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1. Nueva
institucionalidad para
escuelas y liceos
Sylvia Eyzaguirre T. |
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Entre las demandas que han planteado los estudiantes
movilizados y los dirigentes del Colegio de Profesores se encuentra la
desmunicipalización de las escuelas y liceos. El Gobierno debe
ingresar en septiembre un proyecto de ley con alternativas a la
municipalización; así lo acordó a comienzos de este año y lo vuelve a
ratificar en la propuesta sobre el desarrollo de la educación chilena,
presentada recientemente.
Si bien hay problemas serios de gestión y financiamiento en los
establecimientos municipales, no es claro que el problema radique
principalmente en la naturaleza de su dependencia. Si ésta cambia y
no se allegan las capacidades adecuadas, nada habrá cambiado. Por
lo demás, no es evidente el carácter "municipal" de la educación
pública, pues la regulación jurídica que norma la gestión escolar
pública crea una disolución de responsabilidades entre el gobierno
central, la municipalidad y la comunidad escolar . La Ley de Calidad y

2. Equidad, promulgada en febrero de este año, disuelve nudos críticos
en este respecto y establece condiciones favorables para una gestión
más efectiva; sin embargo, no termina con la disolución de
responsabilidades. El director no cuenta con las atribuciones propias
del cargo como seleccionar a sus docentes, determinar sus
remuneraciones y despedirlos según sus propias evaluaciones. Por
otra parte, los apoyos siguen en manos de los Departamentos
Provinciales, los cuales no han probado ser efectivos, y las
evaluaciones docentes del CPEIP (Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas); ambas instituciones
dependientes del Ministerio de Educación. Otro factor que incidiría es
el monto del subsidio por alumno que entrega el Estado, que exige
cursos numerosos y demasiadas horas lectivas por profesor -75% de
la jornada- para que las escuelas se autosustenten; problema que es
independiente de la institucionalidad. Por último, la experiencia
internacional nos muestra sistemas educativos municipalizados
exitosos, como el caso de Finlandia.
Independiente del tipo de institucionalidad que se opte, es importante
que la propuesta del Gobierno aborde los puntos anteriormente
nombrados: definición clara de responsabilidades y financiamiento
adecuado. En este respecto, resulta interesante la reforma que está
llevando a cabo el Reino Unido. Una de sus apuestas más importantes
para mejorar la calidad de la educación tiene relación con el cambio
de la institucionalidad, fomentando un gobierno más descentralizado
y autónomo para los establecimientos de alto rendimiento y
supervisado para aquellos de bajo desempeño, modificando así los
grados de libertad de los directores según niveles de logro. Para ello
están fomentando la conversión de establecimientos de buen
rendimiento al estatus de academias, entidades que gozan de mayor
libertad tanto en las decisiones de orden académico como
administrativo, absolutamente independientes del gobierno local. En
retribución, dichos establecimientos deben comprometerse a

3. apadrinar al menos una escuela o liceo de bajo desempeño, medida
vinculada a incentivos económicos según logros. Esta iniciativa se
sustenta en evidencia empírica y está en línea con la experiencia de
los sistemas más exitosos, cuyos establecimientos gozan de mayor
autonomía, pero que están sometidos a rendiciones de cuentas más
estrictas.
Definir los grados de libertad de los establecimientos según
desempeño está considerado en las disposiciones incluidas en la
recientemente aprobada Ley de Aseguramiento de la Calidad.
Atendida, sin embargo, la enorme heterogeneidad que existe entre
nuestros establecimientos, es clave no sólo su implementación para
asegurar efectividad de las políticas generales, sino también avanzar
aún más en esta dirección. Podría ensayarse para los
establecimientos públicos de alto desempeño -liceos emblemáticos-
una institucionalidad alternativa a la municipal, otorgándoles un
grado alto de autonomía, donde el director junto con un directorio
contratan, despiden y evalúan a sus docentes, deciden la manera de
invertir y gastar los recursos, independencia de los Departamentos
Provinciales, y mayores libertades respecto del currículum y los
planes de estudio. Esta mayor libertad debiera ir de la mano con un
mayor énfasis en la rendición de cuentas y un compromiso efectivo
asesorando establecimientos de bajo rendimiento.
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