estrategias

1. “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
“ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN”
TEMA:
“Acciones para impulsar la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción”
DOCENTE:
Mgtr. María del Carmen Rosillo de Purizaca
INTEGRANTES:
• Collantes Rafaile Eufemia Edith
• Lustre Zevallos Ronald
• Romero Galvan Percy Armando
• Nuñez Quicaño Guibhert
• Viera Curay Luz Marivi
• Castillo Sambrano Shesira Sofía (No Trabajo)
• Rosas Muñoz Milagritos Amelia (No Trabajo)
• Lancho Cuadros Esperanza Mia (No Trabajo)
• Santiago Navarro Rider (No Trabajo)
• Chuchon Mina Ruth Rosmery (No trabajo)
CICLO:
VI
PERÚ 2023

2. INTRODUCCION
La corrupción es una plaga que tiene una amplia rama de consecuencias negativas para la
sociedad, socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos
humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento
de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
La transparencia se traduce en principios y acciones claras destinadas a garantizar el acceso a
información clara y oportuna para la ciudadanía, sobre las acciones, recursos y decisiones que
se toman en las instituciones públicas y privadas. Esto ayuda a que no se genere corrupción y
esto afecte la participación ciudadana de tal manera que se rrecibe y tramita los pedidos de la
ciudadanía sobre asuntos que afecten la participación y el control social que no hayan sido
atendidos por instituciones del sector público o persona natural o jurídica privada que preste
servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrolle actividades de interés público.
La corrupción se trata de un fenómeno social y complejo que nos afecta a todos. Por esta razón,
es nuestro deber trabajar para mitigarlo, prevenirlo y controlarlo. ¡Esto está en nuestras manos!

3. ACCIONES PARA IMPULSAR LA INTEGRIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Alfonso Quiroz, define a la corrupción como el mal uso del poder político burocrático por parte
grupos de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas
económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o
el desvió de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones. Es decir,
corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o
grupos, involucra explícitamente el poder y la política, al sector público y al privado y su efecto
en políticas, instituciones y en el progreso del país.
Acciones para impulsar la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción
El Reporte de Economía y Desarrollo de CAF presenta una serie de claves que los gobiernos
latinoamericanos deberían tomar en cuenta para reducir y prevenir la corrupción. Entre ellas se
encuentran la creación de reglas y control en la función pública, mecanismos de entrada a la
burocracia, monitoreo ciudadano y gobernanza de los intereses privados.
El estudio sugiere que, si bien los avances realizados en materia de corrupción han sido
importantes, aún hay un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales o regulatorios para
asegurar la implementación efectiva de las medidas propuestas. Por ello, esta investigación
abarca una amplia gama de ámbitos de acción que desemboca en el objetivo principal, que es
el de maximizar el bienestar colectivo en América Latina, combatiendo la corrupción con
políticas públicas efectivas.
la corrupción debilita la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de
calidad; compromete la productividad y el crecimiento de las economías; desincentiva la
inversión y la innovación; y reduce la confianza en las instituciones.
Nino Cassanello, se refirió a los esfuerzos realizados por el Gobierno en materia de
transparencia. Así, mencionó que la entidad gubernamental busca generar políticas públicas y
acciones para facilitar la denuncia de actos de corrupción y coordinar la cooperación entre las
diferentes instituciones.

4. Gustavo Fajardo, durante la presentación del estudio, reveló que de acuerdo a la encuesta el
51% de la población de América Latina considera a la corrupción como el principal problema
de nuestros países; que 1 de cada 4 personas reporta que un funcionario público ha solicitado
un soborno en los últimos doce meses, y que 1 de cada 10 empresarios reporta que empresas
similares a las suyas pagan sobornos para tener contratos con el Estado.
los gobiernos han respondido ante esta realidad con medidas para combatir la corrupción desde
diversos frentes. Por un lado, se han afinado y actualizado instrumentos legales pertinentes, a
la vez que se ha buscado fortalecer las capacidades de los órganos de investigación y
administración de justicia. Estos esfuerzos en lo normativo han sido complementados con
iniciativas de acceso a la información y de gobierno abierto que, apalancándose en las nuevas
tecnologías, han permitido mejorar los procesos de fiscalización al interior del Estado, así como
la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
El RED 2019 plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad
comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen:
● Adoptar protocolos y fórmulas de decisión basadas en criterios objetivos.
● Fortalecer los sistemas de auditoría y las capacidades investigación y administración
de justicia.
● Promover sistemas electorales competitivos y transparentes.
● Profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito.
● Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del
Estado y los funcionarios.
● Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.
● Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las
oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios.
● Reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de
particulares e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las
empresas.
● Invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo, en la identificación y
gestión de conflictos de interés.
● Mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la
provisión de infraestructura pública.

