El Parlamento y el Gobierno de Cantabria presentaron alegaciones al Tribunal Constitucional contra el recurso del Gobierno de España a la ley cántabra que prohíbe la técnica de fracturación hidráulica. Ambos argumentan que la ley está amparada por las competencias de Cantabria sobre ordenación del territorio, medio ambiente y recursos naturales. También cuestionan que la ley estatal que permite el fracking esté motivada por el interés general. Mientras, el PSOE de Castro Urdiales y Laredo se mov

1. 4 EL MUNDO. MARTES 25 DE MARZO DE 2014
CANTABRIA i
SUSPENSO EN I+D+i
Cantabria está entre las seis comunidades que menos
porcentaje de su PIB invierten en I+D+i, con una tasa entre
el 0,83 y el 0,98%, según un estudio de EAE Business School
EVALUACIÓN EDUCATIVA
La evaluación de las competencias de comunicación
lingüística en lengua castellana y matemáticas en Primaria
y la ESO, organizadas por Educación, tendrá lugar en mayo
IRENE SAINZ / Santander
El Parlamento y el Gobierno de Can-
tabria registraron ayer en el Tribunal
Constitucional sus alegaciones al re-
curso del Estado contra la Ley regio-
nal que prohibía el fracking en la co-
munidad autónoma. El Ejecutivo de
Mariano Rajoy argumenta que la
norma cántabra es inconstitucional
porque invade competencias estata-
les y sustenta su reclamación en sen-
dos informes del Consejo de Estado
y el Ministerio de Industria.
La Cámara regional acordó, a fi-
nales de febrero, participar en la
causa para solicitar al TC que de-
sestime la demanda. Ambos escri-
tos –el del Ejecutivo cántabro y el
del Parlamento– plantean que la
Ley de Cantabria «es constitucio-
nal» porque se ha aprobado «al am-
paro de la competencia exclusiva
que, en materia de ordenación del
territorio y del litorial, urbanismo y
vivienda» tiene la región según el
Estatuto de Autonomía.
El Parlamento, en concreto, de-
fiende que dicha competencia inclu-
ye, «de una forma normal y no trau-
mática», la prohibición de una técni-
ca como el fracking, «especialmente
agresiva para el territorio».
Las instituciones cántabras consi-
deran además que la norma está am-
parada por las competencias auto-
nómicas en materia de «protección
del medio ambiente y de los ecosis-
temas», «sanidad e higiene, promo-
ción, prevención y restauración de la
salud», «industria» y «régimen mine-
ro y energético».
Respecto a la potestad legislativa,
el documento parlamentario va un
paso más allá y cuestiona la constitu-
cionalidad de la propia Ley de Hidro-
carburos del Gobierno de España,
que no especifica por qué la fractura
hidráulica es de interés general «ni el
objetivo» del Estado al permitir «ili-
mitadamente» su uso.
«El argumento principal» que es-
grime el Estado en la demanda para
justificar la incostitucionalidad de la
Ley de Cantabria «es la subordina-
ción de la riqueza nacional al interés
general. Pero es muy dicutible» que
la autorización del
fracking responda a
ese principio.
Los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo coin-
ciden en resaltar que
«la riqueza natural de
Cantabria», los recur-
sos hídricos, las «cue-
vas prehistóricas» y de
«interés geomorfológi-
co» o los Parques Na-
cionales o Naturales,
«así como la ordena-
ción del territorio de
un modo distinto al de
otras partes de Espa-
ña», completa el Par-
lamento, «son valores
que también constitu-
yen riqueza nacional
y que han de ser su-
bordinados al interés
general».
Por su parte, el Go-
bierno incide en que la Ley de Can-
tabria no prohíbe «la investigación,
exploración y explotación» del gas
pizarra sino «la concreta técnica de
la fractura hidráulica» y apunta a
que la norma es «provisional» ya
que prohíbe el fracking mientras
«existan dudas» sobre su efecto.
Pleno del Parlamento de Cantabria el día 8 de abril, cuando la Cámara aprobó personarse en la causa. / R. ALONSO
Más argumentos
>Mera «enumeración». Am-
bos documentos de alegacio-
nes esgrimen diversos argu-
mentos a favor de la norma. La
Cámara destaca, por ejemplo,
que la mera enumeración de la
técnica del fracking en la Ley de
Hidrocarburos no la convierte
en una técnica incluida en las
Bases y coordinación de la pla-
nificación general de la activi-
dad económica, sino que forma
parte del ámbito competencial
incardinado en Bases del régi-
men minero y energético, «que
no tienen el carácter transver-
sal» de las anteriores.
