quibdó) 46.530
Guajira,La(Riohacha) 20.848
Guaviare(SanJosédeGuaviare) 42.327
Huila(Neiva) 19.890
Magdalena(SantaMarta) 23.188
Meta(Villavicencio) 85.635
Nariño(Pasto) 33.268
NortedeSantander(Cúcuta) 21.658
Quindío(Armenia) 1.845
Risaralda(Pereira) 4.140
Santander(Bucaramanga) 30.537
SanAndrésyProvidencia(SanAndrés) 44
Putumayo(Mocoa) 24.885
Sucre(Sincelejo) 10.917
Tolima(Ibagué) 23.562
ValledelCauca(Cali) 22.140
Vaupés(Mitú) 65.268
Vichada(PuertoCarreño) 100.242
Idioma: Español (oficial) y numerosas lenguas indígenas.
Gentilicio: Colombiano.
Religión: Católica (96%).
Moneda: Peso colombiano.
Bandera: 3 bandas horizontales: amarilla (de doble anchura),
azul y roja.
Geografía:
Colombia es el país más septentrional de América del Sur y el cuarto
en tamaño. Islas: San Andrés y Providencia; cayos de Roncador, Serrana y
Quitasueño, y varios islotes en el mar Caribe y las islas de Gorgona, Gor-
gonilla y Malpelo, en el océano Pacífico.
Relieve:
El territorio de Colombia –tropical y situado casi todo en el hemisferio
norte– está atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes que,
cerca de la frontera con Ecuador, se divide en tres cadenas: Occidental,
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Central y Oriental. Además hay tres sistemas montañosos independientes:
la cordillera del Baudó, que corre paralela a la costa del Pacífico y entra
en Panamá, la sierra Nevada de Santa Marta y la cordillera Macarena, en
el departamento del Meta.
Hidrografía:
Hay que destacar los ríos Atrato, San Juan y Patía; y los ríos Cauca y
Funza o Bogotá que desembocan en el Magdalena. De la vertiente este
de la cordillera oriental nacen los grandes ríos Arauca, Meta, Vichada,
Inírida y Guaviare, afluentes del Orinoco; el Vaupés, Apaporis, Caquetá y
Putumayo, afluentes del gran Amazonas. Abundan las lagunas, entre las
que se encuentran la de Fúquene y la Cocha.
Sistema de Gobierno: República presidencialista.
Indicadores sociales:
Densidad de población (hab./km2) (2007): 41
Población urbana (%) (2007): 78,3
Crecimiento de la población anual (%) (2000-2005): 1,7
Esperanza de vida al nacer (años) (2000-2005): 72,2
Índice de fecundidad (2000-2005): 2,62
Tasa bruta de mortalidad infantil por mil (2000-2005): 25,6
Tasa de analfabetismo % (2000-2004): 7,9
IDH (valor numérico/n.º orden mundial) (2004): 0,790/70
Ingreso Nacional Bruto per cápita Atlas Method $ USA (2004): 2.020
Indicadores económicos:
–Estructura del producto interior bruto 2005
Distribución por sectores % del PIB total
Agricultura 11%
Sector financiero 17%
Manufacturas 15%
Servicios 19%
Comercio, restaurantes y hoteles 11%
Transportes y comunicaciones 7%
Fuente: Consejería Comercial y Económica, Bogotá.
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–Coyuntura Económica
Indicadores económicos 2004 2005 2006
PIB m. mill. pesos colombianos 257.476 285.741 320.728
PIB % crecimiento real 4,79 5,20 6,80
Tasa de inflación (Med.) 5,9 5,0 3,1
Tasa de paro 12,1 10,4 11,8
Balanza c/c mill. $ –952 –1.930 –2.909
Reservas internacionales mill. $ 13.540 14.957 15.440
Deuda externa m. mill. $ USA 39,56 38,37 40,03
Servivio deuda externa % 45,49 50,03 48,5
Tipo de cambio por $ USA 2.409 2.321 2.360
–Comercio exterior
Estructura de la balanza comercial (mill. $) 2004 2005 2006
Importación FOB 15.878 20.133 26.162
Exportación FOB 17.011 21.727 24.390
–Distribución del comercio por países. 2006
Principales % del Principales % del
clientes total proveedores total
1. EE UU 39,6 1. EE UU 26,4
2. Venezuela 11,1 2. México 8,7
3. Ecuador 5,1 3. China 8,4
4. Perú 2,8 4. Brasil 7,2
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–Distribución del comercio por productos 2006. mill. $ USA
Principales exportaciones
Combustibles minerales 9.360,8
Café 1.491,9
Fundición de hierro y acero 1.267,8
Plásticos y sus manufacturas 1.045,7
Principales importaciones
Máquinas y aparatos mecámicos 3.617,7
Máquinas y aparatos eléctricos 3.160,4
Vehículos y repuestos 2.962,9
Productos químicos orgánicos 1.730,1
Defensa 2006:
Ejército Nacional: 265.403
Armada: 13.900
F. Aérea: 11.670
Servicio Militar: entre 18 y 24 meses
Datos de 2007 (web de Presidencia de Gobierno):
Presupuesto de Defensa: 1.170.000 millones pesos (un 7,4% superior
al de 2006).
Principales Partidos Políticos:
• 2 tradicionales: liberal y conservador. El Partido Liberal es miembro
de la Internacional Socialista.
• Otros partidos y movimientos políticos: Cambio Radical Colombia-
no, Partido Social de Unidad Nacional “Partido de la U” –partido aliado
del Presidente Álvaro Uribe-, Polo Democrático Alternativo -partido
político de tendencia izquierdista social-demócrata que obtuvo el segundo
lugar en votaciones durante la última elección presidencial realizada en
el 2005 y que controla la Alcaldía de Bogotá y algunas gobernaciones de
algunos Departamentos, Movimiento Alas-Equipo Colombia, y diversos
movimientos indigenistas minoritarios, etc.
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Líderes:
Partido Liberal: César Gaviria Trujillo
Partido Conservador: Julio Manzur Abdala
Cambio Radical Colombiano: Germán Vargas Lleras
Partido de la “U”: Osacar Iván Zuluaga – Juan Manuel Santos
Polo Democrático Alternativo: Carlos Gaviria
Medios de Comunicación Social:
Prensa:
Principales diarios
Diario deportivo: Santafé de Bogotá, fundado en 1993.
El tiempo: Santafé de Bogotá, fundado en 1911.
El Espacio: Santafé de Bogotá, fundado en 1965.
Hoy: Santafé de Bogotá, fundado en 2002.
La República: Santafé de Bogotá, fundado en 1953.
Portafolio: Santafé de Bogotá, fundado en 1993.
El Nuevo Siglo: Santafé de Bogotá,fundado en 1995.
El Colombiano: Medellín, fundado en 1912.
El Mundo: Medellín, fundado en 1979.
El País: Cali, fundado en 1950.
Diario Occidente: Cali, fundado en 1961. Gratuito.
El Heraldo: Barraquilla, fundado en 1933.
La Patria: Manizales, fundado en 1921.
Radio y Televisión:
Número de canales de televisión: 9
Número de aparatos de televisión: 11.936.000
Número de emisoras de radio: 630
Número de aparatos de radio: 21.000.000.
Fuente: Anuario Iberoamericano 2007. Agencia EFE.
Datos prácticos
N.º de españoles residentes y transeúntes en el país (13-3-2007):
Residentes: 11.177.
Transeúntes: 134.
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Clima:
Aunque la mayor parte del territorio se halla en la zona tórrida, Colom-
bia tiene una variedad de climas de acuerdo con la altitud. En las tierras
altas son frecuentes las lluvias ligeras, pero hay dos temporadas de sequía:
de diciembre a marzo y de julio a septiembre. Bogotá está a 2.630 m sobre
el nivel del mar y el promedio de las temperaturas altas oscila entre los
18ºC y los 20ºC.
Formalidades aduaneras: Pasaporte en regla, no se necesita visado.
Cambio de moneda: 1 euro = 2.700 pesos colombianos.
1 dólar = 1.960 pesos colombianos (Julio 2007).
Corriente eléctrica: 110/60 V.
Diferencia horaria con España: 7 horas menos en verano y 6 horas menos en
invierno.
Pesos y medidas: Sistema métrico decimal
Jornada laboral: Horario comercial, de 9,00 a 20,00 horas.
Bancos, de 9,00 a 15,00, de lunes a viernes, excepto el
último día laborable de cada mes, cierran a las 12,00.
Centros oficiales, de 8,30 a 13,00 y de 14,00 a
17,00.
Fiestas 2007: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía; 19
de marzo, San José; 5 de abril, Jueves Santo; 6 de
abril; Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del trabajo;
17 de mayo, Día de la Ascensión; 7 de junio, Corpus
Cisti; 18 de junio, Sagrado Corazón de Jesús; 29 e
junio, San Pedro y San Pablo; 20 de julio, Fiesta de
la Independencia; 7 de agosto, Batalla de Bayacá;
15 de agosto, La Asunción; 12 de octubre, Descu-
brimiento de América/Fiesta de la Hispanidad;
1 de noviembre, Día de Todos los Santos; 11 de
noviembre, Independencia de Cartagena; 8 de
diciembre, Inmaculada Concepción; 25 de diciem-
bre, Navidad.
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II. DATOS HISTÓRICOS
Colombia estuvo bajo dominio español desde el siglo XVI hasta 1819
cuando alcanzó la independencia como parte de Gran Colombia, que
incluía Ecuador, Panamá y Venezuela. En 1830 se separaron Ecuador y
Venezuela y Colombia (incluyendo Panamá) se convirtió en una república
independiente. En 1903 la provincia de Panamá se rebeló y se independizó
de Colombia.
Durante más de un siglo, el poder en Colombia ha estado repartido
entre dos partidos políticos rivales, el Partido Conservador y el Partido
Liberal.
La llegada de los conservadores al poder en 1884, con Rafael Núñez,
fundador del Partido Nacional, abrió un nuevo periodo constituyente del
que resultó la creación definitiva, en 1886, de la República de Colombia,
con carácter unitario y centralista. Núñez practicó una política de rege-
neración y apaciguamiento, a pesar de la cual los liberales le hicieron una
fuerte oposición. En 1899, se desencadenó una guerra civil, llamada Guerra
de los Mil Días, entre conservadores y liberales, que terminó en 1903 con
el triunfo conservador y dio lugar a que este partido se mantuviera en el
poder hasta 1930.
El liberal Olaya Herrera asumió la Presidencia en 1930, inaugurando
un periodo progresista caracterizado por el reformismo. En las elecciones
de 1946, venció el conservador Ospina que presidió una etapa de violen-
cia política que causó millares de víctimas. La situación se agravó con el
asesinato del carismático líder liberal Jorge Eliécer Gaitán (1948), que
provocó una gran insurrección popular en Bogotá y otras ciudades, conocida
por “bogotazo”. Se generalizó por todo el país un estado de guerra civil
soterrada, al tiempo que se intensificaba considerablemente la actividad
guerrillera.
En 1954, el coronel Rojas Pinilla dio un golpe de Estado derribando
a Laureano Gómez que había sido elegido en noviembre de 1949. Sin
embargo, no pudo controlar la crisis económica y en 1957 se produjo una
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intensa oleada huelguista y en mayo de ese año una Junta Militar tomó
el poder. De acuerdo con las estimaciones oficiales, durante el periodo
entre 1949 y 1958, conocido como “la Violencia”, murieron alrededor de
280.000 personas.
En un intento por restablecer la paz y la estabilidad, liberales y conser-
vadores, representados por Lleras Camargo y Gómez, firmaron en Sitges
(España) un pacto por el que acordaron cooperar en un Frente Nacional.
