Temáticas y documentos de apoyo para el concurso de oratoria.

1. PROBLEMÁTICA DE LA CORRUPCIÓN EN LOS
DIFERENTES CONTEXTOS DEL PAÍS
La corrupción en Colombia
La Directora de Transparencia por Colombia examina brevemente
los alcances, las causas, las mediciones y los posibles remedios
de una enfermedad que nos está destruyendo.
Elisabet Ungar
Cáncer de la democracia
"No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la
corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al
sistema democrático de poder. Lo mismo pasa con los mafiosos, los
mafiosos no son solamente criminales, la mafia es un sistema de poder
económico, un sistema de poder político, un sistema de poder religioso, un
sistema de poder financiero(...) La nueva corrupción del tercer milenio se
llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la
democracia, el libre mercado, destruye el normal funcionamiento del
sistema".
Esta frase, pronunciada por Leoluca Orlando, diputado italiano y ex alcalde
de Palermo durante una visita a Bogotá el mes noviembre de 2009[1],
sintetiza de manera contundente los alcances e implicaciones de la
corrupción en el mundo.
En particular, es importante llamar la atención sobre la relación que
establece entre corrupción y democracia. Las prácticas corruptas impiden
materializar los principios y los objetivos del Estado Social de Derecho, en la
medida en que concentran en manos de unos pocos los recursos y bienes
que deberían destinarse a intereses colectivos; distorsionan la toma de
decisiones a favor de intereses particulares; aumentan los costos de
administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto
por la autoridad, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, y
contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado.
También es relevante señalar la vinculación que según Orlando existe entre
la corrupción y los actores y acciones de naturaleza mafiosa. Esto es

2. especialmente cierto para el caso colombiano, donde esta relación se ha
puesto en evidencia de manera contundente en los últimos años, cuando
sectores vinculados con actividades ilegales -narcotráfico y paramilitarismo-
resultaron comprometidos en la captura y la reconfiguración cooptada del
Estado, fenómenos evidentemente imbricados con prácticas corruptas. No
en vano varios analistas colombianos, han hablado de la existencia de un
círculo perverso entre corrupción, violencia y narcotráfico.
Una corrupción más grave
Por ejemplo, Luis Jorge Garay se refiere a este fenómeno en los siguientes
términos: "Aquello que, hasta hace algunos años, se conocía como
corrupción -el soborno, la adjudicación indebida de contratos, el clientelismo
y el desvío de recursos públicos- ha cambiado al punto de que actualmente
sólo puede analizarse y entenderse en un contexto más amplio que el
tradicional, ante el papel determinante que han ejercido procesos y actores
de corte mafioso"[2].
Esto hace que la acepción tradicional de la corrupción, que ha sido definida
por Transparencia Internacional como "el abuso de posiciones de poder o
de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo,
realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en
especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u
omisiones", se quede corta para entender la complejidad del fenómeno en
sociedades como la nuestra. Y que sea necesario abordarla como
una "práctica funcional en la organización económica, política y social
existente que se manifiesta bajo una lógica de interacción de agentes para
la satisfacción de intereses de grupos poderosos legales e ilegales al
margen del mercado y en veces de la institucionalidad, en detrimento de
intereses y propósitos de la colectividad"[3].
Debilidad de Colombia
Además de lo anterior, hay algunas condiciones estructurales del Estado
colombiano, del sistema y del ejercicio político que se constituyen en caldo
de cultivo para la corrupción. Entre ellas,
 La concentración creciente del poder en el Ejecutivo y las debilidades
del sistema de pesos y contrapesos;
 El clientelismo;
 La impunidad;
 La falta de transparencia en la financiación de la política;
 La "cultura del atajo" y el "todo vale";

3.  Una débil cultura de rendición de cuentas;
 El incumplimiento por parte de muchas entidades públicas del
derecho de acceso a la información;
 Fallas en el diseño de la institucionalidad estatal, e
 Incumplimiento de la normatividad vigente.
Además, la corrupción está inmersa en toda la sociedad, involucrando al
sector público, al sector privado y a la ciudadanía. Dicho en otras palabras,
el fenómeno parece estar relacionado con causas de orden ético, social,
político y administrativo.
Mal en el ranking mundial
Las diferentes mediciones realizadas sobre la corrupción en Colombia
muestran un panorama bastante desalentador. Según el Índice de
Percepción de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, Colombia
obtuvo un puntaje de 3,5 (siendo "0" la calificación más baja, es decir alta
percepción de corrupción, y 10 la más alta, o sea la percepción de
corrupción más baja). Esto sitúa al país en el puesto 78 entre 178 países
evaluados. De otra parte, en el contexto americano, Colombia ocupa el
décimo puesto (entre 18) y en el Latinoamericano, el cuarto (El Cuadro
anexo al final de este artículo presenta la información desagregada).
Adicionalmente debo resaltar que durante los últimos doce años no ha
habido cambios significativos, lo cual indica que las políticas y acciones
emprendidas para enfrentar la corrupción no han sido eficaces.
De otra parte, según el Barómetro Global de Corrupción 2009 (cuadros 1 y
2), Colombia tiene uno de los niveles más altos de desconfianza en los
partidos políticos y en el poder legislativo del Continente. Estas instituciones
son percibidas como las más permeadas por la corrupción. De la misma
manera, Colombia es el país que en mayor grado percibe al sector privado
como corrupto, al igual que a los medios, los funcionarios públicos y el
poder judicial.
Cuadro 1. Institución percibida como la más afectada por la corrupción
en Latinoamérica - Calificaciones

4. Cuadro 2. Institución percibida como la más afectada por la corrupción
en Latinoamérica - Porcentajes

5. Si nos trasladamos al ámbito empresarial, la situación no es menos
preocupante. De acuerdo con el Foro Económico Mundial 2009 - 2010, el
primer factor que dificulta la realización de negocios con empresas privadas
en Colombia es la corrupción, por encima de motivos como los impuestos,
la ineficiencia de la burocracia estatal, la infraestructura o el crimen y la
violencia.
¿Cómo hacerle frente al mal?
El Gobierno del Presidente Santos, preocupado por este problema, ha
presentado al Congreso de la República un Estatuto Anticorrupción y ha
expresado públicamente su compromiso de adoptar diversas medidas para
combatirlo. El Proyecto de Ley, sin duda, es un avance, pero debe ser visto
como una pieza de una política integral.
Esta ha sido, precisamente, la propuesta que Transparencia por Colombia
le ha hecho al Gobierno Nacional. Se debe trabajar en el diseño de
una Política de Estado por la Transparencia y la Lucha contra la
Corrupción que involucre a todas las ramas del poder público y a los
distintos niveles de gobierno, así como al sector privado y organizaciones
no gubernamentales en el esfuerzo común de combatir la corrupción. Para
esto se debería promover un consenso nacional sobre las prioridades y
temas clave en la, que identifique compromisos y responsabilidades de los
sectores relevantes, así como políticas, con su correspondiente plan de

