ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD
DERIVADA DEL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN DE INTERMEDIACIÓN EN LA
ACTIVIDAD ASEGURADORA

2. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD “JOSÉ ANTONIO PÁEZ”
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
CARRERA: DERECHO
ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD
DERIVADA DEL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN DE INTERMEDIACIÓN EN LA
ACTIVIDAD ASEGURADORA
INSTITUCIÓN: Escritorio Jurídico
(Centro Empresarial González & Asociados (CEGA))
Autor: Rivas García Carlos Alberto
C.I. V-7.140.266
San Diego, enero de 2013

3. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD “JOSÉ ANTONIO PÁEZ”
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
CARRERA: DERECHO
ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL EJERCICIO DE
LA FUNCIÓN DE INTERMEDIACIÓN EN LA ACTIVIDAD
ASEGURADORA
CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN
Tutor Académico: Abg. Carlos Uribe C.I. V- 8.845.430
Tutor Institucional: Abg. José M. González C.I. V- 15.979.336
Tutor Metodológico: Dr. Rubén Vivas C.I. V- 3.061.080
Autor: Rivas García Carlos Alberto
C.I. V-7.140.266
San Diego, enero de 2013

4. INTRODUCCIÓN
El servicio de seguros es muy particular, ya que en principio el cliente no
percibe el beneficio de estar asegurado como una inversión, sino como un costo, esto
es así, hasta que ocurre un siniestro y la empresa cubre; por ello el cliente espera que
al momento de presentar un siniestro el mismo sea resuelto de forma positiva y
eficiente, es decir, el beneficio prometido debe llevar la plena satisfacción del
beneficiario, ya que éste ha elegido y confiado a la aseguradora para que le responda
y le cumpla ante una eventualidad.
Por otro lado, el seguro es un servicio muy técnico y especializado resultando
muchas veces de engorrosa comprensión para el cliente, haciendo que la relación
entre el asegurado y la empresa sea vulnerable y sensible, la realidad es que toma
conocimiento de los límites o topes de la póliza cuando sufre el siniestro y solicita el
servicio que le vendieron, y ante la negativa suele considerar que la aseguradora no
fue honesta.
Generalmente, la empresa aseguradora maneja su canal de venta a través de
intermediarios o corredores de seguros, quienes son muy celosos con la información
de los clientes, a la vez que se plantean como objetivo primordial vender para obtener
una comisión como contraprestación, más que brindar un excelente servicio o de
ofrecer orientación de las especificaciones de las pólizas que venden, y por ende, no
prevén el daño que pueden causar al cliente y a la empresa aseguradora que ha
quedado como irresponsable, perdiendo por tanto su credibilidad.
En atención a lo planteado, la presente investigación tiene como objetivo
fundamental analizar el alcance de la responsabilidad derivada del ejercicio de la
función de intermediación en la actividad aseguradora, ante el incumplimiento o
negligencia en la actividad encomendada. El mismo, se encuentra estructurado de la
siguiente forma:

5. Capítulo I, en el cual se hace referencia a la Institución dentro de la cual se
realizó la pasantía, realizando una breve referencias acerca del nombre de la misma,
ubicación, descripción, misión, visión, estructura organizativa, y mención de las
actividades ejecutadas o cumplidas durante el tiempo que duró la pasantía.
Capítulo II, que abarca lo concerniente al planteamiento del problema, la
formulación del problema, los objetivos de la investigación, el objetivo general, los
objetivos específicos, la justificación y alcance de la investigación, y las limitaciones
del estudio.
Capítulo III, hace mención al marco referencial conceptual, los antecedentes de
la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos, pues se trata
de un procedimiento que ayudara a descubrir las condiciones en que se presentan
sucesos específicos, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.
Capítulo IV, describe las fases metodológicas de la investigación, compuesto
por el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos,
las técnicas de procesamiento y análisis de datos, las técnicas de análisis de las
fuentes documentales, las técnicas operacionales para el manejo de las fuentes
documentales, los procedimientos de la investigación y las fases metodológicas.
Capítulo V, en el que se registran los resultados, las conclusiones y las
recomendaciones obtenidas en base a los objetivos planteados en el presente trabajo
de grado. Finalmente, se culminará con las referencias bibliográficas utilizadas
durante el desarrollo de la investigación.

6. CAPÍTULO I
INSTITUCIÓN
Nombre
Centro Empresarial González & Asociados (CEGA)
Ubicación
Centro Empresarial González & Asociados (CEGA), el cual está ubicado en la
avenida Bolívar Norte, Edificio Maggiore, Piso 2, Oficina 21, Valencia, Estado
Carabobo.
Descripción
Centro Empresarial González & Asociados (CEGA), se encarga de brindar
asesoría jurídica, representar judicial y extrajudicialmente a personas naturales y
jurídicas, ofreciéndoles a sus clientes un grupo de profesionales en materia: Civil,
Mercantil, Laboral, Tributaria e Inquilinaria; cumpliendo con el compromiso
profesional, ético y moral de responder a las necesidades de los patrocinados de
forma efectiva, con resultados legítimos, legales y acordes con la justicia y equidad

7. Misión
Brindar una adecuada asesoría en el ámbito jurídico para satisfacer las
necesidades de cada cliente con resultados legales y acordes con la justicia y la
equidad.
Visión
Convertirse y posesionarse como un escritorio de gran reconocimiento a nivel
nacional por sus elevados niveles de eficiencia y compromiso con sus clientes.
Valores
Los valores que se persiguen como base fundamental son la equidad, la
responsabilidad, la ética y la lealtad
Estructura Organizativa
El escritorio jurídico Centro Empresarial González & Asociados (CEGA), nace
en el año 2007 bajo un concepto innovador en la rama jurídica donde un grupo de
empresas especializadas en distintas áreas del derecho toman la decisión de unirse y
crear dicha empresa conocida bajo sus siglas (CEGA).
Conforman una unidad al relacionarse e intercambiar sus conocimientos
académicos, experiencia y destreza generando una respuesta confiable y segura en un
todo, identificando y compenetrarse para brindar los servicios profesionales
requeridos.
Actividades desarrolladas en la institución durante el periodo de pasantías
- Revisar expedientes en diferentes Tribunales de la Circunscripción Judicial del
Estado Carabobo, a fin de conocer el estatus de cada una de las causas que
cursan ante ellos.
- Realizar diferentes trámites ante los registros inmobiliarios y mercantiles del
estado Carabobo.

8. - Redactar actas de asamblea para determinadas personas jurídicas que son
asesoradas por el CEGA.
- Redactar documentos de compra-venta, opción de compra-venta,
arrendamientos, ventas con reserva de dominio, parte de la labor cotidiana del
CEGA.
- Realizar gestiones ante diferentes alcaldías de los municipios que conforman el
Estado Carabobo.

