Discurso pronunciado por el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante la Firma de la Iniciativa de Nueva Ley de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres para el estado de Veracruz, evento que se llevó a cabo el 11 de julio de 2013, donde se puso en marcha la primer ley de protección civil después de haber sido publicada la Ley General de Protección Civil, el año pasado. Comentó que esta nueva ley permitirá el intercambio de opiniones de expertos y de ciudadanos que han estado expuestos a desastres naturales, y felicitó a legisladores, representantes populares y al Gobierno del Estado por su coordinación y entrega a esta acción. Agregó que esta nueva medida permitirá mejorar la protección civil y promoverá la participación de la sociedad en la prevención de eventos desafortunados; de la misma forma, habló sobre las iniciativas que se pondrán en marcha para mejorar la situación de seguridad frente a fenómenos naturales. Concluyó ratificando su compromiso de seguir desarrollando iniciativas que permitan impulsar el desarrollo social de los veracruzanos, identificando y minimizando riesgos con el fin de llevar al pueblo veracruzano hacia adelante.

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Veracruz consolida su visión vanguardista con
una nueva Ley de Protección Civil y reducción
del riesgo de desastres para los veracruzanos.
Será una de las primeras que se procesan en el
ámbito estatal, después de publicada la Ley
General de Protección Civil, el año pasado.
Condensa el intercambio de opiniones de
expertos, pero sobre todo de ciudadanos que han
vivido y padecido embates naturales.
Es decir, incorpora la perspectiva de la sociedad,
con toda la diversidad que ello entraña, para
conformar la mejor Ley de Protección Civil.
Una iniciativa de ley, resultado de la coordinación
eficaz de legisladores, representantes populares,
municipios y el Gobierno del Estado.

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Entre ellos, quiero destacar y reconocer al doctor
Allan M. Lavell, científico social de reconocido
prestigio internacional;
Al doctor Jesús Manuel Macías Medrano,
investigador del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social.
A Armando Ulises Barbosa López, Coordinador
Jurídico de la Comisión Nacional de Protección
Civil, uno de los creadores de la Ley General.
En materia técnica legislativa, a la doctora María
del Carmen Carmona Lara, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
A las doctoras Petra Armenta Ramírez y Yesenia
Trejo Flores, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Veracruzana.

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Asimismo a prestigiados abogados que también
participaron y a otros destacados jurisconsultos.
Así, ratificamos que la mejor política de
protección civil es la prevención participativa.
Donde la gestión integral de riesgos sea una
genuina política preventiva, que subraya mi
compromiso de llevarlo a la norma jurídica.
Ya lo ha dicho el Presidente Enrique Peña Nieto,
“la lección es evidente: tenemos que prepararnos
mejor para evitar riesgos que lastimen a las
familias mexicanas”.
“Estamos a tiempo de construir las bases de un
México menos vulnerable y más seguro en el
futuro. La vida, el patrimonio y la seguridad de los
mexicanos así nos lo demandan”.

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Y es que la vulnerabilidad y grados de exposición
de muchas localidades ante la recurrencia de los
fenómenos naturales, acredita la pertinencia de
la política preventiva establecida por mi gobierno.
Por ello, desde el primero de diciembre de 2010,
asumí el compromiso de invertir nuestros
mayores esfuerzos en la política de prevención.
De esta manera logramos disminuir afectaciones
y costos materiales de la reconstrucción.
Una política preventiva como la que hemos
aplicado en este Gobierno, ha implicado:
 Adoptar nuevas prácticas y normas jurídicas
en materia de desarrollo urbano, para evitar
asentamientos en zonas de riesgo.

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 Fortalecer, con medidas de mitigación, a
aquéllos lugares donde los asentamientos ya
existían.
 Ha exigido también un mayor conocimiento
de la naturaleza, magnitud y frecuencia de
los peligros naturales o antropogénicos;
Esto, a través de Atlas de Riesgos actualizados,
principalmente en el ámbito municipal;
Pero también, nos ha llevado a elevar la
conciencia social acerca de los mismos,
mediante campañas continuas de comunicación;
Y de procesos de capacitación para la mejor
preparación de técnicos y especialistas en todo lo
relativo a la protección civil y la reducción del
riesgo de desastres.

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Inclusive, mediante la capacitación de las familias
en procesos de autoprotección, a través de su
propio Plan Familiar de Protección Civil;
Así como también, a mejorar la capacidad de
alertamiento para anticipar respuestas, antes de
que los fenómenos ocurran.
La mayor muestra es cómo actuamos unidos
ante Barry, donde evitamos mayores pérdidas.
Ahora, contamos con mejores sistemas de
monitoreo y de cooperación interinstitucional;
Creamos la Alerta Gris, una alerta preventiva
estatal propia, que da oportunidad a las
autoridades y a las comunidades a protegerse
ante los fenómenos perturbadores;

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Hemos mejorado e instituido programas de
supervisión técnica y visitas de verificación en
establecimientos públicos y privados.
Así, hemos unido esfuerzos como sociedad.
Señoras y señores:
La nueva política pública de protección civil que
hemos adoptado, está menos enfocada en los
desastres y mucho más a la reducción,
mitigación o prevención del riesgo.
Ese enfoque ha significado comprender y
cuantificar los peligros. Ahora nos permite
evaluar qué tan expuesta está la población.

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Logramos transferir parte del riesgo mediante la
contratación de pólizas de protección financiera
para el aseguramiento de infraestructura
estratégica y de la producción agropecuaria.
Esa dirección de la política pública de protección
civil del Gobierno del Estado, asume que los
desastres en lo esencial no son naturales.
Sino que son construidos por la propia actividad
humana y, sobre todo, por las condiciones de
vulnerabilidad de la población.
En lo fundamental, mi Gobierno ha trabajado en
la dirección que ahora marcan la Ley General y el
Plan Nacional de Desarrollo.

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Todo eso nos obliga a adecuar el marco jurídico
para asegurar que los programas del gobierno
estatal y municipal se sustenten en un enfoque
de gestión integral del riesgo:
Se trata de acciones de identificación, análisis,
evaluación, control y reducción de los riesgos;
Con ejercicios que combatan las causas
estructurales de los desastres y fortalezcan las
capacidades para afrontar nuevos retos;
Los cambios de fondo que se proponen, para
adecuar nuestro marco jurídico a la Ley General,
rebasan la simple reforma de la Ley 226.
Hacen necesaria la promulgación de una nueva
legislación, con nuevas normas y conceptos.

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Todas, acordes con la legislación más avanzada.
Y más pertinentes para asegurar una política de
protección civil eficaz para salvaguardar la vida,
el patrimonio y el entorno de los veracruzanos.
Así, avanzamos para enfrentar mejor los riesgos
en nuestra marcha hacia adelante.