La Corte Constitucional negó la pretensión de una compañía minera y el Ministerio del Interior de anular una sentencia que ordenó suspender actividades mineras. La Corte determinó que la consulta previa a los indígenas sobre estos proyectos debe ser efectiva, participativa y obtener su consentimiento libre e informado, no solo reuniones informativas. Esta decisión reafirma los derechos de los pueblos indígenas ante las pretensiones de empresas mineras.

1. Corte Constitucional reafirma derechos de indígenas ante
pretensiones de empresas mineras
Jiguamiando
Viernes 4 de mayo de 2012
La Corte Constitucional negó la pretensión elevada por el entonces Ministerio
del Interior y de Justicia y por el representante de la compañía Muriel Mining
Corporation, de decretar la nulidad de la sentencia T-769 de 2009, que ordenó,
entre otras, SUSPENDER las actividades de exploración y explotación que se
estén adelantando o se vayan a adelantar, en desarrollo del contrato de
concesión denominado Mandé Norte, para la exploración y explotación de
cobre, oro, molibdeno y otros minerales, en los departamentos de Antioquia y
Chocó.
Sostiene la Corte que la verdadera intención de la compañía y el Ministerio era
reabrir la discusión jurídica y material que dio lugar a la sentencia e intentar
demostrar que el proceso de Consulta Previa, declarado ilegal por la Corte,
había sido surtido en debida forma. La Corte demostró que en la sentencia T-
769 acató y desarrolló los lineamientos sobre la obligación de consultar
debidamente a los pueblos indígenas y afrodescendientes en asuntos que les
pueden perturbar. Ésta decisión es trascendental en la medida en que reafirma
que el derecho fundamental a la Consulta Previa no se agota con la realización
de escuetas reuniones informativas meramente procedimentales, sino que
debe ser efectivo, participativo, decisorio y materializar de forma auténtica el
consentimiento, libre, previo e informado, de la comunidad afro o indígena,
afectada por un proyecto.
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