El documento analiza el concepto de concentración económica en El Salvador, introducido en la ley de competencia de 2006, que se refiere a actos entre agentes económicos independientes para fusionarse o combinarse. Resalta que para que dichos actos requieran autorización de la superintendencia de competencia, los activos o ingresos totales deben superar ciertos umbrales establecidos. Los umbrales actuales son de 121.86 millones de dólares en activos y 146.23 millones de dólares en ingresos, lo que obliga a los agentes económicos a informar a la superintendencia antes de proceder con la concentración.

1. Art. 34-10
“Revisando concentraciones económicas”
Por: Carlos Roque
Abogado, Superintendencia de Competencia
El concepto de concentración económica fue introducido en el ordenamiento jurídico
de El Salvador a partir del uno de enero de dos mil seis, fecha en la cual entró en
vigencia la Ley de Competencia (LC), y está referido a todo acto, contrato, acuerdo y
convenio celebrado entre agentes económicos que han sido independientes entre sí,
que tenga como finalidad la fusión, adquisición, consolidación, integración o
combinación de negocios, en todo o en partes.
De tal conceptualización, se deduce como condición fundamental y determinante de
una concentración económica, que el acto jurídico que se pretende celebrar debe
involucrar a personas, naturales o jurídicas, que hasta ese momento han sido
independientes, lo que supone que tales agentes económicos no deben tener entre sí,
capacidad de control por propiedad o administración; pues de lo contrario, el
proyectado acto jurídico no encajaría en el concepto, como el caso de una fusión de dos sociedades con
accionistas o administradores comunes.
Por lo tanto, si se cumple el requisito de independencia, estamos ante una concentración económica, pero ello no
supone per se que el acto requiera la autorización previa de la Superintendencia de Competencia (SC).
Lo anterior es en razón que el artículo 33 de la LC incorporó un requisito adicional para que una concentración
económica se someta a tal autorización: cuando la suma de los activos o ingresos totales obtenidos en el último
ejercicio fiscal por parte de las personas directa e indirectamente involucradas en la concentración, excedan
ciertos montos, llamados umbrales, calculados en base a la multiplicación de salarios mínimos urbanos. Así, los
activos totales deben exceder a cincuenta mil salarios mínimos y los ingresos totales a sesenta mil salarios
mínimos.
En la actualidad, esto significa que la suma de los activos radicados en El Salvador, propiedad de las personas
involucradas en forma directa (agentes económicos que participan en el acto) e indirecta (agentes económicos
controladores o subsidiarios de los anteriores), deben superar US$121,860,000 (ciento veintiún millones
ochocientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o la suma de sus ingresos debe exceder
US$146,232,000 (ciento cuarenta y seis millones doscientos treinta y dos mil dólares).
Por consiguiente, la SC debe conocer todo acto jurídico que tenga como efecto la combinación total o parcial de
negocios, que se pretenda celebrar entre personas que han sido independientes entre sí y que la suma de sus
activos o ingresos totales superen los montos antes relacionados; lo cual sirve de referencia para que los agentes
económicos que proyecten celebrar actos jurídicos de tal naturaleza, sepan que, de manera previa, deben
someterlos al conocimiento de la SC para que ésta decida autorizarlos, denegarlos o condicionarlos, con base a un
análisis técnico, económico y jurídico.
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