Este documento contiene la transcripción de una tertulia sobre el acceso a la información pública organizada por la Asociación de Periodistas de La Paz y la Fundación Konrad Adenauer. En la tertulia se presentaron cuatro expositores que hablaron sobre los límites entre el cierre y la apertura de la información pública. El moderador explicó que el objetivo era debatir sobre este tema importante para la democracia y la libertad de expresión.

1. Asociación de Periodistas de La Paz
Fundación Konrad Adenauer
Tertulia: Acceso a la información: los límites entre cierre y apertura
[Transcripción del evento realizado el viernes 29 de marzo de 2012]
1. Palabras de Bienvenida.
Dr. Iván Velásquez, Coordinador de la oficina de la KAS en Bolivia
Mis agradecimientos a la Asociación de Periodistas de La Paz a la cabeza de Pedro
Glasinovic por el evento del día de hoy, “Acceso a la Información, los límites entre el cierre
y la apertura”. También quiero agradecer a Antonio Vargas, Fiscal General de la Asociación
de Periodistas de La Paz. A nuestros expositores. La señora Guadalupe Cajías, Marcela Inch
que nos visita en La Paz de Sucre, al señor Edwin Flores, Marcelo Tedesqui y Luis Oporte
por el aporte y las exposiciones en esta noche.
En el programa Ustedes verán que Susanne Käss de la Fundació Konrad Adenauer iba a
hacer las palabras de apertura, pero yo estoy en reemplazo de ella. Porque mañana
Susanne tiene un viaje a Alemania. Ella sale muy temprano y Aerosur le ha pedido que esté
con más de tres horas de anticipación en el aeropuerto. Entonces, Susanne se disculpa con
todos ustedes, pero para el siguiente evento nos va acompañar.
Simplemente voy a decir que la Fundación está de aniversario. Son aproximadamente 50
años que la Fundación Konrad Adenauer comenzó su trabo a nivel internacional y
básicamente, la primera oficina en Latinoamérica abierta por la Fundación Konrad
Adenauer fue en Venezuela. El joven presidente Rafael Caldera, cuando los años sesenta,
visitó Alemania y específicamente visitó al canciller Konrad Adenauer; le solicitó
expresamente que Alemania pueda extender sus lazos de cooperación hacia
Latinoamérica y Konrad Adenauer decidió abrir la primera oficina en Venezuela. La
segunda oficina se abrió en Chile y básicamente desde las oficinas de Chile se hacían
trabajos y proyectos en Bolivia, hace 40 años. Con oficinas propias estamos hace más de
35 años trabajando ya en Bolivia.
La Asociación de Periodistas de La Paz, quiero destacar, es una contraparte que trabaja
con nosotros hace muchos años atrás, pero desde que yo regresé de Alemania, en el 2007,
el directorio a la cabeza de Pedro Glasinovic, que ha trabajado con nosotros junto a su
equipo, muy dinámicos. Los eventos que hemos hecho con ellos han estado muy
interesantes, no solamente por la coyuntura actual que estamos viviendo todos, sino por
el dinamismo y el profesionalismo de todo el equipo de Pedro. Quiero felicitar y agradecer
toda la colaboración que nos han dado y prácticamente nosotros nos hemos sentido muy
apoyados con el proyecto que hemos tenido con la APLP.
También quiero agradecer al Fiscal General de la Asociación, Antonio Vargas, porque con
él básicamente hemos hecho un estudio muy interesante, una investigación que ustedes
la han tendido y han podido estar con nosotros. Básicamente, Antonio, muchas gracias por
toda la colaboración, el profesionalismo en tu investigación. Simplemente cierro con eso y
agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta noche y a los expositores también.
Muchas gracias.
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2. 2. Presentación de los expositores.
Lic. Pedro Glasinovic, Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.
Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por los conceptos; es nuestra obligación y
estamos muy satisfechos por haber contribuido en el debate de estos temas que son de
importancia para nuestro país.
Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra compañera Lupe Cajías, periodista e
historiadora. Esta es tu casa. Orgullosos de verdad de tener a Marcela Inch con nosotros,
historiadora, ex directora del Archivo Nacional de Bolivia, un trabajo impecable el que
hecho ella en Sucre, así que estamos de veras muy orgullosos. Bienvenida Marcela a la
Asociación. Y a nuestros compañeros y colegas, Edwin Flores, docente de periodismo,
investigador y a Marcelo Tedesqui, editor de Seguridad de Página Siete. Bienvenidos
todos.
