La ley de dependencia tiene como objetivo garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la ciudadanía de las personas en situación de dependencia mediante la creación de un sistema que promueva su autonomía personal y atención. La ley establece principios como la transversalidad de las políticas, la valoración individual de necesidades y la participación del tercer sector. También regula una topología de servicios de atención que incluye alojamiento, soporte familiar y prestaciones personales.