9. CAPÍTULO II
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
La actividad aseguradora está directamente relacionada con la existencia de
riesgos económicos, actuales o futuros, que afectan a la colectividad en general, y
que, por ende, hacen necesaria la existencia de empresas de seguros cuyo objeto sea
la prestación de servicios tendientes a transformar esos riesgos o incertidumbres en
seguridad, garantizando la reparación del daño producido ante la ocurrencia de un
evento o siniestro.
En este orden de ideas, la actividad aseguradora está constituida por un
conjunto de organismos, entidades y consumidores que intervienen en el desarrollo de
la actividad, comúnmente se sostiene que en la operación de seguros suelen
distinguirse elementos personales conformados por las partes contratantes del seguro,
destacándose entre ellos, el asegurador y el asegurado.
Asimismo, existe una figura que juega un papel interesante dentro de la
negociación aseguradora, esto es, el intermediario de seguros, que si bien su función
no lo hace parte del contrato de seguro, por el contrario, si lo faculta para establecer
una relación indirecta entre las partes contratantes, pues su papel dentro de la
actividad aseguradora atiende a establecer un vínculo contractual entre asegurador y
asegurado, a cambio de una remuneración.
Ahora bien, el ejercicio de dicha función mediadora se encuentra regido,
principalmente, por la vocación de servicio, buena fe comercial y la función social,
dirigida a brindar al asegurado, tomador o beneficiario una atención positiva y
eficiente ante cualquier eventualidad que en ocasión al seguro contratado pudiera

10. surgirle; a la vez que salvaguarda los estándares de calidad y eficiencia de la empresa
aseguradora en cuyo nombre realiza la actividad mediadora.
De esta manera, la actividad de intermediación de seguros no puede ser
concebida en los términos de la simple intermediación comercial. El productor de
seguros debe jugar en el mercado asegurador un papel fundamental, siendo el primer
defensor de los intereses y derechos del asegurado, prestando su asesoría no sólo para
la celebración de un contrato de seguros que satisfaga las expectativas del tomador,
sino además durante toda la vigencia del contrato y orientarlo en la formulación de
sus reclamos.
Así, atendiendo a las especiales características que rigen en el ejercicio de la
función de intermediación en la actividad aseguradora, pareciera que la imposición de
responsabilidades ante la ineficiencia del servicio prestado por el intermediario
resulta de difícil determinación. Sin embargo, el legislador patrio previó algunos
controles legales mediante los cuales la intermediación de seguros se encuentra
sometida a la observancia de condiciones u obligaciones cuyo incumplimiento es
generador de responsabilidad, y en consecuencia, conlleva a la imposición de ciertas
sanciones establecidas en la Ley de la Actividad Aseguradora.
En este sentido, en el ejercicio de la función de intermediación en materia de
seguros, no es aceptable la falta de atención o la atención deficiente, el no cumplir o
cumplir en forma incompleta con el servicio, pues dicha actividad debe estar
enfocada en brindar un excelente servicio, orientador de las especificaciones propias
de cada póliza contratada, que permitan al asegurado sentirse protegido y por otra
parte, permita generar confianza en los tomadores o asegurados permitiendo mantener
los niveles de prestigio de la empresa.
De allí la importancia de estudiar el alcance de la responsabilidad derivada del
ejercicio de la función de intermediación en la actividad aseguradora, con el propósito
de que obren las sanciones pertinentes sobre la persona natural o jurídica que funge

11. de mediador, cuando por el incumplimiento o negligencia en la prestación de su
actividad, ocasionaren algún daño o perjuicio tanto al tomador, asegurado o
beneficiario del seguro contratado, como a la empresa aseguradora.
Formulación del Problema
Atendiendo a las consideraciones explanadas en el planteamiento del problema,
surge como interrogante de la investigación la siguiente: ¿Cuál es el alcance de la
responsabilidad derivada del ejercicio de la función de intermediación en la actividad
aseguradora?
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Analizar el alcance de la responsabilidad derivada del ejercicio de la función de
intermediación en la actividad aseguradora.
Objetivos Específicos
Identificar a las personas autorizadas para ejercer la función de intermediación
en la actividad aseguradora.
Estudiar el objeto social, vigilancia y control del ejercicio de la función de
intermediación en la actividad aseguradora.
Revisar las actuaciones susceptibles de ser sancionadas en el ejercicio de la
función de intermediación en la actividad aseguradora.
Justificación y Alcance de la Investigación

12. La presente investigación se realiza con el objeto de lograr establecer de manera
clara el alcance la responsabilidad derivada del ejercicio de la función de
intermediación en la actividad seguradora, bien sea, por acciones u omisiones que
causen algún perjuicio, tanto al asegurado, tomador o beneficiario de la póliza, como
a la empresa aseguradora; por lo cual, esta investigación está dirigida a los
estudiantes de pregrado y postgrado de esta y otras universidades, así como a
abogados litigantes, intermediarios de seguros, empresas de seguros y demás
ciudadanos que participen en algún momento en actividades de seguro.
De igual manera, con la presente investigación, además de pretender crear
conciencia en el intermediario de seguros en relación a la importancia de la función
que desarrolla, así como de las implicaciones que engloban su actividad, igualmente,
se persigue dar cumplimiento a uno de los requisitos establecidos por la Universidad
“José Antonio Páez” para aspirar al título de Abogado.
Limitaciones del Estudio
En la realización de este estudio se presentó la siguiente limitación:
• El tiempo disponible para el desarrollo de la investigación, por cuanto aunado
al cumplimiento de las responsabilidades laborales, en el transcurso del 9° y del 10°
semestre se debe cursar la carga académica, realizar las pasantías y elaborar y
presentar el informe de la misma.

13. CAPÍTULO III
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
Antecedentes de la Investigación
A continuación se presentan diferentes trabajos de investigación, de diversos
autores, en cuyos trabajos de grado han investigado temas relacionados con el
ejercicio de la actividad de seguros, por lo que fue preciso revisar, seleccionar y
analizar cuanta información se obtuvo, entre las cuales se pueden destacar las
siguientes:
Sánchez (2010), en su trabajo de grado para optar al título de abogado,
presentado ante la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José
Antonio Páez, titulado: “Adaptación y Aplicabilidad de la Nueva Ley de la Actividad
Aseguradora”, indica que existe la necesidad de brindar tanto a los productores de
seguros como al resto del personal que prestan sus servicios en el ramo asegurador,
una inducción que englobe la asesoría jurídica en relación a las prohibiciones
previstas en la Ley de la Actividad Aseguradora, indicándoles las consecuencias de la
omisión en el cumplimiento de la normativa y las ventajas que ofrece cumplir con el
texto que garantiza el fin último, que es prestar un servicio de excelencia.
López (2007), en su trabajo de investigación para optar al grado de Especialista en
Instituciones Financieras, Mención Análisis y Gestión de las Instituciones
Financieras, presentado en la Dirección General de Estudios de Postgrado de la
Universidad Católica Andrés Bello, titulado: “Guía para Diseñar un Plan de
Fidelización de Clientes para las Empresas de Seguros en Venezuela”, expresa que
las empresas de seguros frecuentemente es dependiente de proveedores para servir a
sus clientes tal y como ocurre con los intermediarios, quienes tienen la tarea
importante de dirigir el canal de ventas y, por ende, son quienes dan la cara ante el

14. asegurado, tomador o beneficiario de la póliza en representación de la empresa de
seguros.
Fernández y Villavicencio (2007), en su trabajo de grado para optar al título de
Licenciado en Relaciones Industriales-Industriólogo, presentado en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad
Católica Andrés Bello, titulado: “Satisfacción Laboral y la Satisfacción del Cliente en
Empresas de Seguros, Año 2007”, señala que existe la necesidad de que las diferentes
empresas generen un mayor nivel de satisfacción en sus clientes por medio de una
adecuada gestión de sus empleados, así como por medio del mantenimiento de un
producto o servicio de calidad, incentivando a sus trabajadores o mediadores para
hacer un mejor trabajo que corresponda con un buen servicio al tomador, asegurado o
beneficiario de la póliza.
Albarrán (2000), en su trabajo de grado presentado en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutence de Madrid, titulado: “La
Actividad Aseguradora: Importancia, Revisión e Integración de Conceptos
Fundamentales, señala que uno de los aspectos característicos de la Institución
Aseguradora es el sometimiento al control y vigilancia de su actividad por los poderes
públicos, cuyo fin es regular las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad,
sanear el sector y adoptar medidas correctivas, protegiendo al máximo los intereses
de los asegurados y beneficios amparados por el seguro.
Bases Teóricas y Legales
Previo a entrar al estudio de la figura del intermediario de seguros y su
responsabilidad derivada del ejercicio de dicha función, es preciso referirse
brevemente a la noción de la actividad de seguros, contratos de seguros como fuente
de obligaciones, hasta llegar a la responsabilidad del ejercicio de la función de
intermediación, sobre los cuales versará el presente estudio.