>Medio ambiente. Los escri-
tos defienden que la prohibición
es una medida adicional y que el
Tribunal Constitucional admite
que las comunidades autónomas
establezcan niveles de protec-
ción del Medio Ambiente «más
severos que los de el Estado».
>Filtraciones. Parlamento y
Gobierno hace una mención es-
pecial a la geomorfología cánta-
bra. La «gran cantidad de cuevas
y extraordinarios recursos hídri-
cos subterráneos» avalan la
prohibición de una técnica que
conlleva el riesgo de «filtracio-
nes del fluido de perforación,
agua salada o hidrocarburos has-
ta un acuífero subyacente». Por
otra parte, los 58 productos quí-
micos utilizados en las prospec-
ciones «suponen, en varios ca-
sos, un peligro para la salud de
las personas».
>Modificación ‘ex novo’. Por
ultimo, recuerdan que la modifi-
cación ex novo de la Ley de Hi-
drocarburos no implica «necesa-
riamente» la inconstitucionali-
dad de la norma cántabra, apro-
bada seis meses antes.
Santander
El Grupo Municipal del PSOE en el
Ayuntamiento de Castro Urdiales lle-
vará al pleno del mes de abril una
moción contra el «desmantelamien-
to» de los servicios sanitarios del
hospital de Laredo en la que, ade-
más, solicitará la puesta en marcha
de un convenio sanitario con el Go-
bierno Vasco.
Los socialistas criticaron la cen-
tralización de algunos servicios –la-
boratorios, anatomía patológica, ra-
diología, esterilización– del hospital
de Laredo en el de Valdecilla porque
ésta afectará «directamente» a los
120.000 usuarios a quienes da servi-
cio el hospital comarcal.
En este sentido, la formación
apuntó que la medida obligará a los
vecinos de la comarca oriental a tras-
ladarse «de forma reiterada» a Valde-
cilla para «la realización de pruebas
tan cotidianas como radiologías o
servicios diagnósticos», lo que «en-
torpecerá la eficacia, la eficiencia y la
rapidez» de los mismos. Al mismo
tiempo, considera necesario que
Por otra parte, el PSOE de Lare-
do registró el pasado viernes 21 de
marzo una moción sobre el mismo
asunto que se debatirá el jueves. El
objetivo es instar al Ayuntamiento
a que «de forma urgente» se dirija
a la Presidencia y a la Consejería
de Sanidad para mostrar su «opo-
sición frontal».
El portavoz del Grupo Municipal,
Juan Ramón López Revuelta, apun-
tó que en la exposición de motivos
de la moción se hace especial hinca-
pié en la importancia que para la
comarca oriental de Cantabria tiene
el Hospital de Laredo, el cual «pres-
ta asistencia sanitaria especializada
a la población de la zona», alrede-
dor de unos 120.000 usuarios, «du-
plicando el servicio en verano como
consecuencia de la afluencia turísti-
ca de la comarca».
Además, resalta que el Hospital
de Laredo fue reconocido en 2006
como uno de los mejores de Espa-
ña y uno de los tres primeros den-
tro de la categoría de Hospitales
comarcales de modelo estatutario,
cuenta con una aceptación muy fa-
vorable en la ciudadanía de la zona
oriental de Cantabria y además ha
conseguido ser el hospital más ren-
table de la Comunidad Autónoma.
López Revuelta aseguró por últi-
mo que el centro es la primera víc-
tima en el «camino hacia la privati-
zación» que ha emprendido el Go-
bierno del PP a través del contrato
de colaboración público privada
para la finalización del Hospital
Nacional Universitario Marqués de
Valdecilla y «no será la última»,
avanzó, ya que «la centralización
de servicios hospitalarios del SCS
está recogida en dicho contrato».
El «desmantelamiento» del Hospital
de Laredo moviliza al PSOE de Castro
El Grupo Municipal solicitará la firma de un convenio sanitario con el País Vasco
Parlamento y
Gobierno alegan
a favor de la Ley
‘antifracking’
Ambos solicitan al Tribunal Constitucional
que desestime el recurso de Mariano Rajoy
La consultora Deloitte presentó ayer las
conclusiones del informe ‘Impacto del
desarrollo de la exploración y producción de
hidrocarburos sobre la economía española’
encargado por la ACEIP, la asociación nacional
de compañías relacionadas con la fractura
hidráulica. El estudio subraya el potencial
económico de la exploración y producción de
gas pizarra o de esquisto. Deloitte contempla
tres escenarios a 24 años y apunta que España
podría llegar a exportar gas no convencional,
una afirmación que contrasta con las
conclusiones del Ministerio de Industria, que ni
siquiera contempla que el gas de esquisto
coadyuve a la autosuficiencia energética.
Deloitte anima a
la «exploración»
INFORME EMPRESARIAL