2. Alta tensión para definir el futuro de Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht Foto:
Fotomontaje Semana
En las últimas semanas, el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha sido
un asiduo visitante del Palacio de Justicia. Ha dedicado varias horas de su tiempo
para reunirse con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y responderles
los interrogantes que puedan tener sobre su vinculación en el caso Odebrecht y
las razones de su manifiesto impedimento frente a ese macro caso, el más
importante expediete relacionado con corrupción.
En los últimos días Martínez hizo visitas de despacho en despacho de los
magistrados. Sus explicaciones personalizadas fueron la antesala de la discusión
sin precedentes que se llevará a cabo este jueves en Sala Plena, cuando los
3. togados voten para decidir el futuro del fiscal general en el caso Odebrecht.
Aunque el impedimento total para las 18 líneas de investigación de este
megaescándalo de corrupción es el plato fuerte de la jornada, la discusión también
será clave para que los magistrados se saquen la espina con las molestias que
han generado los recientes escándalos que ha producido Martínez y su
antiguo rol de abogado del Grupo Aval y del Consorcio Ruta del Sol 2.
Además de las visitas de Martínez, el rumor por el supuesto retiro de las
visas por parte de Estados Unidos a magistrados de la Corte Constitucional
y de la Corte Suprema ha agregado tensión al debate. Hasta ahora, ninguno
ha sido confirmado.
El debate por los impedimento completo de Martínez fue promovido por él
mismo, radicó su solicitud en enero. La petición quedó en manos del
magistrado de la Sala Civil Octavio Augusto Tejeiro, quien proyectó un
borrador de fallo que entrará a estudio. Todo indica que esta vez los
magistrados no podrán dejar de responder los interrogantes que quedaron
pendientes y que se hicieron evidentes sobre la marcha cuando designaron, para
un par de expedientes, a Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc. ¿El fiscal general
dijo toda la verdad al declararse impedido ante quienes lo eligieron en el
cargo? ¿Qué implicaciones tiene para la Fiscalía que su jefe se aparte del
caso más importante de corrupción?¿Si no lo hace el fiscal Martínez, quién
conocerá delegaciones, asignaciones especiales, principios de oportunidad y otros
temas álgidos del caso Odebrecht? ¿En caso de que se requiera acudir,
nuevamente, a la figura del fiscal ad hoc se debe pedir una nueva terna al
Presidente o directamente entregarle los procesos al fiscal especial Leonarno
Espinosa?
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Curiosamente, los opositores de Martínez plantearon desde el día uno del
escándalo la discusión que al fin comenzará a dar la corte. En una recusación
resuelta en abril de 2017, Claudia López y Jorge Enrique Robledo pidieron
apartar a Martínez de las investigaciones relacionadas con Odebrecht por
haber sido abogado de Corficolombiana, asesor de la Concesionaria Ruta
del Sol SAS y amigo de Luis Carlos Sarmiento. La corte rechazó esta
recusación porque los senadores no eran parte de los procesos de Odebrecht en
Colombia. Ahora el tema vuelve a encabezar la agenda de la corte porque
Martínez así lo pidió.
Los impedimentos son una herramienta legal preventiva para evitar sospechas
sobre la actuación de un funcionario. Pero en lo que concierne al fiscal con
Odebrecht hay la percepción de que estos aparecieron tardíamente, lo que ha
desatado suspicacias.
Martínez como abogado elaboró un concepto para estructurar el otrosí de la vía
Ocaña-Gamarra en 2012. Pero solo en abril de 2017 el hoy fiscal manifiestó su
4. impedimento a los magistrados de la corte para que lo apartaran de las
investigaciones de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez y planteó
un argumento que después les dejaría un sabor amargo a algunos
magistrados. La corte decidió trasladarle el caso a la vicefiscal María Paulina
Riveros lo que fue percibido como una victoria parcial de los opositores de
Martínez.
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En el más completo hermetismo frente a la opinión pública, el fiscal volvió a
tocar las puertas de la corte en junio de 2018. Aquella vez manifestó que
como estructuró en 2016 un contrato de transacción, no podría pronunciarse
frente a las negociaciones que los confesos corruptos (Federico Gaviria,
Eduardo Zambrano y Gabriel Dumar) adelantan con la cúpula del búnker.
Meses más adelante, con la muerte del controller de Corficolombiana Jorge
Enrique Pizano, Noticias Uno reveló los audios que confirmaban que Néstor
Humberto Martínez sabía desde 2015 de la existencia de contratos irregulares en
el Consorcio Ruta del Sol SAS.