Durante un periodo de 16 años, la presidencia sería rotativa para conserva-
dores y liberales y las carteras ministeriales se repartirían equitativamente
entre los dos partidos, además ambos tendrían el mismo número de escaños
en cada una de las dos Cámaras del Congreso. En diciembre de 1957 se
celebró un referéndum por el cual se aprobó el acuerdo y fue incorporado
a la Constitución de 1886.
En mayo de 1958 la primera elección presidencial bajo la enmendada
Constitución fue ganada por el candidato del Frente Nacional, Alberto
Lleras Camargo, un liberal que había sido presidente en 1945-46. El nue-
vo presidente tomó posesión en agosto de 1958, cuando la Junta entonces
gobernante le cedió el poder. Siguiendo el acuerdo de 1957, le sucedió un
conservador, Guillermo León Valencia y tras él accedió al poder otro liberal,
Carlos Lleras Restrepo, en 1966.
En la elección presidencial del 19 de abril de 1970, el candidato del
Frente Nacional, el conservador Misael Pastrana Borrero, venció por un
estrecho margen al general Rojas, que había hecho campaña como líder de
la Alianza Nacional Popular (ANAPO) recibiendo el apoyo de los sectores
más humildes de la población. En las elecciones al Congreso, celebradas
simultáneamente, el Frente Nacional perdió su mayoría en las dos Cámaras
mientras que el ANAPO se convirtió en el principal grupo de oposición en
las mismas. Los seguidores del ANAPO afirmaron que se había producido
un fraude en las elecciones presidenciales y el ala armada del partido, el
Movimiento 19 de abril (M-19) comenzó a organizar una actividad guerri-
llera contra el Gobierno. A esta guerrilla se unieron miembros disidentes
del grupo pro-soviético Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) que se había creado en 1966.
El 7 de agosto de 1970 Misael Pastrana Borreno, último presidente del
Frente Nacional, tomó posesión del cargo.
El acuerdo de gobierno compartido terminó formalmente con las
elecciones presidenciales y legislativas de abril de 1974, a pesar de que se
mantuvo el Ejecutivo bipartidista durante el periodo 1974-1978. En 1974, el
presidente liberal López Michelsen obtuvo poderes especiales para sanear
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la economía y hacer frente a la guerrilla y a la agitación callejera. En 1982,
el Congreso promulgó una ley de amnistía para que los guerrilleros depu-
sieran las armas y el conservador Belisario Betancur, elegido presidente
ese año, llevó a cabo negociaciones con la guerrilla.
En 1984, la mafia del narcotráfico asesinó al ministro de Justicia, Lara
Bonilla y ese mismo año también caía uno de los principales líderes del M-
19, Carlos Toledo Plata. Ello motivó que el grupo guerrillero denunciara el
alto el fuego y que rompiera la tregua con el asalto al Palacio de Justicia de
Bogotá, que fue tomado con gran número de rehenes en su interior, y que
concluyó con un centenar de víctimas, entre ellas numerosos integrantes
de la Corte Suprema.
El 28 de mayo, el Gobierno y la organización guerrillera Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron una tregua de un año,
no aceptada por el M-19 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De
este intento fallido de paz nació la organización política de izquierda Unión
Patriótica, como grupo disidente de las FARC.
En política exterior, Betancur desarrolló una actividad de signo nacio-
nalista que le llevó a ingresar en el Movimiento de Países No Alineados y
además a formar parte del Grupo de Contadora que se había constituido
el 10 de enero de 1983 en la isla panameña de la que lleva su nombre.
En 1986 fue elegido presidente el liberal Virgilio Barco, que se enfrentó
con el bajísimo nivel de renta de la mayoría de la población, la enorme deu-
da externa, la caída de las exportaciones de café, sin olvidar el narcotráfico
y las acciones de las guerrilllas.
En septiembre de 1989, representantes del Gobierno colombiano y
del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) suscribieron unos
acuerdos que constituían el primer paso para la inserción del grupo en
la vida política democrática. Mientras tanto, a lo largo de todo el año 89
los narcotraficantes colombianos lograron volver a las primeras páginas
de la prensa mundial. Los “extraditables” (narcotraficantes que llevaban
reclamados varios años por Estados Unidos) anunciaron su “guerra total”
a funcionarios, políticos, jueces, empresarios y policías que estuviesen a
favor de la extradición de sus hombres, haciendo explotar más de dos-
cientas bombas, y respondiendo así a la ofensiva iniciada por el presidente
Virgilio Barco.
En enero de 1990, los “extraditables” anunciaron, en un comunicado
difundido en Medellín, que estaban dispuestos a deponer las armas, a sus-
pender el tráfico de cocaína y a reconocer al Estado de Derecho en Colombia,
todo ello a condición de que se aceptara su reinserción en la sociedad.
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El 11 de marzo, los colombianos protagonizaron unas elecciones legis-
lativas y municipales marcadas por transformaciones tanto de forma como
de fondo: por primera vez se elegía popularmente un candidato liberal a
la Presidencia y por primera vez, un movimiento guerrillero –el M-19–,
transformado en movimiento político, se convertía en opción democrática
en las urnas.
De acuerdo con los resultados, César Gaviria, candidato liberal a la
Presidencia, obtenía el 60% de los votos, reafirmando y aumentando su par-
tido la mayoría en muchas administraciones locales y obteniendo también
la mayoría de las alcaldías del país, entre ellas las de Bogotá y Mede- llín.
Pero la novedad fue el 8% de los votos que el candidato a la Presidencia por
el antiguo M-19, Carlos Pizarro, obtenía en Bogotá.
El asesinato de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la
izquierdista Unión Patriótica, perpetrado el 22 de marzo de 1990, provocó
una grave crisis política. Cuatro días después, el ministro de Gobierno,
Carlos Lemos, renunció a su cargo tras perder el apoyo del Gobierno y de
su partido. Lemos, dos días antes de la muerte de Jaramillo, había afirmado
que la UP (Unión Patriótica) era el brazo político de las FARC.
El 26 de abril era igualmente asesinado Carlos Pizarro León-Gómez, de
38 años, candidato a la Presidencia por el antiguo grupo guerrillero M-19,
apoyado por una coalición centroizquierdista, la Alianza Democrática.
El 27 de mayo, compitieron por la Presidencia el liberal César Gaviria,
ex ministro de Interior del Gobierno de Virgilio Barco; Antonio Navarro
(sucesor de Carlos Pizarro, segundo comandante del M-19 y líder de la
Alianza Democrática, centroizquierdista); Rodrigo Lloreda, social conser-
vador; Álvaro Gómez, conservador nacionalista y ocho candidatos más. El
vencedor, con el 47,5% de los votos, fue César Gaviria quien tomó posesión
de su cargo el 7 de agosto de 1990 y puso inmediatamente en marcha un
programa de renovación política que condujo a la creación de una Asam-
blea Nacional Constituyente y a la disolución del Congreso elegido el 11 de
marzo. El programa presidencial incluía como puntos prioritarios la paci-
ficación del país, la apertura y liberalización de la economía y el aumento
de la participación política de los ciudadanos.
Colombia sostuvo reiteradamente que el narcotráfico era un problema
internacional que no podía ser examinado únicamente desde el punto de
vista de la oferta de los países productores sino también desde el de la
demanda creada por los consumidores de Estados Unidos y Europa.
Desde septiembre de 1990 se planteó una nueva estrategia de lucha
contra el narcotráfico. Esta permitía que los traficantes de droga, sujetos
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a extradición, que se entregaran a las autoridades colombianas y que con-
fesaran al menos un delito, serían juzgados en Colombia y no extraditados
a Estados Unidos e incluso se les reducirían las penas a aquellos que cola-
boraran. De este modo, traficantes tan importantes como los hermanos
Ochoa y Pablo Escobar se entregaron entre finales de 1990 y junio de 1991.
No obstante, pese a que el cártel de Medellín sufrió un duro golpe, grupos
como el cártel de Cali continuaron sus actividades delictivas.
El 27 de octubre de 1991, se celebraron elecciones generales al nuevo
congreso (constituido por el Senado y la Cámara de Representantes),
eligiéndose al propio tiempo a los gobernadores departamentales. Estas
elecciones tenían gran trascendencia, pues los nuevos miembros serían los
encargados de interpretar la reciente Constitución de 1991 que sustituía a
la de 1886. La concurrencia a las urnas se caracterizó por la presencia de
las fuerzas políticas tradicionales pero fraccionadas en numerosas listas y
agrupaciones. Así, de tendencia conservadora se presentaron: Nueva Fuerza
Democrática (NFD), Movimiento de Salvación Nacional (MSN) y un grupo
de independientes. Frente a ellos, la Alianza Democrática M-19 (ADM-19),
el Partido Comunista (PC) y una facción de la Unión Patriótica (UP).
La característica más significativa de las elecciones fue la abstención
que sobrepasó el 67% del censo. De un total de 102 escaños del Senado, el
Partido Liberal obtuvo 58 y 87 en la Cámara de Representantes de los 161
que la componían. La Nueva Fuerza Democrática consiguió 9 escaños en el
Senado y no presentó ningún candidato para la Cámara. El Movimiento de
Salvación Nacional sufrió una derrota en el Senado logrando sólo 5 escaños,
frente a los 14 obtenidos en las elecciones anteriores. Otro tanto sucedió
con la Alianza Democrática M-19, que sólo obtuvo 9 escaños en el Senado
y 14 en la Cámara. Por último, los representantes del PC en la Cámara
fueron 3 y 1 en el Senado.
Por lo que se refiere al problema de la violencia, el presidente Gaviria
estuvo empeñado en lograr la paz y para ello mantuvo un diálogo con la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar (CGSB), que aspiró a participar
en las nuevas instituciones del país, cuestión ésta que entrañaba innume-
rables dificultades. El CGSB estaba compuesto por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), los dos grupos rebeldes más antiguos del continente americano,
y una facción del Ejército Popular de Liberación (EPL) que entregó las
armas en marzo de 1991.
Las conversaciones entre guerrilleros y Gobierno comenzaron en junio
de 1991 en Caracas, donde se volvieron a reunir de nuevo ese mismo año,
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pero se trasladaron a México tras el fallido golpe de estado producido en
Venezuela en febrero de 1992. En esta tercera ronda celebrada en Tlaxcala
(México) en marzo de 1992, las conversaciones fueron suspendidas hasta
finales de octubre, ante la ausencia de resultados.
Por otra parte, las elecciones municipales y departamentales del 8
de marzo de 1992 transcurrieron en calma, pero con un alto índice de
abstención (60%). En la Alcaldía de Santa Fé de Bogotá, considerado el
segundo cargo más imporante de Colombia, triunfó el candidato liberal
Jaime Castro, que obtuvo cerca del 60% de los votos emitidos. El conser-
vador Juan Diego Jaramillo, por su parte, quedaba en un segundo lugar y
el tercer puesto era para el candidato disidente del M-19, Ramiro Lucio.
En la capital caribeña de Barranquilla, la cuarta ciudad más importante
del país, el escrutinio dio amplia ventaja al sacerdote Bernardo Hoyos
Montoya, que estaba apoyado por el M-19, una facción liberal y varios
movimientos cívicos.
El Gobierno colombiano acordó, el 1 de junio, conceder asilo político
al ex presidente peruano Alan García, que se encontraba en Perú en la
clandestinidad desde el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, del 5
de abril.
A principios de julio de 1992, el presidente César Gaviria reestructuró
el Gabinete, en el que quedaban representadas otras fuerzas políticas,
además del Partido Liberal: los conservadores y la Alianza Democrática
M-19, lo que, según los observadores políticos, formaba parte del empeño
del presidente Gaviria en obtener reformas políticas y económicas sus-
tanciales.
