1. La Minería Ilegal En El Estado Amazonas.
La minería es una de las actividades que ha causado impacto ambiental en las
diferentes zonas del estado Amazonas, estos buscadores de oro, se han asentado en
áreas que están dentro de las ABRAES (áreas bajo régimen de administración especial),
como: Parque Nacional Yapacana, Maraya, La Cocina, Parque Nacional La Neblina, Rio
Baría, Ocamo, Uatamo, Sierra de Maigualida, Sierra de Parima en el Alto Padamo en
cerro Delgado Chalbaud donde se encuentra la cabecera del Rio Orinoco.
A estas zonas tradicionales de extracción aurífera se han sumado los ríos
Atabapo y Guainía, donde se evidencian ahora La presencia de mineros, que en su gran
mayoría son extranjeros (Brasileros y Colombianos), conocidos como garimpeiros, esto
constituye un problema para la nación y en particular para el estado Amazonas debido
a los daños que su labor causa al ecosistema.
la explotación ilegal de los yacimientos aluvionales es objeto de preocupación
por muchos sectores del país, por generar graves impactos entre los que se destacan la
destrucción de las áreas boscosas, especialmente adyacentes a los márgenes de ríos y
caños, el entrabamiento y desvió de corrientes de agua, la destrucción de grandes
espacios de suelos, sedimentación y muy especialmente la contaminación mercurial de
las aguas, lo cual genera grandes problemas a las poblaciones cercanas al sitio de
extracción.
La minería en el estado Amazonas está prohibida de acuerdo al decreto 269 de
fecha 06-06-89 el cual se encuentra en vigencia, la problemática minera y demás
situaciones ambientales son abordados y de conocimiento público pero que no han
sido atacados de raíz, en el Estado Amazonas la minería ilegal se burla de quien decide
atacarla, cayendo de nuevo en una complicidad permisiva por parte de instituciones
del Estado.

2. Se Observa en Cuanto a Minería Ilegal en el Estado Amazonas:
 la práctica de la minería en Estado Amazonas es altamente negativa por el
impacto a los ecosistemas de alta fragilidad ya que las explotaciones se
encuentran en áreas protegidas especialmente (ABRAES) como los Parques
Nacionales Duida Marawaka, Yapacana, Parima Tapirapeco, La Neblina, Rio
Siapa, Cerro Arcamoni y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Caciqueare,
actualmente en el Municipio Atabapo y Rio Negro en mayor escala y en otros
municipios en ciertos puntos que ya han ido denunciando: Manapiare, Alto
Orinoco, Maroa y Atures.
 Los indígenas que habitan desde tiempos remotos en las zonas invadidas por la
explotación minera, reciben fuertes amenazas y agresiones a su integridad
física y socio-cultural.
 La minería en el Estado es ejercida desde hace más de 20 años atrás,
principalmente por ciudadanos extranjeros tanto colombianos como brasileros
los cuales no aportan ningún beneficio, además los indígenas son utilizados
como caleteros y los manipulan a su antojo.
 Las Fuerzas Armadas no ejercen el control adecuado y los mineros evaden esos
controles de diversas maneras, siendo cómplices en múltiples casos de los
daños que se están produciendo en el ambiente y que en su mayoría son
irreparables.
 Los daños a los ecosistemas son irreversibles avanzando la destrucción y
fragmentación donde las poblaciones vegetales y animales se reducen,
teniendo menores posibilidades de sobrevivencia, convirtiéndose los
ecosistemas naturales en sistemas de baja productividad.
 Se afecta las formas de vida y los sistemas de productividad de los indígenas
adyacentes a las áreas invadidas por la explotación minera.
 La contaminación mercurial tanto de las personas que explotan los minerales
como de los que consumen el agua o peces de los ríos contaminados.

3. Además de las consecuencias antes mencionadas la minería genera un
problema socio-cultural y jurídico, ya que ésta es una actividad totalmente ilegal en el
Estado Amazonas.
Amazonas es la región con mayor biodiversidad y pueblos indígenas, con
patrones culturales bien específicos, al presentarse cualquier actividad ajena a sus
formas tradicionales de vida, causa impacto negativo en sus pobladores. En este caso
concreto de la minería, nos encontramos con lo siguiente;
Epidemiológico, enfermedades de transmisión sexual, paludismo, hepatitis B,
amibiasis causadas por la contaminación de las aguas y otras enfermedades llevadas
por grandes contingentes humanos, provocarían en estas tierras un genocidio de los
grupos indígenas.
Económico-Familiar, el abandono de las actividades de su vida cotidiana
(conuco, caza y pesca) que establecieron una ruptura que pone en peligro la
supervivencia de los pueblos indígenas. Las nuevas generaciones abandonarían sus
espacios territoriales desde el mismo momento en que se agote la actividad minera,
dejando de ser un valor en sus vidas su cultura, mitos y legendas.
Delincuencia, la prostitución, el alcoholismo y las drogas representan un
reflejo condicionado ante los jóvenes indígenas. No es un secreto que cuando explota
la gran bulla minera, las prostitutas se hacen presentes como ha sucedido en las
debilitadas minas de guaniamo y pigijuao. En el caso de Amazonas específicamente en
Maraya se presento esta situación.
Para los pueblos indígenas el medio ambiente lo es todo porque en él se
encuentran plantas medicinales, alimentos, sus creencias ancestrales, herramientas de
trabajo, entre otros, la situación de la minería ilegal en estado Amazonas está
perjudicando las tierras de los indígenas, y la salud a través de la contaminación con
mercurio en las aguas que se encuentran en las comunidades indígenas, un ejemplo de
ello fue la denuncia introducida por el pueblo Yanomami ante la fiscalía pública por la
presencia de Garimpeiros (mineros brasileros) al sur del Estado Amazonas, cerca de la

4. Sierra Parima B, donde exponen que a consecuencia de sustancias arrojadas a las
aguas del rio murieron indígenas Yanomami, cuando las autoridades militares y de
salud conocieron del caso se movilizaron con sumo esfuerzo hasta el lugar de los
hechos, demorando varios días.
De acuerdo con lo antes mencionado no se cumple el artículo 327 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresa claramente que la
atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios
de seguridad de la nación, donde se deberían proteger de manera especial los Parques
Nacionales y las tierras de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo
régimen de administración especial.