15. La historia del seguro se remonta a las antiguas civilizaciones, iniciadas por los
Babilonios y los Hindúes quienes celebraban los llamados contratos a la Gruesa que
eran sumamente onerosos y, esencialmente, se celebraban entre banqueros y
propietarios de barcos. Posteriormente, con el crecimiento del comercio durante la
Edad Media tanto en Europa como en el Cercano Oriente, se hizo necesario
garantizar la solvencia financiera en caso de que ocurriese un desastre de navegación.
Más tarde en el siglo XVII surgió el seguro de incendio en Londres.
Los vestigios del seguro de vida se ubican en antiguas civilizaciones, como
Roma, donde las asociaciones religiosas acostumbraban colectar y distribuir fondos
entre sus miembros en caso de muerte de algunos de sus miembros. Es después de
muchos años de empirismo que nace el seguro científico y con él la posibilidad de
extender las operaciones de los asegurados a nuevos eventos inciertos.
Es aproximadamente a partir del año 1.720 que aparecieron las primeras
sociedades de seguros, en cuyo inicio los especuladores y promotores causaron el
fracaso financiero de la mayoría de esas sociedades, debiendo el Parlamento restringir
las autorizaciones para operar como asegurador.
En Venezuela, es en el año 1862 cuando se dicta el primer código de comercio
formal, regulando la actividad aseguradora, siendo que la primera empresa de seguros
se constituyó en Maracaibo en 1866, con el nombre de Seguros Marítimos. Luego, en
el año 1893 se creó en Caracas La Venezolana, aún cuando ya para ese momento
funcionaban en el país diversas agencias de compañías extranjeras, las cuales fueron
eliminadas casi en su totalidad por no querer adaptarse a las normas establecidas en el
referido código regulador de la actividad aseguradora.
A raíz de los hechos acaecidos en el año 1994 con la crisis financiera, a partir
de la cual se realizaron diferentes operaciones que originaron el resurgimiento de las
compañías extranjeras, quienes tomaron ventajas competitivas con relación a las
compañías nacionales, por cuanto, podían ofrecer los mismos seguros a tarifas

16. menores, incrementando su capacidad de captar clientes; originándose con su
proliferación, una competencia de calidad y un nuevo interés por tecnificar y
profesionalizar aún más el recurso humano que participa en la actividad aseguradora.
Definición del Seguro
Desde los primeros tiempos, constituyó preocupación del hombre el evitar
riesgos, que sí él podría prever, sin embargo, no podía evitar, por carecer de
elementos sociales y técnicos para defenderse, sobre todo para defender a su familia y
a su patrimonio. Siendo que tales elementos exteriores se caracterizan por no avisar
cuando van a producirse, sino que el hombre está pendiente de su realización para
salvar a la familia y a su patrimonio, lo cual lo llevó a encontrar un medio que le
protegiera de los daños de esos agentes exteriores.
En este sentido, Marmol Marquis citado por Southerland (1988, p. 13) señala
que de los numerosos contratos de la vida moderna quizás uno de los más definidos
es el de seguro y que, no obstante, ninguno de ellos logra formular de manera
suficiente un concepto extenso que abarque todas las variantes posibles. Desde el
punto de vista doctrinal, Broseta Pont (1977, p. 474) sostiene que el contrato de
seguros:
Es aquel mediante el cual el asegurador, contra la percepción de una
prima, se obliga a indemnizar o reparar al asegurado, dentro de los límites
convenidos, el daño producido por un siniestro, o a pagar un capital o una
renta a la realización de un evento o un suceso que afecta a la vida
humana.
Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, el legislador patrio ofrece una
definición contenida en el Código de Comercio en su artículo 548, al disponer:
El seguro es un contrato por el cual una parte se obliga, mediante una
prima, a indemnizar las pérdidas o los perjuicios que puedan sobrevenir a
la otra parte en casos determinados, fortuitos o de fuerza mayor; o bien a

17. pagar una suma determinada de dinero según la duración o las
eventualidades de la vida o de la libertad de una persona.
En igual sentido, la Ley del Contrato de Seguro en su artículo 5 define al
contrato como:
Aquél en virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima,
asume las consecuencias de riesgos ajenos, que no se produzcan por
acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del
beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites
pactados el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a
pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo
subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto
por una póliza.
De tal suerte, que en todo caso el propósito del seguro es proveer protección
económica contra las pérdidas que pueden ocurrir en ocasión a situaciones
impredecibles como enfermedades, accidentes, hechos de la naturaleza, entre otros,
que provocarían daños irreparables en las finanzas de una persona o empresa.
Sujetos del Contrato de Seguro
Ahora bien, en este punto es preciso señalar quienes son las personas que de
manera directa se encuentran inmersos en la relación contractual derivada de la
suscripción de un contrato de seguro: a) La empresa de seguros o asegurador
debidamente autorizado para funcionar como tal, que es quien asume los riesgos, b)
Forma parte de la relación contractual el asegurado quien resulta ser la persona que
en sí misma, en sus bienes o en sus intereses económicos se encuentra expuesta al
riesgo, c) El beneficiario, resultando ser aquél en cuyo favor se ha establecido la
indemnización que pagará la empresa de seguros en caso de producirse un daño, y d)
El tomador, que es la persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los
riesgos.

18. Principios que rigen la actividad aseguradora
En Venezuela, la actividad aseguradora se encuentra tutelada por un conjunto
de principios previstos en las diferentes regulaciones normativas que rigen la materia,
y que han de tenerse presentes al momento de realizar cualquier interpretación sobre
las mismas.
1. En principio, la actividad aseguradora se corresponde con una actividad
económica reglada, lo cual tiene que relación directa con la existencia tanto de la Ley
de la Actividad Aseguradora como de la Ley del Contrato de Seguro, y además, se
relaciona con el hecho que son diversas las normas que de manera amplia se han
establecido en cuanto a la materia.
2. El usuario de la actividad aseguradora se considera un débil jurídico con
mayor énfasis que otros usuarios y se extreman los controles en esta actividad en aras
de proteger al asegurado, y es así, por cuanto el contrato de seguro resulta ser muy
complejo, por encontrarse compuesto por diversos elementos técnicos que inciden en
su realización. Aunado a ello, se trata de un tipo de contratación en la que el usuario
cumple con su prestación sin recibir a cambio algo tangible que le permita ver como
se materializa la obligación del asegurador.
3. El desarrollo de la actividad aseguradora es con la finalidad de obtener un
beneficio, que necesariamente no se corresponde con un ánimo de lucro, pues en todo
caso el asociado sí busca como beneficio la cobertura del riesgo.
4. Se trata de una actividad mixta, en el sentido de que, la pueden realizar los
particulares o el Estado.
5. La actividad aseguradora debe realizarse dentro de los principios del Estado
Social de Derecho, la justicia social, la participación ciudadana y el apoyo de las
empresas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a los planes del Estado y la
soberanía económica.

