Este documento analiza las políticas de comunicación en Venezuela y Argentina en los últimos 5 años. Explica que ambos países buscaban democratizar la comunicación, pero actuaron de manera diferente, como cuando Argentina renovó la licencia de Clarín y Venezuela no renovó la de RCTV. También describe el contexto histórico de las telecomunicaciones en Venezuela y la creación de la agencia reguladora CONATEL para supervisar el sector luego de su privatización y apertura a la competencia.

1. 1
Políticas de Comunicación
TRABAJO FINAL
. .
VENEZUELA

2. 2
INTRODUCCIÓN:
"¿Les queda sentido a las políticas de comunicación? Sí, a condición de que superen la vieja
concepción excluyente de lo nacional y asuman que su espacio real es más ancho y complejo: el
de la diversidad de las culturas y comunidades dentro de la nación y el de la construcción del
espacio cultural latinoamericano". 1
La década de 1970 marcó el inicio de una corriente de reflexión y debate que buscaba
democratizar la comunicación en el mundo y especialmente en América Latina, a través de
los primeros encuentros latinoamericanos y mundiales que dieron como resultado
documentos que muestran un destacado nivel de desarrollo acerca de Políticas Nacionales
de Comunicación. Entre los más importantes de ellos se encuentran: por un lado, “la
Declaración de San José de Costa Rica (1976) y sus 30 recomendaciones, una ejemplar
contribución para lograr una comunicación más humana, democrática y pluralista; y por el
otro, ‘Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e Información en nuestro tiempo’, más
conocido en el campo de la comunicación como ‘El Informe Mc Bride’ en honor a quien
presidió aquella comisión internacional de la UNESCO encargada de redactarlo, que
realizaba un diagnóstico de la comunicación y la información a escala mundial, y buscó
orientar los esfuerzos ‘hacia un nuevo orden mundial más justo y eficaz de la información y
la comunicación’ ”.2
Sin embargo, estos proyectos se vieron en grandes dificultades a la hora de llevarse a
cabo en la práctica, debido a que desde unos años antes, América Latina había iniciado un
período de desestabilización de sus democracias a causa de sucesivos gobiernos de facto,
que atentaron contra cualquier proceso democratizador, en especial el de la comunicación.
Las frágiles democracias de los ’80 no fueron capaces de doblegar el enorme poderío
mediático-empresarial que hizo fracasar todos y cada uno de los proyectos presentados.
Mientras que en la infame década del ’90, tuvo lugar un descomunal proceso de privatización,
concentración y transnacionalización de las comunicaciones a través del cual se consolidó
1 Artículo “De las políticas de comunicación a la reimaginación de la política”, Nueva Sociedad nº 175,
Septiembre/Octubre 2001.
2 Ramírez, Alejandro y Fernández, Camila. Programa Políticas de Comunicación. Licenciatura en
Comunicación Social. UNER. 2014

3. 3
un modelo neoconservador para la radiodifusión y las telecomunicaciones en toda América
Latina.
Llegado el nuevo siglo, ya con varios años de democracias ininterrumpidas, se puede
comenzar a hablar de una puesta en debate de los proyectos creados unos 30 años atrás, con
el fin de darle forma de políticas de comunicación. Entre sus variadas definiciones, una a la
que se adhiere en el presente trabajo es la de Luis Ramiro Beltrán Salmón: “Una política
nacional de comunicación es un conjunto integrado, explícito, y duradero de políticas
parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas
dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso
general de comunicación de un país”.
Argentina, uno de los países pioneros en el asunto, se destaca por la sanción de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009, que no llegó a concretarse sin
generar polémicas, discusiones y enfrentamientos entre los grupos mediáticos involucrados
y el Estado.
En el presente trabajo, partiendo de los motivos anteriormente enumerados, se
tomará como eje central un país latinoamericano de amplia participación y representación
en estas discusiones: Venezuela. Se planteará un panorama actual de la situación de las
políticas comunicacionales de ésta república, en comparación a la Argentina, en los últimos
5 años (2009 – 2014). Cabe aclarar que hablar de comunicación implica necesariamente las
dimensiones sociales, culturales, económicas, históricas y políticas de la sociedad
venezolana, por lo que se verá una constante interacción entre estos campos sociales.
Venezuela atraviesa hoy su peor crisis política y económica, con una inflación que
supera el 60% y un desabastecimiento que abarca los productos de primera necesidad y
suntuarios. Se suman un déficit fiscal, deudas en mora y severos desajustes en el mercado
cambiario.
La crisis económica ha tenido un efecto negativo en la popularidad del presidente
Nicolás Maduro, que asumió el 8 de marzo de 2013. La crisis se debe a la política económica
interna que no ha funcionado y cuya responsabilidad fundamental cae sobre el hacedor de
políticas públicas, que es el gobierno. Los expertos señalan tres problemas fundamentales:
el control cambiario, las expropiaciones y la ley del trabajo que afecta la productividad.

4. 4
Asimismo, los diputados oficialistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
están preocupados, manifiestan su preocupación por la economía y por el malestar social,
admitiendo que si no cambia la situación, estarán al borde de un estallido social.
Todo esto encuentra parte de sus causas y muchas de sus consecuencias en el campo
de los medios de comunicación y, por supuesto, en las políticas que lo regulan.

5. 5
Contexto previo a la sanción de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL)
Al recorrer el marco legal institucional del sector telecomunicaciones en Venezuela,
entendidas como: “toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad,
medios ópticos, u otros medios electromagnéticos afines, inventados o por inventarse. Los
reglamentos que desarrolle esta Ley podrán reconocer de manera específica otros medios o
modalidades que pudieran surgir en el ámbito de las telecomunicaciones”.3
se puede notar que ha estado regido por dos principios básicos:
1. La reserva al Estado de las telecomunicaciones, tal como se establece en la
Constitución Nacional de 1914 hasta la de 1961 vigente para la privatización de la
Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV); este principio
también estuvo contemplado en la Constitución de 1999.
2. El derecho exclusivo del Estado para explotar los sistemas de comunicación en todas
sus formas.
Teniendo estos dos principios como punto de partida se puede seguir el recorrido
destacando algunas de las causas por las que se inicia el proceso de reforma en el sector de
las telecomunicaciones. En este sentido, el gobierno de ese momento (1989) presidido por
Carlos Andrés Pérez, buscaba la reorientación de la política económica y la racionalización
de la Administración Pública. Cabe destacar que la estrategia de racionalización del Estado
previó entre las distintas opciones, la privatización de aquellas empresas que concurrían a
mercados competitivos o que poseían potencial competitivo, lo cual abrió la posibilidad de
privatizar la CANTV, empresa pública que concentraba los servicios de telecomunicaciones
del país, cuya concesión vencía el año 1990.
Iniciada la reforma se comenzó con cambios en el sector económico, eliminando las
barreras al comercio, reduciendo aranceles, liberando los precios y las tasas de interés e
iniciando un proceso de reducción de gastos, de manera tal, que el Estado se achique y
mejore su eficiencia y su intervención hacia áreas sociales. Por lo tanto, se puede decir que
3 Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Artículo 4. Año 2010.

