1. Alicia en el país de las maravillas (España iba mal, ahora va bien y en los próximos
años, según el gobierno, irá mejor). Sobre el Programa Nacional de Reformas 2014
y la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017.
Eduardo Rojo Torrecilla. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
4 de mayo de 2014.
Texto publicado en el blog del autor
1. El Consejo deMinistros celebrado el 30 de abril aprobó el Programa Nacional de
Reformas delReino de España 2014 y la actualización del Programa de Estabilidad para
elperíodo 2014 – 2017, documentos que ya se encuentran disponibles en la página
webdel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con un resumen del
segundo (en castellano y en inglés) y el vídeo de la rueda de prensa delMinistro
Cristóbal Montoro. El objetivo de esta entrada es examinar los contenidos de interés
laboral de ambos documentos, con especial atención al primero, en la misma línea que
efectué de los Programas de los años 2012 y 2013. En la nota de prensa del MINHAP, y
tras recordar que dichos textos se elaboran, y envían a la Comisión Europea, en
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa europea (las reglas del llamado “semestre
europeo”) se afirma con contundencia y sin medias tintas (esta vez no hay, al menos en
este punto concreto, neolengua) que “por primera vez desde el inicio de la crisis, en
2014 habrá creación de empleo neto. A finales de 2015, el paro será inferior al de
finales de 2011 tanto en número de parados como en tasa”.
Por su parte, en una nota de prensa más extensa del Consejo de Ministros se afirma lo
siguiente: “Además de una recuperación sostenida en el tiempo, se trata de una
dinámica generadora de empleo. Las mejoras estructurales alcanzadas con la reforma
laboral de 2012 posibilitarán la creación de empleo con tasas de crecimiento inferiores a
las del pasado. Ya en 2014 se creará empleo neto, por primera vez desde el inicio de la
crisis. Para el bienio 2014/2015 se estima una reducción sensible del umbral de
crecimiento de la actividad para dar lugar a creación de empleo. Igualmente, se
conseguirán avances importantes en la reducción del paro. Por primera vez desde el
inicio de la crisis, en 2014 se reducirá el paro EPA en términos medios anuales. A
finales de 2015 el paro será inferior al de finales de 2011 tanto en número de parados
como en tasa”.
2. ¿Vivimos en un país casi idílico? No creo que sea precisamente así (recordemos la
ducha fría de los datos de la última Encuesta de Población Activa sobre población activa
y población ocupada, parece que olvidados por el gobierno en su análisis, aunque no
obviamente el dato de que el número de personas desempleadas sea inferior en 344.900
a los que proporcionaba la EPA del primer trimestre de 2013), pero alguien que conozca
poco la realidad española, y mucho menos la vida labora real, quizás estuviera cerca de
pensarlo si lee el resumen del programa de estabilidad que se adjunta a la nota de prensa
del Consejo, que lleva por título “Nuevo escenario, mejores previsiones: más reformas”.
Para que los lectores y lectoras del blog juzguen y valoren con total conocimiento de

2. causa si mi afirmación anterior es correcta o está sesgada por el acercamiento cotidiano
a la realidad laboral, reproduzco el contenido de la primera página del documento:
“El Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas son la previsión de
las medidas y la evolución de la economía. Y son, además, la demostración de un
hecho: que la recuperación se está consolidando.
• Hace un año España atravesaba una situación muy difícil. Que exigía prudencia y
responsabilidad. Dijimos entonces que íbamos a trabajar para superar las previsiones y
lo hemos hecho.
• Hoy, certificamos que hemos cumplido con creces los objetivos que nos habíamos
marcado:
Hemos superado la recesión y recuperado la competitividad de la economía. España está
creciendo al mayor ritmo desde hace seis años.
Hemos respetado los objetivos de déficit, y hemos aflorado y afrontado la deuda oculta.
El Plan de Pago a Proveedores ha financiado casi 42.000M€; el Fondo de Liquidez
Autonómico, casi 40.000M€.
Hemos evitado un rescate a la economía española y recuperado la confianza. La prima
de riesgo ha caído casi 500 puntos desde el máximo alcanzado en verano de 2012.
Hemos hecho del sector exterior el motor de la economía y el consumo vuelve a crecer.
Hay más de 150.000 empresas exportadoras y registramos tres trimestres positivos en el
gasto de los hogares.
