La Red Andaluza de Alojamientos Rurales entrega a los partidos las demandas del sector para potenciar el turismo rural

1. DEMANDAS
para la futura política
de turismo rural en Andalucía
La asociación autonómica de Turismo Rural RAAR – Red Andaluza de Alojamientos
Rurales, ante las próximas elecciones en Andalucía, presenta una serie de demandas a los
partidos políticos y futuros parlamentarios andaluces, sobre la política del turismo rural en
nuestra comunidad, de cara a la próxima legislatura.
El objetivo es relanzar un sector que durante los últimos años ha sido relegado a un papel
marginal que no hace justicia a su potencial. Propone posicionar al turismo rural de
Andalucía en el más alto nivel de competitividad nacional e internacional, a través de
propuestas con visión de futuro, en un contexto de globalización de productos específicos.
La RAAR es una entidad decana, avalada por sus cerca de 21 años de experiencia en el
sector. Tiene clara vocación internacional y está estrechamente vinculada a la Federación
Europea de Turismo Rural, EuroGites. Este hecho le otorga un amplio conocimiento del
contexto internacional, lo que le permite hablar con propiedad sobre la materia.
(1) Regulación simplificada del turismo rural
La regulación del sector rural en la nueva Ley de Turismo de Andalucía, aprobada
en diciembre 2011, es confusa1. Contiene graves errores materiales2, y establece
criterios al margen de la realidad e imposibles de vigilar, incentivando el fraude3.
El marco reglamentario general en Andalucía y España es claramente desfavorable
comparando con la situación en los países líderes en el sector, como queda patente
en un estudio comparativo realizado en 2011. La consecuencia es un alarmante nivel
de economía sumergida que perjudica tanto a la imagen, como a la calidad del
producto.
En el ámbito nacional, más de 70 figuras diferentes que regulan el sector en las
distintas Comunidades Autónomas solo confunden al consumidor.
Demandamos la revisión y simplificación, tanto de la normativa turística como de
cualquier otra regulación de tipo administrativo, fiscal, y legal que afecte la actividad
de los micro-negocios turísticos, incluso en zonas urbanas, para alcanzar una
situación de carga similar o menor que los países que son competencia directa. Este
proceso debe realizarse de manera similar, homogénea, y comparable,
preferentemente en todo el territorio de España.
1
Frente a la norma anterior, elimina la identidad de requisitos técnicos y de equipamiento entre Casa Rural y
Vivienda Turística de Alojamiento Rural, creando diferencias en algo que principalmente es lo mismo.
2
Establece la figura de Vivienda Turística de Alojamiento Rural en el art. 48, sin embargo, la Disposición
Transitoria Tercera establece que sus titulares se tienen que transformar en Casa Rural, en el plazo de 18 meses,
lo cual supone una clara contradicción e incoherencia dentro de la Ley.
3
La limitación a tres meses en la prestación de servicio para una figura alojamiento que es mayoritaria en el turismo
rural andaluz (VTAR – 67% de la oferta), carece de argumentos y es imposible de controlar. Además no está
claramente definida, caben diversas interpretaciones del texto (suma de días ocupados, duración de apertura,
estancia máxima de un mismo cliente).