6. 6
dentro de este contexto de crisis, donde se tenía que tomar decisiones rápidamente, se sitúa
el inicio de la reforma en el área de las telecomunicaciones.
Teniendo en cuenta otros elementos importantes para lograr la fluidez del proceso se
destacan:
a- los contactos con los partidos políticos con el objetivo de obtener su respaldo a las
iniciativas que venían y facilitar la aprobación de los proyectos legislativos relacionados con
la reforma.
b- la negociación con los sindicatos para bajar la conflictividad y la creación de un
lugar de opinión pública favorable a la privatización de la Empresa CANTV y a la apertura de
la prestación de los servicios, la cual se reforzó por el deterioro progresivo de los servicios y
el descontento de los usuarios.
A los efectos de definir la estrategia para adelantar la reforma del sector, el Equipo de
Reestructuración de las Telecomunicaciones se integró a la Oficina de Coordinación y
Planificación (CordiPlan), y con la asesoría del Banco Mundial procedió a definir las bases
para la conformación del Grupo de Reestructuración del Sector Telecomunicaciones creado
en Octubre de 1990. Ambos adscritos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con
responsabilidades específicas y recursos suficientes para adelantar las tareas
encomendadas.
En el caso de Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue
presentada para que la comunicación no sea entendida como una mercancía sino como un
derecho humano. En este sentido se le reconocen tres sectores: público, privado y
comunitario. Es notable que los dos países, Venezuela y Argentina buscaban la
democratización de la comunicación pero en cuanto a su intervención en los medios,
actuaron de manera diferente. Un claro ejemplo de esto es la resolución de Argentina con el
grupo Clarín, uno de los multimedios más importante del país, al cual se le prorrogó la
licencia que estaba punto de vencer. Y en el caso de Venezuela con Radio Caracas Televisión
(RCTV) en el año 2007, donde Chávez no renovó la licencia a este canal que era el más antiguo
del país.

7. 7
Objetivos de la reforma
La reestructuración del sector fue planteada sobre áreas básicas tales como:
a) la política, enfocada en reducir el papel del Estado en la prestación de servicios y
maximizar el desarrollo del sector de telecomunicaciones, garantizando la cobertura de
servicios de apoyo fundamental al desarrollo social. Se buscaba, además, propiciar la
apertura a las mejores tecnologías, maximizar el nivel de competencia y minimizar la
regulación de la prestación de servicios.
b) la regulativa, que buscaba asegurar que el sector apoye las metas económicas y
sociales de la nación y que se mantenga un balance entre el bienestar de los consumidores y
el progreso de los proveedores de servicio.
c) la operativa, cuyo objetivo era lograr que el Estado deje de ser operador directo de
servicios telefónicos, para convertirse en regulador de las actividades.
Otro factor que hizo posible la sanción de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue
el apoyo prestado por las empresas consultoras internacionales, que actuaron en distintas
áreas, aportando conocimientos especializados y experiencias de otros países, lo cual
permitió diseñar instrumentos legales adaptados a las tendencias internacionales.
La privatización de la CANTV, superando las dificultades de un proceso tan complejo
y en un ambiente de resistencia de algunos sectores, fue un paso definitivo en el proceso de
reforma.
CONATEL
La autoridad encargada de ejercer la regulación, supervisión y control de la Ley de
Telecomunicaciones venezolana es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL). Es definida en el artículo 35 de la misma como “un instituto autónomo, dotado
de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con
autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa de conformidad con esta Ley y
demás disposiciones aplicables”. Surgió como consecuencia del proceso de reforma del
sector, iniciado en 1989, atribuyéndosele el carácter de servicio autónomo sin personalidad

8. 8
jurídica, y la jerarquía de una Dirección General del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones. Reemplazó al Consejo Nacional de Telecomunicaciones. La misma dio lugar
a la privatización de CANTV y a la apertura de los servicios distintos a la telefonía básica.
El artículo 73 de la LOTEL le atribuye a CONATEL, dentro de sus principales
funciones, la responsabilidad de las concesiones de uso del espectro radioeléctrico que
constituyen un acto administrativo unilateral mediante el cual otorga o renueva, por tiempo
limitado, a una persona natural o jurídica la condición de concesionario para el uso y
explotación de una determinada porción del espectro radioeléctrico, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Ley.
En su sitio oficial, la Comisión define su misión de “socializar el uso y aplicación de las
telecomunicaciones y democratizar su acceso hasta convertirlas en plataforma habilitadora
de desarrollo para consolidar la República”. Aunque, su director general y máxima autoridad
hoy es el periodista William Castillo, ex director de la Televisora Social Tves y ex presidente
de Venezolana de Televisión (VTV), quien ha despertado una severa polémica entre los
ciudadanos de la república bolivariana que temen que su objetivo de erradicar
completamente la violencia de los medios se convierta en un arma de doble filo y en censura
para los medios privados.
La creación de CONATEL vía Decreto y las limitaciones impuestas por la Ley de
Telecomunicaciones de 1940, que establecía que la prestación de los servicios de
telecomunicaciones quedaba reservada al Estado, obligaron a crear un marco legal por vía
de decretos y reglamentos que representaron una débil base jurídica para el desarrollo de
un sector en rápida expansión y bajo la presión de cambios tecnológicos constantes.
Las atribuciones de CONATEL, señaladas en el Decreto que la creó, definían la
orientación de su actividad hacia cuatro áreas; planificar, y regular las actividades del sector,
proteger a los consumidores y promover la inversión. Sin embargo, sus actividades se
concentraron en los aspectos propiamente regulatorios. La falta de una visión clara sobre los
objetivos de largo plazo de la institución y su papel dentro de la dinámica que ha
caracterizado al sector los últimos años, determinó que la misión fuese adquiriendo un matiz
más personal que institucional, influida por la situación del momento y las prioridades del
Director de turno.

9. 9
La concentración de las decisiones en el Director General y la poca fluidez de los
procesos internos, se reflejaron en la lentitud para la toma de decisiones, con un componente
importante de discrecionalidad en ciertos períodos.
A partir del año 2000, CONATEL inició un proceso de reestructuración organizativa
con miras a superar los problemas de funcionamiento y se ha planteado como uno de sus
objetivos establecer sistemas de control de gestión, para contar con herramientas que le
permitan evaluar su desempeño.
En junio del 2000, año en que se aprobó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones la
cual en su Título IV Capítulo II establece el nuevo régimen de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones y dispuso sus competencias estatales. El ente regulador adquiere
personalidad jurídica al ser declarado instituto autónomo. La dirección colegiada a través de
un Consejo Directivo, el establecimiento de procesos administrativos para el otorgamiento
de autorizaciones y la obligación de informar a los operadores y el público en general,
señalan una nueva orientación a la institución que debe reflejarse en mayor transparencia y
fluidez en las relaciones con los operadores.
Este organismo estatal, junto con la figura del Presidente de la República, podrán,
según el artículo 192, ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por
suscripción, a través del canal de información a sus clientes y a las empresas de radiodifusión
sonora y televisión abierta la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales, de la
Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los Ministros. Quedando fuera de ésta
obligación la publicidad de los entes públicos.
En Argentina, uno de los organismos más presentes en la ley fue el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), cuya intervención no sólo fue importante a la hora de redactar el
anteproyecto de la LSCA, sino que también se puso al frente de los foros de debate en los
distintos medios comunicacionales.
Actualmente, la regulación de los servicios de comunicación audiovisual de Argentina
es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), organismo
descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de la Ley N.º 26.522 de Servicios
de Comunicación Audiovisual. Su función principal es aplicar, interpretar y hacer cumplir la
nueva ley.