Hemos reducido el paro y reactivado la creación de empleo. España ha pasado de liderar
el incremento del paro en la UE a encabezar la reducción del desempleo (Eurostat Feb.
2014).
Hoy, constatamos los resultados y mejoramos las perspectivas. En 2014 el crecimiento
real será más del doble del esperado hace un año y habrá creación de empleo, cuando
entonces se preveía un retroceso.
Estamos ante un nuevo escenario. Pero nuestro objetivo no ha cambiado: sigue siendo
crear empleo.
Acabaremos la Legislatura con menos parados que al inicio y vamos por el buen
camino. Por esta razón, continuamos con las reformas”.
En fin, según la actualización del Programa de Estabilidad pasaremos de una tasa de
desempleo (media anual) del 26,1 % al 19,8 % en 2017, algo que estoy seguro que toda
la ciudadanía, y desde luego mucho más quienes están desempleados, desea. Vamos a
ver qué medidas de contenido laboral se plantean en el programa de reformas, y que se
argumenta en el de estabilidad, para analizar su incidencia en este cambio tan radical de
perspectiva de nuestro mercado de trabajo.
3. La lectura del Programa de Reformas 2014 permite pensar, si hemos de hacer caso a
su contenido, que no habrá nuevas reformas laborales del calado e importancia que han

3. tenido lugar en 2012 y 2013, pero déjenme que sea muy prudente al respecto porque
siguen existiendo petición de algunas organizaciones internacionales y de medios
empresariales para “profundizar” en tales reformas. Con todo, habrá quien piense, y
quizás no le falte razón, que mi afirmación anterior no es correcta porque no valoro
suficientemente la importancia que puede tener la reforma de la política de empleo con
una cada vez mayor presencia del sector privado, y la reforma de la normativa de
protección social y la posible atribución a las mutuas de la concesión del alta médica del
trabajador en situación de baja laboral.
En el resumen ejecutivo del Programa se insiste en reiteradas ocasiones en que las
medidas ya adoptadas y las que se adopten en el próximo futuro tienen un claro
objetivo, cual es el de favorecer la creación de empleo, se muestra la satisfacción
gubernamental por haber “ejecutado prácticamente en su totalidad” las medidas
propuestas en el Programa de 2013 (no esperen encontrar una mínima autocrítica en los
documentos examinados en esta entrada, porque no la hay) y se destacan las medidas
cuya aprobación está prevista en el año en curso, siendo una de ellas la reforma
tributaria que deberá resolver los que se califican como “problemas actuales del sistema
tributario: el sesgo desincentivador del empleo y la baja recaudación. En el ámbito del
empleo, formación y protección social, se enumeran y sintetizan las propuestas que más
adelante se desarrollarán en el Plan y que ahora dejo ya apuntadas: nuevo modelo de
formación para el empleo, la estrategia española de activación para el empleo 2014-
2016 (aquí sí que se anuncian “desarrollos normativos”, entre ellos uno cuyo contenido
tengo curiosidad por conocer, cual es el que se anuncia de “una mayor vinculación entre
las políticas activas y pasivas de empleo” -- ¿mayores posibilidades de acceso al empleo
o mayores controles de las personas desempleadas?), y como una medida más concreta
en cuanto que dirigida a un público específico, el plan nacional de implantación de la
garantía juvenil .
El optimismo gubernamental se manifiesta con claridad al referirse a los datos de
desempleo de Eurostat (febrero 2014) y de afiliación a la Seguridad Social (marzo
2014), y por lo que parece los datos de la última EPA sobre población activa y ocupada
no deben ser del gusto de los redactores del documento porque no han sido tomados en
consideración. Se pone especial énfasis en la importancia de disponer de más de 28.500
millones de euros de los fondos estructurales (FEDER y FSE) para el período 2014 –
2020, junto con otras cantidades de no menos relevancia como por ejemplo la de 943
millones para la iniciativa de empleo joven, y se destaca que con todos estos recursos se
poteciarán las medidas “que aumenten la productividad y el empleo, la inversión
privada y desarrollen sectores con elevado potencial de crecimiento”.
