La ley 39/2006 de dependencia, vigente desde enero de 2007, busca promover la autonomía y atención de personas que necesitan apoyo para actividades diarias, con un gasto estatal de más de 12.638 millones de euros entre 2007 y 2015. Esta ley también establece un catálogo de servicios prioritarios y diferentes grados de dependencia para recibir atención adecuada, así como la posibilidad de generar empleo en el sector. Aunque promete mejorar la situación laboral y la atención, su eficacia aún debe evaluarse, especialmente entre las personas mayores no valoradas.