10. 10
Esfera legal
Siguiendo la línea teórica de Guillermo Mastrini, se puede entender al marco legal en
que se inscriben las políticas nacionales de comunicación como la cooperación condicional
entre el sector político y los medios de comunicación, que juntos van a moldear la
configuración legal.
Teniendo en cuenta este concepto, se puede afirmar que la esfera legal actual de
Venezuela ha tenido cambios en el marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones.
Estas modificaciones tienen que ver con las reformas legales estratégicas del 2010, tales
como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social, Radio,
Televisión y Medios Electrónicos (RESORTE).
A partir de estas reformas, se busca regular a los medios de comunicación que
publican y difunden a través del uso de internet como plataforma. Es el caso de los canales
de televisión por suscripción y los medios electrónicos . De esta manera, se le asignan nuevos
poderes a los organismos reguladores, como CONATEL, que generan nuevas limitaciones:
tanto en los contenidos de los medios de comunicación e internet como en el incremento de
requisitos para operar el servicio de televisión nacional.
La figura nueva que se introduce en la reforma de 2010 de la ley RESORTE, que fue
promulgada en 2004, es la regulación de Internet debido a que el entonces presidente Hugo
Chávez consideró que se debía proteger a los niños y jóvenes de los ciberdelitos y de los
factores negativos como el odio, narcotráfico, prostitución y el racismo que proliferan en
medios electrónicos y radioeléctricos. En cuanto a esta regulación de los contenidos,
impulsada por la Ley RESORTE, en los artículos 28 y 29, prohíbe toda expresión que
provoque la zozobra de los ciudadanos, ignore a las autoridades o fomente el odio o la
intolerancia. Y, asimismo, en el artículo 6 de dicha ley se clasifica a elementos como lenguaje,
salud, sexo y violencia de la siguiente manera:

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1. Son elementos de lenguaje:
a) Tipo “A”. Textos, imágenes o sonidos de uso común, que pueden ser presenciados por
niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres,
representantes o responsables, y que no clasifiquen en los tipos “B” y “C”.
b) Tipo “B”. Textos, imágenes o sonidos que, en su uso común, tengan un carácter soez. c) c)
Tipo “C”. Textos, imágenes o sonidos que, en su uso común, tengan carácter obsceno, que
constituyan imprecaciones, que describan, representen o aludan, sin finalidad educativa
explícita, a órganos o prácticas sexuales o a manifestaciones escatológicas.
2. Son elementos de salud:
a) Tipo “A”. Textos, imágenes o sonidos utilizados para la divulgación de información,
opinión o conocimientos sobre la prevención, tratamiento o erradicación del consumo de
alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, así como de la práctica
compulsiva de juegos de envite y azar y de otras conductas adictivas que puedan ser
presenciados por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres,
padres, representantes o responsables.
b) Tipo “B”. Textos, imágenes o sonidos utilizados para la divulgación de información,
opinión o conocimientos sobre la prevención, tratamiento o erradicación del consumo de
alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, así como de la práctica
compulsiva de juegos de envite y azar y de otras conductas adictivas, que de ser presenciados
por niños, niñas y adolescentes requieran la orientación de sus madres, padres,
representantes o responsables.
c) Tipo “C”. Textos, imágenes o sonidos en los programas y promociones que se refieran
directa o indirectamente al consumo moderado de alcohol o tabaco, sin que se expresen
explícitamente sus efectos nocivos o tengan como finalidad erradicar las conductas aditivas
que producen; al consumo excesivo de bebidas alcohólicas o de tabaco, en los cuales se
expresan explícitamente sus efectos nocivos; a la práctica compulsiva a los juegos de envite
y azar, en los cuales se expresan explícitamente sus efectos nocivos; o, al consumo de
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en los cuales se expresa explícitamente sus
efectos nocivos.

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d) Tipo “D”. Textos, imágenes o sonidos en los programas y promociones que directa o
indirectamente se refieran al consumo excesivo de bebidas alcohólicas o tabaco, en los cuales
no se exprese explícitamente sus efectos nocivos para la salud; se refieran a la práctica
compulsiva de juegos de envite y azar, en los cuales no se exprese explícitamente sus efectos
nocivos para la salud; asocien el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco con ventajas en la
posición económica, en la condición social o en el ejercicio de la sexualidad; asocien la
práctica compulsiva de juegos de envite y azar, con ventajas en la posición económica, en la
condición social o en el ejercicio de la sexualidad; asocien el consumo de bebidas alcohólicas
o tabaco con una mejora en el rendimiento físico o psicológico; presenten en forma negativa
la sobriedad o la abstinencia de bebidas alcohólicas y tabaco; se refieran al consumo de
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en las cuales no se expresen explícitamente sus
efectos nocivos para la salud; asocie el consumo de sustancias estupefacientes o
psicotrópicas con ventajas en la posición económica, en la condición social o en el ejercicio
de la sexualidad; asocien el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con una
mejora en el rendimiento físico o psicológico; o presenten en forma negativa la abstinencia
de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
3. Son elementos de sexo:
a) Tipo “A”. Textos, imágenes o sonidos utilizados para la difusión de información, opinión y
conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, maternidad, paternidad, promoción de la
lactancia materna y de expresiones artísticas con fines educativos, que pueden ser recibidos
por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres,
representantes o responsables.
b) Tipo “B”. Textos, imágenes o sonidos utilizados para la difusión de información, opinión y
conocimientos sobre sexualidad y reproducción humana y de expresiones artísticas con fines
educativos, que de ser recibidas por niños, niñas y adolescentes, requieran la orientación de
sus madres, padres, representantes o responsables.
c) Tipo “C”. Textos, imágenes o sonidos sexuales implícitos sin finalidad educativa; o
manifestaciones o aproximaciones de carácter erótico que no incluyan actos o prácticas
sexuales explícitas.

