1. MECANISMOS CONTRA LA CORRUPCION
Hay tratadistas que dicen “la corrupción no deja pruebas, porque su mejor aliado
es la impunidad”. Pero en mi experiencia puedo ripostar, que el efecto
demostración la delata. Porqué utilizo el vocablo delata, que se deriva del verbo
delatar, pues me apoyo en el significado de su terminología: “Poner de
manifiesto algo que está oculto o que no se quiere dar a conocer”. La sociedad
dominicana debe poner interés en disminuir el impacto negativo que ejerce la
corrupción en el ámbito económico y social, para lograrlo solo tiene que hacer
prevalecer estos tres mecanismos: veracidad de los registros que formalizan las
transacciones; transparencia en las declaraciones juradas, y rendición de
cuentas.
Al leer el primer párrafo, se podría interpretar que me estoy refiriendo a la
corrupción en el sector estatal, como auditor forense, puedo asegurar que en el
sector privado este flagelo ataca con más fuerza que en el otro sector, ya que
tiene la capacidad para contagiarse entre sus componentes y se dispersa con
mucha facilidad en los poderes del estado. La diferencia entre un sector y otro,
para dar a conocer sus atrocidades, es que en el sector estatal, el interés público,
o sea la ciudadanía, le presta atención a los actos de corrupción, debido a que,
consideran que los recursos mal administrados provienen de sus impuestos. En
cambio, en el sector privado, la interpretación que se le da a un acto de
corrupción, es el silencio, mayor aun si el acto de corrupción se llevó a cabo en
una “empresa familiar”.
Con estos tres mecanismos considero que podremos disminuir el impacto de este
flagelo y su expansión en la sociedad. El primero en aplicarse es la veracidad de
los registros. Esta es una manera de frenar cualquier acto ilegal, ¿cómo es
posible? Pues si usted es abogado, contador, ingeniero, medico, comerciante,
emprendedor, no permita que una transacción donde usted es parte contenga
información que no corresponda a realidad. La corrupción se origina cuando un
documento no soporta medios o manera de fiabilidad. Que al validarse amañan
su contenido. Y que su contenido no se corresponde con la realidad.

2. El segundo mecanismo, es una exigencia que ha venido aplicándose con cierta
permisividad, ya que las declaraciones juradas de los incumbentes de cargos
públicos no se presentan con la transparencia debida, puesto que en la mayoría
de los casos no reflejan la verdad. En unos casos los bienes son abultados u
omitidos adrede y en otros, son inventados Con respecto a las declaraciones de
las empresas del sector privado, cuando tienen la obligación de ofrecer
informaciones a las entidades fiscales del gobierno, una muestra representativa
minimiza los ingresos, por un lado, y por otro, tienden a incrementar los costos y
gastos.
Por último, la rendición de cuentas, que difícil es para un administrador de
recursos públicos o privado, testimoniar ante los interesados cómo utilizó los
bienes puestos a su disposición. En cambio, cuando hay presión para ofrecer un
informe detallado de su gestión, en ocasiones, se tergiversan los hechos o se
destacan otros aspectos alejados totalmente del tema principal.
En la legislación dominicana y en la normativa auxiliar, tenemos, leyes,
reglamentos, normas, disposiciones estatutarias, resoluciones, etc., que
ejecutadas mediantes principios éticos, se pueden llevar a su mínima expresión
las acciones corruptas de funcionarios y empleados inescrupulosos, ya sean estos
públicos o privados.
Los que aplicamos las Normas ISO en nuestro ejercicio profesional, conocemos
una frase impactante: “lo que no se puede medir, no se puede controlar”, y los
tres mecanismos contra la corrupción, enunciados anteriormente, exigen control
y seguimiento, ya que si no hay veracidad de los registros (documentos
comprobatorios de cualquier acción) no puede haber transparencia en la
declaración y justificación de los actos, por ende no habrá rendición de cuentas.
Eso es lo que genera el aliado más efectivo de la corrupción: la impunidad.
Lic. Julio Gutiérrez H., CPA
Auditor Forense
Miembro 1001 ICPARD