2. (2) Gestión territorial del turismo rural e interior
Existe una dispersión territorial y de titularidad, en los servicios y recursos rurales,
que requieren una gestión integrada para ser atractivos y visibles como conjunto.
Las zonas referentes en turismo rural-interior están organizadas por entidades
específicas de gestión que cubren un ámbito que se podría describir como “micro-
destino”: Un territorio que el visitante percibe como el espacio donde va a pasar la
mayor parte de su estancia y que le sirve como atractivo para su decisión.
Sería un territorio similar a una comarca, pero visto desde la perspectiva de
homogeneidad turística y sin tener delimitaciones administrativas. Ejemplos: Las
Alpujarras, Subbética, Serranía Ronda, Cazorla, … Dentro de estos micro-destinos,
se debe establecer una gestión integral de recursos para así facilitar el movimiento
del visitante (DMO-Destination Management Organisztions). Modelo a seguir: los
“Syndicats d’initiatives” en Francia o la estructura existente en las regiones de
Austria, especialmente en el Tirol.
Demandamos la consideración expresa de estas estructuras en la Ley de Turismo de
Andalucía, así como la definición de su financiación (problemática de una eventual
tasa turística) y su estructura básica, donde debe garantizarse una mayoritaria
participación privada.
(3) Co-responsabilidad publica-privada
La Administración asume en la actualidad de manera exclusiva la gestión de temas
como clasificación, promoción, o calidad turística. Así, se institucionalizan y
burocratizan tareas que por su propia naturaleza, son dinámicas y evolucionan más
rápido que la capacidad de reacción del sector público para adaptarse a estos
cambios.
Conscientes de ello, dentro y fuera de España están ganando terreno modelos que
delegan estas tareas en el sector privado o en entes mixtos, capaces de gestionar con
mayor eficacia y agilidad. Por lo que proponemos que sea el modelo a seguir también
para Andalucía.
Áreas temáticas:
3.1) Clasificación y control de servicios turísticos. Ejemplos: Alemania
(sistema enteramente privado de clasificación); Reino Unido (ente mixto);
Francia (norma pública, pero delegando la competencia para realizar las
clasificaciones en entidades privadas). Demandamos el impulso expreso de
estas soluciones, pasando por la correspondiente homologación y
reconocimiento administrativo.
3.2) Calidad. Situación similar. El sistema español de la “Q” de calidad es
demasiado ambicioso para la mayoría de las micro-empresas turísticas, no solo
del mundo rural. Debe complementarse con el apoyo de sistemas más sencillos
de gestión privada, que son capaces de alcanzar un gran número de servicios y
con ello, contribuir a elevar la media del nivel general del sector.
Demandamos el impulso y el apoyo necesario a los citados sistemas privados,
previa homologación con criterios básicos comunes (modelo “paraguas”).
3.3) Promoción. La promoción turística de Andalucía a través de la antigua EPTA
(“Turismo Andaluz”, ahora Empresa Publica para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía) depende exclusivamente de decisiones de la Consejería
del ramo. No cuenta con ningún órgano colegiado donde se pueda producir un

3. consenso, coordinación, o puesta en común entre acciones públicas y
necesidades del sector privado. Demandamos la creación de un Consejo de
Promoción, con fuerte representación empresarial y con claras competencias en
la materia.
3.4) Formación y prospectiva. El Decreto 20/2002 de Turismo Rural y Activo
prevé establecer planes de formación en coordinación entre sector público y
privado: pura teoría que solo se ha cumplido en los años 2004/5. Las acciones
del extinto CENTIA - “Centro de Turismo Interior” en Úbeda (cerrado hace
varios años) se definieron sin participación del empresariado. No se ha
realizado – o no consta – actividad continuada relevante en materia de
prospección, observatorio sectorial, o similar que pueda dar apoyo a
planteamientos y decisiones estratégicas del sector. Demandamos una
revitalización del CENTIA en colaboración público-privada, como centro
monográfico de conocimiento, prospección, investigación, y formación, en
apoyo del turismo interior.
(4) Coordinación inter-administrativa
El turismo es una actividad transversal que afecta – y se ve afectada – por múltiples
políticas: turística, urbanística, cultural, medioambiental, formación … entre otras.
Existe una dispersión completa entre estas políticas, sin gremio ni entidad que pueda
coordinar o por lo menos, mantener una comunicación entre estas distintas áreas.
Multitud de normativas aplicables desde estructuras diferentes, de una misma
administración, son contradictorias entre sí, creando conflictos “eternos” e
infranqueables para micro-empresas. Para corregir esta situación, las figuras
formalmente establecidas en la anterior, y actual, Ley de Turismo de Andalucía han
mostrado ser puramente formales sin tener “vida” ni funciones o competencias
relevantes.
Demandamos la creación de un gremio transversal a través de todas las
administraciones que afectan a la actividad turística, con competencias concretas y
de impacto real (p.ej. formular propuestas de tramitación obligatoria, veto sobre
nuevos reglamentos, entre otros aspectos).