13. 13
d) Tipo “D”. Textos, imágenes o sonidos, sobre desnudez sin finalidad educativa, en las cuales
no se aludan o muestren los órganos genitales; actos o prácticas sexuales dramatizados, en
los cuales no se muestren los órganos genitales; mensajes sexuales explícitos; o
dramatización de actos o conductas sexuales que constituyan hechos punibles, de
conformidad con la Ley.
e) Tipo “E”. Textos, imágenes o sonidos sobre actos o prácticas sexuales reales; desnudez sin
finalidad educativa en las cuales se muestren los órganos genitales; actos o prácticas
sexuales dramatizados en los cuales se aludan o muestren los órganos genitales; actos o
prácticas sexuales reales o dramatizados en los cuales se amenace o viole el derecho a la vida,
la salud y la integridad personal o se menoscabe la dignidad humana; o actos o conductas
sexuales reales que constituyan hechos punibles de conformidad con la Ley.
4. Son elementos de violencia:
a) Tipo “A”. Textos, imágenes o sonidos utilizados para la prevención o erradicación de la
violencia, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera
la orientación de madres, padres, representantes o responsables, siempre que no se presente
el hecho violento o sus consecuencias en forma detallada o explícita. b) Tipo “B”. Textos,
imágenes o sonidos que presenten violencia dramatizada o sus consecuencias de forma no
explícita.
c) Tipo “C”. Textos, imágenes o descripciones gráficas utilizadas para la prevención o
erradicación de la violencia, que de ser recibidas por niños, niñas o adolescentes, requieren
la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables, siempre que no
presenten imágenes o descripciones gráficas detalladas o explícitas del hecho violento o sus
consecuencias.
d) Tipo “D”. Textos, imágenes o descripciones gráficas que presenten violencia real o sus
consecuencias, de forma no explícita; o violencia dramatizada o sus consecuencias de forma
explícita y no detallada.
e) Tipo “E”. Textos, imágenes o descripciones gráficas que presenten violencia real o
dramatizada, o sus consecuencias de forma explícita y detallada; violencia física, psicológica
o verbal entre las personas que integran una familia contra niños, niñas y adolescentes o
contra la mujer; violencia sexual, la violencia como tema central o un recurso de impacto

14. 14
reiterado; o que presenten, promuevan, hagan apología o inciten al suicidio o a lesionar su
propia integridad personal o salud personal.
Estos elementos clasificados también están sujetos a restricciones horarias, que son
las siguientes:
● En el horario para Todo Usuario, sólo pueden ser transmitidos elementos de
lenguaje, salud y sexo tipo "A" y violencia tipo "A y B".
● En el horario Supervisado se permite la transmisión de elementos de lenguaje tipo "A
y B", salud y sexual "A, B y C" y violencia tipo "A, B, C y D".
● En el horario Adulto, sólo hay límite de transmisión con los elementos sexuales, está
permitida la transmisión de elementos de lenguaje tipo "A, B y C", salud y sexual tipo
"A, B, C y D" y violencia tipo "A, B, C, D, y E".
● En ninguno de los horarios se permite la difusión de elementos sexuales tipo "E".
Por lo tanto, teniendo en cuenta esta clasificación que pretende establecer qué
contenidos son apropiados y están permitidos y cuáles no, se torna una situación muy
compleja y ambigua. Ya que, en la práctica se puede tornar difícil delimitar con claridad la
línea entre el contenido correcto y el que no lo es. Así como también, revisar el hecho de
hasta qué punto se respeta el derecho de la información y libertad de expresión. Acerca de
esta última, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto de
San José de Costa Rica” manifiesta que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
En cuanto al derecho a la información, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en su artículo 58, expresa: “Toda persona tiene derecho a la información
oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución,
así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones
inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información
adecuada para su desarrollo integral”.
Es menester aclarar que la ley RESORTE surge de un proyecto de CONATEL, que
propone lograr una televisión de calidad, con fines educativos frente a una televisión que se
encontraba signada por elementos que consideraban no aptos para niños, entre los que

15. 15
mencionan 1.743 hechos de violencia explícita en espacios vespertinos de audiencia para
todo público. Y, además, argumentan esta necesidad de regulación de contenidos a partir de
estudios realizados por el Instituto Nacional del Menor, Instituto de Investigaciones las
Comunicaciones (ININCO), Conferencia Episcopal Venezolana y Federal Communication
Commission (FCC) que arrojan como resultado que un individuo, al terminar el bachillerato,
vió en promedio 21.900 horas de televisión mientras que tuvo sólo 15.750 horas de clases.
Entonces, en este caso, las telecomunicaciones son consideradas como un potencial medio
para transmitir educación y se intenta erradicar toda expresión que no contribuya a ello. Y
si bien, esta regulación de contenidos es aceptada por amplios sectores de la sociedad
venezolana y se toma en cuenta al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que versa sobre la libertad de pensamiento y expresión, y alega que el ejercicio del
derecho a la comunicación no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores; es necesario también, plantearse que clasificar y regular un contenido limita el
derecho a comunicar, inhibe al comunicador por medio de la posible sanción frente a la
divulgación de ciertos contenidos y, por ende, ronda la censura. Ya que, por ejemplo, se ven
limitadas las coberturas de sucesos de importancia nacional que tengan un nivel de
violencia como las manifestaciones u otros hechos que contengan algún tipo de agresividad,
pudiendo ser transmitidos, bajos ciertas condiciones.
Por otra parte, LOTEL, enuncia que las telecomunicaciones, por tratarse de servicios
de interés público, deben ser sujetos a restricciones precisamente por las razones de interés
público conformes a lo establecido en la Constitución y en el organismo que depende del
Poder Ejecutivo Nacional (CONATEL). Por lo tanto, las atribuciones de controlar y sancionar
las infracciones en los contenidos divulgados por los comunicadores ya no van a ser
funciones exclusivas de CONATEL sino que el Poder Ejecutivo Nacional también se encargará
de esta regulación. Asimismo, según lo que establece el artículo 22 de la reforma de LOTEL,
“El órgano rector podrá, cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, o cuando
así lo exigiere el orden público o la seguridad, revocar o suspender las habilitaciones
administrativas o concesiones”.
Además, por decreto de la presidencia venezolana, se implementó la regulación de la
utilización y el desarrollo de internet que ha dado lugar a controversias nacionales e
internacionales. Ya que, catorce años atrás, a través del Decreto Nº 825 se declaró al acceso