19. 6. Las operaciones de seguros están reservadas a las empresas constituidas en el
País, salvo que el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas de
manera expresa autorice la celebración de operaciones de riesgos con empresas
extranjeras.
7. El Estado es el encargado de mantener una supervisión preventiva e integral
con control previo casi absoluto de la actividad aseguradora, en tal sentido, la ley
exige la aprobación previa por parte de la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora de las pólizas, anexos, recibos, solicitudes, tarifas, comisiones,
publicidad, ello en consideración a la especial situación de desigualdad en que se
encuentra el contratante de la póliza.
8. Se trata de una actividad rodeada de un dinamismo en cuanto a las
operaciones y contrato a nivel de mercado, dejando su regulación en manos de la
Superintendencia de Seguros.
9. La información transparente y oportuna ha de regir la actividad de seguros.
Intermediarios de la Actividad Aseguradora
Dentro de la actividad aseguradora, se ubica una figura cuya función resulta de
suma importancia dentro de dicha actividad, y no es otra que la de los intermediarios
de seguro, cuya regulación ha sido establecida en la Ley de la Actividad Aseguradora
(LAA, 2010), describiendo quiénes son las personas facultadas para ejercer la
intermediación en este campo, responsabilidades derivadas del ejercicio de la
actividad, funciones, vigilancia y control por parte del Estado, entre otros.
Generalmente, las personas tanto en materia civil como en materia comercial,
pueden establecer relaciones, que en unos casos puedes ejecutarse de manera directa
y, en otros casos, de manera indirecta, siendo que las relaciones indirectas son
llevadas a cabo mediante el empleo de los llamados intermediarios.

20. En este sentido, desde el punto de vista doctrinal, el profesor Cabanellas define
al intermediario como “Quien sirve o hace de enlace o mediador entre dos o más
personas; y más específicamente entre productores y consumidores. Debido a ello, el
nombre de intermediario se les aplica a los comisionistas y representantes.”
Por otra parte, los autores Chang de Negrón y Negrón (2011, p. 113) sostienen
que “Los intermediarios han sido definidos por una parte como las personas que
dispensan su mediación para la celebración del contrato y por otra parte asesoran al
asegurado o tomador de la póliza”.
Desde el punto de vista legal, la LAA respecto de la figura de los
intermediarios, específicamente en el segundo párrafo del artículo 114, dispuso lo
siguiente: “Se entiende por intermediarios de la actividad aseguradora las personas
que contribuyen con su mediación para la celebración y asesoría de los contratos”;
señalando además, que sus actividades estarán regidas por dicha Ley, su reglamento y
demás normas prudenciales.
De tal manera, que atendiendo a las definiciones antes citadas, se puede afirmar
que en Venezuela el intermediario de seguro puede ser una persona natural o jurídica
que debe establecer una relación de cercanía entre las partes contratantes dentro de un
determinado contrato, sin que llegue a constituirse en parte del mismo, pues en todo
caso, su finalidad siempre será la de crear un vínculo contractual entre personas
ajenas a él, a cambio de una remuneración por concepto de la prestación de su
servicio.
Lo anterior, encuentra justificación tal y como lo expone Garrigues (1993,
p.681) en el hecho de que la mediación pura siempre queda fuera del contrato
resultante de su actividad, siendo que su imparcialidad se ve reflejada en la
remuneración o comisión que recibe el intermediario por parte de los contratantes, en
este caso, la comisión que se genera en favor del intermediario es pagada por la
empresa aseguradora atendiendo al monto de la prima pagada por el tomador.

21. En consecuencia, la naturaleza jurídica de la función de intermediación es la de
facilitar la labor de intercambio comercial entre los sujetos intervinientes de la
actividad, por una parte, al empresa aseguradora, y por otra parte, el tomador,
asegurado o beneficiario de la póliza, llevándolos a la celebración del correspondiente
negocio jurídico que no es otro que la contratación de una póliza de seguro.
Tipos de Intermediarios en la Actividad Aseguradora
La actividad de intermediación en seguros es una actividad exclusiva, que sólo
puede ser realizada por las personas expresamente autorizadas, además, es una
actividad reglada, por cuanto tienen límites establecidos de manera estricta. De tal
manera, que la Ley que regula la actividad prohíbe a las aseguradoras pagar
remuneración alguna a personas que no sean intermediarios, prohibiéndose así la
existencia de ninguna otra figura distinta al intermediario como canal de
comercialización de los productos de seguros.
En efecto, la LAA en el primer párrafo de su artículo 114 establece lo siguiente:
“Sólo podrán realizar gestiones de intermediación en operaciones de la actividad
aseguradora, las personas autorizadas por la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora”.
Es así como, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora a los fines de
controlar a través de quienes están realizando operaciones comerciales las empresas
aseguradoras, en la oportunidad que fije, puede solicitar un listado de los productores
de seguros con indicación de los períodos durante los cuales han mantenido
relaciones, así como del monto de las remuneraciones acreditadas, durante el año
inmediatamente anterior, de cada uno de ellos.
Ahora bien, respecto de esas personas naturales o jurídicas que, previa
autorización otorgada por el servicio competente, es decir, por la Superintendencia de
la Actividad Aseguradora, pueden ejercer funciones de intermediación en el campo

22. de la actividad de aseguradora, la propia LAA en su artículo 115 dispone, lo
siguiente:
Artículo 115 LAA: La Superintendencia de la Actividad Aseguradora
sólo podrá autorizar para actuar como intermediario y asesores a:
1. Los agentes que actúen directa y exclusivamente con una empresa de
seguros, de medicina prepagada o sociedad de corretaje de seguros.
2. Los corredores que actúen directamente con una o varias empresas de
seguros o de medicina prepagada.
3. Las sociedades de corretaje de seguros.
4. Las sociedades de corretaje de reaseguros.
De la norma antes transcrita, se evidencia que en Venezuela la legislación que
regula la actividad aseguradora, establece cuatro tipos de intermediarios, es decir,
agentes, corredores, sociedades de corretaje de seguros y sociedades de corretaje de
reaseguros, quienes deben reunir ciertas condiciones para operar como tales.
Seguidamente se desarrollará a cada uno de ellos.
1. Los agentes de seguros: Son mediadores afectos a la entidad aseguradora, a
los que une un vínculo contractual y una relación de dependencia, donde la entidad
responde por las acciones del mediador y éste actúa en nombre de la entidad,
comprometiéndose a realizar por cuenta de ésta labores de mediación, promoción,
asesoramiento preparatorio y asistencia posterior con tomadores, asegurados o
beneficiarios de los seguros.
Su vinculación debe ser exclusiva, es decir, no podrán estar vinculados
simultáneamente por contrato de agencia con más de una entidad aseguradora, a
menos que ésta le autorice expresamente para operar con otra entidad en
determinados ramos, modalidades o contratos de seguros que no practique ella
misma. Las entidades aseguradoras llevan un registro de sus agentes, asignándoles un
número de registro, dato que cada agente debe incluir en su publicidad y
documentación propia.
Para optar al cargo de agente de seguros, la persona debe ser mayor de edad,