6. acción e instrumentos. Para ello se deben definir objetivos precisos, con
metas de impacto, indicadores verificables, con el fin de elaborar planes con
orientaciones concretas y poder realizar seguimiento y evaluaciones
rigurosos.
Una política pública de lucha contra la corrupción debe contemplar medidas
de prevención, investigación y sanción, y propender por la integración y
coordinación de todos los entes responsables de su aplicación. Y ajustarse
al pleno cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra
la corrupción[4], de las cuales Colombia es signataria.
Colombia tiene un buen desarrollo normativo en materia de lucha contra la
corrupción. Sin embargo, la gran deuda es el cumplimiento formal y
sustantivo de la norma. Por ello es indispensable aumentar la capacidad
del Estado para cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la gestión
pública en temas relacionados con la corrupción. Entre ellos, por su
impacto en el fenómeno, cabe destacar los siguientes:
 Gestión de la contratación estatal.
 Gestión contable y desempeño financiero
 Fortalecimiento de la institucionalidad local y departamental
 Acceso a la información
 Promoción y publicidad de las decisiones y acciones públicas
 Rendición de cuentas
Pero más allá de las normas, una efectiva Política Integral de Lucha contra
la Corrupción no es concebible si no contempla un fuerte componente de
educación y de participación ciudadana. Y sobre todo, si no entendemos
que todos somos, por acción o por omisión, corresponsables de la
corrupción: el sector público, el sector privado, los medios de comunicación
y la ciudadanía.
Solo entonces la corrupción dejará de ser una transacción de bajo riesgo y
altos rendimientos y se convertirá en una de alto riesgo y bajos
rendimientos.
De acuerdo con el sistema de análisis desarrollado por Robert Klitgaard, puede esperarse
que la corrupción aumente con el grado de ineficiencia en el cual se desarrolla la actividad
de las instituciones, con la discrecionalidad de los funcionarios, con el grado de monopolio
sobre los servicios que prestan, con los ingresos que pueden obtenerse en las actividades
corruptas, con una baja probabilidad de ser descubierto, con unos bajos castigos para las
actividades corruptas y con una baja sanción social sobre los individuos corruptos.

7. LA PROBLEMÁTICADE LA CORRUPCION
INEFICIENCIA
Esta es, probablemente, la causa más importante de la corrupción. La ineficiencia reduce
la calidad del servicio que las entidades prestan al público y, por consiguiente, crea
estímulos tanto para que cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención del servicio
como para que el funcionario se involucre en este tipo de transacciones. La ineficiencia
está asociada a la carencia o el pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y
control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas, establecer las
responsabilidades y aplicar los castigos.
Un estudio completo de la ineficiencia en el sector público colombiano va más allá de los
propósitos de este informe, pero algunas de sus causas y manifestaciones identificadas
en el pasado merecen ser mencionadas:
El gobierno se ha sobreextendido en sus funciones. En el pasado, el Estado asumió
responsabilidades sobre la provisión de un número demasiado grande de bienes y
servicios que no podía cumplir en la forma apropiada. Como resultado necesario, esas
funciones se han cumplido con bajos niveles de eficiencia y eficacia.
tanto los funcionarios de primer nivel en las entidades como las políticas de las
instituciones son muy inestables. El frecuente relevo de directores lleva a que los cargos
de mayor responsabilidad sean ocupados por personas de su confianza, lo que trunca las
posibilidades de ascenso de los empleados que han permanecido mayor tiempo en las
entidades. A su vez, esto lleva a la idea extendida entre los empleados medios y bajos de
que la calidad de la gestión no es importante, pues los resultados no tienen posibilidades
de salir a la luz ya que serán borrados por una administración diferente, que
necesariamente llegará pronto con nuevos planes y prioridades. Las entidades públicas
ofrecen escasos incentivos para el desarrollo profesional de los funcionarios en general.
La primacía de los criterios políticos en la selección del personal y en la asignación de los
ascensos refuerza la tendencia. Con algunas excepciones, el prestigio asociado al
desempeño de un cargo público se ha reducido dramáticamente en Colombia en las
últimas dos décadas. Los profesionales recién graduados, en particular los más brillantes,
muestran un interés decreciente por trabajar con el Estado.
Lo anterior lleva a que la calidad profesional de los empleados del sector público en
general sea baja. A la falta de estímulos en cuanto a posibilidades de surgimiento
profesional se añaden los bajos salarios que pagan las entidades públicas. Las
restricciones presupuestales han generado un descenso de los salarios de los
funcionarios en términos reales y en particular en comparación con los niveles del sector
privado. Los salarios de entrada son particularmente bajos, lo que refuerza la tendencia a
la vinculación de los mejores profesionales recién egresados al sector privado. El estado
de ánimo en general de los funcionarios públicos es de apatía y falta de iniciativa.
La conformidad del funcionario público es en muchos casos resignación dizfrazada. En
otros estrategia para permanecer en una oportunidad que probablemente no se repetirá, y
en otros consecuencia de la falta de una adecuada motivación para entender con claridad