Los días 23 y 24 de julio tuvo lugar en Madrid la II Cumbre Iberoame-
ricana, a la que asistió la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,
Noemí Sanín de Rubio, en representación del presidente Gaviria, quien
tuvo que cancelar su asistencia a raíz de la fuga de la cárcel el día 22 de
julio del jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Esta fuga y la ayuda
prestada por Estados Unidos en la búsqueda del narcotraficante, originaron
una grave crisis en el Gobierno.
Tras la destitución del viceministro de Justicia, un general, dos corone-
les, los directivos y guardianes de la cárcel y los soldados que se dejaron
sobornar, así como la dimisión del jefe de la Fuerza Aérea, la oposición
solicitó la dimisión del ministro de Defensa, Rafael Pardo, y lanzó duras
críticas contra el Gobierno por la presencia de aviones militares estado-
unidenses, por considerarlo una violación de la soberanía colombiana. El
presidente Gaviria explicó en el Congreso que el Gobierno había solicitado
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la cooperación de Estados Unidos “conscientes de que los verdaderos golpes
a los traficantes sólo pueden asestarse por vía de la cooperación interna-
cional”. No obstante, la colaboración técnica norteamericana concluyó el
4 de agosto a petición del Gobierno colombiano, según anunció la ministra
de Exteriores, Noemí Sanín.
El día 17 de octubre de 1992 la localidad de Murindó fue epicentro de un
terremoto. Veinticuatro horas después sufrió un nuevo seismo de magnitud
7,2 en la escala de Richter. Varios temblores y la erupción del volcán Catagual
provocaron al menos dos muertos y la desaparición de 25 personas. El núme-
ro de damnificados se contó por centenares mientras se sembró el pánico
entre la población sobre todo en la región noroccidental de Antioquía.
El día 8 de noviembre el presidente declaró el estado de conmoción
interna o estado de sitio durante noventa días, ante la ofensiva de la Coor-
dinadora Guerrillera formada por tres grupos radicales. Posteriormente el
Gobierno adoptó una estrategia militar y económica contra la guerrilla. El
día 13 las Fuerzas de Seguridad pasaron a la acción ofensiva, produciéndose
combates en diversas localidades. En el campo económico, el Gobierno
dictó nuevas medidas para impedir la financiación de los rebeldes.
El partido Alianza Democrática Movimiento 19 de Abril (AD M-19),
decidió el 23 de este mismo mes abandonar el Gobierno del presidente
César Gaviria y pasar a la oposición.
A principios de 1993 bandas de narcoterroristas iniciaron una oleada de
atentados, al negarse las autoridades a plegarse a las exigencias de su líder
Pablo Escobar, para que cesaran en su persecución las fuerzas políticas y el
Ejército. El Gobierno colombiano, por su parte, aumentó a siete millones
de dólares la recompensa para quien proporcionara cualquier información
que propiciara la captura del narcotraficante Pablo Escobar.
Los nueve presidentes de Colombia, México, Venezuela y de los países
de América Central dieron, el día 12 de febrero, el primer paso hacia la
creación de una amplia zona de libre comercio.
El día 24 de ese mismo mes España, Colombia, México y Venezuela
anunciaron la constitución de un “grupo de amigos” destinado a apoyar y
estimular la paz en Guatemala.
En agosto de 1993 se produjo una ofensiva de la Coordinadora Nacio-
nal Guerrillera, la guerrilla colombiana, que buscaba la reapertura de un
diálogo de paz con el Gobierno.
El representante de la Comunidad Europea en Colombia, el español
José Luis Benito Prior, manifestó, en septiembre, que la CE no iba a cortar
la ayuda económica a Colombia por supuestas violaciones a los derechos
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humanos y exigió que sus aportes financieros se utilizaran de forma ade-
cuada para beneficio de la población.
En octubre, los Gobiernos de Colombia y Cuba decidieron reanudar sus
relaciones diplomáticas, rotas hacía once años. Un mes después Colombia y
Jamaica firmaron un acuerdo de establecimiento de los límites marítimos
entre ambos países.
El vicepresidente del Senado, Darío Londoño, murió en un atentado
terrorista en noviembre de ese año. En la misma época Chile firmó con
Colombia su tercer Acuerdo regional de libre cambio, tras los ya pactados
con México y Venezuela.
Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, resultó muerto al ser tiro-
teado por el “Bloque de Búsqueda” de la policía colombiana en Diciembre
de 1993. En enero de 1994 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) asesinaron a 35 simpatizantes del antiguo
Ejército de Liberación Popular, convertido desde 1991 en partido político.
El Gobierno pidió el mismo apoyo ciudadano que hubo contra Escobar para
erradicar a las FARC y envió a la región de Urabá un batallón de siete mil
soldados para reforzar la lucha contra esta guerrilla.
El día 13 de marzo de 1994 se celebraron elecciones legislativas, a
las que estaban llamados 17 millones de votantes. El Partido Liberal fue
el triunfador con 63 escaños, seguido por el Partido Conservador con 26,
siendo el gran perdedor la Alianza Democrática M-19, con dos escaños.
El presidente César Gaviria, que dejaría la presidencia de la República
en agosto, fue elegido secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), por una mayoría de 20 votos contra 14 de los 34 miem-
bros que integran la Organización.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Rudolf Hommes, hizo
unas declaraciones en Madrid, en el mes de abril, en las que manifestó
la disposición de su país a entrar en el Tratado de Libre Comercio en el
plazo de cuatro años.
Ante la puesta en libertad de más de 800 presos preventivos, conside-
rados como muy peligrosos por las autoridades gubernativas, en mayo el
Gobierno decidió implantar el estado de excepción en el país.
El 6 de junio, un terremoto sacudió el país provocando gigantescos
corrimientos de tierra que destruyeron varios pueblos. En un primer
balance se contabilizaron 250 muertos y más de 500 desaparecidos. S.M.
el Rey de España Juan Carlos I, entre otros altos dignatarios internacio-
nales, mantuvo una conversación telefónica con el presidente Gaviria para
interesarse por las víctimas.
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El 29 de mayo de 1994 se celebró la primera vuelta de las elecciones
presidenciales, en las que el candidato liberal, Ernesto Samper, venció por
18.429 votos al conservador Andrés Pastrana. En la segunda vuelta, que
tuvo lugar el 19 de junio, se confirmó la victoria de Ernesto Samper por un
margen de 1,52 por ciento, que traducido en votos representarían 106.495
a su favor.
El 7 de agosto, Ernesto Samper tomó el relevo de César Gaviria como
presidente de Colombia. Previamente, el día 5 había anunciado la compo-
sición de su gobierno integrado por once ministros liberales, tres conser-
vadores y uno de la Alianza por Colombia. Asimismo el presidente anunció
el llamado “Salto Social” un plan económico-social que intentaría actuar
fundamentalmente en las áreas de Educación, Sanidad y Seguridad Social,
Empleo, Vivienda y Agricultura.
Las elecciones presidenciales se vieron mancilladas cuando en sep-
tiembre el ex director de la DEA (Agencia Antidroga de Estados Unidos)
trasmitió un informe al Congreso de Washington sobre las relaciones entre
los cárteles de la droga y la clase política. Un año después llegarían las
explosivas declaraciones del ex tesorero de la campaña electoral de Sam-
per, Santiago Medina, acusando al gerente (Fernando Botero, ministro de
Defensa) y al jefe político (más tarde ministro de Gobierno) Horacio Serpa.
Ello unido a la aparición unos meses antes de unas cintas grabadas donde
Alberto Giraldo, en conversación con los hermanos Orejuela, dejaba entre-
ver la presencia de “narcodinero” en la campaña vencedora, hizo nacer el
llamado “proceso 8.000” que trataría de aclarar la corrupción política por
parte del narcotráfico.
El 31 de octubre 1994 se celebraron elecciones locales; regionales y
nacionales. El índice de abstención se situó entre el 50 y el 60%, fenómeno
que los comentaristas políticos dieron en llamar “crisis de representativi-
dad”. En las cogobernaciones, los liberales obtuvieron el 67 por ciento de los
votos, los conservadores el 22% y los movimientos cívicos e independientes
el 3,2%.
Para la alcaldía de Bogotá resultó ganador el independiente Antanas
Mokus, filósofo y ex rector universitario que obtuvo más de 65% de los votos
emitidos. En el resto del país se impuso el Partido Liberal con el 54% de las
alcaldías, frente al 33 por ciento del Partido Conservador.
En febrero de 1995, tras la conclusión de un informe en el que la
llamada Comisión de la Verdad, compuesta por portavoces del Gobier-
no, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y
Organizaciones No Gubernamentales, destacaba la participación en la
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muerte del entonces mayor del Ejército, Urueña, el presidente Samper
reconoció públicamente las responsabilidades del Estado en la muerte
de 107 personas entre 1988 y 1990. La Comisión de la Verdad había sido
constituida después de que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CHID) enviara en septiembre de 1994 un documento donde
declaraba al Estado colombiano responsable de la muerte de un centenar
de campesinos y un sacerdote en Trujillo. En su reconocimiento el presi-
dente Samper subrayó que el Gobierno colaboraría activamente con las
instituciones correspondientes para culminar satisfactoriamente todas
las investigaciones del “caso Trujillo”.
El día 8 del mismo mes un terremoto, con una magnitud de 6,4 grados
en la escala de Richter, sacudió una vasta región del centro, noroeste y
suroeste del país, ocasionando mas de treinta muertos y 200 heridos.
El día 6 de marzo se produjo una reactivación de la guerrilla colom-
biana cuando unos quinientos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atacaron la localidad de
Iturango provocando la muerte de al menos catorce personas. El ataque
se produjo pocos días después de que otro grupo guerrillero, en esta oca-
sión el Ejército de Liberación Nacional (ELN), penetrara en la localidad
venezolana de Cararabo y asesinara a ocho infantes de marina del Ejército
venezolano. Los hechos produjeron un aumento de la tensión en la frontera
común de Venezuela y Colombia.
El día 9 de junio la policía colombiana detuvo a Gilberto Rodríguez
Orejuela, el jefe del cártel de Cali, el mayor exportador de cocaína del
mundo. Dos días después estalló una bomba en Medellín causando 28
muertos. La bomba había sido colocada en el interior de “El pájaro”, una
escultura de Fernando Botero en cuya base camuflaron la carga de 10 kilo-
gramos de dinamita y que quedó totalmente destrozada.
El día 30, el presidente Samper ordenó una investigación sobre los
excesos cometidos por la policía de Cartagena de Indias cuando ésta inten-
tó frenar a un grupo de manifestantes que irrumpieron en una reunión de
los embajadores de España en Iberoamérica y Estados Unidos. Los mani-
festantes protestaban por la privatización del acueducto de la ciudad, que
controlaría un consorcio encabezado por Aguas de Barcelona. La policía
de Colombia anunció, el 1 de julio, la destitución de siete de sus miembros
que participaron en aquel desalojo.
José Santacruz, considerado el tercer hombre de la cúpula del cártel
de Cali, fue detenido el día 5 de julio en Bogotá, acusado de terrorismo
y asesinato. A este respecto, el presidente Ernesto Samper subrayó que
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la captura no suponía el fin del narcotráfico e indicó que su Gobierno no
pretendía “coleccionar capturas”, sino sacar al país de la “pesadilla” de
las drogas.
El 2 de agosto de 1995, un comité especial del Parlamento colombiano
decidió abrir una investigación sobre la presunta financiación irregular
de la campaña electoral del presidente Samper. Al día siguiente dimitió el
ministro de Defensa por supuestos pagos de los “narcos” a la campaña del
presidente. Unos días después, fue capturado Miguel Rodríguez Orejuela.