23. estar residenciado en el país, debe tener autorización expresa de la empresa de seguro
o sociedad de corretaje para la cual aspira mediar, debe ser bachiller y haber aprobado
cursos de capacitación profesional en materia de seguros con una duración de al
menos dos (02) años en institutos reconocidos, o haberse desempeñado por lo menos
durante tres (03) años ininterrumpidos en funciones ejecutivas relacionadas
directamente con esta actividad en una empresa de seguros. Asimismo, podrán
obtener autorización quienes hayan aprobado un examen de competencia profesional.
2. Los corredores de seguros: Son, por el contrario, mediadores independientes
y no afectos a la entidad aseguradora, que actúan por cuenta propia, a los que se exige
titulación y están sometidos a un régimen de control administrativo. Los corredores se
encuentran sometidos a una estricta normativa de requisitos financieros y de
profesionalidad, cuyo cumplimiento es preciso para poder acceder y desarrollar la
actividad de mediación de seguros.
Destaca, que para obtener la autorización que les permita funcionar como tal, es
necesario contar con la mayoría de edad, debe ser bachiller y haber aprobado cursos
de capacitación profesional en materia de seguros con una duración de al menos tres
(03) años en institutos reconocidos, o haberse desempeñado por lo menos durante tres
(03) años ininterrumpidos en funciones ejecutivas relacionadas directamente con esta
actividad en una empresa de seguros. Igualmente, podrán obtener autorización
quienes hayan actuado como agentes durante tres (03) años consecutivos anteriores a
la solicitud, y finalmente, deben constituir garantía en favor de la República.
Es así, como se les confiere la misión de ofrecer a los asegurados un
asesoramiento profesional, especializado e imparcial, fundado en su independencia.
Por tanto debe recomendar a sus clientes las coberturas de seguro y las entidades que
mejor se adapten, a su juicio profesional, a las necesidades del consumidor.
3. Sociedades de corretaje de seguros: Son las empresas constituidas o que se
constituyen como sociedades comerciales colectivas o de responsabilidad limitada,

24. cuyo objeto social debe estar enfocado exclusivamente a ofrecer seguros, promover
su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y
el asegurador.
Entre los rasgos que la caracterizan se puede señalar, que deben adoptar la
forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada, deben estar domiciliadas
en el país, deben tener como único objeto la realización de actividades de
intermediación de seguros, deben mantener una oficina accesible al público y su
dirección debe ser notificada a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
Asimismo, los funcionarios que dirijan las actividades específicas de
intermediación deben haber aprobado cursos de capacitación profesional de por lo
menos tres (03) años de duración en institutos reconocidos o haber desempeñado por
lo menos durante tres (03) años funciones ejecutivas relacionadas con la actividad en
empresas de seguros, o haberse desempeñado como agentes o corredores durante tres
(03) años consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud, no debe encontrarse
incurso en las prohibiciones establecidas en la Ley, y no debe tratarse de productores
a quienes les haya sido revocada la autorización, finalmente, deben constituir fianza
en favor de la República.
4. Sociedades de corretaje de reaseguros: Son aquellas personas facultadas por
el legislador para actuar como intermediadores entre aseguradores y reaseguradores.
En efecto, los requisitos para optar a la autorización emitida por la Superintendencia
de la Actividad Aseguradora para funcionar como tal, se corresponde con los
señalados para las sociedades de corretaje de seguros, sólo que en este caso la
actividad de la empresa debe ser exclusivamente ofrecer reaseguros.
Funciones de los Intermediarios de la Actividad Aseguradora
Como se ha venido señalando en el curso de la presente investigación, en este
caso la función del intermediario, es la de procurar operaciones de seguros y lograr

25. una ejecución regularizada por parte del cliente, es decir, adquirir y conservar
contratos de seguro en beneficio del asegurado y del asegurador, por lo que se suele
decir que su actividad comienza antes de la contratación del seguro y continúa aun
después.
En tal sentido, la función del intermediario no ha de quedar reducida a recibir la
solicitud y a cobrar la comisión una vez que el contrato se perfecciona, sino que su
actividad lo coloca frente a las partes contratantes, asegurado y asegurador, como
técnico y como asesor.
Si bien el intermediario no forma parte del contrato de seguro, por otra parte, si
queda vinculado al mismo hasta tanto se mantenga vigente, ya que cuando ocurre un
siniestro debe prestar asistencia y asesoría al asegurado para que el aviso al
asegurador se dé con la mayor brevedad posible, dentro del plazo establecido en la
ley, a fin de que éste pueda comprobar oportunamente las causas y circunstancias que
rodearon al siniestro y de esa manera poder determinar las consecuencias y extensión
del siniestro.
De esta manera, resulta obvio el papel fundamental que al intermediario le
corresponde ejercer, en virtud de que se le encomienda dentro de su actividad
defender los intereses y derechos del asegurado, prestando su asesoría no sólo para la
celebración de un contrato de seguros que satisfaga las expectativas del tomador, sino
también durante toda la vigencia del contrato, a fin de orientarlo en la formulación de
sus reclamos. En este orden de ideas, gran parte de la doctrina considera que las
actividades inherentes a los intermediarios de seguros, se circunscriben a las
siguientes acciones:
1. Promover y concluir la contratación del seguro, según el caso.
2. Informar con oportunidad al segurador sobre las verdaderas circunstancias
del riesgo y agravaciones importantes que sobre éste tenga noticias.

26. 3. Ofrecer al asegurado el contrato más adecuado y conveniente a su necesidad
particular e informarle sobre las condiciones, requisitos y cobertura del mismo.
4. Vigilar para que los seguros contratados por su mediación permanezcan en
vigor y resulten plenamente eficaces.
5. Asesorar a los asegurados y beneficiarios y asistirlos ante la ocurrencia de un
siniestro, llevando a cabo los trámites pertinentes para la mayor discusión del riesgo.
6. Procurar que ante la ocurrencia de un siniestro se empleen los elementos
necesarios para que tanto el asegurador como el asegurado puedan conocer las
verdaderas dimensiones del daño y de valor real.
7. Participar en la cobranza de las primas, procurando que sean pagadas en los
términos establecidos en las pólizas y en las leyes.
8. Atender en todo tiempo las necesidades de los asegurados, recabando de las
empresas aseguradoras las condiciones, coberturas, documentos y servicios que sean
necesarios.
9. Realizar las diligencias que resulten pertinentes para que siempre se cumplan
las directrices recibidas, tanto del asegurador como del asegurado, y las diligencias
contractuales y legales correspondientes.
10. Mantener una conducta marcada por la rectitud, el profesionalismo y la
ética.
Atendiendo a las funciones anteriormente señaladas, es preciso destacar la
importancia de que todo asegurado, tomador o beneficiario exija a su intermediario la
realización de estas funciones. El nivel de compromiso que conlleva el trabajo con
intermediarios, requiere ser muy cuidadosos en el momento de su selección, así como
mantenerse atentos acerca de su gestión, a fin de prevenir posteriores situaciones
negativas o desventajosas que puedan producirse ante la negligencia en la prestación
de su servicio.

27. Sanciones previstas en la Ley de la Actividad Aseguradora para los
Intermediarios de la Actividad Aseguradora
De la revisión del contenido de la Ley de la Actividad Aseguradora, se puede
colegir la existencia de diversas normativas en ella contenidas en las que se regulan
diversas situaciones o motivos que pudieran generar la responsabilidad y
consecuencialmente la imposición de las sanciones administrativas y penales
correspondientes, para los sujetos que ejercen la función de intermediarios de la
actividad de aseguradora. En efecto, respecto de las sanciones administrativas que
pueden recaer sobre los intermediarios es preciso señalar:
Dispone el artículo 163 de la LAA una sanción administrativa para, entre otros
sujetos, los intermediario o intermediarias que realicen ofertas engañosas, de manera
que ofrezcan seguros, coberturas o contratos, sin que tengan las características que se
les atribuya en la oferta, en cuyo caso serán sancionados con multa de dos mil
unidades tributarias (2.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).
Asimismo, el artículo 171 eiusdem prevé sanciones para los intermediarios de
seguros que incurran en alguno de los supuestos mencionados a continuación,
señalando que serán sancionados con multa treinta unidades tributarias (30 U.T.) a
trescientas unidades tributarias (300 U.T.), cuando:
1. Con ocasión de su asesoría o por la falta oportuna de ella, cause perjuicios al
tomador, contratante o a la empresa de seguros o de medicina prepagada, o que su
conducta no se ajuste a las prescripciones de la ética profesional.
2. No suministren en el lapso establecido los datos o informes que solicite la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
3. Cedan total o parcialmente su comisión.