4. Antes de seguir con el Programa de Reformas 2014 y entrar a examinar con más
detalle las propuestas futuras de actuación a corto y medio plazo, vuelvo a la
actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 por el interés muy directo de
algunos de sus contenidos sobre las políticas laborales, que parten de una valoración
bastante positiva (¿quién iba a dudarlo?) de las reformas laborales operadas desde 2012,
y de las que destaca (se lo hemos escuchado a los responsables económicos del
gobierno en numerosas ocasiones, y en algunas a los responsables de empleo) que los
cambios normativos y su impacto en el mercado de trabajo “posibilitarán la creación de
empleo con tasas de crecimiento inferiores a las del pasado”, previéndose (tomo nota “a
los efectos oportunos”) que se producirá “una creación neta próxima a 600.000 empleos
entre finales de 2013 y finales de 2015”, y que en los dos años que median entre los dos

4. períodos citados disminuirá el número de personas desempleadas “en cerca de 800.000
personas” (¿tendrá aquí algo que ver la caída de la población activa y no sólo el
esperado crecimiento del empleo? Parece que sí, que esta es la previsión del gobierno
vinculada a la reducción del número de inmigrantes que accederán a nuestro mercado
laboral) e incluso se prevén mejores perspectivas para el conjunto de los cuatros años
(¡largo me lo fiais, amigo Sancho!), con previsión de creación de empleo de 900.000 en
cómputo a tiempo completo (¿se refiere a un crecimiento del empleo a tiempo completo
o bien a un incremento importante del trabajo a tiempo parcial y que lleve a ese cáculo
optimista?)
Más exactamente, el documento sitúa la creación neta de empleo por debajo del 2 % del
crecimiento del PIB y adjudica este cambio a las reformas operadas en el mercado de
trabajo con las reformas laborales y que han significado “una mayor flexibilidad interna
de las empresas” (igual a incremento del poder de dirección del empleador, pero eso lo
digo yo y no el gobierno), “mayor uso del trabajo a tiempo parcial” (igual a mayores
posibilidades para el empleador de distribución de los tiempos de trabajo según sus
necesidades), “intensificación de la moderación salarial” (neolengua que esconde la
reducción de salarios en unos casos, y el mantenimiento nominal pero con incrementos
de jornadas en otros, es decir descenso real, y que al preverse su mantenimiento en los
años venideros seguirá propiciando, según el gobierno, “un comportamiento contenido
en los costes laborales unitarios y ganancias de competitividad”), y “aumento de las
inaplicaciones de convenios” (con su implicación sobre la pérdida de importancia del
valor normativo del convenio colectivo estatutario, y su impacto directo sobre
reducciones salariales y reordenación de los tiempos de trabajo, según los datos
disponibles de tales inaplicaciones en la página webde la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos”, con 2149 inaplicaciones en 2013 y que permitieron, siempre
según el gobierno “adaptar las condiciones de trabajo – particularmente los salarios –
para evitar los despidos”).
El impacto de las medidas de ajuste, y entre ellas la reforma en materia laboral que
permite los despidos colectivos en el sector público en general y en las
Administraciones Públicas en particular, se constata con claridad en el documento al
examinar los datos del empleo en el sector público y en el privado, ya que “la pérdida de
empleo asalariado en 2013 siguió incidiendo con mayor intensidad en el sector público,
con una tasa media de caída anual del 5,6 %, mientras que en el privado prácticamente
se estabilizaba a finales de 2013”.
¿Van a tener impacto positivo en los ingresos de las arcas públicas las medidas previstas
por el gobierno en materia de empleo y protección social? Tal es su parecer, tanto
pensando en las que está previsto aprobar en 2014 y aplicar a partir de 2015 como las
que han sido aprobadas con anterioridad a la actualización del Programa de Estabilidad
y que ya están surtiendo frutos (tarifa plana en cotización empresarial por contingencias
comunes a la Seguridad Social, no abono por el FOGASA del 20 % de las
indemnizaciones debidas a los trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores,
incremento de los conceptos computables a efectos de cotización a la Seguridad Social,
reforma del marco normativo de las pensiones e incremento gradual de la edad de
acceso a la jubilación), que se calcula “en el entorno de los tres mil millones de euros
anuales cuando estén todas en vigor, con un mínimo de dos mil millones en 2014 y mil
millones en 2015”). Por cierto, nos enteramos, leyendo la página 55, de que el Gobierno
ha remitido a las Cortes un proyecto de ley del que, al menos en mi caso, no hay todavía

5. constancia de que se haya producido (aunque a fuer de ser sinceros cabe pensar que lo
será próximamente), cual es el de modificación (una vez más) de la Ley General de
Seguridad Social, “incluyendo entre otras medidas la atribución a las Mutuas de la
gestión de la prestación por incapacidad temporal”.
