Este documento es una circular externa del Archivo General de la Nación que recuerda a las entidades públicas su obligación legal de transferir documentos con valor secundario a los archivos generales correspondientes. Asimismo, aclara que estos documentos no pueden ser entregados a terceros mediante contratos de custodia y que los alcaldes y gobernadores deben asignar recursos para el funcionamiento de los archivos generales.