16. 16
y uso de internet como una política prioritaria para el desarrollo del Estado. Sin embargo,
en 2009 con el Decreto Nº 6.449 se lo consideró como un gasto suntuario y superfluo para el
sector público nacional, estableciendo que los ciudadanos para poder efectuar los pagos por
internet deben tener autorización previa del vicepresidente. Este decreto, despertó a la
sociedad civil que se manifestó en contra de la medida adoptada por el poder ejecutivo.
Presentaron un comunicado a la Asamblea Nacional y el Ministerio de Educación
Universitaria, mediante el cual se proponía principalmente en cuanto a internet: eliminar la
clasificación de su uso como un gasto suntuario, mantenerlo como política prioritaria,
decretar políticas de buenas prácticas y desarrollar tecnologías asociadas a su uso que
permitan optimizar los recursos públicos fomentando la educación institucional para sus
aplicaciones efectivas.
Otro aspecto político importante es el Plan Nacional de Telecomunicaciones,
Informática y Servicios Postales (PNTIySP) en el que se valora a la comunicación como un
derecho humano y considera a las telecomunicaciones, la informática y los servicios postales
como instrumentos que potencian el cumplimiento de ese derecho. Pero, no obstante, este
principio se contradice con la estricta regulación vigente que amenaza a la libertad de
expresión venezolana.
A partir de la actuación de los medios, como la radio y la televisión, en tanto actores
que confrontan a la política, se han producido cambios en relación a la forma de concebir a
la difusión masiva de la información. Es necesario, entonces, redefinir los vínculos de
comunicación entre el Estado, los ciudadanos y las empresas a cargo de las
telecomunicaciones. Para ello, es necesario tener en cuenta que se debe recuperar el ejercicio
real de la libertad de expresión frente al mero reflejo de las ideas hegemónicas de los
propietarios de los medios. Así como también, garantizar y democratizar el acceso a la
información para una mayor diversidad y pluralidad de los medios de comunicación, a
través de la expansión de los medios alternativos con o sin fines de lucro.
Sectores intervinientes para la prestación de servicios

17. 17
Hasta 1991, el área de las telecomunicaciones era controlada por el Estado a través
de CANTV, que ejercía una fuerte centralización. Luego, Venezuela, guiada por las corrientes
económicas, le abrió las puertas a nuevas empresas extranjeras. A raíz de esto, surgieron
problemas legales debido a que la Ley de Telecomunicaciones en 1940 establecía que la
prestación de los servicios de telecomunicaciones quedaba reservada al Estado, que sólo por
vía excepcional y de manera derivada podían acceder al uso y la explotación del espectro
electromagnético por parte de los particulares. Estas licencias eran otorgadas siempre que
no se disminuyeran las instalaciones que estaban en manos del Estado. Por lo tanto, los
títulos de concesión eran asignados sólo como documentos extraordinarios para que la
iniciativa privada opere algunos de los servicios, como fue el caso de la radiodifusión.
Por eso, desde 1923, las primeras estaciones radiales venezolanas surgieron por
parte de los sectores privados y se fueron desarrollando de manera desenfrenada por toda
la república. Y, recién en 1933 surge la primer radioemisora estatal que, si bien funcionaba
como un mecanismo de control gubernamental, fue la que dio origen a lo que actualmente se
conoce como el sistema de Radio Nacional.
Las estaciones, que comenzaron a poblar la frecuencia de Amplitud Modulada (AM),
estaban en plan de licencias que se enmarcaron dentro de una política pública diseñada y
llevada a cabo por gobiernos de facto, que estuvieron durante los primeros treinta años de
la radio. Se trata de los gobiernos autoritarios de Juan V. Gómez, el general Eleazar López
Contreras y de Isaías Medina Angarita.
En cuanto a la televisión venezolana, por otra parte, tuvo su primer transmisión de la
mano de la Televisora Nacional, en frecuencia VHF y con una política pública- estatal. Y, por
lo menos hasta 1950, fue un referente importante de la hegemonía pública.
A partir de la aparición de Radio Caracas Televisión y Televisa (actualmente
Venevisión) se inicia la etapa del sistema competitivo limitado. En 1964, se refuerza la
entrega del espectro televisivo a sectores privados a través de la creación de la Corporación
Venezolana de Televisión (CVTV) que también era de índole privada, disminuyendo el papel
público y del estado en la televisión.
No obstante, en 1969, el canal CVTV pasa a manos del estado a través de su compra,
durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Actualmente, es el canal oficialista de Venezuela,

18. 18
conocido como Venezolana de Televisión (VTV). De esta manera, la televisión fue controlada
por el estado mediante dos plantas en frecuencia VHF: Televisora Nacional y VTV.
El negocio privado, por su parte, volvió a tener su auge a partir de que le fueron
otorgadas dos nuevas concesiones nacionales, a fines de los ‘80. Además, se le concedieron
habilitaciones de plantas UHF y permisos para estaciones en la región. A su vez, en 1989
Pérez crea la CONATEL.
Se puede señalar como hecho central, que abriría el mercado de las
telecomunicaciones a empresas extranjeras, la privatización en los ‘90 de la CANTV.
Fue recién a partir del 2000, con la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la mano
del gobierno de Hugo Chávez, que se comenzó a estatizar la radiodifusión y la televisión.
Por un lado, el artículo 5 de la LOTEL afirma que “el establecimiento o explotación de
redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones se
consideran actividades de interés general, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención
previa de la correspondiente habilitación administrativa y concesión de ser necesaria, en los
casos y condiciones que establece la ley, los reglamentos y las Condiciones Generales que al
efecto establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”. Pero, esta consideración de
las telecomunicaciones como actividades de interés general se contrapone a la centralización
estatal que fue la medida que ha llevado a cabo Chávez durante su mandato y que continúa
vigente en la actualidad con el gobierno de Nicolás Maduro.
Este entramado legal, que han tenido las telecomunicaciones, está estrechamente
ligado a la asignación de concesiones para habilitar el acceso a los medios audiovisuales de
comunicación.
En cuanto al espectro radioeléctrico, se considera en el artículo 7 de la LOTEL como:
“[...] un bien del dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y
explotación deberá contarse con la respectiva concesión, de conformidad con la ley”. En
relación a quiénes pueden obtener una licencia para explotar el espectro radioeléctrico, el
artículo 9 de la LOTEL expresa: “Las habilitaciones administrativas para la prestación de
servicios de telecomunicaciones, así como las concesiones para el uso y explotación del
dominio público radioeléctrico, sólo serán otorgadas a personas domiciliadas en el país,
salvo lo que establezcan los acuerdos o tratados internacionales suscritos y ratificados por
la República Bolivariana de Venezuela [...]”. Y, el artículo 21 contempla que: “ La duración de

19. 19
las habilitaciones administrativas no podrá exceder de veinticinco años; pudiendo ser
renovada por iguales períodos siempre que su titular haya cumplido con las disposiciones
previstas en esta Ley, en sus reglamentos, en las Condiciones Generales establecidas por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones y en la habilitación respectiva.”
En estos artículos se puede observar que presenta una gran similitud con la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina ya que caracteriza a la comunicación
como de interés general y con acceso equitativo para todos los ciudadanos, según expresa en
el artículo 2: “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se
considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo
sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de
expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de
los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión
estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que
deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de
transmisión disponibles [...]”.
Sistema de medios públicos
I.- El Estado Venezolano es actualmente propietario de los siguientes medios de
comunicación:
A.- Canales de televisión:
1.- Venezolana de Televisión: Cobertura en toda Venezuela por Señal Abierta en VHF.
Inició en el año 1964.
2.- Televisora Venezolana Social: Programación general. Inició sus transmisiones en
mayo de 2007.
3.- Vive TV: Cobertura en casi todo el país por señal abierta en UHF y por todos los
servicios de TV por suscripción. Abarca programación de carácter educativo y cultural.
Comenzó sus emisiones en 2003.
4.- ANTV: Cobertura en Caracas por señal abierta en UHF y en otros o Estados a través
de los Servicios de TV por suscripción.