5. Volvamos al Programa de Reformas de 2014 y detengámonos en el balance que hace
el gobierno de sus actuaciones en 2013 con respecto a materias laborales, en concreto en
lo relativo a la recomendación número 4 formulada por las autoridades europeas de
evaluar la reforma laboral de 2012, así como también en otras medidas adicionales.
A) El gobierno “saca pecho” y se muestra orgulloso de la valoración positiva de la
reforma que ha hecho la OCDE y que se suma a la anteriormente realizada por el propio
gobierno tras un año de entrada en vigor, y a mi valoración crítica sobre tales
documentos en otras entradas del blog me permito remitir ahora.
Como ya he dicho, poca autocrítica encontrarán por parte del gobierno, ya que se afirma
que la reforma desplegó desde sus inicios efectos positivos “a pesar del muy negativo
entorno económico” y en nota a pie de la página 19 se afirma aún con mayor orgullo
(me pregunto si la vida laboral se ve de una forma desde un despacho del Ministerio y
de otra en un centro de trabajo, pero no voy ahora a elucubrar más de la cuenta) que “los
datos positivos indican un impacto positivo aún mayor de la reforma”. Entre los
aspectos positivos de la reforma se recuerda que uno de ellos fue la puesta en marcha
del contrato de apoyo a los emprendedores (PYMES) “a tiempo completo”, y quizás
hubiera sido también conveniente incorporar una nota en la que se explicara, aunque
fuera a pie de página y mucho menos leída, el motivo por el que se posibilita en 2013 la
utilización de esa modalidad a tiempo parcial cuando se tanto se había publicitado el
valor de ese contrato a tiempo completo para incorporar especialmente a personas con
mayores necesidades de protección al mercado de trabajo.
El programa destaca también, como ya he dicho, la valoración positiva de la OCDE en
cuanto que considera (la neolengua sigue jugando aquí un papel importante) que “ha
reducido sustancialmente la rigidez de la regulación laboral y ha flexibilizado la
negociación colectiva”. ¡Ah!, no olvidemos que la reforma había provocado, al parecer
de sectores jurídicos cercanos al mundo empresarial y que lógicamente tienen muy
buena sintonía con el gobierno actual, “alguna incertidumbre en materia de despidos
colectivos”, y raudo y veloz el gobierno se aplicó a intentar desactivarla (no creo que lo
haya conseguido hasta ahora, porque no sólo de la normativa laboral española sino
también de la Constitución y normas internacionales y europeas viven, y aplican, los
juzgados y tribunales) con la reforma operada por el RDL 11/2013, ahora convertido en
la Ley 1/2014. Siempre es de agradecer la claridad en los objetivos perseguidos, aunque
no se diga con la misma claridad que se pretende desactivar aquellas interpretaciones
doctrinales y judiciales distintas de las del gobierno y del mundo empresarial, y por ello
me parece positivo que se diga con claridad que con las reformas citadas se pretende
“reducir la probabilidad de que los procedimientos de despido colectivos sean
declarados nulos judicialmente, regulando con mayor precisión la información que las
empresas deben proporcionar a los representantes de los trabajadores”.
B) En el ámbito de las políticas de empleo las reformas operadas durante 2013 se han
centrado en la aprobación y puesta en marcha del Plan anual de política de empleo, con
un porcentaje cada vez mayor (10 % en 2013 y 40 en 2014) de fondos estatales

6. distribuidos a las Comunidades Autónomas según el grado de cumplimiento de los
objetivos comunes identificados con anterioridad, así como también en el llamado
“programa de buenas prácticas para modernizar los servicios públicos de empleo”, que
deberá consolidarse normativamente en la Estrategia España de activación para el
empleo 2014-2016.
En mi explicacióndel PAPE 2013 ya puse de manifiesto que se apuntaban futuros
cambios normativos, y ahora habrá que esperar a ver cuándo y cómo se concretan.