8. el alcance de las tareas que están a su cargo".
Dentro de la administración del estado no hay un sistema que premie la gestión eficiente y
castigue la ineficiente. Un sistema de carrera admnistrativa que tiene fuerza legal, pero no
está siempre basado en la promoción de acuerdo con el mérito, tiende a generar
estabilidad laboral para el personal ineficiente o corrupto, y escasas motivaciones para los
buenos profesionales.
No existen sistemas efectivos y generalizados de control de resultados, de modo que no
se cuenta con los parámetros necesarios para medir la efectividad del desempeño.
Frecuentemente existe confusión respecto de los propios objetivos de las instituciones. La
falta de organizacion y planeación hace que sea muy difícil obtener información oportuna
y exacta sobre los resultados de la gestión. Este solo factor es una de las principales
explicaciones del caos administrativo y la corrupción.
MALA CALIDAD DEL CONTROL
De acuerdo con lo visto anteriormente, la corrupción aumenta cuanto menores sean tanto
la probabilidad de que el agente corrupto sea descubierto, como la fuerza del castigo
cuando se aplica. En ambos casos la evaluación de la situación colombiana es poco
favorable.
Los mecanismos de control de los resultados dc la gestión pública én Colombia son de
baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de las
instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el sistema
judicial) .
El control administrativo que debería ser llevado a cabo por cada entidad individual no es
efectivo por varias razones. En primer término, como ya se mencionó, las entidades
frecuentemente no tienen claridad sobre sus propios objetivos, los empleados no conocen
tales objetivos adecuadamente y es imposible contar con este punto de referencia
fundamental para la evaluación de resultados.
Aparte de esta falla esencial, los procedimientos de control que existen no se cumplen.
Existen mecanismos legales creados para llevar a los empleados a responder por sus
responsabilidades, pero su efectividad es muy baja.
En la teoría y en la letra de las leyes, la responsabilidad de los funcionarios puede
manifestarse en cuatro tipos de consecuencias: civiles, disciplinarias, penales y políticas.
Sin embargo, estas consecuencias no llegan a verificarse en la práctica por diversos
motivos.
La responsabilidad civil puede llegar a afectar el patrimonio de los empleados públicos por
los daños que por su culpa grave o dolo se ocasionen sobre el patrimonio público y
también sobre el de los particulares. En la práctica estas consecuencias no llegan a
producirse, pues por lo general los particulares lesionados realizan acciones contra las
entidades y no toman acciones directas contra el funcionario. Las entidades deberían,
cuando se han visto obligadas a resarcir a los particulares por este motivo, hacer efectiva
la responsabilidad de los funcionarios. Sin embargo, esto por lo general no ocurre. La
ausencia de responsabilidad de los funcionarios en estos casos ha permitido que las
sumas pagadas por la Nación en demandas ante los tribunales hayan aumentado de 600
millones de pesos en 1986 a más de 6.000 millones de pesos en 1991, la mayor parte
debidas a decisiones equivocadas y malos manejos de los funcionarios. En muchas
ocasiones los procesos se pierden por negligencia de parte de la defensa, y no se aplican
los mecanismos existentes para que los responsables reviertan los recursos perdidos al

9. erario.
En cuanto a las responsabilidades disciplinaria y penal, que también figuran en la letra de
los estatutos disciplinarios y del Código Penal, no tienen en la práctica la efectividad que
se les atribuyó, pues para establecerlas se requiere la comprobación plena de los hechos
que les sirven de causa. Sin embargo, las dificultades que existen en el país para realizar
investigaciones judiciales que conduzcan a la obtención de pruebas suficientes (que son
la causa del estado de impunidad general), unidas al desinterés de los funcionarios del
Estado y los representantes de las entidades públicas por contribuir a esclarecer hechos,
y a la falta de colaboración de la ciudadanía, llevan a que las responsabilidades
disciplinaria y penal no se concreten en hechos sino en casos excepcionales.
Finalmente, la responsabilidad política existe para los altos funcionarios y requiere para
que se haga efectiva la acción del Congreso. Hasta ahora ella solo se ha concretado en
casos excepcionales.
En cuanto a la eficacia del castigo por la vía judicial, esta es también muy baja. La
probabilidad y la fuerza de la acción judicial han sido tradicionalmente débiles. De acuerdo
con las estadísticas oficiales (que son escasas y atrasadas) son pocas las acciones
corruptas que llegan a tener consecuencias judiciales. Según cifras del Dane, en el primer
semestre de 1990 entraron en la etapa de iniciación del sumario 1.411 casos de delitos
contra la administración pública. Las autoridades judiciales llegaron a dictar providencias
de algún tipo en 1.558 casos dentro de su inventario de procesos acumulados (cabe
destacar que los delitos contra la administración pública apenas fueron el 1.3 por ciento
del total de las providencias dictadas en ese período dentro del sistema judicial
colombiano) .
De esos 1.558 casos, 1.129 (el 72 por ciento) correspondieron a providencias de cesación
de procedimiento. Los procesos se terminaron debido a una variedad de razones, siendo
la más importante la prescripción, citada en el 42 por ciento de los casos. Solo 316 casos
(el 20 por ciento) recibieron una resolución acusatoria.
Estos resultados no son extraordinarios dentro del contexto de la justicia colombiana,
pues de 122.967 procesados, el 82 por ciento llegó a una resolución de cesación de
procedimiento, y solo el 12 por ciento obtuvo una resolución acusatoria. Esta es una
demostración más de la ineficacia general del sistema legal colombiano, caracterizado por
una sobrecarga de casos en manos de los jueces, una incapacidad para desarrollar
investigaciones adecuadamente y un clima general de impunidad. La corrupción en sus
diferentes manifestaciones ha sido un tema de baja prioridad para el sistema judicial.
DISCRECIONALIDAD
Los temas de la operación de los mecanismos de control en Colombia y la
discrecionalidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones están
estrechamente ligados.
Como se mencionó, los sistemas de control se basaron en el pasado en el principio del
control previo (la expedición de la Constitución de 1991 podría ser señalada como el
momento del cambio hacia un nuevo esquema de control posterior). En los hechos, el
control previo terminó por convertirse en una talanquera para la eficacia de la
administración y en una fuente de corrupción.
Este tipo de control se basa en la disposición de múltiples procedimientos de chequeo,
controles y requisitos casuísticos que deben verificarse a medida que progresan las
acciones de la administración. Estos controles, que parten de presumir la mala fe de los