28. 4. Actúen en contravención a las normas relativas a la relación directa entre las
empresas y el tomador, asegurado, beneficiario y contratante y cambio de
intermediario.
5. Efectúen gestiones de intermediación de reaseguros, de representación de
cualquier forma de empresas de reaseguros o de sociedades de corretaje de
reaseguros, de inspección de riesgos o de ajustes o peritajes, o sean integrantes de
juntas directivas, gerentes, accionistas, empleados o empleadas de esas empresas;
ejerzan la representación de empresas de seguros o de reaseguros extranjeras, o de
corredores o agentes de seguros no domiciliados en el país.
6. Incurran en las incompatibilidades previstas en esta Ley.
7. Acepten pagos de primas en nombre propio o no utilicen para el cobro de
tales primas, los recibos emitidos por las empresas de seguros o de medicina
prepagada.
8. Divulguen anuncios publicitarios que no cuenten con la aprobación previa de
la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, o contengan ofrecimientos que
induzcan al público a error o engaño.
9. Ofrezcan o concedan descuentos no previstos en las tarifas cotizadas por la
respectiva empresa, o condiciones no comprendidas en los contratos o en las pólizas y
sus anexos o encubran cualquier acto de mediación de seguros de personas naturales
o jurídicas no autorizadas para practicarlo.
10. Depositen o enteren en la empresa de seguros o de medicina prepagada las
primas y tarifas cobradas fuera del lapso establecido en esta Ley; o incurran en el
supuesto de prohibición de pagar cantidades de dinero.
11. No comercialicen o impidan la suscripción de los seguros obligatorios y los
seguros solidarios.

29. Por otra parte, el artículo 172 de la LAA contempla sanciones para los
intermediarios de seguros que modifiquen modelos, tarifas, anexos o textos utilizados
por la respectiva empresa de seguros o de medicina prepagada, en la colocación de
sus pólizas o contratos, quienes serán sancionados con multa de dos mil unidades
tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.), sin perjuicio de
las sanciones penales que les sean aplicables.
En el mismo orden de ideas, en el artículo 174 eiusdem se prevén las causales
para la revocación de la autorización de intermediarios por parte de la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora, quien procederá a revocar la
autorización de inscripción respectiva a cualquiera de los intermediarios de seguros,
que conforme a la ley in comento requieran autorización para actuar como tal,
cuando:
1. Cesen en el ejercicio habitual de las operaciones para las cuales han sido
autorizados.
2. Dejen de estar residenciados en el país.
3. Actúen en colusión con las empresas de seguros o de medicina prepagada
para perjudicar a los contratantes, tomadores, asegurados o beneficiarios.
4. Dispongan en cualquier forma del dinero recaudado en su gestión o no hagan
entrega de aquél inmediatamente a las empresas financiadoras de primas, a las
empresas de seguros o de medicina prepagada dentro de los lapsos correspondientes.
5. No presenten la declaración jurada que se encuentran en el ejercicio de la
actividad aseguradora, exigida en la presente Ley.
Ahora bien, respecto de las sanciones administrativas supra señaladas que dan
lugar a la imposición de multas conviene destacar que las mismas serán impuestas
tomando en cuenta la gravedad de la infracción, el grado de responsabilidad del

30. infractor y el daño causado, y en caso de reincidencia, la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora aplicará la multa máxima correspondiente a la falta.
Finalmente, las acciones para sancionar las infracciones señaladas, prescribirán
en el lapso de tres años contados a partir de la fecha en que ocurrió la falta, salvo que
sea interrumpida por actuaciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
o de terceros que resulten lesionados en sus derechos.
Desde el punto de vista de las acciones que dan lugar a sanciones penales de
conformidad con las disposiciones de la LAA, se ubica la contenida el artículo 180
eiusdem que en efecto señala que quienes se dediquen a las actividades propias de
intermediación de seguros y reaseguros, entre otras, sin estar autorizados o
autorizadas, serán sancionados o sancionadas con prisión de dos a seis años.
Igualmente, el artículo 182 numeral 3 de la comentada ley, establece que serán
penados con prisión de dos a seis años, el intermediario de seguros, que haya
incurrido en fraude en el ejercicio de sus funciones. Si el intermediario es una persona
jurídica, la sanción por el ilícito se aplicará al presidente o presidenta,
administradores o administradoras, ejecutivos o ejecutivas, directores o directoras,
gerentes, factores y otros empleados de rango similar, responsables del fraude. En
este caso la declaratoria de la responsabilidad penal implica la revocación de la
autorización para ejercer la actividad.
Finalmente, respecto de la prescripción de las acciones penales, dispone el
artículo 184 eiusdem que las acciones destinadas a sancionar los delitos establecidos
en este capítulo prescriben a los cinco años, contados a partir de la fecha en que se
haya cometido el hecho punible o desde el último acto que se haya realizado para
cometerlo, en el caso de delitos continuados.
Breve referencia sobre algunas providencias emanadas de la Superintendencia
de la Actividad Aseguradora

31. 1. Providencia N° SAA-2-1-001314 de fecha 04 de mayo de 2012, publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.984 de fecha 13
de agosto de 2012 mediante la cual decide suspender temporalmente la autorización
otorgada al ciudadano Martínez Viceconte Horacio Antonio para actuar como
corredor de seguros de conformidad con lo dispuesto en el literal b del artículo 142
del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y reaseguros,
estableciendo a su vez, que dicha suspensión no podrá reactivarse antes que haya
transcurrido un período de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de la
notificación de la suspensión. Transcurridos tres (03) años desde que haya sido
suspendida la autorización, sin que la misma haya sido reactivada, la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora revocará la autorización.
2. Providencia N° FSAA-2-1-003702 de fecha 19 de diciembre de 2011,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.041
de fecha 01 de noviembre de 2012, mediante la cual se revoca la autorización
otorgada a la ciudadana Lola Gladis Soto de Contreras de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 174 de la LAA, en razón de haber sido
notificado su fallecimiento, lo cual comporta el cese en el ejercicio habitual de las
operaciones para las cuales han sido autorizados.
3. Providencia N° 002776 de fecha 24 de septiembre de 2012, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.848 de fecha 23 de
enero de 2012, en la cual se revocó la autorización otorgada al ciudadano Arturo
César Paredes para actuar como Corredor de Seguros con la correspondiente
anulación del registro de productor de seguros, por encontrarse el referido ciudadano
incurso en los supuestos de hecho contenidos en la LAA, específicamente en el
artículo 171 numeral 1 que sanciona al intermediario cuando con ocasión de su
asesoría o por la falta oportuna de ella, cause perjuicios al tomador, contratante o a la