Considerado como el número dos de la cúpula mafiosa de Cali, negó cuando
fue detenido que financiara la campaña del presidente. “Samper, dijo, es
un hombre honrado”. A pesar de ello el Parlamento colombiano comenzó el
8 de agosto una investigación en torno a la posible relación del presidente
Samper con la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral por
el cártel de Cali. El mismo día fue nombrado ministro de Defensa Juan
Carlos Esguerra.
El día 16 de agosto de 1995, tras la detención del ministro de Defensa,
Fernando Botero, investigado como presunto responsable de la filtración
de dinero de los narcotraficantes del cártel de Cali, el presidente Samper
declaró el “estado de conmoción interior” una suerte de estado de emer-
gencia utilizado para enfrentar alteraciones de orden público. Sin embargo,
el 18 de octubre, el Tribunal Constitucional decretaría la nulidad completa
del decreto presidencial por el que se proclamaba tal estado.
Con la detención el 15 de septiembre de Juan Manuel Avella, ex
director administrativo de la campaña electoral del presidente Samper,
prácticamente todo el equipo financiero que estuvo al frente del Partido
Liberal durante los meses previos a las elecciones se encontraba en pri-
sión. Paralelamente continuaban produciendose acciones guerrilleras con
resultados trágicos.
El 26 de septiembre de 1995 el presidente Ernesto Samper compareció
ante la Comisión de acusaciones del Congreso para explicar su cuestionada
conducta sobre la denuncia de infiltración del dinero del narcotráfico en su
campaña electoral. Al día siguiente el abogado del presidente, Antonio José
Cansino, resultó herido en un atentado en el que perdieron la vida dos de
sus guardaespaldas. El acto terrorista fue reivindicado por el Movimiento
por la Dignidad de Colombia. Fuentes oficiales relacionaron el atentado
con un complot contra el país y su mandatario que en 1990 fue objeto de
un intento de asesinato por parte del cártel de Medellín.
El 14 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo,
inauguró en Cartagena de Indias, la XI Cumbre de Países No Alineados con
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un discurso en el que destacó la necesidad de “reorientar” ese movimiento.
Por otra parte, el día 16, el presidente Ernesto Samper, que intervino en
la ceremonia inaugural de la V Cumbre Iberoamericana celebrada en San
Carlos de Bariloche (Argentina), destacó en su discurso la necesidad de
consolidar la democracia en Iberoamérica y combatir la exclusión social.
El 2 de noviembre y precisamente cuando se estaba debatiendo en el
Congreso el incremento de la violencia en Colombia, fue asesinado el fun-
dador del Movimiento de Salvación Nacional, Alvaro Gómez Hurtado, uno
de los líderes mas prominentes del Partido Conservador. Posteriormente
el presidente Samper decretó el estado de conmoción interior. Seis días
después dimitió el ministro de Comercio, abriendo así una nueva crisis en
el Ejecutivo. El político, Daniel Mazuera Gómez, era sobrino del asesinado
Gómez Hurtado.
El 14 de diciembre de 1995, la Comisión de Acusaciones de la Cámara exo-
neró de toda culpa a Ernesto Samper en la investigación que se seguía en torno
a la relación de su campaña electoral a la presidencia con el narcotráfico.
El 11 de enero de 1996 el narcotraficante, considerado como el núme-
ro 3 del cártel de Cali, José Santacruz Londoño, se fugó de la cárcel de
máxima seguridad La Picota (Bogotá) en la que se encontraba desde el 4
de julio de 1995.
El 21 de enero un grupo de dirigentes nacionales vinculados al ex pre-
sidente César Gaviria, emprendió una campaña contra la corrupción a la
vez que daban a conocer un documento que bajo el título “Agenda 1996”,
exigía la renuncia del fiscal general y del responsable de las cuentas del
Estado, cuestionados judicialmente por haber sido presuntos beneficiarios
de una empresa del cártel de Cali. Los promotores del documento, entre
los que se encontraban seis ex ministros de Gaviria, señalaron la necesidad
de reformar el Congreso, ante las evidencias de la financiación ilegal de la
campaña de Samper y la proliferación de narcoproyectos.
El ex ministro de Defensa, Fernando Botero, en una entrevista televi-
sada el 23 de enero desde la Escuela de Caballería que le servía de cárcel
desde el 15 de agosto de 1995, reveló su versión según la cual “el presidente
sí sabía del ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña”. Dos horas
después el presidente Samper habló por televisión y subrayó la “profunda
desilusión” con que había escuchado las “infames declaraciones del ex
ministro de Defensa. El doctor Botero está mintiendo para salvarse”. Asi-
mismo señaló que no tenía intención de renunciar a su cargo para “satis-
facer los intereses políticos de unas cuantas personas que han convertido
este proceso en una campaña electoral”.
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La crisis política se agudizó el 24 de enero con la renuncia del titular
de Sanidad, Augusto Galán Sarmiento, quien presentó su dimisión tras
las acusaciones lanzadas por el ex ministro de Defensa, Fernando Botero.
Paralelamente el ex tesorero electoral, Santiago Medina, presentó ante la
fiscalía un documento que, según él, comprometía seriamente al primer
mandatario pues probaba que Samper conocía la procedencia del dinero
del narcotráfico en su campaña electoral. Por otro lado, Ernesto Samper
propuso un referéndum sobre su continuidad como presidente, si bien tal
propuesta no fue bien aceptada en medios políticos del país.
El 30 de enero de 1996, el presidente Samper, en una sesión extraordi-
naria del Congreso, declaró sentirse “víctima de un atentado moral” y que
si bien las contribuciones del narcotráfico podrían haberse “infiltrado” en
su campaña, él no tuvo conocimiento de ello. “Jamás, dijo, existió acuerdo
con los cárteles para brindarles beneficio alguno”. Finalmente se decidió
que Samper se sometería en los siguientes quince días a un debate político
en el Congreso.
El 6 de febrero la Cámara de Diputados inició la investigación sobre la
presunta utilización de dinero del narcotráfico en la campaña electoral del
presidente Samper. El día 14 el fiscal general, Alfonso Valdivieso, presentó
a la Comisión de Acusación los cargos contra el presidente: enriquecimien-
to ilícito, falsedad, fraude electoral y encubrimiento. Asimismo Valdivieso
entregó una copia del documento a la Corte Suprema de Justicia para que
investigara al ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe. La declaración
del presidente Samper tuvo lugar el 27 de marzo y a lo largo de su com-
parecencia respondió, durante casi nueve horas, a 70 preguntas sobre la
presunta financiación de su campaña. Samper aseguró que el sólo se dedicó
a los asuntos políticos de la campaña.
En febrero y marzo se sucedieron nuevos episodios en el capítulo de la
guerrilla colombiana con el resultado de varias víctimas entre campesinos
en la región de Urabá por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia), el grupo guerrillero más antiguo y numeroso del país. El 6 de
marzo el presidente Samper hizo pública la muerte del jefe del cártel de
Cali, José Santacruz Londoño, a manos de la Policia de Medellín, lo que
–según señaló Samper– “confirma nuestra voluntad de luchar contra el
narcotráfico”. Días antes el presidente norteamericano, Bill Clinton, había
advertido que “descertificaría” –pérdida de la ayuda norteamericana en la
lucha contra el narcotráfico– al Gobierno colombiano por juzgar la labor
del Ejecutivo de Samper como “demasiado blanda”. Londoño, número tres
de los siete jefes del Cártel, se había evadido de la cárcel el 11 de enero.
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El 2 de abril se conoció el secuestro de Juan Carlos Gaviria, hermano
del secretario general de la OEA y ex presidente de Colombia, César Gavi-
ria. Juan Carlos de 38 años y de profesión arquitecto fue secuestrado en
la ciudad de Pereira por el grupo Dignidad para Colombia. El 8 de abril,
la coordinadora guerrillera colombiana emprendió una nueva escalada de
violencia a lo largo de dos días de “huelga armada” que arrojó un saldo de
27 personas asesinadas, al tiempo que cuestionaba la autoridad moral del
Estado. Los ministros de Defensa y del Interior coincidieron en afirmar
que los grupos rebeldes habían fracasado en su intento de paralizar el país.
La guerrilla continuó con sus acciones terroristas. El 16 de abril mató a 31
militares e hirió a 21 en una emboscada en los Andes.
El 12 de junio de 1996 la Cámara de Diputados absolvió al presidente
Ernesto Samper de toda responsabilidad en el llamado “narcoescándalo”. 111
diputados votaron a favor de archivar la investigación que se había abierto al
jefe del Estado, otros 43 parlamentarios se pronunciaron a favor de la culpa-
bilidad de Samper. Posteriormente el presidente se dirigió al país reiterando
que gobernaría hasta el último día y ofreció como salida a la crisis reformas
a la Constitución y más penas para el narcotráfico. Asimismo ofreció a sus
opositores “unirse a un programa de reconciliación nacional”.
El mismo día fue liberado Juan Carlos Gaviria, tras una intervención
del presidente cubano, Fidel Castro, quien pidió desde La Habana a los
secuestradores del hermano del secretario general de la OEA que “preser-
varan su vida”. El día 13 el Gobierno cubano confirmó que varios miembros
del grupo Dignidad para Colombia habían llegado a La Habana como parte
de la negociación a tres bandas entre Cuba, las autoridades colombianas
y los secuestradores. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores
cubano aseguró que su Gobierno “de conjunto con las autoridades colom-
bianas, participó en la búsqueda de una fórmula honorable por medio de
la cual llegaron a La Habana un grupo de los miembros de la organización
que realizó el secuestro y algunos de sus familiares”.
El reforzamiento de las relaciones políticas, con encuentros al más
alto nivel y reuniones técnicas, fue el objetivo principal de la Declaración
de Diálogo Político suscrito el 30 de junio en Roma entre la UE y el Pacto
Andino. Un documento firmado cuando concluía la presidencia europea
italiana que fijó un compromiso de cooperación bilateral en la lucha contra
el narcotráfico. La firma de la Declaración, que estuvo presidida por el
ministro de Exteriores italiano, marcó un paso más en el estrechamiento
de las relaciones de la UE con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
(Pacto Andino).
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El Gobierno colombiano aceptó el 10 de julio de 1996 la renuncia del
ministro de Relaciones Exteriores Rodrigo Pardo, quien fue reemplazado
por la hasta entonces ministra de Educación, María Emma Mejía. Pardo
era uno de los tres miembros del Gobierno encausados en el proceso por el
ingreso de dinero de la droga en la campaña samperista de 1994.
El 11 de julio Estados Unidos canceló el visado al presidente Samper
por “su relación con los narcos”. La sanción que fue anunciada por el
portavoz del Departamento estadounidense de Estado, Nicholas Burns,
fue considerada por el presidente colombiano como “un gesto inamistoso,
una ofensa directa al jefe del Estado de una nación soberana y una falta
de respeto a las instituciones democráticas de Colombia”. El hecho tenía
lugar pocos días después de que Estados Unidos pidiera la aplicación del
tratado firmado en 1979 para extraditar a los jefes del cártel de Cali y que
el Gobierno colombiano tachaba de “imposible e inconstitucional”.
El 16 de julio de 1996, el embajador de Colombia en España y vicepre-
sidente de su país, Humberto De la Calle Lombana, renunció al primero
de esos cargos. Dos días después, el ministro de Comunicaciones, Juan
Manuel Turbay, renunciaba también al suyo. Como el ex ministro de Exte-
riores, Turbay era otro de los encausados en el proceso del narcotráfico en
la campaña presidencial.