Quiero decirles que esta actividad se realiza gracias a la cooperación de la Fundación
Konrad Adenauer y esta es la última que vamos hacer durante esta nuestra gestión. Les
agradecemos, por supuesto, y deseamos que Susanne le vaya muy bien en su viaje a
Alemania.
Cuando los ciudadanos acudimos a las urnas y con nuestro voto formamos gobierno,
construimos legislativos y delegamos soberanía, también entregamos, con ese acto de
confianza en la democracia, nuestra buena fe en las acciones de quienes se constituyen
nuestros gobernantes. Ese acto de confiabilidad contiene, además, la carga y la
responsabilidad de quién es beneficiado con ese voto. El gobernante o representante que
resulta ungido en las urnas recibe el mandato de administrar la cosa pública, pero también
la carga moral de hacerlo con transparencia, honestidad y eficiencia.
El libre acceso a la información pública es el mecanismo que garantiza que ese principio de
la transparencia se cumpla con rigor para evitar que la corrupción, la irresponsabilidad y el
abuso de poder utilicen la confianza del pueblo para beneficiar intereses sectarios y
personales. Sin transparencia no hay fiscalización y sin fiscalización no hay manejo
correcto de la cosa pública. Por esta condicionante, tan profunda como ineludible, la
Constitución Política del Estado establece como derecho civil y político de los ciudadanos,
el acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera
individual y colectiva en el inciso seis de su artículo 21. De manera concordante, el
parágrafo 106 de la Ley de Leyes establece que el Estado garantiza el derecho a la
comunicación, el derecho a la información.
En el mismo tono, el artículo 232 de la Constitución determina que la administración
pública se rige por los principios de publicidad, transparencia y honestidad. El artículo 235
de la Carta Magna define que son obligaciones de los servidores públicos cumplir la
Constitución y las leyes, prestar declaración jurada de bienes, rendir cuentas sobre las
responsabilidades económicas y políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la
función pública. En su faceta garantista y para preservar el pleno ejercicio de este derecho,
la Constitución ha previsto la acción, protección de privacidad y en su artículo 130 faculta
al ciudadano a interponer ese recurso ante cualquier juez o tribunal competente para
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3. conocer, objetar u obtener la eliminación o la rectificación de los datos registrados por
cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos o bancos de datos
públicos o privados.
No obstante estos mecanismos que garantizan el acceso a la información pública, la Carta
Magna determina la obligación de los funcionarios públicos de guardar secreto respecto
de las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas, incluso después de
haber cesado en las funciones, según el artículo 237, inciso dos. Es en este último artículo
donde radica el tema central de nuestra tertulia.
Como periodistas que hacemos el ejercicio de la libertad de expresión una profesión,
reclamamos el acceso libre e irrestricto a la información pública, pero el Estado, como
institución de orden político, asume para sí la facultad de definir qué es secreto y qué es
público. ¿Cuál es el límite del ejercicio del derecho de acceso a la libre información?
¿Quién determina cual es información secreta y cual es pública?
Como aporte inicial, me permito sugerir que debe considerarse como información pública
toda aquella que afecte los intereses de la ciudadanía, pero dejaré que este dilema sea
resuelto por la participación de nuestros invitados y las contribuciones del auditorio. Como
posición institucional y personal, reiteraré que sin libertad de expresión no hay
democracia y que sin información transparente, no hay libertad de expresión. Con estas
palabras quiero dar inicio a esta nuestra tertulia, al agradecer nuevamente la presencia de
todos ustedes y a nuestros invitados y pedirle a nuestro fiscal Antonio Vargas que va
actuar esta noche como moderador.
A ustedes muchas gracias.
3. Presentación de la temática y metodología.
Lic. Antonio Vargas, Fiscal General de la Asociación de Periodistas de La Paz.
Muy buenas noches, reitero la bienvenida a todos nuestros invitados. A la licenciada
Marcela Inch, a la licenciada Lupe Cajías, al Licenciado Flores y al Licenciado Tedesqui.
Agradecer, una vez más, a la fundación Konrad Adenauer que hace posible estos espacios
de reflexión, de debate y análisis de todos aquellos puntos que hacen no solamente al
ejercicio y la práctica del periodismo, sino también a la construcción y a la vida
democrática.
La metodología que tenemos para esta tertulia, es la exposición de los expertos invitados.