Decía entonces que “en relación el marco general se identifica la EEE 2012-2014, las
normas estatales y autonómicas, y los PAPE, y como hay que cambiar ese marco (no
todo es “herencia recibida” por cierto) ya se anuncia la elaboración de una nueva EEE
que pasará a denominarse “Estrategia española de políticas activas de empleo”
(cambiamos las palabras, ¿cambiamos los contenidos?), tres nuevos Reglamentos, de
servicios, de empleo y de formación (no arriendo la ganancia a los responsables
estatales, y fundamentalmente los autonómicos, que tengan que conocer y aplicar ese
nuevo marco que se anuncia, que irá acompañado sin duda de instrucciones y circulares
internas para su aplicación), y la “implantación de un nuevo modelo de distribución de
fondos orientado al cumplimiento de objetivos”, y en el que sí se ha avanzado ya este
año para fijar en un 40 % la distribución de fondos en 2014 en razón del cumplimiento
de los objetivos marcados el año anterior, “más un mecanismo de garantía de
continuidad con el marco anterior del 60 % que facilite la adaptación al nuevo modelo y
gradúe el impacto que su implantación pueda tener, sobre todo en los primeros años” (si
hay un gobierno distinto del color político actual en 2015 es posible que vuelvan a
cambiarse las reglas, con los que el concepto de “primeros años” quedaría sin
contenido, pero de momento esta afirmación sólo se encuadra en el ámbito de la
política-ficción)”.
En 2013 también se ha producido el desarrollo de un nuevo modelo de formación
profesional para el empleo “dando prioridad a la financiación de acciones formativas
destinadas a que los menores de 30 años y los desempleados de larga duración obtengan
un certificado de profesionalidad”, y el inicio de los trabajos para la puesta en marcha
de un nuevo modelo de formación del que se afirma que estará basado “en los principios
de mayor transparencia y control en la gestión de los recursos públicos, concurrencia
competitiva y evaluación de la calidad de la formación”, y cuya mayor concreción se
encuentra en la explicación contenida en el eje 3 (“capital humano”) de la tercera línea
prioritaria de actuación para este año, que lleva por título “fomentar el crecimiento y la
competitividad actual y futura”, en el que se explica que “se abrirá el sistema a la
concurrencia competitiva de los proveedores de servicios de formación, se reforzarán
las actuaciones de seguimiento y evaluación, así como las obligaciones de transparencia
y los incentivos para el correcto y eficiente funcionamiento del sistema. La puesta en
marcha del nuevo modelo requerirá la aprobación de varios instrumentos normativos”
(en esto momentos se está debatiendo con los agentes sociales el borrador de futuro
texto normativo).
También se ha ido desarrollando el calificado como “nuevo sistema de intermediación
laboral” con una estrecha colaboración público-privada (pendiente aún de implantarse
de forma efectiva debido a los conflictos jurídicos suscitados en los concurso de
selección de las agencias privadas de colocación), y la elaboración de un portal único de
empleo aún pendiente de entrada en funcionamiento (la previsión es durante el primer
semestre de 2014).

7. Por fin, con respecto al desempleo juvenil se afirma que ya se han puesto en marcha “en
torno al 55 %” de las medidas recogidas en la Estrategia de Emprendimiento yEmpleo
Joven 2013-3016, con 3.845 millones de euros. tales como el estímulo de la
contratación laboral de jóvenes, mejora de la empleabilidad de los que se encuentran
desempleados y el fomento del emprendimiento (reducción de cuotas a la SS,
ampliación de la cuantía de la capitalización por desempleo, programas formativos con
compromiso de contratación posterior, reformas en los contratos para la formación y el
aprendizaje, contrato eventual de “primer empleo joven”, contrato a tiempo parcial con
vinculación formativa, ampliación de los certificados de profesionalidad,…). Medidas
especificas se prevén en este año y los siguientes para poner efectivamente en marcha la
llamada garantía juvenil, es decir el acceso al trabajo o a la formación para jóvenes
menores de 25 años que no estén estudiando y que tampoco estén trabajando o llevando
a cabo un proceso formativo.
6. Un bloque del documento (IV) está dedicado a los progresos efectuados “para
alcanzar los objetivos nacionales de la Estrategia Europea 2020”, si bien más
exactamente aquello que se realiza en este apartado es reordenar las medidas adoptadas
en 2013 y ya explicadas en el bloque anterior, según que encajen en uno u otro de los
diversos objetivos, y dado que el primero es de índole preferentemente laboral (alcanzar
una tasa de empleo del 74 % para las personas de 20 a 64 años) la mayor parte de las
medidas quedan incorporadas a este objetivo.