El 21 de julio, en el acto de inauguración de las sesiones del Congreso,
el presidente Samper hizo un llamamiento a la unidad nacional para evitar
el “intervencionismo norteamericano” al tiempo que anunció una serie de
reformas legales y políticas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico,
la subversión y la corrupción.
El 5 de septiembre, el vicepresidente Humberto De la Calle a su regre-
so al país, leyó ante la prensa una dura carta dirigida al presidente Samper,
en la cual le pedía considerar la posibilidad “real de hacer dejación del
Cargo”. Ello, según el vicepresidente, abriría el camino para conformar
un Gobierno de unidad nacional “capaz de convocar a toda la nación en la
cruzada que se requiere para salvar a Colombia”. Finalmente, el día 10,
De la Calle presentó su dimisión no sin subrayar su convencimiento de que
“hubo dinero negro en la campaña de Samper”.
Por otra parte las protestas campesinas e indígenas seguían surgiendo
en varios puntos del país andino desde hacía más de un mes, mientras la
guerrilla mantenía un bloqueo del transporte en la mitad del territorio.
El 23 de septiembre, el presidente Ernesto Samper propuso desde la
Asamblea General de la ONU la creación de un tribunal internacional que
juzgara los casos de tráfico de drogas. El mismo día el Gobierno colombiano
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aceptó una de las demandas de Washington: el restablecimiento del tratado
de extradición que permite juzgar en territorio norteamericano a los jefes
del narcotráfico detenidos en Colombia.
El 8 de octubre el Congreso de Colombia dio un primer paso para elimi-
nar la figura de la vicepresidencia. Una comisión de la Cámara de Repre-
sentantes aprobó un proyecto de ley presentado en julio por el Gobierno
Samper para eliminar la vicepresidencia y realizar otras reformas políticas.
El proyecto habría de ser aprobado por el pleno del Congreso.
En noviembre el presidente Ernesto Samper acudió a la cita iberoame-
ricana que en su VI edición tuvo lugar en las ciudades chilenas de Santiago
y Viña del Mar. La Cumbre Iberoamericana se desarrolló entre los días
10 y 11 de noviembre de 1996 bajo el título “la Gobernabilidad para una
democracia eficiente y participativa”.
El 21 de enero de 1997 la, hasta entonces, embajadora española en
Costa de Marfil, Almudena Mazarrasa, fue designada para dirigir la oficina
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bogotá.
Mazarrasa se incorporaría a su nuevo destino el 6 de abril.
Durante el primer trimestre del año tuvo lugar un resurgimiento de
la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que
mantenía secuestrados desde agosto de 1996 a seis decenas de soldados
regulares, liberación que no se produciría hasta mediados de junio.
El 16 de marzo, dimitió el ministro de Defensa, Guillermo González,
por presuntos vínculos con un supuesto narcotraficante prófugo.
El 5 de abril, el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, dimitió de su cargo
para pasar a ser candidato, en mayo de 1998, a la presidencia.
El Gobierno colombiano se decidió el 9 de abril a hacer desaparecer de
su Constitución la prohibición de extraditar nacionales, algo que le había
sido pedido por Washington. A este respecto el presidente Samper subrayó
que “en ningún caso puede entenderse la extradición como un sustituto
de la obligación constitucional del Estado colombiano de hacer justicia
respecto a los delitos cometidos en su territorio”.
El 21 de abril, el ministro de Justicia, Carlos Medellín, presentó su
dimisión. La dimisión era esperada desde que anunció su intención de
presentarse a las elecciones de 1998.
El día 18 de mayo el ministro de Transporte, Carlos Hernán López,
se vio obligado a renunciar a su cargo tras las graves denuncias sobre par-
cialidad política, al participar en las campañas de varios parlamentarios
cercanos al Gobierno.
El 20 de mayo fallecía, en Santa Fe de Bogotá, el ex presidente Virgilio
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Barco Vargas. Barco logró durante su ejercicio en el poder un acuerdo de
paz con el grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19), al que una
vez transformado en partido político el presidente abrió un espacio en la
Asamblea Nacional Constituyente, pocos meses antes de abandonar la
presidencia.
El 15 de junio, y gracias a un acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tuvo lugar la liberación
de los militares retenidos desde hacía varios meses. A la entrega acudieron
en calidad de testigos representantes diplomáticos de Noruega, Holanda
y España.
El director de la policía nacional colombiana, el general Rosso José
Serrano, anunció el día 11 de agosto de 1997 la detención de Waldo Simeón
Vargas, alias “El Ministro”, considerado el “rey de la heroína”. Vargas, de
43 años, fue detenido en Bogotá. Poco después fue también detenido Julio
César Náder, considerado el jefe del “cártel de la costa”.
El día 18, tres personas fueron asesinadas y cinco candidatos a las elec-
ciones municipales y regionales secuestrados, al tiempo que se presentaron
renuncias de concejales por la campaña de amenazas contra los próximos
comicios que habrían de celebrarse el 26 de octubre. El triple crimen, ocu-
rrido en la ciudad de Magangüe, fue atribuido por la Policía a rebeldes del
frente 37 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas
por sus siglas FARC.
Los ministros de Comunicaciones, Saulo Arboleda, y de Minas y Energía,
Rodrigo Villamizar, dimitieron el día 19 de agosto, tras ser acusados de pre-
sunta manipulación en la adjudicación de 81 emisoras de frecuencia modu-
lada. Tales dimisiones elevaba a cuatro el número de miembros del Gobierno
del presidente Samper que, en un espacio de tiempo de cinco meses, tuvieron
que dimitir forzados por presuntos escándalos de corrupción.
En vísperas de las elecciones municipales y regionales, el presidente
Samper inició el 8 octubre una gira por las zonas del país más castigadas
por los conflictos armados internos. La gira, según el propio Samper, pre-
tendía mostrar la solidaridad del Gobierno y garantizar los comicios del día
26 de octubre, los del Parlamento y los de la Presidencia, en 1998.
El 26 de octubre de 1997, el gubernamental Partido Liberal, al que
pertenece el presidente Ernesto Samper, ganó la mayoría de las alcaldías
y gobernaciones del país frente al opositor Partido Conservador. Los
resultados de los comicios regionales y locales señalaban que los liberales
ganaron 22 de los 32 puestos a gobernador en juego y más del 43 % de las
1.071 alcaldías.
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La mediación internacional para lograr la paz en Colombia fue uno de
los temas que suscitó más interés de todos los encuentros bilaterales que
se celebraron en la isla venezolana de Margarita, durante la celebración
de la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (8-9
de noviembre 1997). El día 9 los integrantes del Grupo de Amigos para
la Paz en Colombia –los presidentes Ernesto Zedillo de México, Rafael
Caldera de Venezuela y José María Figueres de Costa Rica, más el jefe del
Gobierno español, José María Aznar– se reunieron con Samper para buscar
una fórmula que permitiera despejar el proceso negociador. Este grupo
se había constituido en Nueva York en el mes de septiembre, tres meses
después de que los grupos guerrilleros colombianos pidiesen la mediación
internacional para iniciar un proceso de paz. Samper, además se reunió en
isla Margarita con Fidel Castro, a quien invitó a mediar en el conflicto. El
presidente cubano declaró que “si en mis manos estuviera hacer algo por la
paz, como un elemental deber, lo haría. Pienso que es una necesidad para
el pueblo de Colombia y para toda América Latina”.
El 25 de noviembre de 1997, y tras doce horas de debate, el Congre-
so aprobó por mayoría la restitución de la extradición, prohibida por la
Asamblea constituyente desde 1991. Sin embargo, 119 representantes de
la Cámara Baja votaron que esta herramienta legal no pudiera aplicarse
a delitos cometidos antes de la vigencia de la reforma constitucional, lo
que significaba que no se podría extraditar a los grandes capos del narco-
tráfico en ese momento en prisión, tal y como quería el Gobierno de los
Estados Unidos.
Los consejeros para la paz y los derechos humanos, Daniel García Peña
y Sonia Eljach, culminaron el 28 de noviembre en España una gira europea
en busca de mediación internacional para poner fin al conflicto armado
que sufre Colombia.
El 30 de noviembre y por cuarta vez en una semana, hombres armados
cometieron una matanza en una aldea. Esta vez se trataba de Dabeiba, un
pueblo situado a casi 700 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Antio-
quía. El alcalde de Dabeiba aseguró que se trataba de un grupo paramilitar.
Los asaltos anteriores, en las aldeas de La Balsita, Buenavista y Toconal
provocaron el éxodo de unos trescientos campesinos de la zona que se
refugiaron en las montañas.
Durante los días 2,3, y 4 de diciembre de 1997 se celebraron las prime-
ras jornadas por los Derechos Humanos en Colombia reuniendo a repre-
sentantes de 300 ONGs, del Gobierno colombiano y de varios organismos
europeos. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció
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que eran una vía acertada para la pacificación, enviando un vídeo a la
organizadora del encuentro, AESCO (Asociación Española de Solidaridad
y Cooperación con Colombia) en el que su líder, el ex sacerdote español
Manuel Pérez, agradecía la invitación para participar en las jornadas y
reconocía la importancia del evento como vía para la pacificación, así como
la labor de las ONGs. Asimismo, el ELN reiteraba sus condiciones para
deponer las armas: organizar una convención nacional, con el fin de fijar
la reforma de la Constitución, la participación de la Sociedad en las nego-
ciaciones y que la mediación internacional en el proceso de paz estuviera
pactada por todas las partes implicadas.
El 26 de febrero de 1998, el presidente norteamericano, Bill Clinton,
decidió levantar temporalmente las sanciones impuestas a Colombia hacia
ya dos años por no hacer lo suficiente en materia de lucha contra el narco-
tráfico. El argumento de Clinton para “suspender” la aplicación de sancio-
nes a Colombia fue el “interés de la seguridad nacional”. Sin embargo tal
suspensión no implicaba que Colombia saliera de la lista de países que no
recibían el certificado de “buena conducta” del Gobierno de Estados Unidos.
En este sentido la ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía,
subrayó que si bien era importante para su país la suspensión de sanciones,
el mecanismo de certificados había demostrado ser ineficiente.
El 1 de marzo de 1998, apenas una semana antes de las elecciones par-
lamentarias, se iniciaron intensos combates entre el Ejército colombiano
y la guerrilla en las selvas del Caquetá.
La escalada guerrillera afectaba a varias poblaciones cuyos alcaldes
fueron conminados a la renuncia por las Fuerzas Armandas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
Las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo de 1998 ratificaron
al Partido Liberal del presidente Ernesto Samper como la fuerza mayori-
taria en el Parlamento al conseguir un 50% de los votos en el Senado y una
cifra similar en la Cámara Baja. Sin embargo, perdió terreno a favor de
los movimientos independientes, que duplicaron su representación frente
a las anteriores elecciones y coparon un tercio en el Senado.
El 25 de marzo, la ministra de Relaciones Exteriores, María Emma
Mejía, renunció a su cargo para aspirar a la Vicepresidencia del país den-
tro de la candidatura que encabezaba el aspirante del Partido Liberal,
Horacio Serpa.
El 6 de abril se hizo público que el jefe del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero de Colombia, el ex sacerdote
español Manuel Pérez Martínez, murió por enfermedad en febrero.
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El 19 de mayo se convocó una jornada nacional contra la Impunidad,
que fue respaldada por sindicatos, empresarios, universidades y ONGs para
exigir paz y justicia contra la violencia.
El 31 de mayo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a uno
de los congresistas que mantenía secuestrado desde hacía diez días y le
entregó una propuesta de paz para descongelar el denominado Acuerdo
de Paz de Viana, firmado en febrero en Madrid. En la propuesta se incluía
la mediación del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, así
como España, Francia y Alemania.
