La Ley de Competencia de El Salvador entró en vigencia el 1 de enero de 2006, fue aprobada el 26 de noviembre de 2004 y reformada en el 2007, fortaleciendo así las facultades de la Superintendencia de Competencia y la autoridad con la responsabilidad de aplicar dicha ley.

1. Art. 01-09
Artículo publicado en Competition and Antitrust
Review 2009
Superintendencia de Competencia de El Salvador
Por Celina Escolán Suay, Superintendente y Presidenta de la Consejo Directivo.
La Ley de Competencia de El Salvador entró en vigencia el 1 de enero de 2006, fue aprobada el 26 de noviembre de 2004 y reformada en el
2007, fortaleciendo así las facultades de la Superintendencia de Competencia y la autoridad con la responsabilidad de aplicar dicha ley. De
conformidad con esta ley, la fase de investigación está bajo la responsabilidad de la Superintendencia, mientras que la resolución de los casos
cae bajo la responsabilidad de su Consejo Directivo.
Las reformas a la ley efectuadas en el 2007 fueron especialmente relevantes ya que le otorgaron a la institución la facultad de efectuar
allanamientos, previa la autorización judicial.
El primer allanamiento en 2008 se llevó a cabo durante uno de los casos más importantes concluidos por la Superintendencia de Competencia
de El Salvador hasta el presente. Este es el caso de un cartel en el mercado de la harina de trigo. Después de detectar ciertas pistas de
evidencia en el mes de abril de 2008, la Superintendencia de Competencia emitió la orden de iniciar un proceso formal en contra de los dos
únicos productores de harina de trigo en El Salvador y solicitó a dos jueces diferentes la autorización para realizar las requisas debido a que las
instalaciones de ambos agentes económicos se encontraban ubicadas en jurisdicciones diferentes. El permiso fue otorgado el mismo día y las
órdenes de allanamiento se ejecutaron, resultando en la recolección de evidencia importante, adicional a la información y las declaraciones
recolectadas por la misma Superintendencia de Competencia de los ejecutivos, empleados y algunos consumidores industriales a lo largo del
proceso.
Finalmente, el 4 de septiembre de 2008, el Consejo Directivo dictaminó que las compañías investigadas habían llegado al acuerdo de mantener
un 55% y 45% de la participación de mercado respectivamente. Se demostró también que ambas compañías habían diseñado un sistema de
compensación a fin de cumplir con ese acuerdo. Las multas impuestas sumaron US$4millones, que fueron calculados con base en el 3% de las
ventas locales de cada uno de estos agentes económicos. La sentencia final fue confirmada por el Consejo Directivo después que ambas
empresas apelaron. Otro logro importante de la Superintendencia durante el año 2008 fue el sometimiento voluntario a un examen interpares
sobre la ley y política de competencia de El Salvador.
En el 2007, la Superintendencia acordó voluntariamente someterse al examen realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico OECD/IADB. Con ese fin, un consultor visitó el país y sostuvo entrevistas con otros órganos y personas con influencia en la política
de competencia, cuyos hallazgos se plasmaron en un informe escrito. El informe se enfocó en las metas de política, prácticas anti competitivas,
concentraciones económicas, asuntos institucionales, revisión judicial, recursos y abogacía. Estos hallazgos se discutieron durante el VI Foro
Latinoamericano de Competencia desarrollado en Panamá en el mes de septiembre de 2008. Fue en este Foro que se examinó a la
Superintendencia ante la presencia de más de 80 funcionarios de otras instituciones de competencia. Los examinadores fueron el Presidente
de la Comisión Federal de Competencia de Méjico y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
La Superintendencia pasó el examen. El informe menciona que la política de competencia ha tenido un inicio excelente en El Salvador y que tal
experiencia puede servir de ejemplo para implementar efectivamente una política de competencia. Sin embargo, la revisión expuso algunos
aspectos que pueden ser mejorados. Concluyó que los resultados en abogacía son impresionantes, pero que sin embargo, al país aún le falta
una cultura de competencia apropiada.
En cuanto a la aplicación de la ley, el informe menciona que el desafío mayor es el combate efectivo contra los cárteles más duros.
Recomienda enfocarse en aspectos de manipulación de licitaciones en adquisiciones públicas. El informe también destaca que la
implementación de un programa de indulgencia resulta importante en la lucha anti carcel, para lo cual es recomendable ganar experiencia en
esta área. En cuanto a la revisión judicial, el informe reveló que este es el problema más grande que enfrenta a la institución, debido a que la
mayor parte de los fallos son apelados, lo que resulta en procesos lentos y en la suspensión de las órdenes. Sin embargo, el informe menciona
que esta situación se puede aliviar mediante la capacitación adecuada de los jueces y la presentación de argumentos bien razonados.
Finalmente, el informe recomienda que a fin de mejorar la independencia e imparcialidad del Consejo Directivo, se debe escalonar el término en
el puesto de sus miembros para evitar el riesgo de una rotación completa con el tiempo y además que el número de miembros con derecho a
voto se aumente a cinco. La Superintendencia está comprometida a trabajar durante los próximos años en la implementación de las
recomendaciones del examen interpares.