La transformación digital de la administración pública requiere una estrategia a largo plazo, un marco legal que proporcione seguridad jurídica, y la colaboración de múltiples actores. El marco legal español, resultado de hitos como la Ley 11/2007 y las Leyes 39/2015 y 40/2015, regula aspectos como la administración electrónica, firma electrónica, notificación electrónica y protección de datos, y debe completarse con normativa autonómica y local. Además, España debe cumplir la normativa

1. § 1
Nota del autor
Última modificación: 16 de diciembre de 2019
La transformación digital de la Administración, que da lugar a la denominada
administración electrónica, o según el lenguaje más reciente, a la administración digital, es
ineludible y se caracteriza por su alcance global, de forma que su plena realización requiere
de varios pilares que se relacionan y evolucionan de una forma dinámica a lo largo del
tiempo; a saber, una estrategia continuada de medio plazo; el marco legal que aporta la
seguridad jurídica; la cooperación y la gobernanza, imprescindibles en un escenario con
múltiples actores interconectados que han de colaborar para facilitar la prestación de los
servicios; y las propias infraestructuras tecnológicas y los servicios que aportan la realidad
práctica. La transformación digital permite hacer una administración más eficiente, centrada
en las necesidades de ciudadanos y empresas, más abierta, participativa y transparente. No
es un mero proceso tecnológico, sino que requiere una visión multidisciplinar que, afecta a
los procesos, que han de simplificarse para aprovechar las oportunidades de la sociedad
digital, a los diversos actores implicados (funcionarios, ciudadanos y empresas) que han de
adquirir una nueva perspectiva y dotarse de competencias digitales, a la tecnología que
ofrece oportunidades pero que también suscita riesgos, a la gestión de los datos en un
escenario crecientemente datacéntrico, y finalmente a la (ciber)seguridad imprescindible
para la protección de la información manejada y los servicios prestados.
En este contexto complejo, el marco legal es un poderoso resorte para movilizar la
Administración en pos de esta transformación digital; cabe afirmar que el mismo constituye
hoy en día un activo, una oportunidad que se ha de aprovechar, sin perjuicio de que sea
necesario su constante perfeccionamiento y evolución. El marco legal constituye, por tanto,
una formidable palanca de acción no exenta de retos y dificultades para su plena aplicación.
España cuenta, como fruto de un esfuerzo colectivo, multidisciplinar y continuado a lo
largo del tiempo, con un marco legal, en evolución casi de forma continuada, que trata, de
forma exhaustiva, todos aquellos aspectos necesarios para la implantación de la
administración digital, desarrollada bajo el principio de seguridad jurídica, adecuado todo ello
a la realidad que impone la transformación digital, que proporciona unas reglas de juego que
facilitan la extensión a gran escala de la prestación y uso de los servicios públicos digitales.
Este marco legal se ha constituido a partir de hitos tales como la Ley 11/2007, de 22 de
junio, y sus desarrollos, y las leyes 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre.
La Secretaría General de Administración Digital promueve el Código de Administración
Electrónica, compendio de la legislación relativa a la administración electrónica, para ofrecer
una herramienta de interés y utilidad para los profesionales, gestores y estudiosos de la
materia.
El Código incluye la legislación básica del tema, junto con otras cuestiones relacionadas:
Administración electrónica (procedimiento administrativo común, régimen jurídico, esquemas
nacionales de seguridad e interoperabilidad, instrumentos de las TIC en la AGE),
Identificación, firma electrónica y representación, Registros electrónicos, Notificación
electrónica, Archivo electrónico de documentos, Normas técnicas de interoperabilidad,
CÓDIGO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
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2. Instrucciones Técnicas de seguridad, Sistema de verificación de datos, Contratación
administrativa y empleo de medios electrónicos, Factura electrónica, Seguridad social,
Transparencia y acceso a la información pública, Reutilización de la información del sector
público, Comunicación digital, Boletín oficial del estado, Accesibilidad, Protección de datos,
Administración Judicial Electrónica. Para profundizar en ciertas cuestiones puede ser
necesario acudir a otros códigos, tales como el de Archivos y Patrimonio Documental, el de
Protección de Datos de Carácter Personal, o el de la Ciberseguridad.
No podemos olvidar, por otra parte, que España es un país de administración
fuertemente descentralizada, por lo que esta legislación básica ha de completarse, en
determinados casos, con normativa específica de desarrollo que nuestro marco
competencial atribuye a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Finalmente, nos
encontramos en un contexto europeo y el desarrollo de la agenda digital y del mercado único
digital en Europa requiere del conocimiento y cumplimiento de la normativa comunitaria en la
materia para hacer de Europa una sociedad cohesionada, que disminuya las cargas
administrativas de las empresas en Europa, y aproveche las ventajas que proporciona la
economía de escala de un mercado europeo.
La administración en papel ha dejado paso a la administración electrónica, en muchos
casos ya de forma obligatoria para ciudadanos y empresas, incluso en la relación entre
administraciones públicas. La automatización de procesos, la gestión de datos personales, la
inclusión de técnicas de inteligencia artificial en los procedimientos administrativos y los
riesgos de ciberseguridad del mundo de hoy crean un nuevo escenario con nuevos retos
globales donde la ética, esencialmente unida a la normativa administrativa, jugará un papel
protagonista en los próximos años para garantizar que la transformación digital contribuirá a
reforzar el modelo de España y Europa en el mundo, con un desarrollo económico
respetuoso, sostenible e inclusivo, que no deje a nadie atrás.
Fernando de Pablo Martín
Secretario General de Administración Digital
Miguel A. Amutio Gómez
Director de la División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad
NORMATIVA EUROPEA NO CONSOLIDADA
Reglamento (UE) nº910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23de julio de
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva
1999/93/CE
https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015,
sobre el marco de interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8, del
Reglamento (UE) n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en
el mercado interior
https://www.boe.es/doue/2015/235/L00001-00006.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1501/oj
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por
la que se establecen las especificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas
avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos del sector público de
conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 5, del Reglamento (UE) n°
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior
CÓDIGO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
§ 1 Nota del autor
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3. https://www.boe.es/doue/2015/235/L00037-00041.pdf
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1506/oj
Reglamento (UE) nº 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre
de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información,
procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.° 1024/2012
https://www.boe.es/doue/2018/295/L00001-00038.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj
Reglamento (UE) Nº 1025/2012, de 25 de octubre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE
y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión 1673/2006/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
https://www.boe.es/doue/2012/316/L00012-00033.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj
Decisión de Ejecución (UE) 2017/863 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por la que
se actualiza la licencia EUPL de los programas informáticos de fuente abierta para seguir
facilitando el intercambio y la reutilización de los programas desarrollados por las
administraciones públicas Licencia Pública Europea EUPL (European Union Public Licence)
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/863/oj
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§ 1 Nota del autor
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