El debate no será fácil ni pacífico, pero los electores de Martínez tienen la
responsabilidad de hallar una salida.
Esto escandalizó a todo el país y la corte también lo discutió a puerta cerrada. El
entonces presidente de la Sala Penal, magistrado Luis Antonio Hernández,
encontró que la revelación del noticiero contradecía los términos en que Martínez
manifestó su primer impedimento en 2017, al reconocer que fue abogado del
consorcio en los años 2015 y 2016 “cuando nada se conocía en el mundo de
los comportamientos punibles de Odebrecht”.El togado manifestó a sus
colegas que el fiscal general les mintió, pues él sí sabía de las irregularidades en
millonarios contratos desde 2015. Y además, en marzo de 2016 Martínez proyectó
el polémico contrato de transacción con que se reconciliaron los socios (Odebrecht
y Corficolombiana), luego de un ajuste de cuentas por 33.081 millones de pesos y
el compromiso de echarle tierra a cualquier reclamación adicional.
En su momento, los audios de Pizano llevaron a que los magistrados decidieran
por mayoría nombrar un fiscal ad hoc. Las aguas no bajaban en enero cuando
llegó a la corte el tercer impedimento pedido por Martínez. Lo originó la prórroga
de su principio de oportunidad que el exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa le
pidió a la Fiscalía. El exfuncionario quedó entonces cobijado con inmunidad
parcial por los delitos de tráfico de influencias, amenazas a testigo y falso
testimonio, a cambio de testificar contra varios implicados en el
escándalo. A pesar de que el principio de oportunidad lleva año y medio en pie,
los magistrados solo conocieron ahora el impedimento que le generaba al fiscal.
La razón: el jefe de fiscales delegados ante la corte, Fabio Espitia, firmó el
principio de oportunidad el 1 de diciembre de 2017, cuando reemplazaba por
vacaciones al fiscal general.
5. Martínez se declaró impedido por este caso particular. No obstante, le pidió a la
corte que por razones de “economía procesal” se adelante a la cascada de
recursos y envíe las 18 líneas investigativas del caso Odebrecht al fiscal ad
hoc que designe.
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total a Odebrecht
La petición de Martínez de madrugarles a las recusaciones e impedimentos que se
avecinan no tiene el apoyo del ponente Octavio Tejeiro. Este considera que la
ley exige, caso a caso, señalar las causales puntuales y explícitas del
eventual impedimento. El magistrado propone a sus colegas apartar a Martínez
del caso de Correa pero pide estudiar de una en una las otras líneas de
investigación. Una tesis que tiene contradictores y no alcanzaría las mayorías.
¿Otro fiscal ad hoc?
La discusión que se avecina tendrá un segundo punto clave en cuanto a si la corte
seguirá enviando casos de Odebrecht al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa o pedirá
una nueva terna al presidente Iván Duque. La defensa del expresidente de la ANI
Luis Fernando Andrade hizo una petición en este sentido cuando recusó a
Martínez. Este recurso lo tiene la magistrada Margarita Cabello Blanco.
El proyecto de Tejeiro recalca que el nombramiento de Espinosa se limitó a tres
investigaciones puntuales del escándalo Odebrecht, y por tanto no se puede hacer
una designación automática de más casos. El magistrado propone solicitar una
nueva terna. En ese escenario Duque debería lógicamente incluir en los
postulados al ya fiscal ad hoc. Uno nuevo, sea Espinosa o cualquier otro, perderá
tiempo en conocer los intríngulis de uno o varios expedientes que le lleguen. Y
hay quienes se preguntan si esta situación no terminará por poner en jaque
a la justicia, ya que los términos de prescripción están corriendo. A esta
pelea se sumará la postura de quienes se niegan a echar por la borda el trabajo
que por años han hecho fiscales como Amparo Cerón. ¿Podrían ella y su equipo –
subordinados de Martínez– pasar a órdenes de un fiscal ad hoc? La corte deberá
abordar también este dilema.
Esta discusión no será ni fácil ni pacífica, pero los magistrados electores de
Martínez tiene la responsabilidad de hallar una salida a la encrucijada. Está en
juego el megacaso que puso en jaque dos de los proyectos de
infraestructura más ambiciosos del país, y que tiene bajo la mira de la
justicia a una docena de congresistas.