32. empresa de seguros o de medicina prepagada, o que su conducta no se ajuste a las
prescripciones de la ética profesional; y numeral 7 que establece la sanción cuando
los intermediarios acepten pagos de primas en nombre propio o no utilicen para el
cobro de tales primas, los recibos emitidos por las empresas de seguros o de medicina
prepagada.
Igualmente, consideró la Superintendencia que el referido ciudadano incurrió en
el supuesto de hecho previsto en el artículo 160 literal b del Reglamento General de la
Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, el cual establece que los corredores de
seguros deberán entregar las sumas recaudadas por concepto de primas a las empresas
aseguradoras al contado dentro de los cinco días consecutivos siguientes a la fecha en
que se hubiere efectuado el cobro.
Definición de Términos Básicos
Agente de seguro: Persona que actúa directa y exclusivamente para una compañía de
seguros o sociedad de corretaje en la producción de seguros, y en la conservación de
la cartera conseguida, mediante las gestiones comerciales y administrativas precisas
para la obtención de los contratos de seguro que la integran y su mantenimiento en
vigor. (Sánchez, E. 2010)
Asegurado: Persona a cuyo favor se contrata un seguro; o sea, el beneficiario del
mismo. // También, el tomador del seguro, la persona que lo ha contratado con el
asegurador, aun cuando no sea en su beneficio. (Ossorio, M. 2012)
Asegurador: Persona o, más generalmente, sociedad que, a cambio de la prima que
le abona el tomador del seguro, se hace cargo de los riesgos que pueden sobrevenir a
las personas o cosas aseguradas y que constituyen el objeto del contrato. (Ossorio, M.
2012)
Asegurar: Prevenir las consecuencias económicas dañosas de un evento futuro e
incierto. (Sánchez, E. 2010)

33. Corredor de seguros: Es aquel que actúa en el mercado de seguros sin vinculación
expresa con ninguna compañía aseguradora, aportando los riesgos a la que, por
diversos motivos, le resulta más satisfactoria para los intereses del asegurado.
(Sánchez, E. 2010)
Daño: Detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia. // Maltrato a una cosa.
(Ossorio, M. 2012)
Intermediario: El que media entre dos o más personas para arreglar un negocio, por
lo general entre vendedores y compradores a efecto de ajustar los contratos,
especialmente de índole mercantil. (Ossorio, M. 2012)
Intermediario de seguros: Es la persona que media entre los presuntos asegurados y
los aseguradores gestionando, entre ellos, la formalización de póliza de seguro,
lucrándose con la comisión que el asegurador le satisface, la cual está calculada en un
porcentaje de la prima. (Sánchez, E. 2010)
Responsabilidad: Obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a
consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. (Ossorio, M. 2012)
Sanción: Es la consecuencia jurídica desfavorable que el incumplimiento de un deber
produce en relación con el obligado. (Ossorio, M. 2012)
Seguro: Institución económica que elimina o reduce los perjuicios que al patrimonio
de una persona le produce determinados acontecimientos fortuitos, distribuyendo
aquellos perjuicios sobre una serie de personas en las cuales gravita el mismo riesgo,
aunque no se haya cumplido. Es la cima de la previsión, que, como institución
económico social y para satisfacer las necesidades de igual carácter producidas por la
posible realización de un hecho incierto, diluye los riesgos homogéneos en que se
hayan sometidas una serie de economías, mediante la cobertura basada en términos
técnicos adecuados. (Sánchez, E. 2010)

34. Superintendencia de Seguros: Es un servicio desconcentrado funcionalmente con
patrimonio propio, adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de finanzas, y que tiene a su cargo la fiscalización y vigilancia de la
Actividad Aseguradora, y en especial la de todos los sujetos obligados. (LAA, 2010)

35. CAPÍTULO IV
FASES METODOLÓGICAS
Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación se realizó bajo el tipo de investigación
documental dogmática de carácter descriptivo, ya que consistió en la investigación de
la literatura disponible y accesible, en diversos textos, documentos impresos en
materia jurídica, leyes y jurisprudencia existente en relación con el tema planteado en
el presente estudio.
Se considera una investigación descriptiva porque se analizó un tema específico
en el ámbito jurídico, propendiendo a la descripción detallada y minuciosa de los
elementos que integran el asunto en estudio. De esta manera lo señala Sabino (1992),
al explicar que la investigación descriptiva, alude al “Método de investigación cuyo
fin es permitir la evaluación de ciertos atributos, características o propiedades de una
situación en uno o más puntos del tiempo, que determina el interés en la situación de
uno o más momentos de tiempo”.
Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos
Para la recolección de datos se utilizó la revisión documental, el resumen
analítico, la presentación resumida y el análisis crítico del material recopilado, lo cual
se realizará tomando en cuenta las preguntas de la investigación, para el logro de los
objetivos planteados.
Las técnicas utilizadas facilitaron el análisis de la información, entre ella: la lectura,
el fichaje, el subrayado y el análisis de contenido de las leyes, índices,
extractos, manuales, obras de autores, diccionarios, páginas web de internet, correos
electrónicos, sentencias, jurisprudencias, entre otras.

36. En este sentido se realizó la búsqueda de información en diferentes doctrinas,
material bibliográfico y jurisprudencial, analizando los datos más relevantes y
necesarios para el desarrollo de la presente investigación.
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos
El método utilizado fue el analítico-deductivo, definido como un estudio
analítico porque se separan cada una de las partes para caracterizarlas con precisión,
donde inicialmente se precisan los fundamentos teóricos relacionados con el tema en
cuestión.
También se estudió la normativa legal, por tanto se aplicó el análisis y la
síntesis de información, siendo los procesos de desarticulación práctica o mental del
todo en sus partes y de reunificación del todo a base de sus partes.
Del análisis progresivo de la información estudiada surgirán las conclusiones y
recomendaciones, las cuales serán evaluadas y perfeccionadas a través de un proceso
de síntesis, lo cual se entenderá como la recomposición de las partes o elementos de
un todo que el análisis había separado, para integrarlas en una unidad coherente y con
sentido pleno, que conducirá a conclusiones finales, racionalmente fundamentadas.
Técnicas de Análisis de las Fuentes Documentales
De acuerdo al diseño de la investigación seleccionada, los procedimientos
técnico-operacionales que se adoptarán para el proceso investigativo y el manejo de
las fuentes documentales en las que se apoyarán los objetivos propuestos en el estudio
y permitirán conocer todo lo relacionado al tema investigado.
En este sentido las técnicas que se aplicarán serán las siguientes: análisis de
contenido de naturaleza cualitativa, presentación resumida, resumen analítico, análisis
crítico.

37. Técnicas Operacionales para el Manejo de las Fuentes Documentales
En cuanto a las técnicas operacionales para el manejo de las fuentes
documentales que se emplearán en el presente estudio con el objeto de facilitar la
aplicación de los procedimientos y protocolos instrumentales serán las técnicas de
subrayado y técnicas de fichaje.
Procedimientos de la Investigación
Para la realización de esta investigación se propuso y cumplió en forma
sistemática las fases siguientes:
1. Fase de recopilación, revisión y recolección de la literatura: comprende la
selección, ubicación y recopilación de la información. Esta fase se realizo sobre la
fase de criterios de pertinencia y actualidad referentes al tema de estudio.
Comprendió también el estudio documental y bibliográfico desde el punto de vista
jurídico abarcando situaciones relacionadas con el tema o problema planteado.
2. Fase de organización y actualización de datos, revisiones, críticas del estado del
conocimiento: consistió en la integración, organización y evaluación de la
información teórica y empírica existente sobre el problema, que constituye el proceso
de la clasificación de la información obtenida mediante la utilización de los
instrumentos de recolección apropiados.
3. Fase de análisis y organización del esquema de trabajo: análisis de semejanzas,
diferencias y tendencias sobre características del problema en estudio en el contexto
de realidades socioculturales, geográficas o históricas diversas, con fundamento e
información publicada.
4. Fase de redacción y elaboración: comprendió la aplicación sistemática y razonada
de la información asimilada que desarrollada monográficamente permitió obtener la