No deja ser curiosa la forma como se explica la caída de la tasa de empleo de este
colectivo en 2013 con respecto a 2012, desde el 59,3% al 58,2%, debido según el
documento al mantenimiento de la economía española en recesión que era también el
estado de la Unión Monetaria, si bien inmediatamente a continuación se realiza una
comparación de las tasas del cuarto trimestre de los dos años, que era la misma, el 58,5
%, debido, “ al menos parcialmente, al impacto positivo en el mercado de trabajo de la
reforma laboral aprobada en 2012, tal y como lo confirman las evaluaciones realizadas
sobre la misma”. Lo malo, pues, por la situación global de nuestra economía y de buena
parte de la europea, y lo bueno como consecuencia de las decisiones de política laboral
del gobierno. Seguimos con la inexistente autocrítica de las decisiones adoptadas, y
digo yo que alguna merecería, siquiera sea mínimamente, esa pequeña dosis de análisis
autocrítico ¿no les parece?
Desde luego, nos queda bastante por hacer para, ya no digo alcanzar sino como mínimo
acercarnos a los objetivos marcados en la Estrategia Europea en general y en España en
particular, como la demuestra la Tabla X, con casi 17 y 16 puntos de diferencia en la
tasa de empleo, sin olvidar otro dato relevante y que afecta a la población juvenil cual es
el de reducir la tasa de abandono escolar prematuro en un 10 % (UE) o 15 % (España)
cuando en nuestro país nos situamos al finalizar 2013 en un preocupante (aunque haya
mejorado ligeramente con respecto a años anteriores) 23,5 %
7. El V bloque del programa está dedicado a la explicación de las medidas que están
siendo adoptadas o van a adoptarse en el año en curso, así como el uso que se hará de
los recursos económicos ya referenciados que provienen de los fondos estructurales
comunitarios y otras ayudas europeas, estructurándose alrededor de cinco áreas
prioritarias identificadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la
Comisión Europea.

8. A) El Programa de Reformas 2014 incluye en la primera área dedicada al “saneamiento
fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento”, y más concretamente en su eje 3
sobre “mejora de la gobernanza económica”, medidas para luchar contra el fraude, la
economía sumergida y el trabajo no declarado, en la línea de continuar con las
actuaciones ya llevadas a cabo en el marco del plan de lucha contra el empleo irregular
y el fraude a la Seguridad Social 2012 y 2013 cuyos bueno resultados cuantitativos han
sido muy publicitados por el gobierno en reiteradas ocasiones y se encuentran en la
página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La evaluación del plan que ahora se anuncia llevará, en su caso, a la adopción de nuevas
medidas (¿significarán nuevas modificaciones de la LISOS?) que se incluirán en una
nueva ley ordenadora de la ITSS que sustituya a la de 1998 y cuyo borrador actual es el
secreto mejor guardado en el MEySS, dado que me consta que no lo conocen muchos
responsables de la ITSS en las distintas autonomías.
No sé muy bien, dicho sea de paso, a qué responde la tesis de crear “una oficina
nacional de lucha contra el fraude laboral” si no es para avanzar en las propuestas de
recentralización formuladas por la CORA en noviembre de 2013, ya que no me parece
que puedan entenderse de otra forma los objetivos del gobierno de “homogeneizar la
labor inspectora desarrollada en el conjunto del Estado y reforzar la estabilidad de la
colaboración institucional alcanzada en la materia”.
En el ámbito de lucha contra el fraude en la Seguridad Social y para conseguir una
mayor efectividad en su control, siquiera sea por vía indirecta, el Programa de Reformas
nos informa de la puesta en marcha durante este año del llamado programa CRET@,
por el que se pretende simplificar el sistema de cotización y recaudación de las
cotizaciones sociales. En la quinta línea prioritaria de actuación, “modernizar la
Administración Pública”, y en su eje 1 sobre “racionalización y eliminación de
duplicidades”, se nos informa de que con el nuevo sistema se pretende reducir las cargas
administrativas para las empresas, de tal manera que “la liquidación de cuotas se llevará
a cabo directamente por la Administración a través de un proceso de comunicación y
cobro integrado telemáticamente, sustituyendo al tradicional modelo de autoliquidación
y presentación de documentos por parte de las empresas”.