Cuatro expertos, aunque lamentamos mucho la ausencia del Licenciado Oporto que debió
haber dado la ponencia sobre cuáles son los mecanismos de acceso a los archivos que
están en la Vicepresidencia; él se excuso, indicando que tenía una actividad académica.
Señalo también, que de manera contextual, debemos hacer un poco de memoria de cuál
es la última vez que esta Asociación ha estado reunida con el poder político constituido,
vale decir, con aquellas dependencias del gobierno que de alguna manera han intentado
elaborar una ley de acceso a la información. Les hago recuerdo que en este momento, el
instrumento jurídico, que está directamente relacionado con el derecho al acceso a la
información, es el decreto supremo 28168 que tiene algunas limitaciones y que se supone
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4. que debería haber una ley que proponga un ejercicio realmente completo del acceso a la
información.
Quiero señalar que la última vez que esta Asociación ha estado reunida con el poder
político fue en ocasión de presentar una carta el 17 de septiembre de 2010 a raíz de un
anteproyecto de ley que se nos hizo llegar y sobre el cual hicimos conocer nuestras
observaciones. Las observaciones no solamente fueron de esta institución, sino también
de la Confederación Sindical de los Trabajadores de la Prensa de Bolivia, de la Asociación
Boliviana de Radiodifusoras, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. A
continuación leeré la posición institucional respecto de la regulación del derecho a la
información. –La carta estuvo dirigida a la doctora Dubeiza Palacios Maldonado, que en
ese momento era la Viceministra de Prevención, Promoción, Ética y Transparencia del
Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Estado Plurinacional de
Bolivia. Señala:
Distinguida Viceministra. Por este intermedio hacemos llegar a su autoridad nuestras observaciones
al proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, las cuales tienen como
propósito, enriquecer esta norma para que sus mandatos contribuyan efectivamente a la
transparencia de las acciones en el manejo de la administración pública y a la posibilidad y garantía
del acceso a la información que se encuentre bajo custodia administración o tenencia del Estado.
Como es de conocimiento suyo, todas las instituciones que suscriben la presente han coadyuvado
junto a pasadas administraciones y, de igual manera, con la actual en la elaboración de una norma de
transparencia y acceso a la información pública. En este sentido, nuevamente nos podemos a su
disposición para trabajar de manera conjunta y coordinada entre nuestras instituciones.
Nuestra comprensión del derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, de la
transparencia en la administración pública, es y ha sido siempre desde la visión ciudadana y no, como
se ha dicho en algunas ocasiones, como un atributo exclusivo de nuestro gremio. Este deber ser es el
punto desde el cual queremos que se retome el diálogo y que, además, aunemos voluntades, a favor
de nuestra sociedad. Nuestras observaciones.
Art 1. Objeto. “La presente ley tiene por objeto regular la transparencia en la gestión pública y
garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de acceso a la información pública que se
encuentre bajo custodia, administración o tenencia del Estado”. Observación: Se debe indicar que
administración o tenencia del Estado, en cualquiera de sus niveles de gobierno; esto afín de
adecuarse a los nuevos niveles de gobierno que aparecen en la Constitución Política, vale decir,
nacional, departamental, regional, provincial, municipal e indígena.
Art 2. Fines. “Los fines de la presente ley son: determinar los procedimientos y mecanismos ante la
administración pública para la transparencia y el acceso a la información que cursa en su poder”.
Observaciones: A pesar que indica que la norma determinará los procedimientos y mecanismos,
deja muchos puntos suspensivos que no son lo suficientemente claros en el texto que sigue a este
artículo. Tales son: a) No se especifica en cuál de los idiomas procederá la petición de acceso a la
información, tampoco si la respuesta deberá ser en castellano o en el idioma en el que se hizo la
petición. Esto es particularmente importante si se considera que de acuerdo con la Constitución,
además del castellano, se consideran 36 idiomas oficiales. b) Sobre la base de la observación
anterior, cuando se manda que deberán existir unidades de transparencia en todas las entidades
previstas por esta ley no se prevé el multilingüismo contemplado en la Constitución Política del
Estado. c) También en relación con el idioma, no está previsto en la norma en cuestión, que casi
todo el volumen de la información en custodia, administración o tenencia del Estado, se encuentra
en el idioma castellano, por lo cual, corresponde preguntar, ¿cómo se puede garantizar el acceso a
la información en un idioma que puede resultar incomprensible para el peticionario?
