El documento denuncia la financiación estatal a la Iglesia Católica en España, que recibió más de 6.000 millones de euros en 2012. La Iglesia promueve valores desigualitarios y LGTBIfóbicos que son incompatibles con una sociedad democrática y plural. Se pide romper los privilegios económicos de la Iglesia y lograr un estado verdaderamente laico y tolerante mediante la derogación del Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 con el Vaticano.