B) Por cierto, en el marco de esta línea de actuación recentralizadora, si bien algunos la
llamarán de eliminación de obstáculos para facilitar un entorno favorable a los
emprendedores (eje 2 de la segunda línea principal, “restablecer las condiciones
normales de préstamo a la economía”) encontramos medidas que afectan a las políticas
de empleo y que van en la misma dirección, con claro olvido (¿involuntario?) de las
competencias de las autonomías en materia de políticas activas de empleo. La
justificación de tales medidas se encuentra en la necesidad de proceder al desarrollo
normativo de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado
(ya impugnada ante el TC), siendo una de las actuaciones que se considera necesario
llevar a cabo por el gobierno español la que afecta a las agencias de colocación y a las
empresas de trabajo temporal, de las que se dice lo siguiente: “se revisará su normativa
para racionalizar los requisitos que se exigen actualmente y que encarecen el servicio de
forma innecesaria. Asimismo, se revisarán los requisitos exigidos por las
Administraciones a las empresas de formación en el marco de las políticas activas de

9. empleo, para garantizar que no existe discriminación alguna por razón de residencia del
operador”.
C) Ya me he referido con anterioridad a la próxima aprobación de la nueva normativa
por la que se regulara el sistema de formación para el empleo y sus notas definidoras, y
baste añadir ahora uno de los rasgos más relevantes que se pretende que tenga el nuevo
sistema, según el borrador al que he tenido acceso: “Se debe superar el diseño
institucional actual que permite el doble papel de las organizaciones representativas de
los agentes sociales que es único entre los sistemas de países del entorno Europeo:
actúan como participantes en la planificación programación, y diseño del subsistema y,
asimismo, ejecutores de la formación y perceptores de fondos. Es necesario abandonar
un modelo intermediado que no resulta compatible con un sistema de formación
competitivo, para impulsar la participación directa de entidades prestadoras de los
servicios en igualdad de condiciones en régimen de concurrencia”.
Por otra parte, y en desarrollo en el ámbito estatal de una Recomendación aprobada por
la UE en 2008 sobre la creación de un marco europeo de cualificaciones para el
aprendizaje permanente, España aprobará este año la creación del marco de
cualificaciones para el aprendizaje a la lo largo de la vida.
La citada Recomendación, de carácter no vinculante y que deberá aplicarse de
conformidad con la legislación y prácticas nacionales, parte de la premisa previa de la
valoración del desarrollo y el reconocimiento de los conocimientos, destrezas y
competencias de los ciudadanos como “esenciales para el desarrollo individual, la
competitividad, el empleo y la cohesión social de la comunidad”, que debe permitir
impulsar la movilidad trasnacional de los trabajadores y potenciar el aprendizaje
permanente. Su objetivo fundamental es crear un marco común de referencia “que sirva
de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación,
tanto para la educación general y superior como para la educación y formación
profesionales”, y la puesta en marcha de este marco común debería contribuir a la
mejora de la transparencia, comparabilidad y transferibilidad de las cualificaciones de
los ciudadanos expedidas según las reglas de cada Estado. Otro objetivo que persigue la
Recomendación aprobada es contribuir a una interrelación más estrecha y fructífera
entre la educación, la formación y el empleo, y ello pretende conseguirlo por la vía de la
modernización de los sistemas de educación y formación. Es importante destacar que el
texto aprobado no reemplaza ni define sistemas de cualificaciones ni cualificaciones
nacionales, y de ahí que simplemente se pida a los Estados miembros que traten de
alinear sus sistemas nacionales al marco europeo de cualificaciones en el año 2010, y
que se respalde a la Comisión en su intención de promover unos vínculos más estrechos
entre ese marco y los sistemas europeos de educación que posibilite la mejora de la
movilidad de los ciudadanos y que facilite el reconocimiento de los resultados del
aprendizaje. Como puede comprobarse, España va a tardar “un poco más” de las
previsiones fijadas en la Recomendación para su traslación a cada Estado.
D) La cuarta línea prioritaria de actuación es la más importante a efectos de mi
comentario y lleva por título “luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales
de la crisis”, más concretamente su Eje 1, dedicado a l mercado de trabajo y las políticas
activas de empleo, mientras que el eje 2 se dedica a las políticas de inclusión social.