La nueva propuesta del ELN coincidió con la primera vuelta de las
elecciones presidenciales que se saldó con dos candidatos prácticamente
empatados: el liberal Horario Serpa (34,51%) y el conservador Andrés
Pastrana (34,35%). Noemí Sanín, con el 26,9% de los votos se convertía en
el eje de la balanza, si bien anunció el día 1 de junio que daba libertad de
voto a sus seguidores.
El 4 de junio se producía una nueva matanza de civiles esta vez en
la localidad de Barrancabermeja. A este respecto la Oficina de Infor-
mación Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores hizo
público un comunicado en el que condenaba enérgicamente tales actos
reivindicados por grupos paramilitares. Al mismo tiempo el Gobierno
español subrayaba su confianza en que las autoridades colombianas
actuaran contra los responsables, para evitar que tales hechos pudieran
quedar impunes.
El 21 de junio, la balanza electoral se inclinó a favor de Andrés Pastrana
quien consiguió el 50,64% de los votos frente al 46,24% de Horacio Serpa.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y representan-
tes de la sociedad colombiana encuadrados en el Consejo Nacional de Paz,
firmaron el 15 de julio en la ciudad alemana de Maguncia un acuerdo que,
según los comentaristas políticos, resultaría una “humanización de la gue-
rra”, una discusión sobre los recursos naturales y también la convocatoria
en suelo colombiano de una Convención Nacional.
El 20 de julio, después de años de denuncias y acusaciones, el presiden-
te Ernesto Samper dijo, al abrir las sesiones del nuevo Congreso, que “como
se sabe, fui víctima de la invasión de la mafia en la política en la campaña
que me llevó a la presidencia”, así –dijo– “lo confirman las confesiones de
quienes la manejaron administrativamente y las pesquisas de la justicia”.
Según los comentaristas políticos era el reconocimiento de que su campaña
electoral, en 1994, se vio beneficiada por el dinero procedente de la mafia
del narcotráfico.
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A primeros de agosto de 1998 la guerrilla colombiana lanzó su mayor
ofensiva en más de la mitad de los departamentosdel país, días antes de
tomar posesión el nuevo presidente Andrés Pastrana. Además de producir
graves daños a la infraestructura petrolera en Aracuca y Putumayo, los
insurgentes utilizaron por primera vez coches bomba para sembrar el
terror en forma simultánea en Medellín, Cúcuta y Buenaventura ocasio-
nando decenas de muertos y heridos.
El 11 de octubre comenzaron las reuniones para sentar las bases de
la pacificación en Colombia, entre la cúpula del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), segundo grupo subversivo de Colombia, un representante
del Gobierno e integrantes del Consejo Nacional. Asistieron a la reunión
dos jefes guerrilleros que permanecían en la cárcel, acompañados de dos
diplomáticos españoles. Sin embargo el ELN cometió un atentado el 18 de
octubre contra un oleoducto. El ELN admitió la autoría de la destrucción
de un tramo del oleoducto Central, pero acusó a miembros del Ejército de
provocar el incendio en un caserío en el que murieron 48 personas.
El presidente Pastrana dio el 14 de octubre el pistoletazo de salida
a Las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero del país, al concederle
tratamiento de partido y ordenar el repliegue militar en una amplia zona
sureña. En un discurso histórico Pastrana calificó los 42.130 kilómetros
cuadrados que quedarán bajo el dominio de la guerrilla como “un labora-
torio de paz” y aseguró que la desmilitarización estaría vigente por 90 días
(del 7 de noviembre al 7 de febrero) “para facilitar los diálogos que puedan
conducir a un proceso de paz consolidado y firme”.
La visita de Estado que inició el presidente colombiano, Andrés Pastra-
na, a Estados Unidos el 28 de octubre abrió una “nueva era” en las relacio-
nes entre ambos países. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos
se rompieron en 1976 a causa del narcotráfico. En el curso de la visita,
Pastrana firmó una alianza antidrogas con el presidente estadounidense,
Bill Clinton. Acto seguido se anunció que Washington duplicaría la ayuda
económica que venía prestando a Colombia. El nuevo líder colombiano
insistió en que la relación bilateral con Estados Unidos se debe “desnar-
cotizar” cuanto antes.
El Gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, comenzaron el 27 de
noviembre las negociaciones para canjear 300 soldados y policías captura-
dos en combates por 480 guerrilleros presos. A pesar de que en diciembre
se habían producido varias matanzas de civiles a manos de las FARC y
de los paramilitares (mercenarios de extrema derecha), continuaron las
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reuniones entre el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo y el
jefe de las FARC, Manuel Marulanda, “Tirofijo”, acordando la agenda de
las coversaciones que comenzarían en enero de 1999. La lucha del Estado
contra el paramilitarismo y la erradicación de cultivos ilegales como la coca
en las zonas de influencia guerrillera fueron señalados como los principales
asuntos que se abordarían en el diálogo. En diciembre, las FARC secues-
traron a cuatro personas entre las que se encontraba la española Camino
Villanueva, que sería liberada el 10 de enero.
El 7 de enero se produjo el inicio oficial del proceso de paz y debía
tener lugar el encuentro entre el presidente Pastrana y Manuel Maru-
landa, “Tirofijo”, pero este último no acudió a la cita, alegando que su
vida correría peligro, enviando en su lugar a tres comandantes. Gobierno
y guerrilla cerraron el 10 de enero su primera fase con una reunión que
duró seis horas. La mesa de diálogo hizo una declaración de cuatro puntos,
subrayando “la indeclinable voluntad de contribuir a la construcción de una
paz sostenible, con equidad y justicia social”.
A pocos días de la instauración de la mesa de diálogo entre el Gobierno
colombiano y las FARC, el presidente Andrés Pastrana inició el 14 de enero
un viaje oficial a Cuba para entrevistarse con su homólogo Fidel Castro,
dado el papel de negociador desempeñado por Castro en anteriores con-
flictos en Colombia. Castro ofreció explícitamente a Pastrana su apoyo al
proceso.
Los paramilitares desarrollaron a partir del 6 de enero una ofensiva en
varios departamentos del país de forma simultánea, asesinando cientos de
campesinos por su supuesta colaboración con la guerrilla. Sólo en cuatro
días, del 7 al 10 de enero, se calcula que hubo más de 100 víctimas. La
violencia de los escuadrones de la muerte provocó el éxodo de la población
del sur de Colombia.
El Gobierno colombiano planteó a las FARC sus condiciones para
negociar: la eliminación del secuestro y el respeto a los derechos huma-
nos y a la población civil en medio del conflicto, a la vez que se declaraba
responsable exclusivo de la lucha contra los paramilitares. La guerrilla
colombiana suspendió el 19 de enero las conversaciones con el Gobierno,
en tanto éste no diera muestras clara de que combatía eficazmente a los
grupos paramilitares.
El centro de Colombia se estremeció el 25 de enero de 1999 con un
terremoto de seis grados en la escala Richter. La cifra de víctimas fue de un
millar de muertos, más de 4.000 heridos y 250.000 damnificados. Quedaron
especialmente devastadas las ciudades de Armenia y Pereira.
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El presidente colombiano canceló una gira europea ante la gravedad
de la situación. Las comunicaciones terrestres se hicieron imposibles en
la zona y se intentó evacuar a los heridos por vía aérea. El seismo tuvo
al menos catorce réplicas, la mayor de ellas de 5,8 grados en la escala de
Richter. El presidente Pastrana aplazó el viaje que tenía previsto a Europa
y se dirigió al lugar del suceso.
El Gobierno colombiano y las ONG pusieron en marcha operaciones
de ayuda humanitaria. Al mismo tiempo que la cifra de víctimas mortales
aumentaba, se anunciaron los primeros envíos de ayuda. Las primeras
muestras de solidaridad llegaron desde Nicaragua y Honduras. El pre-
sidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, ofreció el apoyo de la
institución para la reconstrucción de las zonas afectadas. Estados Unidos
mandó 60 expertos en rescates. La Comisión Europea aprobó el envío de
ayuda humanitaria por valor de un millón de euros (unos 166 millones de
pesetas). El Gobierno español también ha comprometido un cargamento de
material de primera necesidad por 50 millones de pesetas. Las autoridades
colombianas anunciaron que toda la ayuda sería auditada por una empresa
especializada para evitar que se extraviaran los envíos.
El presidente colombiano, Andrés Pastrana asumió personalmente el
mando de la operación de ayuda el 28 de enero, militarizando Armenia
y otras ciudades castigadas por el terremoto, y acelerando a marchas
forzadas la entrega de víveres a sus víctimas. El hambre de tres días y la
especulación desataron la furia en barrios y calles sepultadas por montañas
de escombros. La militarización se produjo ante los saqueos, por parte de
grupos armados, a convoyes procedentes del aeropuerto y se apoderaron
de las cargas de auxilios, asaltos a supermercados, tiendas y almacenes
de acopio.
En un comunicado divulgado el 25 de enero las FARC confirmaban su
determinación de suspender los diálogos de paz con el Gobierno, aunque
dejaban abierta la posibilidad de continuarlas. Las FARC dieron al Ejecuti-
vo colombiano el plazo de tres meses para mostrar su voluntad de combatir
a los paramilitares y exigieron además que se mantuviera desmilitarizada
la zona neutral.
El 7 de febrero la tropa regular debía abandonar el territorio neutral
pero el Gobierno decidió prolongar el “despeje” de la zona tres meses mas
para mantener el diálogo. A pesar de la desmovilización de algunos grupos
como el M-19 y el Ejército Popular de Liberación, las distintas guerrillas
tenían abiertos 100 frentes a los que se sumaban las áreas de enfrenta-
miento con las Autodefensas, conocidos como paramilitares.
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El presidente Pastrana se reunió el 18 de febrero con dirigentes políti-
cos, sindicales, gremiales y de la Iglesia Católica, en un esfuerzo por salvar
del proceso de paz con la guerrilla. Aunque no hubo acuerdos importantes,
se reactivó el Consejo Nacional de la Paz, organismo integrado por todos
los sectores sociales y políticos. Entretanto, violentos combates entre el
Ejército y la guerrilla se libraban en el norte.
Fuentes diplomáticas españolas confirmaron el 19 de febrero el secues-
tro de dos españoles Marcos Gallego Jiménez y Jesús Luis García Alarcón,
que trabajaban en Colombia. Dos ciudadanos españoles más fueron secues-
trados el 21 de febrero, se trataba de una pareja española que había viajado
a Colombia para adoptar a un niño. La mujer fue puesta en libertad ese
mismo día por motivos de salud y su marido algunos días después.
Además de los dos españoles secuestrados, cuatro italianos dos fran-
ceses, un británico, tres venezolanos, un chileno, un japonés y un argelino
permanecían retenidos por las guerrillas colombianas, que han sustituido
los secuestros selectivos por las capturas indiscriminadas de civiles. Siete
de ellos rehenes de las FARC y cinco del ELN, otros cuatro se encontraban
en poder de otras organizaciones.
Por su parte el ELN secuestró el día 12 de abril un avión de AVIANCA
que hacía el recorrido Bucaramanga-Bogotá con más de 40 pasajeros a
bordo. El Gobierno pidió la liberación inmediata y sin condiciones de los
pasajeros.
El diálogo con las FARC quedó definitivamente descongelado el 6 de
mayo, fecha de apertura oficial de las negociaciones con la adopción de una
agenda única por primera vez en la historia de Colombia.
El 10 de mayo de 1999, el Gobierno colombiano anunció el acuerdo
con las FARC para crear una Comisión de acompañamiento del proceso
de paz. Por su parte uno de los tres delegados de la guerrilla en las conver-
saciones, Raúl Reyes, anunció que siete países (España, Costa Rica, Italia,
México, Noruega, Suecia y Venezuela) estaban invitados para integrar la
citada comisión.
