El documento habla sobre las políticas públicas integrales para la atención de adicciones en un mundo globalizado. Propone una política de salud pública transversal e integral que garantice el acceso universal a servicios de calidad, prevención, tratamiento y rehabilitación con enfoque de derechos humanos. También aboga por reducir la oferta y demanda a través de educación, oportunidades laborales y desarrollo rural sustentable.