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5. Art 3. Ámbito de aplicación y alcance. Observaciones. a) Siendo que, también por mandato de la
Constitución, el control social se constituirá en un ejercicio de la sociedad civil organizada para
participar en el diseño de las políticas públicas, entonces los resultados de este ejercicio,
debidamente registrados deben ser susceptibles de ser escrutados, por tanto, cuando se habla de
ámbito de aplicación y alcance, en esta norma el control social debe estar explícitamente
mencionado. b) De igual forma, las universidades de todo el sistema público deben estar incluidas
en este artículo. c) Así también debe mandarse que toda la información generada por las
organizaciones no gubernamentales, que prestan sus servicios en el país, deberían estar sujetas al
mandato de esta norma.
Art 9. Registros y archivos públicos. “Es responsabilidad de las entidades públicas y de las entidades
privadas que prestan servicios públicos, crear, mantener y gestionar los archivos de información
pública de acuerdo a ley” Observaciones. a) De forma paralela y complementaria a esta norma,
debería formularse otra de igual jerarquía que esté destinada a regular a los archivos, es decir, una
ley de archivos, pues, sin este apoyo simultáneo, resulta bastante difícil garantizar eso en lugares
donde se almacena la información, si estos, en muchos casos, no existen o son muy precarios para
la prestación de sus servicios. b) En este sentido, aunque es válido para toda esta norma, debería
estar establecido un mecanismo de financiación para la ejecución de sus mandatos que, sin que
por ello, las entidades previstas por esta ley, tengan que mermar sus presupuestos, más aún si se
toma en cuenta que el cumplimiento de las normas es inversamente proporcional a la distancia de
los centros de decisión, sean nacional o departamental, entre otros.
Art 14. Informe de gestión gubernamental. “El Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de la
Presidencia, publicará un informe de lo realizado durante su administración con la anticipación
necesaria a la fecha establecida para el cambio de gestión de gobierno”. Observaciones. a) Si lo que
se busca es que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de las acciones gubernamentales sin
importar del nivel que se trate, un informe de gestión es insuficiente, pues la norma debería prever
un informe anual, además de toda la gestión. b) En los informes anuales deberían preverse
mecanismos de consulta ciudadana que planteen los puntos sobre los cuales es necesaria la
información afín de tomar las acciones democráticas correspondientes.
Art 15. Información de la Procuraduría General del Estado. “La Procuraduría General del Estado
deberá publicar y difundir la información pública siguiente: i) Denuncias presentadas por el control
social. ii) El tratamiento y procesamiento de ellos y los resultados obtenidos. Observación. Una
denuncia, más todavía si está en etapa investigativa puede destruir el buen nombre de una
persona, por lo cual, deberían ser públicas sólo aquellas denuncias que, habiendo sido
comprobadas, no dejan lugar a la duda o a la sospecha.
Art 29. Procedimiento. “La solicitud de información escrita deberá contener: i) el nombre completo
del solicitante. ii) Descripción o detalle claro y preciso de la información solicitada. iii) Información de
contacto para recibir notificaciones y recibir información. Observaciones. a) En cuanto al nombre del
solicitante, la norma debería señalar que se verificará esta información, pues no se puede negar a
nadie el acceso a la información, siempre y cuando los datos de identificación sean fidedignos. b)
En cuanto al carácter claro y preciso de la información solicitada, la norma debería remitir a un
conjunto de requisitos mínimos que debería tener la petición de información para ser clara y
precisa.
Art 37. Informes al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
Observaciones. a) La norma de referencia deja claro que el regulador es también el regulado, esta
figura desmerece todo intento por transparentar sus acciones o por validar sus intervenciones. b)
Debería contemplarse la creación de una entidad que sea autónoma del poder político constituido,
de forma tal, que no quede lugar a dudas de su independencia. Esta entidad, debería estar
formada por los representantes de las entidades previstas por ley.
Art 42. Excepciones en el acceso a la información. Observaciones. a) Al estar relacionada la
información recogida por los periodistas, tanto con la seguridad interna o externa del Estado, no
puede dejarse sobreentendido que la reserva de fuente corresponda a la información confidencial
en la figura del secreto profesional, en todo caso, debe mencionarse explícitamente que la reserva
de fuente es un secreto que el Estado Plurinacional debe guardar celosamente y por lo tanto, su
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6. clasificación corresponde a la más alta excepción prevista por la norma. b) Sobre la base de lo
anterior, el tratamiento de la reserva de fuente debe remitir directamente a la Ley de Imprenta y
no, como señala la norma, a una simple orden judicial.