10. administradores, han tenido varias consecuencias. En primer término el objetivo central
del control, mantener la responsabilidad del funcionario, se ha perdido, y los controles han
degenerado en tramitomanía (el ejemplo típico es lo que ha ocurrido con la contratación
pública a partir del decreto 222). Los funcionarios le dan la mayor prioridad al
cumplimiento de los requisitos ordenados por las normas que al cumplimiento de su
verdadera responsabilidad, es decir, al logro de unos objetivos de gestión. El precepto
que determina que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite, al
contrario de los individuos privados que pueden hacer lo que la ley no les prohíbe, ha
terminado por ser un pretexto para que los funcionarios no tomen las decisiones que les
corresponden para llegar a la solución de los problemas. La tramitomanía y un ambiente
institucional caracterizado por la falta de compromiso con el cumplimiento de objetivos de
gestión constituyen un entorno ideal para el surgimiento de la corrupción.
En segundo lugar, puesto que los puntos de control o chequeo están repartidos a lo largo
de la cadena administrativa, la tramitomanía contribuye a diluir la responsabilidad, pues
las consecuencias indeseables deben ser. atribuidas a todos los que participan en la
cadena. De esta forma no hay responsables reales por los descalabros, pues las
decisiones no recaen en un solo funcionario.
Dado que los efectos del control son bajos y existe una multiplicidad de requisitos que
permiten que se diluya la responsabilidad, los funcionarios públicos en Colombia tienen en
general una amplia discrecionalidad, que equivale a decir que sus acciones en perjuicio
del interés público no suelen traer consecuencias. En la medida en que esta situación
prolifera, la corrupción avanza.
MONOPOLIOS DEL ESTADO
El Estado opera como proveedor monopólico de muchos de los servicios que presta en la
sociedad colombiana. Estos monopolios permiten que existan entidades que funcionan
durante largos períodos con bajos grados de eficiencia v elevados índices de corrupción,
sin que el público pueda rechazarlas absteniéndose de comprar sus servicios. Se debe
destacar que la existencia de monopolio, público o privado, se presta para la ocurrencia
de corrupción. A la inversa, la introducción de competencia en la prestación de servicios,
a través de unidades públicas o privadas, diluye las posibilidades de corrupción.
SANCION SOCIAL SOBRE LOS CORRUPTOS
El rápido desarrollo de la sociedad colombiana en las últimás décadas y la sucesión de
"bonanzas" económicas de diferente origen le han dado un lugar de privilegio en la escala
social de valores al enriquecimiento lícito y también al ilícito. La tenencia de dinero genera
aprecio social, y su carencia lleva a la situación contraria. El atractivo del dinero es
suficientemente grande como para que se olviden los reparos respecto de la forma como
éste es obtenido; desde el punto de vista de la actividad social de una persona, en
Colombia probablemente causa una sanción social mayor no tener dinero que haberlo
obtenido a través de la corrupción.
Esto hace parte de un ambiente general en el cual el tráfico de influencias es mirado con
benevolencia y el uso de recursos públicos para fines privados es considerado como una
prerrogativa normal asociada al logro de altas posiciones de mando en el sector público.
Por su parte, el papel que cumplen los medios de comunicación dentro de la lucha contra
la corrupción es ambiguo. Por una parte, los medios publican las denuncias y los

11. resultados de las investigaciones, con lo cual contribuyen a la creación de una conciencia
social sobre el problema. Los directivos de entidades públicas entrevistados consideran
en general que la denuncia a través de los medios de comunicación tiene un papel
sobresaliente dentro de sus esfuerzos por combatir la corrupción.
Sin embargo, el afán de obtener noticias vistosas y "amarillistas" centradas en el tema del
crimen y castigo, y la precaria preparación de algunos periodistas, llevan a que los medios
no comprendan la forma como operan las entidades públicas. En consecuencia, no
transmiten una visión real de ellas, ni dan a los ciudadanos la información y la visión que
necesitan para defenderse de los corruptos. Adicionalmente, en la actualidad las
publicaciones de los medios de comunicación sobre el tema de la corrupción dependen
casi en su totalidad de la información suministrada por los organismos fiscalizadores del
gobierno, es decir, la Procuraduría y la Contraloría. Su labor se ha limitado ha servir de
caja de resonancia del trabajo de estas dependencias.
LA CIUDADANIA Y LA LUCHA CONTRALA CORRUPCION
Esta se ha limitado a unas pocas experiencias con pobres resultados. La ciudadanía no
ha encontrado vínculos efectivos para presionar por una solución efectiva al problema de
la corrupción. Esto se debe en buena parte a que su posición respecto del tema es
ambigua, pues los actos corruptos existen precisamente porque hay agentes privados
dispuestos a involucrarse en ellos.
Aparte de esto, existe una percepción extendida en cuanto a la inutilidad de la acción de
los ciudadanos sobre este problema. Los grupos más afectados por la corrupción (los
consumidores y usuarios de bienes y servicios producidos por el Estado) no se han
organizado de modo que su intervención constituya una presión efectiva sobre los
funcionarios públicos. Las oficinas de quejas en el pasado generaron una respuesta poco
efectiva; lo normal es que estas oficinas reciban un número grande de denuncias en el
momento en que se abren, pero luego este número desciende a medida que se pierde la
novedad y que los denunciantes notan que su participación no tiene consecuencias para
los implicados en las acciones corruptas (los propios funcionarios de la Contralaría son
conscientes de que éste es uno de los principales problemas que enfrentan al emprender
una campaña moralizadora entre el público).
Existe un antecedente significativo de una iniciativa privada enfocada a resolver el
problema de la tramitomanía y la corrupción asociada a ella. A mediados de la década de
los 80 se constituyó la comisión "Colombia Eficiente", como un esfuerzo liderado por el
sector privado, en cooperación con el sector público, destinado a proponer soluciones
para casos concretos de ineficiencia de este último. Esta comisión despertó un notable
entusiasmo en el sector privado. Se trataba, en principio, de una organización permanente
que no se disolvería al terminar el gobierno durante el cual fue creada. Su objetivo era
encontrar puntos específicos en la administración pública donde la ineficiencia y la
tramitología estuvieran presentes, estudiar las situaciones, presentar propuestas
específicas de solución, hacer un seguimiento de los problemas y estimular la motivación
del público en general en cuanto a la importancia de este esfuerzo. Los principales
gremios del país se vincularon a la comisión. La mayor parte de su financiación provino
del sector privado.
La comisión "Colombia Eficiente" empezó sus labores con entusiasmo, pero pronto se
marchitó. Aunque la comisión nació con el respaldo del gobierno, el sector privado terminó
por convencerse de que sus recomendaciones no eran tomadas en serio y que se hacía

12. poco por llevarlas a la práctica.
Lamentablemente, la decisión y el apoyo del gobierno se debilitaron frente a la
conspiración silenciosa de muchos sectores burocráticos que veían la posibilidad de
perder los beneficios derivados del funcionamiento lento de los sistemas tradicionales
que, como todos sabemos, crean un marco propicio para el mantenimiento del predominio
clientelista y el ejercicio de la deshonestidad. Las prelaciones del gobierno variaron y las
fórmulas de simplificación que presentaba la comisión se recibían con entusiasmo pero no
se ponían en práctica, circunstancia que llevó a los representantes del sector privado a
adoptar la única alternativa posible: retirarse de la comision
"Se truncó así un esfuerzo que, con el apoyo del sector privado y de los medios de
comunicación, hubiera podido cambiar el funcionamiento del país, si se hubiera
mantenido el apoyo del presidente de la República durante la totalidad de su período de
gobierno. El cambio de actitud oficial quedó demostrado, pues después de la renuncia de
los miembros del sector privado, la comisión 'Colombia Eficiente' nunca fue reintegrada y
se prefirió minimizar en los corredores palaciegos, el impacto y el alcance de las
propuestas de agilización que hubiera permitido avanzar en la democratización del país".
Igualmente, debe destacarse que las novedades introducidas en la legislación colombiana
a partir de 1986, así como la Constitución de 1991 tratan de los mecanismos que permiten
una mayor participación ciudadana en el manejo de la administración pública, los cuales
ofrecen una gran oportunidad si se utilizan apropiadamente.
Por qué hay tanta corrupción en Colombia?
Esta es una tendencia arraigada en nuestra historia, nuestra cultura y nuestra organización
social.
La extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el país demuestran que no se
trata de un fenómeno ocasional y aislado.
Odebrecht, Reficar, los comedores escolares, Interbolsa, La Guajira, el cartel de los
pañales, el ‘carrusel’ de la contratación, Estraval... La lista de casos de corrupción en
Colombia parece interminable. ¿Qué está pasando?
La extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el país demuestran que no se trata
de un fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política, sino que estamos

13. ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan los códigos morales
más profundos.
La primera reacción ante este alud de corrupción es poner en entredicho la eficacia de los
organismos de control y del sistema judicial. Pero aunque el papel de estas instituciones es
muy importante, hay que notar que su actuación tiene ciertos límites y se reduce a los
hechos cumplidos: estas entidades no hacen mucho en la prevención y poco o nada a la
hora de combatir las raíces sociales del problema.
A estas últimas me propongo dirigir la atención en este artículo.
(Además: Corrupción es el principal problema del país en este momento: Gallup)
Los niveles de la moral
Empecemos por entender las etapas del desarrollo moral, que consiste en avanzar de una
concepción centrada en el interés personal hacia el reconocimiento cada vez más extenso de
los derechos ajenos. En los estudios sobre psicología infantil (especialmente en los textos
ya clásicos de Jean Piaget o de Lawrence Kohlbert) se han identificado varios niveles o
fases sucesivas en el proceso de construcción moral:
• En la fase de orientación egocéntrica, el yo y lo mío son lo central.
• En el nivel etnocéntrico, los grupos a los cuales pertenezco y con los cuales me identifico
pasan a ser el foco: la familia, la comunidad local o el país como un todo (por ejemplo, en
el nacionalismo).
• Bajo la orientación mundo-céntrica, toda la humanidad constituye mi foco de referencia.
• Y en el plano cosmocéntrico, mi orientación se extiende a todos los seres vivos.
El proceso de desarrollo moral es acumulativo, o sea que el reconocimiento de los
derechos se va ampliando sin excluir los referentes anteriores. Pero no todos los niños
ni en todas las culturas se completa el proceso, de modo que la moralidad de muchas

14. personas adultas corresponde a las etapas iniciales.
Los niveles superiores de esta escala (mundo y cosmocéntrico) son esenciales para
fundamentar una moral genuinamente interesada por los temas ambientales, por ejemplo. Y
en el nivel etnocéntrico, el individuo necesita al menos abordar el país como un todo para
fundamentar una moralidad genuinamente preocupada por la corrupción.
Aquí es donde está el problema: muy pocas personas alcanzan el nivel etnocéntrico
ampliado. Es decir, a pocos les importa el país como un todo. Veamos por qué.
País dividido
Para empezar, consideremos el origen de nuestra estructura social. Esta proviene de la
Conquista española, la cual entronizó una jerarquía de castas fundamentada en la
pureza racial durante más de tres siglos. La Independencia, auspiciada por los criollos
blancos, llevó a la abolición formal de las castas, pero no acabó las prácticas sociales de
exclusión o discriminación por razones de sangre.
Esto implicó la persistencia de sistemas de relaciones de dependencia personal, lo cual ha
impedido el desarrollo de una solidaridad nacional democrática, elemento esencial para una
moral colectiva genuina. Más bien, la solidaridad se ha ejercido dentro de redes
familiares y de clientelismo, que son muy limitadas.
La otra cara de la moneda ha sido el elitismo que dicha jerarquía entraña y que implica un
sentido de privilegio, de no estar sometido a reglas. Por eso se han acuñado refranes como
“la ley es para los de ruana”. Esto es importante, porque los estratos altos y medio-altos son
los mayores agentes de la corrupción en Colombia. Desde luego, se encuentra la
criminalidad más abierta en los estratos inferiores, pero esta nace en parte de las
dificultades de acceso a las oportunidades económicas.
El tránsito hacia una economía de mercado, que se dio en el país mientras se mantenía la
estructura anterior, significó la creciente intensificación de un nuevo criterio de éxito: el
económico. La individualización que conllevaba esta visión de éxito se ha traducido en
el abandono progresivo de los valores tradicionales que daban prioridad a la lealtad y

15. a la obediencia. Esta erosión de valores implicó el regreso desde niveles etnocéntricos más
amplios a unos menos amplios, hasta llegar al nivel puramente egocéntrico.
Por otra parte, la conformación física del país (compuesta por regiones separadas,
heterogéneas y con precarias vías de comunicación) dio lugar a una nación fragmentada
donde los “otros” no están articulados con el centro. Por ejemplo, en lo simbólico, apenas
hacia 1920 el país tuvo oficialmente un himno nacional. Y tampoco contribuyó a la
integración la persistencia del conflicto armado.
Ligado a lo anterior aparece la ausencia de un Estado con la fortaleza suficiente para
garantizar el reinado de la ley y la responsabilidad política de los elegidos (especialmente
en la periferia). Tal como lo han mostrado, entre otros, los trabajos de Fernán González,
Alejandro Reyes y Francisco Gutiérrez, lo que ha existido históricamente es un acomodo
entre élites nacionales, regionales y locales: las primeras conceden a las segundas un
amplio grado de autonomía a cambio de su respaldo.
Esta fragmentación mina por completo la independencia y efectividad de las escasas y
débiles instituciones nacionales, estimula el clientelismo y permite la corrupción. Por
ejemplo, muy recientemente el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura,
Juan Martín Caicedo, habló de este fenómeno en referencia a la adjudicación y realización
de obras.
Por otra parte, el limitado crecimiento económico del país y la concentración de sus
beneficios han significado niveles de apenas subsistencia para la mayoría de
colombianos. Como ha explicado el psicólogo Abraham Maslow, esta precariedad en las
condiciones de vida obliga a concentrar la atención en satisfacer las necesidades más
básicas, pero no permite pensar en los niveles superiores, donde se fundamentan la
moralidad y la solidaridad.
Sin duda, los grandes cambios sociales del último siglo han incidido sobre los patrones
de la moralidad, y en algunos contextos o sentidos han ayudado a crear nuevas
solidaridades integradoras. Por ejemplo, la concentración demográfica en centros