5. ENFOQUES ESTRATÉGICOS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
ENFOQUE GENERAL
Si la ecuación de Klitgaard es correcta, es decir, si la magnitud de la corrupción equivale
al grado de posición monopólica más el grado de reserva y de discrecionalidad menos
la responsabilidad, el acceso estratégico para solucionar el problema debe tener en
cuenta esa fórmula.
Por tanto, se debe reducir la posición monopólica, crear transparencia, restringir las
facultades discrecionales y fortalecer la posibilidad de reclamar responsabilidades
políticas y legales.
Las naciones no se diferencian tanto por su actitud frente a la corrupción, sino, más
bien, por la medida en que los servidores públicos ejercen su función. En muchos
países, el Legislativo, el Poder Judicial, la administración pública y el sistema electoral
están subdesarrollados o incluso no desarrollados. Los poderes Legislativo y Judicial
deben ser fortalecidos para asegurar su independencia del Ejecutivo; muchas veces,
esas ramas del gobierno están ligadas a un partido oficialista, lo cual pone en entredicho
su credibilidad y su imparcialidad.
En muchos países no hay una adecuada - ni mucho menos, eficiente - división de
poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Especialmente en los sistemas
presidencialistas se puede constatar que el poder del Ejecutivo supera con creces el
del Legislativo, de modo que el Legislativo no puede ejercer un control efectivo del
Ejecutivo. Con mucha frecuencia, el jefe de Estado controla casi todo: el ejército, las
instituciones educativas, el servicio público, pero también el Poder Judicial y a veces,
incluso, los medios de comunicación.
Como en un sistema semejante no hay espacio para el sentido de responsabilidad por
parte de los políticos y de los servidores públicos, hay que crear primero las condiciones
constitucionales para poner en marcha un combate efectivo a la corrupción.
Control y Equilibrio (checks and balances): mecanismos para asegurar la
responsabilidad
El eje central del combate a la corrupción debe centrarse, primero, en la creación de
instituciones nacionales críticas. Estas estructuras incluyen una jurisdicción
independiente, un parlamento que funcione, libre de influencias inadmisibles y de
presiones por parte del Ejecutivo o del partido oficialista, una prensa independiente y

6. crítica y la obligación de gobernar con responsabilidad. Estos mecanismos someten
las actividades del servicio público al examen desde afuera para juzgarlas a su vez en
base a la eficiencia (responsabilidad política) o a las normativas existentes, dentro de
las cuales el servidor público debe moverse (responsabilidad legal).
Responsabilidad Política
Hay diversas formas de controlar la responsabilidad política. La manera más general
de que los afectados asuman su responsabilidad es someterlos a elecciones: en una
democracia con elecciones, los ciudadanos tienen un método regular y abierto de
castigar o recompensar a quienes ocupan un cargo investido por la confianza pública.
Por muy buena que sea, una técnica anticorrupción sólo será efectiva en la medida en
que lo sea su mecanismo para obligar a asumir responsabilidades. La necesidad de
satisfacer a un electorado, empero, no es un instrumento lo suficientemente efectivo
por sí solo; además, nadie puede estar seguro de que los recién electos no caigan
también de inmediato en la corrupción.
La idea de que dos poderes se controlen mutuamente es un instrumento mucho más
eficaz. En muchos países, sin embargo, los poderes Legislativo y Ejecutivo están más
bien ordenados indiferente o jerárquicamente; en tal caso, no es posible reducir la
concentración de poder, que, según Klitgaard, tiene mucho que ver con la corrupción.
El principio se basa en contraponer a ambos poderes, de modo que la competencia y
los conflictos generen un control recíproco.
Separar la institución que procura los ingresos y planea los gastos de aquella que
actualmente toma la decisión respecto a los egresos, ayuda a asegurar el interés público.
Los métodos de presentación de informes del gobierno al parlamento y los controles
son múltiples: van desde las interpelaciones hasta las comisiones parlamentarias de
investigación. En todo caso, el Ejecutivo es consciente de que se encuentra bajo el
control diario de una institución con la capacidad y el equipamiento necesarios para
realizar investigaciones precisas y no sólo bajo la supervisión periódica por parte del
electorado, que no puede supervisar la actuación cotidiana del Ejecutivo. Pero este
tipo de competencia también conlleva a que el Ejecutivo por su parte trate de descubrir
el momento en que los diputados abandonan el camino de la virtud para entregarse a

