El Presidente vetó totalmente el proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico de la Función Judicial por tres razones: 1) las sanciones a jueces por caducidad de prisión preventiva ya están incluidas en la consulta popular, 2) la reforma ponía en riesgo la estabilidad de funcionarios designados en transición, y 3) los cambios a la designación del Fiscal Subrogante parecían motivados por conflictos personales en vez de mejorar el sistema.