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5.- Telesur: contiene programas Informativos y Culturales, es multiestatal e inicia
transmisiones en julio de 2005.
6.- Ávila TV: Cobertura en Caracas por señal abierta UHF y el resto del área
metropolitana de Caracas por TV por suscripción. Inició sus transmisiones en el año 2006.
En el caso particular de TeleSUR, cadena de televisión con sede central en Caracas, se percibe
que el carácter de su actividad comunicativa está orientado a informar desde la región y para
la región, es decir, sin cargas o ideologías contrarias a los países latinoamericanos como es
el caso de CNN, que transmite información titulando o catalogando de mala manera y con
aire de inferioridad a los países de esta región.
Esta cadena de información televisiva se puede comparar con la Agencia Nacional de Noticias
(Télam) de Argentina. Ambas son de copiosa importancia en el sector de la comunicación y
la información. TeleSUR, por su parte, está determinada por la colaboración de formados
intelectuales latinoamericanos e internacionales, lo cual contribuye a que la información
transmitida sea confiable y guarde cierto prestigio. Télam, en su caso no sólo difunde
información, sino que también, sirve como fuente para numerosos abonados, entre los que
se incluyen medios de prensa nacionales e internacionales y oficinas gubernamentales
nacionales, provinciales y municipales.
B.- Emisoras de radio:
1.- Radio Nacional de Venezuela: Circuito Radial que comenzó en 1936, posee 72
emisoras de Radio (10 AM y 62 FM) en todo el país, con 4 cadenas: informativa, musical,
clásica y juvenil. Además posee señal internacional en Brasil, Argentina, Chile, Estado Unidos
y América Central.
2.- Radio del Sur (en proyecto): Sería el equivalente en radio de Telesur. Tendría 12
emisoras FM en las ciudades más importantes del país.
C.- Multimedio:
1.- Agencia Venezolana de Noticias: creada en el año 2005.
D.- Circuito Nacional de Emisoras Comunitarias

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1.- Se trata de una red de emisoras de corto alcance que están bajo la gestión de
comunidades organizadas que son independientes entre sí. Las mismas reciben apoyo
financiero y técnico del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
Es importante destacar que a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Venezuela, el
Estado apoya firmemente estos procesos populares. No sólo entregándoles equipo técnico
de última tecnología, sino también capacitación y apoyo, por ejemplo, para pagar
remuneraciones a los operadores técnicos.
Políticas culturales e integración social
Venezuela está conformada por un complejo mosaico cultural con precedencias de
indígenas, españoles, africanos, italianos y recientemente norteamericanos, cada una
aportando sus influencias en las costumbres, los gustos, la religión y la ideología. La división
social y la confrontación entre clases, dio como resultado un golpe como el del 11 de abril de
2002. En el mismo se enfrentaron las fuerzas lideradas por el Presidente Chávez, apoyado
por una parte mayoritaria del pueblo común; por el otro una alianza neoconservadora: la
burguesía de los barrios ricos, apoyada por la patronal, los medios de comunicación (prensa,
radio y televisión), ferozmente hostiles, falseando las evidencias, y la aristocracia obrera
movilizados por la CTV.
A raíz de esta situación, en la sociedad venezolana aumentó las desigualdades sociales
y la vulnerabilidad hizo que quede sumida en un clima de exclusión social. Ésta noción surge
a partir de la crisis del Estado de bienestar, el cual, según el pensamiento neoliberal,
constituye un freno para el desarrollo económico y por lo tanto debe ser destruido. Estas
dificultades de integración y los riesgos de precarización afectan sensiblemente a ciertos
colectivos, mientras que, por otro lado, también aumenta la sensación de inseguridad y
vulnerabilidad en todo el cuerpo social. La exclusión, es un fenómeno social estructural,
dinámico, multifactorial y politizable. Estructural, ya que hace referencia a las desigualdades
sociales a través de la historia; dinámico, en cuanto a su carácter cambiante respecto a
personas y colectivos sociales; multifactorial, porque es debido a un cúmulo de
circunstancias desfavorables e interrelacionadas; y politizable porque es abordable desde

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las políticas públicas o sociales. En este caso, puede convertirse en una categoría de políticas
públicas, ya que incluye a la vez una dimensión cognitiva, relativa a la problematización de
lo social, y una dimensión de acción, de actuación sobre lo social.
Hasta el Golpe del 2002, la exclusión social implicó inevitablemente la exclusión
cultural, que estuvo dada por la orientación de las políticas culturales dominada por la
hegemonía de la cultura como bellas artes, la cual resultó en una política dirigida al consumo
de estos bienes por parte de las minorías ilustradas que tienen el capital cultural para
apropiarse de estos bienes. Los medios de comunicación y el contenido de sus mensajes, se
definían como lugares desde donde se fomenta el consumismo y los valores mercantiles del
capitalismo y con ello la “pérdida” de la identidad nacional, la dominación, la dependencia
cultural y la alienación cultural. Éstas políticas soportadas en la idea de “llevar la cultura al
pueblo” anularon a los sectores populares como actores culturales, como creadores.
Pero con las políticas culturales que siguieron a ese oscuro período, la situación fue
equilibrándose progresivamente. El proyecto del gobierno se basó en construir una
hegemonía cultural, tomando a la cultura como un recurso político. Al mismo responden
diversas políticas comunicacionales, medidas y programas que tienen lugar en el ámbito
mediático, tales como la consolidación de varias estaciones de televisión (10 de las 12
emisoras TV/ VHF) y de radios llamadas comunitarias, que responden a las directrices
políticas e ideológicas del gobierno. A esto se suma la ley de responsabilidad social en radio
y comunicación, que según Antonio Pasquali (2006) eliminó el 50% de los programas de
opinión en las televisoras y radios privadas. Además, las cadenas presidenciales y la cantidad
diaria de propaganda que el gobierno transmite gratuitamente por fuerza de ley a través de
todos los medios privados y oficiales. Otra iniciativa que se suma a este proyecto es la
denominada “Misión Cultura” que se empeña en consolidar la creación de unas estructuras
operativas de lo cultural en el seno del pueblo, con la finalidad de potenciar la identidad
nacional. Consiste en la formación de sujetos políticamente preparados para interactuar en
el área de la creación y capacitación, para poder identificar y promover talentos, motivar la
comunicación alternativa, valorar y proteger el patrimonio, proponer la organización social,
favorecer el establecimiento de políticas culturales, así como de incentivos al turismo, a la
generación de empleo y el mejoramiento del nivel de vida del ser humano.