38. composición de la investigación. En esta fase se incluye la redacción de las
conclusiones y recomendaciones.
Fases Metodológicas
Fase I
- Identificar a las personas autorizadas para ejercer la función de intermediación
en la actividad aseguradora, de tal manera en esta primera fase se procedió a revisar
las disposiciones contenidas en la Ley de la Actividad Aseguradora a fin de verificar
que pueden actuar como intermediarios los agentes, los corredores, las agencias de
corretaje y las agencias de corretaje de seguros.
Fase II
- Estudiar el objeto social, vigilancia y control del ejercicio de la función de
intermediación en la actividad aseguradora, a través del cual se verificó en la Ley de
la Actividad Aseguradora que dicha función de vigilancia y control de la actividad de
intermediación le corresponde a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
Fase III
- Revisar las actuaciones susceptibles de ser sancionadas en el ejercicio de la
función de intermediación en la actividad aseguradora, en efecto, esta fase
correspondió a la revisión de la Ley de la Actividad Aseguradora y su reglamento a
los fines de revisar las actuaciones u omisiones que generan responsabilidad del
intermediario de seguros y, en consecuencia, conocer las sanciones que se les puede
aplicar.

39. CAPÍTULO V
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Resultados
Como resultado de la investigación, se obtuvo formación variada en el área de
la función de intermediación de seguros, específicamente en lo relacionado a las
implicaciones legales de su ejercicio, los sujetos autorizados para realizar la función
de intermediación de la actividad aseguradora; pudiendo distinguir cuáles son los
requisitos exigidos por la Ley para quienes deseen constituirse en intermediarios de
seguros, así como las actividades propias de la función de intermediación y las
correspondientes sanciones legales previstas contra aquellos que en ejercicio de dicha
función comentan algunos ilícitos establecidos legalmente.
De igual forma se verificó, que el objeto de la actividad profesional del
intermediario de seguros, que además debe ser exclusivo, es el de ofrecer seguros,
promover su celebración y obtener su renovación, en calidad de mediador entre las
partes que celebran el contrato de seguro, es decir, entre el tomador, asegurado o
beneficiario y el asegurador.
Asimismo, se revisó que el objeto de la actividad de intermediación se
entenderá cumplido, siempre que se verifique que el autorizado para actuar como
intermediario cumplió sus obligaciones a cabalidad, a cambio de una comisión
aleatoria, esto es, condicionada a la efectiva celebración del contrato de seguro objeto
de la intermediación.
Conclusiones
1. Efectivamente, la Ley de la Actividad Aseguradora prevé todo un sistema de
responsabilidad en las diversas normativas en ella contenidas, dirigidas a regular las

40. situaciones o motivos que constituyen supuestos de hecho generadores de
responsabilidad en ocasión al ejercicio de la función de intermediación en materia de
seguros y, consecuencialmente, la imposición de las sanciones administrativas y/o
penales a que hubiere lugar, las cuales pueden ir desde la imposición de multas hasta
la revocatoria o anulación de la autorización para actuar como intermediario, e
inclusive, puede consistir dicha sanción en la imposición de la pena de prisión.
2. En Venezuela, el intermediario de seguro puede ser una persona natural o
jurídica que debe establecer una relación de cercanía entre las partes contratantes
dentro de un determinado contrato, sin que llegue a constituirse en parte del mismo,
pues en todo caso, su finalidad siempre será la de crear un vínculo contractual entre
personas ajenas a él, a cambio de una remuneración por concepto de la prestación de
su servicio. En este sentido, la legislación que regula la actividad aseguradora,
establece cuatro tipos de intermediarios: agentes, corredores, sociedades de corretaje
de seguros y sociedades de corretaje de reaseguros, quienes deberán obtener
autorización de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para operar como
tales, previo cumplimiento de ciertas condiciones para operar como tales.
3. Con respecto al objeto social de la función de intermediación se tiene que es
la de facilitar la labor de intercambio comercial entre los sujetos intervinientes de la
actividad, por una parte, la empresa aseguradora, y por otra parte, el tomador,
asegurado o beneficiario de la póliza, llevándolos a la celebración del correspondiente
negocio jurídico que no es otro que la contratación de una póliza de seguro.
Es a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora a quien le corresponde
ejercer el control y vigilancia de quienes realizan acciones de intermediación u
operaciones comerciales de las empresas aseguradoras, en la oportunidad que fije,
puede solicitar un listado de los productores de seguros con indicación de los
períodos durante los cuales han mantenido relaciones, así como del monto de las

41. remuneraciones acreditadas, durante el año inmediatamente anterior, de cada uno de
ellos.
4. En la Ley de la Actividad Aseguradora y su reglamento, se prevé diversas
situaciones o motivos generadores de responsabilidad para los sujetos que ejercen la
función de intermediación de la actividad aseguradora, y consecuencialmente,
establece la imposición de sanciones administrativas y penales según la gravedad de
la infracción, el grado de responsabilidad del infractor y el daño causado.
En efecto, las sanciones administrativas pueden consistir en multas pecuniarias,
suspensión o revocatoria de la autorización para ejercer las función de intermediario
de seguros, según la determinación que resulte de los procedimientos administrativos
que a tal fin sean llevados por parte de la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora.
Por su parte, las sanciones penales se impondrán sobre aquellos quienes se
dediquen a las actividades propias de intermediación de seguros y reaseguros, entre
otras, sin estar autorizados o autorizadas por la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora.
Recomendaciones
Se recomienda preparar al intermediario de seguros sobre la idea de que la
actividad de intermediación de seguros no puede ser concebida en los términos de la
simple intermediación comercial. El productor de seguros debe jugar en el mercado
asegurador un papel fundamental, siendo el primer defensor de los intereses y
derechos del asegurado, prestando su asesoría no sólo para la celebración de un
contrato de seguros que satisfaga las expectativas del tomador, sino además durante
toda la vigencia del contrato y orientarlo en la formulación de sus reclamos.
Asimismo, se considera que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
debe ser más enfático en su labor de órgano de control y vigilancia de la actividad

42. aseguradora, a fin de procurar que las personas naturales o jurídicas que resulten
autorizadas para ejercer la función de intermediarios de seguros cumplan cabalmente
las condiciones y obligaciones éticas, profesionales y legales que tal ejercicio
comporta, como medida de evitar perjuicios tanto a los tomadores, asegurados o
beneficiarios como también a las empresas de seguros en nombre de quien realizan la
actividad.

43. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Madrid. España.
Código de Comercio. (1955). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 475 de fecha 26 de
julio de 1955.
Chang de Negrón, Kimlen y Negón Chacín, Emilio. (2011). Seguros en Venezuela.
Vadell Hermanos Editores. Caracas. Venezuela.
Garrigues, Joaquin. (1993). Curso de Derecho Comercial. Editorial Porrúa. Distrito
Federal. México.
Ley de la Actividad Aseguradora. (2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 39.481, de fecha 05 de agosto de 2010.
Ley del Contrato de Seguro. (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 5.553 de fecha 12 de noviembre de 2001.
Ossorio, Manuel. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
Editorial Heliasta. Buenos Aires. Argentina.
Southerland, Jesús Alberto. (1988). Temas de Derecho Mercantil II. Primera
Parte: Seguros. UCAT. San Cristóbal. Venezuela.
WWW.TSJ.GOV.VE