16. urbanos, la industrialización, el cambio tecnológico, la generalización de la educación y el
desarrollo de los medios de comunicación (hasta llegar a internet). A esto se suman la
expansión demográfica y el rejuvenecimiento de la población.
Todo esto constituye el fundamento de una nueva esfera de opinión pública crecientemente
crítica, cuya presencia e impacto se muestra en la cada vez mayor censura popular no solo a
la corrupción y la criminalidad, sino al irrespeto de los derechos fundamentales, de género
y de los animales, entre otros.
No obstante, la mayoría de colombianos viven todavía marcados por relaciones de
dependencia personal, en condiciones no muy alejadas de la subsistencia y con
solidaridades ancladas primariamente en redes familiares extendidas, lo cual inhibe el
desarrollo de una moral universal. Solamente el crecimiento de una clase media
próspera, segura e independiente puede fortalecer la capacidad moral.
La intensificación mundial del capitalismo neoliberal viene imponiendo modos de vida
caracterizados por la primacía del consumo, el cual tiene un referente esencialmente
privado e individual que erosiona los valores y las solidaridades más amplias. En tal
sentido, el capitalismo actual auspicia una regresión a identidades ancladas en lo
egocéntrico. Lo mismo hacen las tendencias de concentración del ingreso y de la riqueza,
especialmente fuertes en países como Colombia.
Esta situación refleja la gran dificultad para interiorizar las normas de equidad en
sociedades permeadas por la injusticia. Las dificultades de una moral incluyente se reflejan,
por ejemplo, en el escaso rechazo de los condenados y señalados por corrupción dentro de
sus comunidades. Esto se manifiesta asimismo en la tranquilidad con la cual estos hacen
despliegue público de sus riquezas.
En ausencia de una moral de base amplia, el Estado es percibido como un botín, una fuente
de la cual hay que aprovecharse si la oportunidad lo permite. Y el sector privado no escapa
a tendencias similares. Sin duda, las dificultades para acceder a canales alternativos de
movilidad social pesan en este problema, como también pesa el anhelo desbordado de

17. riqueza fácil.
Mientras no entendamos, reconozcamos y actuemos frente a estas raíces sociales y
psicológicas de la corrupción, difícilmente habrá avances sostenibles en su contención.
Desde luego, mejorar la actuación de las autoridades de sanción y prevención es muy
importante. Pero es fundamental construir una moralidad ciudadana más amplia a través de
enfoques de formación inteligentes con didácticas apropiadas para todas las dimensiones
involucradas: socioeconómicas, cognitivas, emocionales y valorativas.
EFECTOS DEVASTADORES DE LA CORRUPCIÓN
Los escándalos recientes de corrupción protagonizados por el Congreso de la República se
suman a la larga cadena de sobornos, mordidas y otros actos similares que se han vuelto
comunes en la vida diaria de los colombianos.
Además del rechazo natural que deben producir esos actos por parte de las personas
honestas, es necesario hacer algunas reflexiones sobre los alcances de la corrupción y su
impacto en aspectos tan relevantes como el crecimiento económico, la inversión pública y
la distribución del ingreso.
Además de contribuir a la desconfianza generalizada y a aumentar la ilegitimidad del
Estado, la corrupción tiene otros efectos devastadores sobre una serie de variables
económicas.
En efecto, la literatura reciente sobre este fenómeno ha encontrado argumentos bastante
razonables para concluir que las sociedades con altos índices de corrupción tienden a
mostrar una mayor inequidad en la distribución del ingreso y, al mismo tiempo, un pobre
crecimiento económico.

18. Aunque no es fácil medir el nivel exacto de corruptibilidad del sector público, si es posible
construir índices que representen la percepción de la sociedad sobre el grado de corrupción
de sus instituciones.
Vito Tanzi en un estudio reciente presenta un indicador denominado Indice Internacional de
Transparencia para 44 países incluida Colombia.
El índice varía de 0 a 10 donde 0 se refiere a los países en los cuales la mayoría de las
transacciones y relaciones están asociadas con actos de corrupción y 10 se refiere a los
países libres de este tipo de actos. Colombia presenta un índice de 2.23, cifra muy
preocupante si se considera que sólo es superada por países como Bolivia, Ecuador, Egipto,
Nigeria y Bangladesh considerados como los más corruptos. Atraso económico Sin lugar a
dudas, la proliferación de acciones corruptas por parte de los agentes públicos y privados
conlleva a una disminución del crecimiento económico.
Algunos estudios basados en métodos econométricos de corte transversal, así lo
demuestran. Lo que se ha encontrado en la literatura reciente es que la corrupción, sobre
todo la de tipo político, esta ligada principalmente a proyectos de inversión pública.
La corrupción incrementa el número de proyectos de este tipo, cambia su diseño,
aumentando los tamaños y el nivel de complejidad de los mismos Cuando la corrupción
juega un papel importante en la selección de proyectos y contratistas, el resultado de ese
proceso es un presupuesto de capital altamente distorsionado. Se construyen elefantes
blancos y catedrales en el desierto.
Muchos proyectos son terminados pero nunca se usan; otros son mas grandes y complejos
de lo necesario y obviamente una gran cantidad de recursos públicos se pierden en el
proceso.

19. En estas circunstancias no es sorprendente que la inversión pública no produzca los efectos
esperados por las autoridades y por la sociedad, que de otra manera, contribuiría al
crecimiento económico.
El resultado neto es: 1) un aumento desmedido de la participación de la inversión pública
en el PIB. Los estudios muestran una alta asociación entre corrupción y altos niveles de
inversión pública. 2) una caída en la productividad de esta inversión.
Puesto que la corrupción es prevalente en el sector de infraestructura y la tendencia es a
construir nuevos proyectos antes que mantener y mejorar los existentes, entonces es de
esperarse que la calidad de la infraestructura se deteriore; máxime cuando las dificultades
presupuestales disminuyen los gastos de operación y mantenimiento. 3) una posible
reducción en otras categorías del gasto público como salud y educación debido a la
consecuente reducción del presupuesto disponible.
Los resultados econométricos validan estas relaciones. Como consecuencia de estos y otros
efectos de la corrupción en la economía, el crecimiento económico de un país donde la
corrupción es tan significativa como en Colombia tiene que verse frenado. Dentro de esos
otros efectos está, sin lugar a dudas, el encarecimiento de los costos de transacción.
Distribución del ingreso Obviamente, si la corrupción contribuye a frenar el crecimiento
económico, se genera un canal expedito para aumentar la pobreza y las desigualdades.
En otro estudio reciente elaborado por Sanjeev Gupta y otros, los resultados muestran una
clara relación entre altos niveles de corrupción e inequidad en la distribución del ingreso.
Por ejemplo, un empeoramiento del índice de corrupción utilizado en este estudio y medido
en términos de una desviación standard (2.5 puntos sobre una escala de 0 a 10) tiene el
mismo efecto de incrementar el índice de Gini que si se redujera el nivel de escolaridad
secundaria de la población en 2.3 años.