23. 23
Por supuesto, esta tendencia ha sido muy controversial y ha dado paso a nuevas
movilizaciones y protestas en Venezuela por parte de algunos sectores políticos y de la
sociedad civil.
Relación entre el oficialismo, los medios y la oposición
En base a la línea teórica de Omar Rincón, planteada en su artículo “Medios, Poder y
Democracia en América Latina”, se puede afirmar que Venezuela es un país que, a partir del
gobierno de Hugo Chávez, ha devenido en un neopopulismo de izquierda con tendencia
nacionalista, en el cuál, los medios se presentan como la oposición del gobierno a la que se
combate mediante leyes, investigaciones fiscales y creando un sistema de medios públicos.
Derivando en una “monopolización del estado” que genera una menor visibilidad,
articulación y circulación de nuevas voces. Chávez, considerado por el autor como un
telepresidente, se presentaba ante los ciudadanos como fuente de la verdad a través de sus
mensajes que denotaban un liderazgo carismático, logrando un escenario comunicativo
caracterizado como un estatismo mediático.
Puede pensarse también, que este combate a los medios está ligado a la estricta
regulación de contenidos de las telecomunicaciones a partir de las leyes LOTEL y RESORTE
vigentes en el país. Asimismo, se utilizan construcciones ideológicas para crear una
determinada imagen sobre los medios de comunicación y la oposición. Acompañada de la
creación simbólica del ideal de “pueblo” como soberano, que garantiza la democracia. Para
esto, se busca la comunicación directa con los ciudadanos, a través del uso de la cadena
nacional que genera más cercanía. Y, además, se toman a las críticas como malas intenciones
de personas enemigas a la patria. De esta manera, los medios de comunicación son utilizados
como actores políticos que intervienen para poder controlar el espacio público y luchar por
la hegemonía política.
Por lo tanto, se produce una puja entre medios de comunicación y gobierno que
luchan entre sí por convertirse en la representación oficial de la gente y ser quienes den
garantía de la participación ciudadana.

24. 24
Esta permanente controversia del gobierno con los medios de comunicación social es
heredada por el actual presidente venezolano Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez tras
su fallecimiento el 5 de marzo de 2013.
El nuevo mandato mantiene la misma relación de enemistad con los medios de
comunicación y un fiel reflejo de ello es lo ocurrido a partir de las manifestaciones que se
generaron el 4 de febrero de 2014 en la ciudad de San Cristóbal, en donde los ciudadanos
reclamaban que sus derechos civiles se han vulnerado, que había un alto índice de violencia,
escasez de los productos necesarios para la subsistencia de la población y una aparente
intromisión de Cuba en la política de su país. Estas protestas en contra de la política
económica de Maduro intentaron ser reproducidas por los medios de comunicación, como
NTN24, pero cuando se transmitían versiones de la oposición sobre los hechos violentos que
se presentaron en la ciudad de Caracas, la señal de NTN24 en Venezuela fue apagada. Al
respecto, la Directora General del canal, Claudia Gurisatti, consideró al hecho como un
atentado a la libertad de expresión y censura de la prensa libre, alegando que denunciaría
ante los Organismos de Derechos Humanos la violación del derecho a la información de los
ciudadanos.
En respuesta a esto, Nicolás Maduro, a través de una cadena nacional, dijo que NTN24
pretendía transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el 11 de abril, haciendo
referencia al intento de derrocamiento a Hugo Chávez en 2002. Asimismo, Maduro agregó
que otros programas luego eran utilizados para influir y hacer daño en el mundo, y que él iba
a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela, que no permitiría que vengan desde
el exterior a perturbar el clima psicológico del país.
Sin embargo, este no es el primer caso en el que se limita el derecho a la libertad de
expresión, son materia frecuente las trabas del gobierno para que la oposición no pueda
expresarse en diarios como El Impulso, El Nacional, El Universal, Nuevo País, Correo del
Caroní y Últimas Noticias.
De lo expuesto al principio, se puede establecer una comparación con Argentina, ya
que el gobierno de Cristina Kirchner se caracteriza por ser un neopopulismo de centro
izquierda y su mandato también estaría comprendido dentro de la clasificación de
telepresidentes de Rincón, haciendo uso de la Cadena Nacional como forma de comunicación

25. 25
con el pueblo. Esta figura de la Cadena Nacional está comprendida en el artículo 75 de la
LSCA y establece lo siguiente: “El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos
provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional,
disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso,
que será obligatoria para todos los licenciatarios.”
Sobre la centralización y concentración de medios
Para analizar las consecuencias sociales y económicas que tuvo la LOTEL en
Venezuela, es necesario valerse de dos conceptos fundamentales. Por un lado, la
centralización, entendida como la modalidad en que se afecta la propiedad de los medios, a
través de distintas operaciones, como la compra y la fusión, que generan que los medios de
comunicación queden en manos de unos pocos empresarios. Por otro lado, la concentración
definida como el proceso mediante el cual los empresarios capitalistas reinvierten su
ganancia y de esa manera van aumentando su potencial productivo.
En el caso venezolano, Cuando Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez,
en 1999, existían fuertes y pocos grupos privados de medios. La centralización era superior
a la media en América latina y el lenguaje de Chávez hacia las empresas periodísticas era
ameno. Catorce años después, el sistema de medios en Venezuela exhibe cambios
mayúsculos: la concentración sigue siendo alta, pero la protagoniza el gobierno, que controla
la mayoría de las emisoras. En los sucesivos mandatos de Chávez la exacerbada
concentración privada fue reemplazada reactivamente por una exacerbada concentración
gubernamental, (aunque esta perspectiva es omitida por los usos emotivos del duelo por la
muerte del ex presidente).
Chávez declaró en la campaña electoral de 1999 que tenía “la mejor relación con los
medios privados” y aseguraba que éstos no sufrirían alteraciones. Después de trece años de
ejercicio de la presidencia, en la campaña electoral de 2012 “el 90% de los canales de
televisión por aire eran manejados desde el gobierno”, según el comunicador social
venezolano Antonio Pasquali. Esos años dan testimonio del giro de Chávez en su relación con
los medios con una política paternalista, con creciente presencia estatal y con un uso

