Este decreto tuvo como objetivos crear una red de seguridad contra la exclusión social en 2013, promover el empleo como medida de integración, y garantizar un ingreso mínimo para personas en riesgo de exclusión. Incluyó programas de ayuda a la contratación y ayuda a domicilio, un plan de solidaridad alimentaria, e ingreso mínimo de solidaridad. Benefició a más de 150,000 personas a través de contratos laborales, servicios de comedor y cátering, y pagos del ingreso mínimo.