Art 43. Plazos. Observaciones. a) Los plazos deben guardar relación con el ciclo de los archivos, lo
cual refuerza nuestra observación relacionada con la complementariedad de una Ley de Archivos a
la presente norma, de tal manera que la información a su paso por la estructura organizativa de las
entidades previstas por la ley tengan relación en el acceso a ella. b) Los límites temporales para la
desclasificación de la información son excesivos y que éstos deberían ser concordantes con el
riesgo o beneficio que el Estado Plurinacional tendría al hacer pública la información
desclasificada.
Art 44. Clasificación de la información Pública. Observaciones. a) La norma en cuestión, cuando se
remite al texto constitucional, artículo 237, no prevé que en la carta constitucional se entremezclen
por igual, términos secreto y reserva, cuando por lo manifestado en el artículo 42 de esta norma,
no se trata de términos homologables, de la misma manera, en toda la legislación vigente en el
país se pueden encontrar casos similares, por lo que debía haberse hecho una revisión exhaustiva
para evitar esas contradicciones. b) El responsable de la clasificación e información no puede ser la
máxima autoridad de las entidades previstas por ley, en todo caso, ésta debe sugerir a una entidad
autónoma independiente del poder político constituido, y creada para cumplir la función
reguladora de la norma, la clasificación de la información en su poder o que haya sido generada
por la entidad de la cual es la máxima autoridad.
Llama la atención que no se prevea un tiempo para la implementación de la norma en cuestión
debido a que, como ha hicimos notar, el cuerpo vigente normativo del país tiene algunas
inconexiones que pueden resultar en contravenciones de los mandatos de este anteproyecto
Sin otro particular y manifestando nuestras consideraciones más distinguidas, quedamos a la espera
de sus comentarios para que nuevamente podamos dialogar de manera franca, abierta y sincera. Con
atención, las organizaciones mencionadas.
Hasta este momento no tenemos respuesta. Por lo tanto, cuando a veces, en los discursos
que vienen de algunas autoridades de gobierno se dice, primero, que nosotros no somos
propositivos, pues aquello no es cierto y segundo, nosotros siempre hemos y vamos a
estar abiertos al diálogo en iguales condiciones y en el marco del respeto mutuo. Muchas
gracias.
4. “Reseña sobre el marco normativo del acceso a la información”.
Lic. Guadalupe Cajías, Historiadora y Periodista.
[Presentación apoyada con filminas en Power Point]
Muy buenas noches. En primer lugar saludar a nuestro anfitrión, el Presidente de la
Asociación de Periodistas de La Paz y compartir la testera con alguien como Marcela Inch,
que en realidad, sin que lo sepamos, ha hecho el principal trabajo para que haya acceso a
la información, que es institucionalizar y perfeccionar los archivos del Estado. Y también
estar con Marcelo y con Edwin que se han distinguido por ejercitar el periodismo de
investigación que tiene, como una de las herramientas más importantes, el acceso a la
información pública. Saludar a los ex presidentes de nuestra entidad, a los premios
nacionales y a las ex presidentas del círculo de mujeres periodistas.
Además, me encanta ver que cada vez estamos combinando más las distintas
generaciones de este nuestro quehacer que abarca tanto el periodismo como la
comunicación y la investigación en comunicación.
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7. Voy a intentar dar brochazos de lo que es el contexto tanto internacional como nacional,
de la legislación vigente. Y creo que será muy importante guardar unos minutos para
preguntas que tengan ustedes y que se puedan resolver en este ámbito.
Así, que quiero entrar a ver los antecedentes internacionales para lo que es el tema de
acceso a la información. Muchas veces se tiene una confusión en pensar que la
Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Bolivia en 1997, tiene un
artículo relacionado con el acceso a la información. Recién se resolvió poner este tema en
la reunión de Buenos Aires, donde se creó además el mecanismo de expertos para evaluar
cómo iban los distintos países avanzando en el tema de prevención y lucha contra la
corrupción y a partir de esa primera ronda, se incorporó el tema de acceso a la
información.
Hay que señalar que desde aquella fecha a la actualidad, por lo menos mi último dato es
de fines de 2011, 23 países de la región han avanzado con una legislación específica y
varios consideran al derecho a la información en sus constituciones. Es importante señalar
que hay una práctica interesante en países como México, Ecuador y Perú con mucha
actividad y apoyo de los periodistas y en Panamá, donde hay un link, digamos así, con el
Defensor del Pueblo, una modalidad que se ha considerado, en su momento, como un
modelo para seguir.