20. De otro lado, el empeoramiento del índice de corrupción reduce el crecimiento del ingreso
de los pobres en 7.8 puntos porcentuales por año. Los resultados de este estudio son válidos
para diferentes estados de desarrollo de los países, con diferentes experiencias de
crecimiento y usando varios índices de corrupción. Como bien se ve, los efectos de la
corrupción son devastadores y comprometen el desarrollo de largo plazo de un país.
Nuestro caso: En el caso colombiano, para ilustrar sólo tres ejemplos, el Indice de Gini
rural pasó de 0.49 en 1978 a 0.57 en 1991 según datos de la Misión Rural.
Así mismo, el número de años promedio de escolaridad rural es de 3.4 frente a 7.7 en las
áreas urbanas. Y como si fuera poco, según cifras del Banco Mundial, por ejemplo, sólo el
12 por ciento de las carreteras del país están pavimentadas siendo una de las cifras más
bajas de América Latina.
No sería sorprendente que los pobres indicadores que exhibe Colombia en materia de
infraestructura, educación y distribución del ingreso rural estén reflejando, en alguna
madida, los altos niveles de corrupción de los organismos del Estado.
El camino por recorrer es largo y los retos para la sociedad y el gobierno son grandes si en
realidad hay voluntad política para erradicar este grave fenómeno. Las acciones para
combatir la corrupción son necesarias especialmente cuando la gravedad de los hechos y el
malestar de la sociedad claman por cambios profundos en la estructura del Estado.
Pero más alla del reformismo, muchas veces inútil, es necesario mejorar los mecanismos de
control sobre la base de una mayor legitimidad del Estado y confianza en sus instituciones
evitando el efecto perverso de aumentar la burocracia y la ineficiencia en la administración
pública.
(*) Profesor Departamento de Economía. Universidad de Antioquia.

21. LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA COMO GENERADORA DE AUSENCIA DE
CREDIBILIDAD DE LA CIUDADANÍA EN SUS GOBERNANTES Y EN SU GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Por: Wicked Possession Fecha: 19/05/03
Antes de plantear la situación del flagelo de la corrupción en nuestro país, es importante definir
el concepto de corrupción que se va a tomar como referente en el presente ensayo sobre este
aspecto.
Para efectos de este trabajo se entiende como corrupción el uso indebido del poder que tienen
las personas, derivado de los empleos que desempeñan ya sea en el nivel gubernamentalcomo
en el privado, y como consecuencia de ello obtienen beneficios personales o para terceras
personas, generalmente de tipo económico.
A través de este análisis se quiere demostrar que la corrupción en Colombia es la causa de la
baja credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones y en sus dirigentes, lo cual conlleva,
además, que los resultados de la administración se afecten negativamente como consecuencia
de la misma, y las obras públicas que se entregan a la ciudadanía no son las que ella espera
en términos de calidad y de conveniencia.
“Colombia, como muchos países industrializadosy los de economía de transición,ha sufrido los
flagelos que genera la corrupción, pero a diferencia de otros contextos, se han presentado
algunas particularidades que terminaron agravando la situación, lo que no ha impedido la
realización de la más vigorosa estrategia para combatirla.
Una larga convivencia con el narcotráfico y el afán por el enriquecimiento fácil se convirtieron
en la media y en la forma de ascenso social; el narcotráfico permeó a la sociedad en su conjunto,
a la política, a la economía, a la agricultura, al deporte.
La globalización de la economía precipita otras formas de corrupción en las cuales empresas
transnacionales, que han sido la minoría, quieren ganarse los mercados a través de actos de
corrupción, entre ellos el soborno”.
El cohecho o soborno (ofrecer dinero) es la práctica de corrupción más generalizada y
extendida, al extremo de que en torno a él se fue creando una especie de subcultura que originó
un lenguaje especial en el cual expresiones como "mordida", "serrucho" y otras que en lugar de
causar rechazo o indignación, arrancaron sonrisas o miradas de aceptación, complacencia o, lo
que es peor, indiferencia.
“La corrupción es, sin duda, un problema de Estado y es allí en donde se deben afincar los
controles para combatirla, pero es también un asunto social en el cual la creación de un entorno
ético es fundamental para consolidarlo, estrategia que requiere de un esfuerzo de largo plazo;
es necesario edificar vigorosas campañas de concientización desde la más tierna infancia”.
En nuestro país, el foco principal del problema se sitúa en la contratación estatal, por donde se
van las esperanzas de progreso de millones de colombianos, aquí está el principal problema de
corrupción y ejemplos de ello abundan en nuestro país tales como Ferrovías, Caprecom,
Foncolpuertos, Termorrio, Dragacol, represa de Chivor, contrato de repavimentación en Bogotá
con la firma mejicana ICA, etc, solamente para hablar de algunos casos.
Por considerar muy importante la opinión de los jóvenes con respecto al tema que estamos
analizando, se transcribe a continuación un fragmento, que por la forma como se expone es
sumamente diciente de esta realidad.
“Desde hace algunos años, los jóvenes de Colombia venimos encontrando espacios de
participación y de opinión, cada vez más abundantes e importantes; es así, como los pela'os
Camaleón de Barranquilla también quisieron hacerse sentir con respecto a un tema muy, pero
muy espinoso en nuestro país: la corrupción. A continuación, podrás leer las opiniones que
tienen los jóvenes barranquilleros al respecto, ¿qué piensas tú?.
"Vea compadre, desde que yo me acuerdo, y mucho tiempo atrás, esto de los politiqueros y de
la gente corrupta existe. Que, ¿qué opino?, Mire: Yo pienso que ese cuento se debe a que el
billete ay, ese mueve el mundo, y usted sabe que por la plata baila el mono, el perro y de que