26. 26
marcadamente propagandístico de los recursos públicos, con rasgos autoritarios que se
manifiestan en figuras legales que criminalizan la opinión (como el desacato) aplicadas como
sanción a la disidencia a través del cierre de emisoras y procesos penales contra periodistas.
La relación que sostenía Chávez con los grupos mediáticos se cortó definitivamente
en algunos casos (RCTV) a partir del Golpe de Estado de 2002. Cuando en abril de ese año
Chávez fue derrocado por dos días, los medios privados alentaron el Golpe. Ésta actuación
de los medios detonó una política inédita de regulación del sector a través de la llamada Ley
RESORTE.
Consecuencias sociales
A pesar de que la LOTEL y la Ley RESORTE buscaron conciliar dos posiciones que
estuvieron en pugna por más de 10 años, todas estas reformas y nuevas regulaciones
tuvieron su repercusión entre los ciudadanos oficialistas y opositores, ya que al controlar los
contenidos que se emiten, implica directamente el derecho a la libre expresión, defendido
por el orden nacional e internacional.
Ante estas leyes, los opositores acusaron al gobierno de estar implementando un
elemento de censura con criterios poco claros. Atribuyen su aprobación sin un debido debate
a que el parlamento está dominado por adeptos al oficialismo, en proporciones que hacen de
los debates un mero trámite necesario por protocolo. Los diputados opositores, expresaron
su preocupación por la tentativa de controlar los contenidos en internet y otros medios
electrónicos, pues esto va en contra de las libertades fundamentales de los ciudadanos que
se expresan a través de ellos.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en
inglés) rechazó "categóricamente" las reformas a través de un comunicado en el que
expresaron: “El proyecto propone restringir acceso a sitios Web si se encuentra que
distribuyen contenidos que incitan a la violencia contra el Presidente Hugo Chávez, ofenden

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a funcionarios públicos, provocan pánico o desorden social o atacan las ‘buenas costumbres’,
sin especificar a qué se refiere".
Los ciudadanos venezolanos se manifestaron principalmente a través de las redes
sociales, y una de sus principales preocupaciones consistía en que ésta ley podría conllevar
a la autocensura, por miedo a que las ideas o expresiones puedan ser objeto de sanción.
Los oficialistas por su parte negaron que la regulación de la red tenga como objetivo
atentar contra la libertad de expresión en el país, ya que sólo se busca defender a la
ciudadanía en temas como la pedofilia, la pederastia y la violencia. El Estado es el encargado
de defender a sus ciudadanos de los contenidos de bajos instintos y desmoralizantes que
rondan en internet.
Durante su presidencia, Hugo Chávez estrenó en la región una forma de intervención
estatal que asigna protagonismo en la gestión de los medios al gobierno, lo que habilitó el
surgimiento de numerosos medios oficiales que conforman un espacio con escasa audiencia
y discurso hermético que antagoniza con la agenda de grandes medios privados.
Entre estos medios oficialistas, surgieron muchas radios comunitarias, populares,
alternativas; las cuales han sido apoyadas por el Estado. Sin embargo, quienes se oponen a
la Ley, argumentan que a través de esto, el Estado y el gobierno se aprovechan de estas radios
para “bajar línea” o para decidir qué se pasa y qué no. En su defensa, los oficialistas
cuestionan la existencia de una maquinaria estatal que pueda controlar todo lo que pasa por
la tantísima cantidad de emisoras populares que existen legalmente en Venezuela.
Un caso clave es el cierre de RCTV, uno de los más polémicos, que fue y es usado como
argumento de confrontación entre los sectores a favor y en contra del gobierno y de la Ley.
RCTV era la televisora comercial con mayor audiencia nacional en ese momento (43% de
rating), que pasó a ser manejada por el Estado mediante la naciente Televisora Venezolana
Social (Tves). Los detractores opinan que el cierre de este medio de comunicación fue un
acto de censura por parte del gobierno, ya que no era simpatizante con sus ideas. Los
defensores, por su parte, exponen que el cierre se debe a que concluyó la vigencia de su
licencia y el Estado decidió no renovársela, argumentando que durante el golpe de estado de
48 horas en manos de Carmona, lo que hizo fue incomunicar a la sociedad, mentirle, ser
partícipe en el quiebre de la democracia y propiciar un clima de enfrentamientos,
convirtiéndose en parte del golpe mediático. Si bien es prerrogativa del Estado definir la

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extensión o no de las licencias cuando expiran, la discrecionalidad quedó expuesta por el
contraste entre el cierre de RCTV y la negociación con la que el gobierno benefició la
renovación de la licencia al grupo Cisneros en el mismo momento.
Venezuela y Argentina: en construcción de la unidad latinoamericana
Venezuela y Argentina son dos países latinoamericanos que, a pesar de marcadas
diferencias, presentan fuertes tendencias hacia ideales comunes y cuyos gobiernos
mantuvieron una relaciones entre sus figuras presidenciales que no sólo dieron como
resultados acuerdos entre las naciones que representan, sino también una relación que los
medios ayudaron a construir. Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Chávez establecieron
su vínculo en 2003, el cual se vio interrumpido temporalmente por la muerte del ex
Presidente Néstor Kirchner y la enfermedad del líder venezolano. En ese período fimaron un
total de 230 acuerdo bilaterales, entre los que se incluye la exportación del modelo de planes
sociales del kirchnerismo como la asignación universal por hijo y la ayuda a mujeres
embarazadas.
La relación personal entre estos telepresidentes ha tenido una fuerte repercusión en
los medios que despertó en sus respectivos sectores oficialistas una unión y apoyo mutuo
en sus discursos.
Actualmente, la relación con el país bolivariano continúa vigente a través de la figura
de Nicolás Maduro, quien señaló que los pueblos siguen entrelazados, viviendo la
construcción de un camino de unidad latinoamericana.

29. 29
CONCLUSIÓN
En base a lo expuesto en el presente trabajo se concluye que, por un lado, la
comunicación se presenta como un derecho y un ejercicio de interés público amparado en la
Constitución pero, por otro, este derecho se ve limitado a partir de estrictas regulaciones,
tanto de forma como de contenido, explicitadas en la LOTEL y la Ley RESORTE.
Esto despierta posiciones encontradas en la sociedad venezolana, es decir, ambas
fuerzas socio-políticas presentan una considerable cantidad de argumentos que son difíciles
de conciliar. Están quienes defienden las nuevas regulaciones de la comunicación alegando
que son necesarias para proteger a los ciudadanos de los contenidos considerados

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inapropiados, fomentar la educación y la promoción cultural a través de las
telecomunicaciones. Mientras que los detractores sostienen que, se atenta contra la libertad
de expresión y el derecho a la información, debido a la subjetividad de los criterios de
control, así como también, la limitación de esa libertad por miedo a la sanción, lo que se
traduce en autocensura o incluso en una censura.
En cuanto al carácter de la comunicación, también se presentan dos polos: aquellos
que desarrollan la labor comunicativa como un negocio, buscando generar y aumentar su
capital; y aquellos que la entienden como un derecho humano, que es plural, diverso y que
no debería presentar restricciones.
Con frecuencia la inadecuada administración de los medios y la falta o el exceso de
regulación de los mismos, tanto en materia de forma como de contenido, ponen en duda el
verdadero significado de comunicar. Ya desde la década del 70 MacBride entendía la
comunicación como un derecho pero también tenía en cuenta los problemas con los que
nos encontramos hoy: la concentración y centralización de los mass media, la integración y
la exclusión cultural, la censura, entre otros. La ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual es un instrumento legal que los comunicadores contemporáneos has recibido,
pero recae sobre ellos la responsabilidad de conservar esos derechos y respetar sus
obligaciones para hacer de la comunicación realmente un derecho de todos los argentinos.
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