¿De dónde sale este tema de acceso a la información pública? La Declaración Universal de
Derechos Humanos, que data de 1948, que tanto habla de libertad de expresión como de
los límites de la libertad (a veces, algunos periodistas nos olvidamos de aquello) y de la
responsabilidad en el manejo de la información y de la libertad de expresión.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ya data de los años sesenta, la
Convención Interamericana que, si bien fue firmada –oh paradoja– por los dictadores de
los años sesenta en el continente, recoge muchísimo de la declaración universal y nos ha
servido de paraguas también para apoyarnos también para apoyarnos en este derecho a la
información. Esto tuvo casi dos décadas de poco interés, bueno, recordemos lo que estaba
pasando en la región, en el continente, hasta que el 96, con el impulso de Venezuela y de
Brasil, por todo lo que pasaba en esos países, se impulsó, en primer lugar la Convención
Interamericana contra la Corrupción, la CIC, que es el primer instrumento internacional
conjunto que existe que permitió trabajar en distintos espacios del continente para
relacionar la lucha contra la corrupción con el instrumento de prevención que es el acceso
a la información.
Entonces, tenemos, el Plan de acción de la tercera cumbre de 2001, la declaración del
2004, la resolución de la OEA del 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, que realmente hay que conocerla en
detalle, nos favorece muchísimo. La declaración de Jefes de Estado de la Cumbre de las
Américas en Santa Cruz de la Sierra, muy poco después de octubre de 2003 y fue
importante conseguir que esto quede plasmado en un documento, en una declaración que
luego ha sido repetida por otras reuniones.
Después se firmó, el 2003, y Bolivia aprobó y ratificó mediante su Parlamento el 2005, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este instrumento recoge mucho
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8. de lo ya habíamos avanzado en América Latina y pone un articulado específico sobre el
acceso a la información pública y luego en la Asamblea de la OEA, en Lima, que ha sido el
año pasado, se ha trabajado el tema y se aprobó la Ley Modelo sobre Acceso a la
Información que merece una reunión específica sobre este tema.
Los antecedentes en Bolivia. Como bien detallaron tanto Pedro como Antonio, el tema
está en la Constitución Política del Estado y este es un paso que se ha logrado por la
acción, la gestión tanto de las organizaciones de prensa como de entidades que hemos
intentado trabajar aprovechando algunos espacios para que los constituyentes recojan
este tema del derecho a la información que va mucho más allá que el derecho a la libre
expresión.
Pero, hay algo que se debe subrayar. En los debates de hace 10 años había cierta
ignorancia de parte nuestra, de parte también de muchos colegas y de parte de los que
intervenían en el debate que en Bolivia ya existe una amplísima legislación tanto en leyes
como en decretos para acceder a la información. La Ley SAFCO es un primer instrumento
para ello y data del 92, pero ya estaba en sintonía con esto de modernizar el Estado. Se
supone que acceder a la información es el reflejo de un Estado moderno, democrático y
libre; y la ley SAFCO, al disponer que toda información útil, oportuna y confiable,
asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros, hizo, y esto
seguramente, Marcela también nos va poder contar, hizo que las entidades públicas que
estaban en un gran desorden, sobre todo de los archivos administrativos, tengan la
obligación de ordenarlos antes del archivo histórico.
Además, algo que es muy poco usado, hace que la Contraloría, que hasta por lo menos el
2002 fue una Contraloría institucionalizada, ponga en su página web todas las
transacciones que se hacían desde el Estado. Ahí, los periodistas un poco nos hemos
aplazado, porque estaban hasta los cheques que se pagaban y todos los informes con
indicios de responsabilidad. Sabemos que la Contraloría no acusa ni dice quien es culpable,
pero uno podría entrar a ver una serie de cruces donde aparecía tal empresa constructora.
Había muchísima información que lastimosamente ahora no hay.
La Ley de Procedimientos Administrativos que va por el mismo sentido y la Ley del
Funcionario Público que se firma en el gobierno de Banzer-Tuto Quiroga. Hay que
reconocer a este gobierno el esfuerzo que hizo para el acceso a la información pública y el
Estatuto del Funcionario Público es básico. Además, es una respuesta clara y puntual a lo
que demanda la CIC. Uno de los temas es la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Esta
declaración, en el caso de Bolivia, es una de la más adelantada del continente. Por
ejemplo, en México no se permite que sea público ni siquiera el extracto final por el tema,
de lo que ellos señalan que puede ser peligroso, porque la delincuencia organizada podría
emplear esta información para cometer secuestros, por ejemplo. Esto sucede también en
Colombia.