10. En primer lugar se pasa revista a las medidas ya adoptadas con los objetivos de
“fomento de la contratación laboral y de activación de los desempleados”, que ya han
sido analizadas con atención en otras entradas del blog, tales como el “impulso del
trabajo a tiempo parcial y de la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo (también
remito a mis análisis anteriores sobre las críticas a la neolengua utilizada en los títulos
de las normas, sus exposiciones de motivos y en ocasiones también en los textos
articulados), y el “fomento del empleo indefinido a través de una reducción de las
cotizaciones a la Seguridad Social”.
A continuación ya se nos informa de un texto de próxima aprobación y en el que se
plasmarán la experiencia y los resultados obtenidos en los planes anuales de políticas de
empleo de 2012 y 2013, que lleva por título “Estrategia española de activación para el
empleo 2014- 2016” y con la que, según los redactores del Programa que parecen ser
amantes de las grandes frases, “culminará la transición hacia un sistema de evaluación y
orientación a resultados de las políticas activas de empleo”. Para conocer con más
detalle la valoración gubernamental de los PAPE 2012 y 2013 y de las medidas a
incorporar en la nueva Estrategia me permito remitir a los lectores y lectoras del blog a
la intervención de la Secretaria de Estado de Empleo, Sra. Engracia Hidalgo, en su
comparecencia ante laComisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los
Diputados el 24 deseptiembre de 2013, intervención que no mereció precisamente los
parabienes de los grupos parlamentarios, con la lógica excepción del grupo popular.
Los objetivos estratégicos comunes que se marcan a largo plazo no me parece que
difieran de aquellos que ya están presentes desde hace muchos años en las políticas de
empleo estatales y autonómicas, ya que se está actuando desde hace mucho tiempo (con
resultados dispares según las medidas adoptadas y el ámbito territorial de afectación)
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aunque no se dispusiera de la nueva
garantía para el empleo juvenil; para mejorar la empleabilidad de colectivos
especialmente afectados por el desempleo como son los mayores de 55 años y las
personas desempleadas de larga duración; la mejora de la calidad de la formación
profesional para el empleo; el reforzamiento de la vinculación entre las políticas activas
y pasivas (con nombres de las dos que siguen sin gustarme, y lo digo desde hace mucho
tiempo, porque parecen compartimentos separados cuando debe haber una estrecha
relación entre ambas); en fin, el impulso del emprendimiento.
A la espera de la aprobación de la Estrategia, el gobierno ya nos “amenaza” con sus
desarrollos normativos, tanto en el terreno de esa mayor vinculación de ambas políticas
(y al que habrá que prestar mucha atención para saber si se dirige en el sentido de
mejorar el acceso al empleo y la formación de los desempleados o bien en el de
establecer más restricciones y limitaciones al acceso a las prestaciones económicas
mientras dure su situación), como en el de reordenación más general de las políticas de
empleo y que me lleva a pensar que quizás aquí también el gobierno pretenda introducir
las medidas recentralizadoras propuestas por la CORA, aunque de momento se queden
en un desarrollo normativo muy borroso e impredecible, ya que en el Programa sólo se
habla de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Empleo para “para concretar los
instrumentos y programas a utilizar para alcanzar los objetivos comunes de los distintos
servicios públicos de empleo mejor los objetivos comunes de los diversos servicios
públicos de empleo, y las medidas e instrumentos prioritarios para conseguir tales
objetivos”. Para poner en marcha las “nuevas” políticas de empleo el gobierno
dispondrá, además de las partidas presupuestarias propias, de los 3.901 millones de

11. euros del Fondo Social Europeo, y en el marco del objetivo temático número 8 cuál es
el de “promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad
laboral”, para el que también podrá disponer de una dotación de 62,8 millones de euros
del FEDER. .
8. Por último, el Programa incorpora diversos anexos que sintetizan toda la explicación
anterior. En el I se recoge la aplicación de las recomendaciones específicas realizadas
por las autoridades europeas; el II está dedicado a la evaluación de dichas
recomendaciones y de las principales reformas estructurales; el III se dedica a los
objetivos marcados por España en el marco de la Estrategia Europea 2020; en fin, el IV
incluye todas la medidas adicionales para apoyar el crecimiento, siguiendo las líneas
prioritarias de actuación propuestas en el Informe sobre crecimiento de la Comisión
Europea.
Buena lectura de los documentos.