7. la corrupción por medio del soborno pasivo.
Tal conflicto institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo, en el que cada órgano es
puesto bajo la supervisión del otro, no puede existir tan sólo por medio de acuerdos.
Debe estar cimentado en la constitución y deben adjudicársele tareas definidas a ambos
órganos, sin que uno se subordine al otro.
Responsabilidad legal
En un Estado que tiene una constitución promulgada, ésta determina la actuación de
los órganos, de las instituciones y establece el marco jurídico para las leyes y la
actuación administrativa. De acuerdo a ello, a ningún funcionario del gobierno le está
permitido violar las normas constitucionales o aquellas contenidas en las leyes y que
se ajustan a la constitución. Esto define un patrón claro para la responsabilidad, si
bien la imposición del mismo depende de la capacidad del Poder Judicial.
Hay tres factores que pueden anular el efecto de ese control legal:
• Déficit en la independencia del Poder Judicial. Si esta área no es realmente
independiente, quedará neutralizada la responsabilidad legal, especialmente
la de los miembros del Ejecutivo. Los jueces deben estar en condiciones de
fallar, sin temor, incluso contra el Ejecutivo. Mecanismos tales como la
inamovilidad y los salarios públicamente fijados, que no pueden ser
descontados ni retenidos, son elementos importantes de la independencia de
los tribunales.
• Otro problema es la corrupción en el Poder Judicial y entre el mismo y el
Ejecutivo. Por eso, también hay que controlar los tribunales, lo cual puede
asegurarse generalmente a través de procedimientos en varias etapas o cámaras
disciplinarias internas.
• Un tercer problema puede ser la falta de respeto al Poder Judicial tanto por
parte del Ejecutivo como del Legislativo, pero que también puede provenir
de todo el pueblo. Como los tribunales no disponen de policías ni de militares
propios, las resoluciones judiciales sólo podrán aplicarse eficazmente si el
Ejecutivo actúa conforme a lo estipulado por el Poder Judicial.
Limitación y descentralización del poder central

8. Una manera importante de restringir la corrupción del Estado es la de restringir su
campo de acción. El riesgo de corrupción aumentará en la medida en que estén más
concentradas las decisiones con respecto a la distribución de bienes públicos que, a su
vez, son escasos. Por eso hay que cuidar de que los bienes públicos estén disponibles
para todos y en todo momento, lo cual se logra, sobre todo, descentralizando las tareas
y estableciendo una clara separación entre el poder central y los órganos responsables
descentralizados. Así, la autonomía municipal con la participación y el control por
parte de los parlamentos locales constituyen un paso importante para eliminar la
corrupción fomentada estatalmente.
Mecanismos de control externos
La implementación exitosa de la responsabilidad política y legal exige el apoyo y el
control por parte de personas ajenas al aparato gubernativo. En primera instancia
debe ser posible acceder a información y hablar públicamente de ella. La transparencia
y la libertad de expresión son, pues, presupuestos esenciales del combate a la
corrupción.
Sociedad civil
Los mecanismos de gobierno para implantar la responsabilidad política y legal exigen
una sociedad civil activa con personalidades individuales, asociaciones, agrupaciones,
sindicatos y otros grupos. Para ello, el Estado debe consagrar el derecho de asociación
y asegurar las libertades de expresión y de prensa. A menudo, la condición en que se
halla la sociedad civil, el coraje de aparecer como “perro guardián” y la desobediencia
civil permiten evitar la corrupción más que las leyes.
Medios de comunicación independientes y prensa libre
El acceso a la información y su análisis crítico son condiciones para que los medios de
comunicación públicos velen por que los gobernantes sean responsables y luchen contra
la corrupción. Las siguientes medidas ayudan a garantizar una prensa libre:
1. Leyes para el libre tratamiento de la información.
2. Definición legal de los delitos de difamación y calumnia para proteger tanto
a la prensa como al público.
3. Fin de la censura política.
4. Estándares profesionales más elevados para los periodistas.