A finales de mayo se producía un nuevo secuestro, reivindicado el
22 del mismo mes de mayo por las fuerzas paramilitares Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), esta vez en la persona de la senadora colom-
biana Piedad Córdoba, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de su país, al tiempo que, tras 9 meses era liberada una residente de
nacionalidad francesa. Otro secuestro de más de cien personas tenía
lugar en un templo de la ciudad colombiana de Cali, este perpetrado por
guerrilleros del ELN.
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El 31 de agosto comenzaba un paro nacional convocado por los sindica-
tos para protestar contra la política económica y social del Gobierno. Pocas
horas después las FARC tomaban como rehenes a 190 personas en una
central hidroeléctrica y pedían para su liberación la rebaja en las tarifas de
emergía. El día 5 eran finalmente liberados después de llegar a un acuerdo
con la empresa de energía del Valle del Cauca, Epsa.
El día 2 de septiembre, dos ciudadanos españoles que habían sido
secuestrados el 8 de agosto por las FARC, lograban escapar de sus capto-
res. Por su parte el día 12 de septiembre se producía un nuevo secuestro,
esta vez de doce extranjeros (entre ellos tres españoles), en Ecuador cerca
de la frontera colombiana. Si bien las FARC negaron en esta ocasión ser
las autoras del secuestro. Uno de los españoles secuestrados sería puesto
en libertad el día 27.
Por otra parte el 14 de septiembre el presidente Andrés Pastrana, en
presencia de representantes del Gobierno estadounidense, ponía en mar-
cha el primer batallon del Ejército dedicado en exclusiva a la erradicación
del negocio de la droga. Se abría así una nueva etapa en la lucha contra el
narcotráfico en Colombia.
El 28 de septiembre, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) anunciaron un nuevo acuerdo para abrir las
negociaciones bilaterales. La declaración fue hecha por el alto comisionado
presidencial para la Paz, Víctor Ricardo. El Gobierno y las FARC abrie-
ron las conversaciones de paz en enero de 1999 y si bien tenían previsto
comenzar a negociar el 7 de julio, las gestiones fueron suspendidas por
discrepancias sobre la verificación internacional del proceso exigida por
el Ejecutivo.
El 24 de octubre, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC
reiniciaron el diálogo y formalizaron las negociaciones de paz en un pueblo
del sureste del país, Uribe. Millones de colombianos se manifestaron en las
principales ciudades y municipios del país para exigir la paz.
En la madrugada del día 2 de noviembre, las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) liberaron a los trabajadores españoles
Marcos Gallego Jiménez y José Luis García Alarcón. Los dos técnicos en
telefonía de la empresa Tedelca, habían sido secuestrados por la guerrilla
el 19 de febrero.
A primeros de noviembre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), reanudaron las negociaciones de paz.
Paralelamente a las conversaciones de paz el Gobierno de Pastrana también
inició contactos en Cuba con el Ejército de Liberacion Nacional (ELN).
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El 24 de noviembre la Policía colombiana detuvo a nueve hombres de
los paramilitares como presuntos responsables de la muerte en el noroeste
del país del cooperante español Íñigo Eguiluz y el sacerdote colombiano
Jorge Luis Mazo. Días después , el dirigente de las paramilitares Auto-
defensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, reconoció en un
comunicado que causaron aquellas muertes “por accidente”. Por su parte,
el 3 de diciembre se informaba que quince embajadores de países de la
Unión Europea (UE) visitaron la región colombiana de Urabá para conocer
detalles de la muerte del cooperante español Íñigo Egiluz, y calificaron el
hecho de acción intolerable.
El 19 de diciembre se hacía pública la liberación del ciudadano español
Santiago López Esparza, secuestrado en Colombia por las FARC el 6 de
junio. No obstante, el 31 de diciembre se conocía un nuevo secuestro, el de
un ingeniero español a manos de miembros del ELN.
El 14 de enero de 2000, la secretaría de Estado norteamericana, Made-
leine Albright, viajó a la ciudad de Cartagena de Indias, a fin de estudiar
junto al presidente Pastrana el llamado “Plan Colombia” para la paz y
contra el narcotráfico.
El 17 de febrero de 2000, el ministro de Relaciones Exteriores colom-
biano, Guillermo Fernández de Soto, subrayó en Madrid, a donde llegó para
explicar el “Plan Colombia”, la vital importancia de llevar a buen puerto
el proceso de paz colombiano y expresó su confianza en que el proyecto
auspiciado por su presidente, Andrés Pastrana, ayudara a restablecer la
concordia y el desarrollo en un país azotado desde hacía décadas por la
violencia.
El Plan, que contó desde sus inicios con el apoyo del Gobierno espa-
ñol, pretende restructurar Colombia tanto social como económicamente
partiendo desde la base del entendimiento y el fortalecimiento de las
relaciones con las FARC.
También en el mes de febrero, el portavoz de la guerrilla, Raúl Reyes,
junto a miembros de una delegación del presidente Pastrana, realizó una
gira europea que tenía como objetivo una toma de contacto con distintos
países (Noruega, Suecia, Italia, Suiza y España) para recoger opiniones
en torno al citado Plan que habría de celebrar su “mesa de donantes” en
Madrid en el mes de junio de 2000.
El 17 de marzo una delegación de empresarios colombianos que forma-
ban la llamada Fundación Ideas para la Paz, con la que pretendían seguir de
cerca el curso de las conversaciones de paz, se reunió en la zona del Caguán
con representantes de las FARC. El objetivo fundamental era además,
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según subrayó el director de la Fundación Rodrigo Gutiérrez, manifestar su
compromiso con el proceso iniciado por el presidente Andrés Pastrana.
Tras una serie de denuncias sobre supuestos casos de corrupción, el
5 de abril el presidente Pastrana convocó para julio un referéndum para
decidir si había de revocarse o no el mandato de los congresistas. Según
los analistas políticos, de aprobar el Congreso tal propuesta, se trataría
del primer paso en la reforma política anunciada por el presidente de la
República.
El 16 de abril las FARC liberaban a un español, Enrique López Franjo,
al que habían retenido durante catorce meses.
El 19 de abril el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo,
anunció que España y Noruega serían los “países facilitadores”, invitados
por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), para intercambiar opiniones sobre el
proceso de reconciliación y los cultivos ilícitos. La invitación surgió como
resultado del viaje a Europa de la delegación del Gobierno y de las FARC
en enero del mismo año.
El 26 de abril, dimitió el alto comisionado de Paz de Colombia, Víc-
tor Ricardo. El presidente Pastrana nombró como sustituto a Camilo
Gómez.
A finales de abril, el presidente colombiano acordó con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) desmilitarizar durante un periodo de nueve
meses una zona del norte de Colombia para celebrar un diálogo de paz.
El 6 de mayo, delegados de España y de Noruega, como países “faci-
litadores” del proceso de paz en Colombia, se reunieron con los nego-
ciadores del Gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC para
preparar una reunión internacional del proceso reconciliador del país
iberoamericano.
La reunión se llevó a cabo en la Villa Nueva Colombia, cerca de San
Vicente del Caguán y a ella asistieron el subdirector de América del Sur
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, José Antonio Martínez
de Villarreal, y el representante de la división de asuntos para América
Latina de Noruega, Hega Araldsen, que encabezaban las delegaciones de
ambos países.
Por el Gobierno colombiano participó el alto comisionado para la Paz,
Camilo Gömez y su predecesor, Víctor G. Ricardo, así como los negociadores
Luis Guillermo Giraldo, Fabio Valencia Cossío, Pedro Gómez Barrero, Juan
Gabriel Uribe y José Gonzalo Forero Delgadillo. También asistió la directora
del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, María Inés Restrepo.
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En representación de la guerrilla de las FARC participó Raúl Reyes,
Joaquín Gómez, Carlos Lozada y Simón Trinidad.
Por otra parte el 23 de mayo y como quiera que las acciones violentas
continuaban sucediéndose en Colombia, la Unión Europea, en el marco de
la Política Exterior y de Seguridad Común, hizo pública una declaración
sobre tal situación en la que señalaba:
DECLARACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA SITUACIÓN
EN COLOMBIA (Bruselas, 23-V-2000):
“La Unión Europea expresa su profunda inquietud ante el deterioro de la situación
humanitaria y de los derechos humanos en Colombia y, en particular, por el creciente
número de acciones violentas y de atrocidades inhumanas que afectan sobre todo a la
población civil, como las que se produjeron recientemente en las localidades de Gigante
y Chiquinquire.
La UE condena enérgicamente las graves violaciones de derechos humanos que
se siguen cometiendo, así como los actos de terrorismo y las infracciones del derecho
humanitario internacional perpetrados por todos los grupos armados e insiste sobre la
necesidad de llevar ante la justicia a sus autores.
Al tiempo que apoya el proceso de paz en curso en Colombia, la Unión exhorta a
todos los grupos armados a que pongan fin a los actos de violencia, respeten los derechos
humanos, acaten el derecho humanitario internacional e inicien conversaciones de paz,
serias y constructivas con el Gobierno para instaurar una paz duradera.
Los países de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea, así como
Chipre, Malta y Turquía e Islandia y Liechtenstein, países de la AELC que son miem-
bros del Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración”.
El Plan Colombia que promueve el presidente Patrana, recibió en la
Conferencia de Donantes que se celebró el 7 de julio en Madrid una “con-
tribución financiera inicial” de 871 millones de dólares. Varias organizacio-
nes y países, entre ellos España, anunciaron su aporte a este proyecto para
acabar con la guerra y el narcotráfico. Los participantes expresaron en la
declaración final su “firme respaldo político y humanitario a las iniciati-
vas presentadas por el Gobierno de Colombia durante la primera reunión
del grupo de apoyo para el proceso de paz”. Desde Colombia, Patrana se
congratuló por el acuerdo y comentó que esa primera inversión foránea se
sumaría a fondos patrios para crear 250.000 puestos de trabajo, atender
a los desplazados por la guerra y otorgar subsidios a los campesinos que
abandonaran los cultivos ilícitos.
El presidente Pastrana recibió el 10 de julio la renuncia protocolaria
de todos sus ministros para propiciar la recomposición del Gabinete con
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una fórmula de “unidad nacional”. La crisis ministerial era esperada desde
que dos meses atrás abandonara su cargo el ministro de Interior, Néstor
Humberto Martínez.
El nuevo Gobierno fue anunciado el día 11 de julio y en él se destacaba
la entrada al Ministerio de Hacienda de Juan Manuel Santos, así como del
sindicalista Angelino Garzón al Ministerio de Trabajo. Otro de los cambios
significativos fue la entrada a la cartera de Desarrollo Económico del ex
ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo. En el nuevo
Gabinete figuraban además tres mujeres, con lo que sumadas a las que
ya había el Gobierno se ajustaba a una nueva ley sobre equidad. Por otra
parte continuaron en sus cargos los responsables de Interior, de Relaciones
Exteriores, de Defensa y de Justicia.
Como reunión preparatoria para el II Encuentro Iberoamericano del
Medio Ambiente que tendría lugar en Madrid del 27 de noviembre al 1 de
diciembre, se reunieron, a finales de julio en Cartagena de Indias, empre-
sas y gobiernos iberoamericanos y españoles con el objetivo de analizar los
problemas mediambientales y ssu sposibles soluciones.
El 24 de julio representantes de la guerrilla del ELN y del Gobierno de
Pastrana se reunieron en Suiza en un encuentro por un consenso nacional
por la paz de Colombia. Tras algunas interrupciones, los negociadores
consensuaron reanudar el proceso de paz en base a un temario concreto,
con una perspectiva de alto el fuego. No obstante, a lo largo de los meses
siguientes continuaría la escalada bélica en varios puntos del país, prota-
gonizada por diferentes grupos armados.
