El documento describe varios mecanismos jurídicos recientemente aprobados en Colombia que profundizan la impunidad por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, incluyendo una ley que amplía el fuero penal militar y permite que militares sean juzgados por la justicia militar en lugar de la ordinaria. Organizaciones de derechos humanos han demandado ante la Corte Constitucional la derogación de estas leyes.

1. Hay tanto poder en el fuero penal militar, que tambalea el
Estado social de derecho
MECANISMOS JURÍDICOS QUE PROFUNDIZAN LA IMPUNIDAD
Aprobados acto legislativo que amplia el fuero penal militar y la ley estatutaria que
la regula. El 12 de diciembre de 2012, pese a los múltiples llamados de organizaciones
nacionales e internacionales, incluidos 11 relatores de Naciones Unidas, el Congreso
nacional aprobó el acto legislativo que reforma la Constitución colombiana y amplia el
Fuero Penal Militar, otorgándole a la Fuerza Pública mayores prebendas y beneficios y
facultando a los agentes del Estado, activos o en retiro, para que sean a la vez juez y
parte en investigaciones penales por violaciones a los derechos humanos. Leer más
Tras la reforma a la Constitución, el Congreso estableció que éste, debía ser regulado
mediante un Ley Estatutaria que reglamentara su aplicación. Proyecto que fue radicado
el 19 de marzo y aprobado por mayoría, el 19 de junio de 2013. Esta Ley, tal como quedó
aprobada, genera grave riesgo de que los asesinatos cometidos por militares, conocidos
como “falsos positivos”, sean transferidos de los fiscales de la justicia ordinaria a la
justicia penal militar; autoriza a la Fuerza Pública a usar fuerza letal contra civiles en
una amplia gama de circunstancias y establece la definición de “blanco legítimo” que
permite a la Fuerza Pública atacar a civiles en una variedad de situaciones. Leer más
Esta Ley Estatutaria, se aprobó pese a todos los llamados nacionales e internacionales al
Congreso de la República para que reflexionara en las graves implicaciones que una Ley
como ésta. traerá para la democracia y los derechos humanos en Colombia. Leer más
Organizaciones sociales y de derechos humanos demandan el Fuero Penal Militar.
En respuesta a este desafuero, organizaciones sociales y de derechos humanos, incluidas
organizaciones que hacen parte de las Mesas de Trabajo sobre Ejecuciones
Extrajudiciales y Desaparición Forzada, han presentado varias demandas ante la Corte
Constitucional, apoyadas por sectores de la opinión pública que esperan que la actitud
de los magistrados sea más racional y coherente con el Estado Social de Derecho que se
supone, es nuestro país. Leer más
El Cinismo del Ministro de Defensa. En diciembre de 2012, ad portas de la firma del
proyecto que extendió el fuero para los militares, Juan Carlos Pinzón, Ministro de
Defensa envió una carta al director de Human Rights Watch, respondiendo a sus críticas
frente a la reforma. En la misiva, el Ministro afirma que “ningún soldado debe ir a la
cárcel por combatir la guerrilla en el marco del Derecho Internacional Humanitario” y
señala 4 casos puntuales que, según él, “evidencian la alarmante situación de militares
condenados por bajas ocurridas en combate”. Sin embargo, al menos dos de estos casos
se tratan de condenas a militares por falsos positivos, que falló la justicia ordinaria y que
fueron conocidos en su momento por la opinión pública. Leer más

2. Hay tanto poder en el fuero penal militar, que tambalea el
Estado social de derecho
PANORAMA
General Escalante implicado en ejecución extrajudical de dos campesinos.
El 26 de junio de 2013, el Teniente Marco Fabián García Céspedes, fue
condenado a 26 años de prisión por el asesinato de Daniel Torres Arciniegas y
su hijo menor Roque Julio Torres Torres, el 16 de marzo de 2007. Sin embargo y
a pesar de las pruebas, aún falta que se procese al General Torres Escalante,
comandante para la época de los hechos, de la XVI Brigada del Ejército
nacional, al Mayor Carlos Alirio Buitrago Bedoya, comandante del BCG No.65,
adscrito a la XVI Sexta Brigada y de los comandantes del B2 y B3.
Luego del testimonio rendido por el Teniente Marco Fabián, el General Torres
Escalante aparece como el principal instigador y promotor de la muerte de los
dos campesinos y la posible desaparición forzada de una mujer. Leer más
CASOS
El escándalo de Soacha, solo quedó en escándalo. A cinco años de conocerse la historia de los jóvenes de Soacha
que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, es evidente el grado de impunidad en el que se
encuentran cada uno de los procesos.
Los casos de Soacha, se suman a las miles de víctimas en todo el país que aún, no saben en que estado se encuentra su
proceso. Según cifras de la Dirección Nacional de Fiscalías, por el antiguo Sistema Penal, se adelantan 212 procesos,
de los cuales 80 se encuentran en etapa de investigación previa, 123 en instrucción o preparación, nueve en juicio y
solo se han proferido cuatro condenas contra 20 militares. En el actual sistema penal acusatorio hay un total de 182
procesos, de los cuales 165 está en indagación, uno en etapa de investigación, 12 en juicio y cuatro condenas con 17
personas condenadas. En la Unidad de Derechos Humanos, por su parte, hay un total de 1.872 investigaciones, con 623
personas condenadas. Leer más
Fiscalía 38 de la Unidad de Derechos Humanos de Cali, contribuye a la impunidad en violaciones a los derechos
humanos. El 7 de mayo de 2013, de mayo de 2013, se conoció una denuncia en contra de la Fiscalía 38 de la Unidad de
Derechos Humanos, quien de manera extraña ha permitido una serie de dilataciones en los procesos que por
violaciones a los derechos humanos se le han asignado. Uno de estos procesos es la ejecución extrajudicial de cinco
jóvenes, el 5 de agosto de 2008, en el corregimiento Rozo, en Palmira (Valle del Cauca), por parte del Batallón
Codazzi. De acuerdo a la denuncia, tanto los fiscales como el equipo investigador asignado a esta unidad, ha
contribuido a la impunidad, pues a pesar de la existencia de contundentes elementos materiales probatorios, no ha
hecho nada por esclarecer el crimen y al contrario ha actuado de manera contraria a su mandato como ente
investigador. Leer más
Ataques en contra de organizaciones que hacen parte de las Mesas de Trabajo de la CCEEU. Entre el 25 y 30 de
mayo de 2013, durante los actos de la Semana de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Fundación Nidia Erika
Bautista y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, dos organizaciones que hacen parte de las Mesas de
Trabajo sobre Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación­Colombia­Europa­Estados
Unidos, y que realizan un trabajo constante denunciando graves violaciones a los derechos humanos y el estado de
impunidad en el que se encuentran los procesos que siguen ante instancias nacionales, fueron víctimas de amenazas y
hostigamientos, Leer más