El documento analiza los desafíos legales en la adopción de blockchain y contratos inteligentes, centrándose en la regulación y la legitimidad de las tecnologías. Destaca problemas como la territorialidad, la exigibilidad legal, y la privacidad, así como la falta de un marco regulatorio claro y mecanismos de certificación para smart contracts. El texto aboga por un enfoque equilibrado que contemple tanto la innovación como la protección de los derechos individuales en un contexto legal cambiante.