En el caso de Uruguay, solamente se limita a un muy pequeño grupo de funcionarios
públicos. En el caso de Bolivia, todos los funcionarios públicos, incluyendo maestros,
tienen que hacer esta declaración jurada y no es para provocar escándalo sino para tener
una información que permita hacer seguimientos. A esta información se accedía con
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9. facilidad en la página de la Contraloría y ahora les invito a realizar el ejercicio. Se van
asombrar de poner nombres muy famosos actuales y que aparecen en blanco.
Pero, además, el mecanismo de seguimiento en la SIC aconsejó a Bolivia, como a otros
países que se hagan cruces de información por sorteo, no por preferencia política, de
amigos o enemigos. Si no un sorteo de donde salgan 10 personas políticamente expuestas
y se cruce su información con los impuestos que pagan, con su estilo de vida y con otra
información que permita ver que se han hecho declaraciones correctas.
Hay una noticia que no la he podido comprobar, porque también a veces hay problemas
para entrar a la página web de la Contraloría, que varios de los elegidos en los comicios
judiciales no habrían hecho sus declaraciones de renta. Esto es delito penal y está vigente.
No sé cómo es posible si van a ser magistrados o van a estar debatiendo la
constitucionalidad de distintos documentos o amparos y que no hayan hecho su
declaración jurada. Entonces, les invitaría también a leer con detenimiento el Estatuto del
Funcionario Público todavía vigente.
La Ley de Municipalidades, no me voy a detener mucho en ello porque ustedes saben se
están cambiando ahora muchos elementos, pero sí quiero recordar lo que fue la
Participación Popular desde 1994 que siempre la he presentado en distintos foros
internacionales como Bolivia se adelanta a muchos temas como el Comité de Vigilancia
que establece el derecho del vecino para acceder a la información de su municipio y lo
que fue el diálogo del año 2000 que termina en esta ley que permite el acceso a la
información de todo lo que era el manejo de los recursos y lo que estaba pasando a nivel
de los departamentos y hacer el seguimiento con el Ministerio de Hacienda y con los
proyectos y todo esto ya estaba en las páginas webs en los años 2000 y el 2001.
Algunas fundaciones y ONG’s han aprovechado esta información, junto a algunos
investigadores. Pero, creo que a nivel de periodistas, ha habido poco aprovechamiento.
Igual que ha habido poca práctica, salvo unos 20 colegas, de ir a los archivos históricos que
están a disposición del público. Hice la averiguación en la Vicepresidencia hace cuatro
años. Dos periodistas habían ido y los dos eran deportivos para hacer estadísticas. Allí hay
una fuente riquísima de información.
Están los decretos que complementan la Ley SAFCO con todo lo que es la responsabilidad
con la función pública y muchos instrumentos como el SICOES, la Gaceta oficial de
Convocatorias.
En varias normas se hallan elementos para acceder a la información. Tengo registradas
como 30 páginas de distintos artículos, de diferentes normativas que nos muestran que los
años 90 ya hubo del intento de poner, por lo menos, el tema de transparencia y acceso a la
información.
A mitad del año pasado, hice el ejercicio con periodistas de Santa Cruz para ver que
encontrábamos en la página oficial del gobierno, lo quera “comunica.gov.bo”. Un ejercicio
cuyos resultados he publicado en el semanario Época: La Gaceta Oficial estaba retrasada
dos meses, los nombres que aparecían como autoridades se incluyen a gente que hace
mucho había dejado el cargo, como Gustavo Torrico, la Ministra de Salud. Estos
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10. instrumentos (página web) no se están aprovechando actualmente como se podrían
aprovechar y que en realidad ya había una práctica. Les recomiendo hacer el ejercicio de
revisar enlaces en ABI, vayan a los ministerios, vayan a ver cómo pueden conocer lo que
se ha gastado en un municipio o un proyecto del gobierno.
El Ministerio de Economía tiene mucha información. Es una fuente inagotable de
información y muy bien trabajada.
