El documento explora la situación de los fondos de jubilaciones y pensiones en las universidades nacionales de Venezuela, destacando su falta de cumplimiento en las obligaciones de financiamiento y administración. Se afirma que la mayoría de estos fondos carecen de personalidades jurídicas propias y dependen del financiamiento fiscal, lo que limita su eficacia. Además, se critica la heterogeneidad de los regímenes administrativos y la falta de una regulación uniforme que garantice el derecho al acceso equitativo a las pensiones entre los docentes universitarios.