9. 5. Cese de la discriminación mediante prohibiciones y manipulaciones en caso
de crítica organizada al gobierno o al partido oficialista.
6. Aseguramiento del estándar profesional, de la independencia y de la
responsabilidad de los empleados de los medios de comunicación estatales.
Todas las medidas para fortalecer la prensa libre sirven para aumentar la transparencia
e imposibilitar así la actuación solapada.
Estrategia de control para prevenir la corrupción en el Sistema de Justicia:
Nieto (2019) los actos de corrupción tienen consecuencias de distinta naturaleza y afectan el
funcionamiento adecuado del sistema de justicia, en el año 2010 se creó la Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción (CAN) con la finalidad de mejorar el marco de políticas de integridad y
combate a la corrupción; desde entonces, la percepción de rechazo a la actuación del Poder
Judicial ha sido en algunos casos la misma o peor. En cuanto a la regulación de los canales de
denuncia en las entidades de la administración pública, se tiene que en el Decreto Supremo Nº
092-2017-PCM1 , que aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción,
se reconoció que en esa fecha no existía un adecuado sistema de denuncias que permitiera que
los ciudadanos puedan colaborar en la lucha contra la corrupción a través del suministro de
información relevante para las autoridades y también se estableció que los canales se
encuentran dispersos, no uniformizado, no resultando sencillo acceder a ellos por parte de los
administrados y no se aproveche las facilidades que ofrecen las tecnologías de información.
¿Qué puedo hacer para protegerme y combatir la corrupción?
La denuncia es un mecanismo que nos permite protegernos y proteger a la entidad de los hechos
de corrupción. Estadísticas internacionales han evidenciado que uno de los factores que permite
identificar y sancionar casos de corrupción deriva de su oportuno conocimiento, el cual surge
en el 40% o 50% de los casos con ocasión de denuncias. De ahí la relevancia de denunciar.
Es importante que todo aquel que conozca de hechos que eventualmente puedan ser
catalogados como “corrupción” los ponga en conocimiento de las autoridades competentes. De
hecho, existe el deber en cabeza de los funcionarios públicos de: “denunciar los delitos,
contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, y poner en
conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la
administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio”.

10. CONCLUSIÓN
Ciertamente, existen muchas limitaciones para los esfuerzos en materia de lucha contra la
corrupción. Sin embargo, esto no significa que debamos detenernos. Las investigaciones sobre
las limitaciones de los esfuerzos anticorrupción sugieren que un enfoque singular para combatir
la corrupción puede ser contraproducente: demasiada rendición de cuentas puede ahogar
comportamientos productivos y conducir al resentimiento de los empleados. También sugieren
que tener que confiar en el criterio es inevitable, ineludible y deseable en muchas situaciones.
Por lo tanto, simplemente apuntar a limitar o hasta eliminar la corrupción en algún sentido es
una meta ambiciosa. Además, las personas quieren que los funcionarios públicos no solo sean
no corruptos o que simplemente cumplan con los estándares mínimos de un cargo público, sino
que quieren que los funcionarios públicos actúen de manera plausible y loable, excediendo las
funciones mínimas del cargo. Esto requiere definir objetivos éticos más altos.
Son todos los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan
de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos
a los que tienen acceso, poniendo por encima sus intereses personales y los de sus allegados,
para conseguir una ventaja ilegitima generalmente de forma secreta y privada. El termino
opuesto a corrupción política es transparencia ya que la corrupción se define como "toda
violación y/o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada
por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización
de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta".
.

11. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
No title. (s/f). Caf.com. Recuperado el 9 de marzo de 2023, de
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/acciones-para-impulsar-la-
integridad-la-transparencia-y-la-lucha-contra-la-corrupcion/
Nieto Tapia, S. S. (2019). Canal de denuncias como un medio efectivo para la lucha contra la
corrupción en el poder judicial. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16259