22. animal quiera, figúrese cómo serán las personas que piensan; yo le digo algo, si a mí me vienen
con dos milloncitos de pesos y me dicen: Viejo Eduardo, quédate callado, y déjanos pasar este
encarguito por debajo de cuerda, yo me embolsillo la plata y...!Si té vi, no te conozco! !!".
Como Eduardo, encontramos a muchos jóvenes que piensan que la corrupción es algo que ya
viene con nosotros y que no lo podemos desarraigar, es un lío bien enredado que hay que
aceptarlo así porque sí, y lo mejor es aprovechar al máximo cualquier oportunidad.
Sin embargo, no todos piensan así:
"Mira, la corrupción es un mal que nos tiene fregados a todos, por culpa de la gente deshonesta
es que el país no puede salir adelante; todo el mundo piensa es en el tumbe, en la plata que me
voy a ganar por hacer este favorcito, etc. Opino que para acabarla hay que empezar por familia,
el problema se inicia desde la infancia, hay que cambiar el sistema educativo, acostumbrar al
niño a ser honesto, a jugarle limpio a la gente, en fin, hay que enseñarlo a no ser corrupto...”.
En el anterior pasaje se pueden observar las dos partes antagónicas del problema de la
corrupción, y que se puede generalizar al pensamiento no sólo de los jóvenes barranquilleros
sino de todo el país. Primero está el pensamiento de los que no les importa la corrupción e
incluso conviven con ella y la practican y por otro está la forma de pensar de quienesla rechazan
y estiman que se debe evitar.
En consecuencia, hay que cambiar la cultura que premia el enriquecimiento ilícito, la que no
sanciona; sustituirla por la cultura del respeto por la dignidad humana, por los valoresesenciales
que deben regir la conducta de los servidores como la honestidad, la rectitud y la transparencia;
hay que derrotar la corrupción. Cuando se han detectado las causas y no se ha hecho nada, lo
que termina prevaleciendo es la tolerancia de los ciudadanos, actitud que significa complicidad.
Es importante para el propósito de este estudio presentar a continuación algunas percepciones
de la ciudadanía, de las entidades de control y de analistas especializados al respecto de la
corrupción.
“El nivel de corrupción revelado aquí es evidente. Pero la corrupción que se estudia es
"administrativa," como por ejemplo, el uso ilegal privado de dinero público. Muchas de las
"teorías" existentes y mucho del reportaje en Colombia trata precisamente con este tipo de
corrupción, como por ejemplo, el reportaje especial en El Tiempo sobre la preocupación con la
ausencia de responsabilidad y la consecuencia para el estado y la sociedad. Ellos concluyen
que con lo que los corruptos se han robado del estado durante los últimos dos años, el estado
podría haber ejecutado un programa de reforma agraria por tres años sin ninguna dificultad. El
apéndice B detalla algunas de los casos legales que aún continúan en 1.998. Basta notar que
la Procuraduría detectó 2.092 contratos ilegales entre noviembre y diciembre de 1.997. En
Cundinamarca solamente, hubieron contratos ilegales por más de 59.000 millones de pesos
después que un memorando del Procurador ordenó adherencia estricta a la ley 80 de 1.993 (la
Ley de Contratación Estatal). Todo esto, según reporteros,confirma el viejo dicho, "hecha la ley,
hecha la trampa." Legislación anti-corrupción no es aparentemente suficiente”.
En manera similar, El Tiempo publicó un informe con título "La corrupción sigue campante”.Otra
vez, se malversan fondos estatales, usando los siguientes esquemas: ." Febrero de 2001.
 La compra de inventarios grandes que se pudren o se roban.
 Dimisiones laborales arbitradas.
 Favoritismo entre contratistas preferenciales.
 Obras públicas inútiles a los ciudadanos por no ser completadas.
Y a la vez se le se le preguntó a la ciudadanía: "Hablando en general, ¿cree Ud. que las cosas
en este país van en un camino bueno o malo?
Buen camino 19%
Mal camino 78%
Sin respuesta 3%
“Un estudio reciente en la ONU demostró que, tomado globalmente, el precio de la corrupción
por empleados públicossuma a diez veces el precio de actosilegales por la delincuencia común.

23. El caso se comprueba ciertamente en Colombia. De hecho, el problema en Colombia es tan
grande que nadie sabe que hacer. El estudio más reciente sobre la criminalidad en Colombia
indica que mientras la tasa de crimen creció anualmente en 39,7 por ciento, lo que se describe
como actos de empleados públicos aumentó por 164,1 por ciento. Y no obstante este aumento
increíble, hay pocas convicciones criminales. Todos están de acuerdo que hay que hacer algo
y cuanto antes mejor. La tasa de corrupción administrativa ha llegado a tal nivel que el reportaje
en la prensa local toma más columnas que el reportaje sobre el terrorismo.
Expertos identifican el costo de la corrupción bajo cuatro consecuencias.
Primero, la corrupción destruye la eficiencia del estado, gastando sus recursos y
debilitando sus acciones contra la mala administración. Tal corrupción puede llegar a
amenazar la salud pública: por ejemplo, la construcción de mala calidad, el uso de
medicinas anticuadas o contaminadas, o la desviación de comidas de orfanatos a otros
usos - todos estos han ocurrido recientemente en Colombia.
Segundo, la corrupción engendra una distorsión absurda en la distribución de ingresos,
enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres. Los pobres se hacen más
pobres, por ejemplo, cuando proyectos públicos no se completan o se completan en
calidad inferior como resultado de la corrupción.
Tercero, el incentivo de la corrupción esta en contra al desarrollo de la sociedad; crean la
insidiosa idea que es más fácil hacerse rico trabajando para el estado que creando un negocio
privado productivo. Esta idea milita en contra de la creación de nuevos empleos. La mitad de
las posiciones administrativas de cierto rango son ocupados por personas nombradas por jefes
políticos, no por burócratas profesionales.
Cuarto, la corrupción incurre costos políticos serios: la inmoralidad, cinismo, inestabilidad
institucional, y la legitimación de la rebelión armada contra el estado. El problema más serio
para Colombia es la falta de legitimidad entre el pueblo. Este problema tiene su raíz en la
corrupción generalizada y es ilusorio pensar que una reforma constitucional puede resolverlo”.
En este momento nos podemos cuestionar como ciudadanos: ¿Cómo podemos confrontar un
problema de tal magnitud? El primer paso requiere la voluntad política para poner fin a esta
plaga o en un mínimo reducirlo a proporciones manejables.
Los anteriores planteamiento permiten concluir sin ninguna duda que efectivamente la
corrupción en Colombia trae como consecuencia incuestionable, la baja credibilidad de los
ciudadanos hacia sus dirigentes debido al mal manejo que le dan a sus actuaciones, lo cual
repercute en la ineficiencia e ineficacia del estado en el uso de sus recursos, cuando las obras
públicas no se completan o se hacen con calidad inferior como resultado de la corrupción en los
contratos.
VILLEGAS GARZON, Oscar. “La lucha contra la corrupción en Colombia. El Quindío: Un
ejemplo de transparencia y eficiencia para el país”. Documento de compromiso de los
funcionarios de la administración de la gobernación del Quindío. 1998.
ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA. “Logros y retos
de la Política Social en Colombia”, 1998.
Corrupción en Colombia? Revista Camaleón No. 5, Comité Regional Barranquilla, Enero de
1996.
MAINGOT, Anthony P. “Estudiando la corrupción en Colombia” Instituto de Estudios
Estratégicos Nacionales, IEEN, EE.UU., 1999
“Corrupción en Colombia” Revista Semana, 12 de marzo, 1991