El 23 de agosto el presidente estadounidense Bill Clinton decidió des-
bloquear la ayuda económica para el Plan Colombia. El día 29 de ese mismo
mes Clinton viajaba a Cartagena de Indias con el fin de dar un apoyo al
Plan que preveía una ayuda económica y militar al Gobierno de Bogotá
para fortalecerlo en su lucha contra el narcotráfico y la guerrilla.
A primeros de septiembre, doce presidentes sudamericanos se reunie-
ron durante dos días en Brasilia. La cumbre concluyó con el compromiso de
crear para el año 2002 un área de libre comercio, con vistas a una apliación
posterior, y un plan para desarrollar las infraestructuras regionales. En
una delcaración paralela se dió también respaldo al Gobierno de Colom-
bia señalando que “el proceso de paz refleja los anhelos más legítimos del
pueblo colombiano de construcción y de respeto a los derechos humanos”.
Por su parte, el 3 de septiembre, el ministro español de Exteriores, Josep
Piqué, aprovechaba la reunión informal celebrada en Evián por sus colegas
d ela Unión para pedir el apoyo económico de Europa al Plan Colombia y
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a los esfuerzos del presidente Pastran apra luchar contra el narcotráfico e
impulsar un proceso de paz. Cabe señalar que la UE decidiría a finales de
octubre ayudar a financiar el Plan Colombia.
En la misma línea, el principal protagonista de la IV Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas, que se inauguró el 17 de octubre
en Manaos, capital de la Amazonia brasileña, sería, sin estar incluido en
la agenda oficial, el Plan Colombia. Al término de la Conferencia se haría
pública una declaración de apoyo al repetido Plan.
El 24 de octubre el proceso de paz consiguió desbloquearse tras 45 días
en suspenso, según anunció Camilo Gómez, alto comisionado para la paz
(por parte del Gobierno).
El partido Conservador en el Gobierno de Colombia, presidido por
Andrés Pastrana, sufrió un retroceso en los comicios regionales y munici-
pales del 29 de octubre de 2000 con el triunfo del partido opositor liberal y
los movimientos independientes en la mayoría de gobernaciones y alcaldías
de las principales ciudades del país.
El 14 de noviembre, las FARC decicieron congelar el proceso de paz
con el gobierno colombiano, argumentando que el Ejecutivo otorgaba un
carácter político a los paramilitares. El proceso se venía manteniendo des-
de dos años atrás entre Gobierno y las FARC. Tal decisión motivó que el
presidente Pastrana suspendiera la gira europea que tenía previsto realizar
a finales de noviembre.
El 22 de enero de 2001, el presidente Pastrana solicitó en París a la
Unión Europea que multiplicara sus ayudas económicas al plan de paz
y a la lucha contra el narcotráfico emprendida por su país. Durante una
entrevista con el presidente francés, Jacques Chirac, Pastrana confió en
que su petición se materializara en resultados concretos durante la reunión
de países ocntribuyentes de la UE que habría de celebrarse en febrero en
Bruselas.
El 31 de enero, el presidente Pastrana anunció que prorrogaba unos
días la vigencia de la zona desmilitarizada en la que negociaba con la gue-
rrilla de las FARC con el fin de reunirse con su jefe, Manuel Marulanda, y
decidir “de una vez por todas” si continuaban con los diálogos de paz.
El 1 de febrero, el Parlamento Europeo adoptó enBruselas una reso-
lución en la que rechazaba el Plan Colombia como método para poner fin
al conflicto colombiano y exigía a la UE que desarrollara una estrategia
“autónoma y no militarista” para apoyar el proceso de paz. La UE exhortó
al Gobierno colombiano y a las FARC a que reanudaran de inmediato las
negociaciones de paz. En su declaración la UE reiteraba el pronuncia-
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miento emitido en Bruselas el 19 de enero pasado, en el sentid de que
estar convencida de que “el conflicto sólo podrá ser resuelto mediante un
acuerdo negociador”.
El presidente Pastrana y el líder de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda, reactivaron el 9 de febrero
de 2001 el diálogo de paz con la firma del “Acuerdo de Los Pozos” que saca-
ba del escenario principal de la negociación los asuntos candentes: parami-
litares y actos de guerra. Se tratata de alcanzar un acuerdo que reanudara
el proceso y prorrogara la desmilitarización de la zona entregada por el
Gobierno, en noviembre de 1998, a las FARC para facilitar el diálogo.
El 8 de marzo, diplomáticos de veinticinco países de Europa y América,
representantes del Vaticano y de la ONU asistieron en Villa Nueva, al sur
de Colombia, a un encuentro internacional en el que se pasó revista al
proceso de paz.
El 15 de marzo la UE decidió en Bruselas que los colombianos que
quisieran entrar a partir del 1 de abril de 2001 a cualquier país comunitario
tendrían que solicitar antes un visado.
Los presidentes de México, Colombia y Venezuela se comprometieron
el 8 de abril en la primera cumbre del llamado Grupo de los Tres (G-3) a
impulsar la concertación política y económica y la cooperación trilateral
para reactivar ese órgano integrador.
El 19 de abril, el ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo
guerrillero de Colombia, anunció la suspensión del diálogo de paz con el
Gobierno. El motivo de la decisión fue la “falta de voluntad del Gobierno
para luchar contra los paramilitares de ultraderecha” según un comunicado
del ELN. Sin secuestrados desde hacía cuatro días.
El 30 de abril, en Bruselas, se celebró el tercer encuentro del Grupo de
Apoyo al proceso de paz en Colombia. La UE anunció la concesión de ayuda
económica al proceso, aprotación (338 millones de euros) que habría de
destinarse a promover diversos proyectos de desarrollo social y económico,
derechos humanos y refuerzo de las instituciones.
A principios de junio el Gobierno de Pastrana y las FARC firmaron un
acuerdo humanitario que permitiría liberar a 142 de los casi 500 soldados
y policías en poder de las FARC y a 15 guerrilleros presos.
En el mes de mayo varios coches bomba, uno en Cali que hirió al menos
a 32 personas, otro en Medellín que se cobró la vida de siete personas, y
otros dos en Bogotá, volvieron a provocar el temor y la desesperanza justo
cuando empezaban a olvidar la época terrible del narcoterrorismo.
A principios de junio el Gobierno de Pastrana y las FARC firmaron un
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acuerdo humanitario que permitiría liberar a 142 de los casi 500 soldados
y policías en poder de las FARC y a 15 guerrilleros presos.
El 17 de julio el juez de la Audiencia Nacional de España, Juan del Olmo,
ordenó el ingreso en prisión, a efectos de extradición, del ex ministro de
Desarrollo de Colombia y ex embajador de este país ante la Unión Europea
(UE) Carlos Arturo Marulanda Ramírez, reclamado por las autoridades de
Colombia por los delitos de formación de grupo armado y terrorismo.
El secuestro de quince personas en Neiva, ciudad de la que procede la
familia del presidente Pastrana, y los sangrientos combates entre rebeldes
y militares con un saldo de 87 guerrilleros y 15 soldados muertos, ensom-
brecieron aún más el futuro de la paz en Colombia.
A primeros de agosto, miles de campesinos colombianos bloquearon
las carreteras como protesta contra las fumigaciones de las plantaciones
de coca dentro del Plan Colombia, que también afectaban a cultivos lícitos
y que podían perjudicar a los seres humanos. El senador Rafael Orduz,
encabezó una delegación para plantear a EE UU la erradicación manual
de los cultivos de coca.
La Carabana Internacional por la Vida fue bloqueada por campesinos
del área de San Pablo que acusaron a los 67 cooperantes de querer auxi-
liar a la guerrilla del ELN con el cargamento que llevaban, e impidieron
el desembarque de la ayuda. La zona del sur de Bolívar es una de las más
castigadas por el conflicto armado debido a la presencia de guerrilleros del
ELN y de las paramilitares AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), y se
pretendía desmilitarizarla para convertirla en Zona de Encuentro en la que
se llevarían a cabo los diálogos de paz, pero el 7 de agosto el presidente,
Andrés Pastrana, anunció la suspensión de los diálogos con la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El 13 de agosto, Andrés Pastrana, firmó la Ley de Defensa y Seguridad
Nacional. Esta ley, criticada por los grupos de derechos civiles colombianos e
internacionales, concedía a las Fuerzas Armadas supremacía sobre el poder
civil en los llamados “teatros de operaciones”, creados por el presidente y al
mando jefes militares cuya autoridad ejercería controles sobre la población
civil y se impondría a la de gobernadores o alcaldes. También concedía a
miembros de las fuerzas militares facultades de policía judicial, limitando la
capacidad de investigación de los grupos civiles sobre las actividades milita-
res. Coincidiendo con la promulgación de la ley, el Ejército colombiano lanzó
una ofensiva contra las FARC en los departamentos del Arauca, Guainía,
Vichada y Huila, donde más de cien guerrilleros resultaron muertos.
El 14 de agosto fueron detenidos en Colombia tres miembros del
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Ejército Republicano Irlandés (IRA) bajo la acusación de haber dado ins-
trucción sobre explosivos a las FARC durante cinco semanas en la zona
desmilitarizada del Caguán. Esta zona, de 42.000 km2., fue concedida por
el presidente Andrés Pastrana a las FARC para que pudiese tener lugar el
diálogo de Paz. El General Tapias, jefe del Ejército colombiano aseguró que
esta detención confirmaba que las FARC usaban su “zona” para conectar
con terroristas internacionales con el IRA o ETA, y que pagaban el “entre-
namiento” con dinero procedente del narcotráfico.
El 5 de septiembre el congresista colombiano y vicepresidente de la
Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Jairo Enrique Rojas,
fue asesinado a tiros en el garage de su residencia el mismo día en el que
gobierno anunciaba su intención de prorrogar la zona de distensión donde
se negociaba con las FARC.
El 30 de septiembre la ex ministra de cultura, Consuelo Araujo Nogue-
ra, que se encontraba secuestrada desde hacía una semana por la guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue hallada
muerta en el norte de Colombia. Los líderes políticos y sociales, haciéndose
eco de la indignación general, exigieron al presidente Andrés Pastrana, un
giro en las negociaciones con la guerrilla. El candidato presidencial por el
Partido Liberal, en la oposición, Horacio Serpa, afirmaba que este asesinato
era una muestra más de que “no hay resultados” en el proceso empren-
dido por el presidente Andrés Pastrana con la guerrilla. El presidente del
Congreso, Guillermo Gaviria, por su parte, constataba la necesidad de “un
cambio urgente en el proceso de paz que el Gobierno lleva a cabo con la
principal guerrilla desde finales de 1998”.
El 5 de octubre, Andrés Pastrana anunció que su gobierno había alcan-
zado un acuerdo con las FARC que incluía una tregua bilateral, por seis
meses, y en el que ambas partes asumían compromisos: la guerrilla, de aca-
bar con el secuestro, la extorsión, los ataques a pequeñas poblaciones y a la
infraestructura económica; y el Gobierno, llevar a cabo acciones para acabar
con el paramilitarismo. El proceso de paz no llegó a concretarse debido a la
exigencia de las FARC para que el Gobierno hubiera combatido a los para-
militares y suspendido los controles militares sobre el Caguán, ordenados el
10 de octubre, antes de hablar del cese del fuego y las hostilidades.
El Gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron el 14 de enero de 2002 un
acuerdo para reanudar las conversaciones de paz, a cuatro horas de que
finalizase el plazo previsto para que el grupo guerrillero abandonara la lla-
mada zona de distensión. Las FARC aceptaron finalmente el mantenimien-
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