El documento resume las discusiones sobre competencia en las reuniones anuales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada desde el 2000. Apoyaron la creación de una ley de competencia para prevenir abusos de posición dominante, pero recientemente recomendaron aplicarla gradualmente sin esperar resultados rápidos, lo que contradice el establecimiento de un estado de derecho. La autora expresa preocupación por pretender ahora impedir la eficacia de una normativa e institución importantes.

1. Art. 04-08
Avances y retrocesos en cúpula empresarial
Por Celina Escolán Suay
Superintendenta de Competencia
El Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) es la reunión cumbre del sector privado que se celebra anualmente con el
objeto de presentar a la nación una agenda de trabajo orientada a la consecución del desarrollo económico, social e institucional de
El Salvador.
Desde el año 2000, momento en que se desarrolla el primer encuentro, el ENADE se ha convertido en un referente para la
sociedad sobre las acciones que deben impulsarse para obtener mejoras en el bienestar general.
Dentro de sus agendas, el tema de la defensa de la competencia ha estado presente, sin excepción, consolidándose como un
aspecto de gran importancia para el país. Por ello, se advierte que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha sido
una férrea defensora e impulsadora de la existencia de un régimen de competencia en El Salvador.
En los encuentros celebrados antes de la aprobación de la Ley de Competencia, la ANEP señaló la importancia de crear una
dirección para administrar problemas tales como la defensa la competencia. Asimismo, indicó que el sistema económico
salvadoreño operaba con un alto grado de libertad, pero que existían formas de organización que, aprovechándose de su posición
dominante, impedían que el modelo funcionara con base en la competencia. Por lo anterior, la ANEP demandó una transformación
del Estado.
En el encuentro de 2004, año en el que se aprueba la Ley de Competencia, se ratificó la importancia de la misma en
el ordenamiento jurídico, mencionándose como necesario que El Salvador adoptara una política que protegiera la
competencia, con el objeto de promover la asignación eficiente de recursos y el desarrollo de un mercado que beneficie a
todos los salvadoreños.
En el primer año de vigencia de la ley (2006), se mencionó que en El Salvador la inversión no mostraba mayor dinamismo, entre
otros, por la falta de competencia.
Recientemente, se celebró la reunión correspondiente a 2008. En dicho encuentro, cuyas bases se encuentran en el documento que
resume la estrategia denominado: “El Salvador: Institucionalidad, Economía Libre y Desarrollo”, la ANEP retoma el modelo de
la economía social de mercado como ideal para El Salvador, en el cual, el Estado es responsable de garantizar condiciones óptimas
de competencia adoptando una política activa en contra de carteles, monopolios, oligopolios y abusos de posición dominante. Es
decir, en principio, la posición en el tema de competencia concuerda con las citadas anteriormente.
No obstante, en el mismo documento también se indica que en El Salvador la acción del Estado para proteger los derechos de los
consumidores y promover la libre competencia llegó de forma tardía, recomendándose que: “la aplicación de las leyes
correspondientes debe ser gradual sin esperar resultados espectaculares en el corto plazo, y acompañando al accionar público de la
instauración de una cultura que tenga como sustento la educación y el conocimiento económico y legal correspondientes”.
Causa gran extrañeza dicha recomendación, especialmente porque la ANEP ha sido una importante promotora y defensora de la
creación de un régimen de competencia en El Salvador; pero también, porque después de casi tres años de vigencia de la norma (la
cual tuvo más de un año de vacatio legis), recomendar que la Superintendencia de Competencia se inhiba de aplicar la ley cuando
sea necesario, es contrario al establecimiento de un verdadero estado de derecho.
La aprobación de la Ley de Competencia y la creación de la autoridad encargada de aplicarla constituyeron, en su oportunidad,
pasos importantes para la institucionalidad de El Salvador. No es posible que ahora se pretenda impedir la eficacia y actuación de
una normativa e institución claves para el funcionamiento de los mercados y bienestar de los consumidores.