1. No. 173 Fecha: 5/julio/2010 e-mail: mamtrabajndo@yahoo.com.mx
AÑO 4
Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Rodolfo Torre Cantú el pasado lunes, y envió su más sincero
pésame a familiares del extinto candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas; afirmó que el clima de violencia e inseguridad
que priva en el país es fruto de la descomposición social que originó la imposición de una política económica elitista, así
como de la codicia de unos cuantos que ha llevado a la pobreza a millones de mexicanos y al abandono de los jóvenes que
no tienen ninguna posibilidad de trabajo ni de estudio. López Obrador advirtió que de continuar el mismo régimen, que sólo
protege los intereses de unos cuantos, va a seguir la destrucción del país porque hasta el momento no se advierte un
interés real y auténtico por cambiar la política de pillaje, de saqueo y de exclusión que ya generó un estallido de odio
irracional, acompañado de una ola de violencia e inseguridad.
A la convocatoria al diálogo entre las fuerzas políticas del país que hizo Felipe Calderón, tras el asesinato de Torre Cantú,
López Obrador aseguró que se trata de unarealizará una Asamblea Nacional en el malo que a la Ciudad de él formara
informó que el próximo 25 de julio se simulación más, y aclaró que sería muy Zócalo de estas alturas
México.
parte de esa comparsa, sin embargo, dijo estar dispuesto a acudir si el presidente espurio se comprometa a cambiar la
política económica que ha dañado al pueblo y a la nación.
En vísperas de que se cumplan cuatro años de que los potentados y Calderón le robaron la Presidencia de la República,
López Obrador expresó con optimismo que hay un avance significativo en el Movimiento de transformación que encabeza,
que cuenta con una organización de 2 mil 500 comités municipales y más de 2 millones 500 mil representantes del
Gobierno Legítimo de México.
En su visita a los estados de Yucatán, Puebla y Sinaloa, donde presentó su décimo libro y realizó reuniones de evaluación
con los comités municipales, López Obrador dejó en claro que para resolver los problemas de inseguridad y violencia hay
que atender las causas de ambos flagelos, como el desempleo, la carestía de la vida y la falta de oportunidades de estudio
para millones de jóvenes. Andrés Manuel López Obrador tiene razón al afirmar que ni el PRI ni el PAN están
dispuestos a cambiar los privilegios de unos cuantos por el bien de las mayorías. Los hechos lo demuestran.
La unidad no será con Calderón o la "Iniciativa México", sino contra ellos por ser los que han
llevado al país al desastre.
Felipe Calderón, el presidente ilegítimo, así como los multimillonarios del país que crearon la llamada Iniciativa México, han
desarrollado una intensa campaña por TV y radio invitando a todos los sectores a unirse a sus políticas. Calderón se ha
dirigido a toda la familia política para firmar acuerdos “con el fin de combatir la delincuencia y el narcotráfico", y la llamada
Iniciativa México ha invitado a la población a participar en concursos de propuestas y proyectos para “hacer progresar al
país". La realidad es que la inmensa mayoría de la población, quizá el 70 por ciento, no está ni enterada ni interesada en
esto; otro sector de la población, ese que alguien llamó "las fuerzas vivas", sabe lo que esos llamados significan en tiempos
de crisis económica, de repunte de la inseguridad y de desplome gubernamental por incapacidad. Los trabajadores
mexicanos, por necesidad humana, seguiremos luchando y defendiéndonos desde todos los rincones, aunque nos sigan
explotando y reprimiendo. En esas batallas que por hoy son aisladas por falta de experiencia, estamos aprendiendo a ser
unitarios para que en adelante ningún gobierno o clase empresarial nos siga sometiendo como hasta ahora lo han hecho.
Los trabajadores construiremos la unidad para combatir al gobierno y a los empresarios capitalistas, para acabar con el
sistema de explotación y opresión. ¿Por qué piensa Felipe Calderón, el presidente ilegítimo, y la recién creada organización
empresarial, Iniciativa México, que el 70 por ciento de pobres, desempleados, miserables de este país vamos a unirnos a
ellos para que nos sigan oprimiendo? La unidad que construimos no es con ellos sino en contra de ellos. Mientras exista el
sistema capitalista y la desigualdad social que genera, la llamada delincuencia y el narcotráfico no podrán desaparecer.
Por más que aumenten las fuerzas policíacas y militares, así como la cantidad de armas sofisticadas que portan, si la
población sigue sufriendo desempleo, salarios de hambre, desigualdad social y opresión no podrán desaparecer los efectos
sociales de esta realidad. (editado, Pedro Echeverría) El enemigo común es la desigualdad y la pobreza.

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PRI Y PAN RESPONSABLES DEL DESASTRE
“Los priístas no permitiremos que la vulneración de la
democracia por medio de la violencia propicie el triunfo del
caos generalizado, o de su rostro más perverso: el
autoritarismo”, dice Beatriz Paredes.
“El único camino hacia la paz y la libertad de los ciudadanos
es encarar con firmeza y determinación a la delincuencia
organizada, hacerle frente hasta derrotarla, porque la lucha
contra la inseguridad es, precisamente, por la defensa de la
vida, la integridad y los derechos de los mexicanos”, dice
Felipe Calderón.
Palabras vacías… Demagogia barata
“La alianza histórica del PRI y del PAN, sellada en 1988 con el
fraude electoral que llevó a la Presidencia a Carlos Salinas de
Gortari, ratificada en 1998 entre Zedillo y Calderón con la
aprobación del Fobaproa, refrendada en 2000 con el ascenso
de Fox al poder, en 2004 con el desafuero de López Obrador,
en 2006 con el golpe de Estado que incrustó a Calderón en
Los Pinos, y en 2008 con la privatización encubierta de
PEMEX, es la causante de esta catástrofe”. Jaime Avilés
NI UN VOTO AL PRI NI AL PAN
Sigue pendiente la resolución que en 2009 emitió la Corte, en la que advirtió que en los disturbios de
mayo de 2006 en Atenco sí hubo violación grave de garantías individuales por parte de los elementos
de seguridad que realizaron el operativo. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el
miércoles pasado la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),
presos desde mayo de 2006, por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó
las acusaciones contra los detenidos a partir de “premisas falsas y endebles”, además de que utilizó “pruebas ilícitas”
para imputarles el delito de secuestro equiparado. El presidente de la primera sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, el
único que votó en contra del amparo, consideró que quedó demostrada la acusación de secuestro equiparado en razón
de que los funcionarios “retenidos” en los hechos ocurridos en febrero y mayo de 2006 en Atenco sufrieron amenazas
físicas y verbales como forma de presionar al gobierno mexiquense a cumplir sus demandas. Por su parte, el ministro
Silva Meza aseveró que la ilegalidad de la sentencia reclamada se pone de manifiesto cuando la autoridad enfatizó la
responsabilidad de los quejosos, porque pertenecen a una organización social, como lo es el FPDT, partiendo de una
ideología totalitaria donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de
peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si
se encuentran o no debidamente acreditadas; agregó que las condenas reclamadas en los amparos dejan ver una forma
maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar a la oposición, que pone en
entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la integridad, la libertad de asociación y de expresión de
los líderes sociales sentenciados.“El respeto a las libertades es fundamental en un Estado democrático y de
ahí la importancia de la concesión del amparo para sentar un precedente cuando se presenten
situaciones como éstas en el futuro. La manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos
de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia
condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia, en indefectible desdoro de los derechos y
libertades del ciudadano”: Silva Meza. (editado, La Jornada 1/07/10)