Las organizaciones periodísticas recuerdan al gobierno que la libertad de prensa y expresión están protegidas por la Constitución y la Ley de Imprenta de 1925. La Constitución garantiza estos derechos en varios artículos y los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango supraconstitucional. Cualquier modificación a esta normativa debe respetar los tratados internacionales y el proceso constitucional, sin reducir la garantía de libertad de prensa. Rechazan cualquier intento de limitar estas libertades fundamentales para la dem