Hay estos instrumentos. El SICOM, el SICOES, la declaración jurada, los TIC’s, el SIGMA que
permite, y ese era su destino, que todo lo que era gestión, no solamente administrativa,
sino, por resultados, como nada la ley SAFCO, esté en lo que es el gobierno electrónico y
luego están los dos instrumentos más importantes. El 27320 de enero del 2003, que
provocó tanto quilombo y que se basaba en la declaración de Lima pero que
lastimosamente no conocían lo que se había trabajado a nivel internacional y el DS 28168
que se trabajó en gran parte con los colegas y sin perder de vista, como bien decía
Antonio, que si bien había este apoyo de los periodistas, el instrumento está destinado al
ciudadano, para que el heladero de la esquina tenga y ejerza el derecho de pedir
información sobre lo que está pasando en su barrio o está pasando con la compra de
armas de las Fuerzas Armadas.
Pero al ser decretos solo se queda en el Poder Ejecutivo, pero prácticamente no hubo una
implementación, hubo cuatro ensayos de estrategias voluntarias de transparencia, incluían
a una entidad, por ejemplo, como la Aduana que en ese momento tenía un buen sistema
de archivo, pero los sucesos que todos conocemos interrumpieron las dinámicas que se
podían implementar y también al haberse hecho discusiones muy largas permanentes, no
ha habido la práctica suficiente como para decir, esto sirve o no sirve.
En todas estas normativas tanto nacionales como extranjeras ya se ha establecido con
mucha claridad qué podemos pedir como acceso a la información.
Quiero recordarles lo positivo; lo que ya debería estar sobre todo en las páginas webs de
manera electrónica y que sirva para alguien que está en Pekín o que está en Sídney pueda
acceder a la información. Esa es la idea para que se pueda hacer seguimiento a la gestión,
sin importar su idioma, su nacionalidad y desde donde esté.
Además, hay algunos temas específicos que nos interesan. Por ejemplo y ya lo ha dicho
Antonio Vargas y es la posición de la Asociación que es muy importante señalar, hay
muchas dificultades en las definiciones; tanto en la Constitución actual, ya sacamos un
artículo específico en la prensa, como en el proyecto de ley.
Pero veamos: ¿Quién es funcionario público? Ahora, un funcionario público será alguien
que milite en un partido. No es pues así, lastimosamente está bien claro en esta Ley Marca
y la actual Constitución mezcla algo de la ley SAFCO con el Estatuto del Funcionario
Público, pero si no sabemos quién es funcionario público y cuáles son los niveles del
funcionario público, cuando es de libre nombramiento o cuando es de carrera, vamos a
tener muchísimas dificultades conceptuales para aplicar el acceso a la información y
establecer responsabilidades.
10

11. También está ahí el alcance y la finalidad de la información proactiva. El tema de las guías.
Antonio, aquí puedes tener muchas respuestas a las preocupaciones de la Asociación
porque el tema es que tenemos que trabajar con guías previas, porque no se trata de que
uno pregunte de pronto para que le respondan lo que ha sucedido en una entidad durante
los últimos dos años. Hay que trabajar específicamente qué se pregunta, cómo se
pregunta y cada entidad tiene estas guías. Esta ley marco ya nos da modelos de guías.
¿Cuáles son esas famosas excepciones? ¿Cuándo hablamos de confidencialidad? ¿Cuándo
hablamos de reserva? ¿Cuándo hablamos de secreto?
Además les recuerdo, que inclusive con la legislación vigente, el secreto termina a los 30
años. O sea que todo lo que es el tema de dictaduras y, si estoy equivocada Marcela me
corriges, a los 30 años todo archivo es accesible. Es decir, ya no hay ningún argumento
legal que pueda decir en este caso las Fuerzas Armadas.
¿Y qué es privado? Por ejemplo, si yo estoy contagiada de VIH Sida y formo parte de las
estadísticas del Hospital General. ¿Tiene alguien derecho a saber mi nombre o sólo mi
número? ¿Qué puede saber el Estado de mí? Aquí surge, por ejemplo, una fuerte discusión
en Alemania, donde ha surgido una fuerte discusión porque hay Estados en Alemania que
colocan una cantidad de información sobre las personas ya de manera electrónica. Por
ejemplo, si a uno le encontraron borracho hace 15 años, eso está en su récord y cuando te
quieres casar, tu futuro suegro ve el dato y bueno, se asustará, aunque ahora lo hace de
forma voluntaria con el Facebook.
Esta es una discusión muy importante y nosotros dejamos un pequeño proyecto para que
se hable también de la protección del dato privado.
Finalmente. He visto el último proyecto del Estado hace seis meses, no sé por qué pero
nos convocaron a un grupo, y ahí hicimos algunos punteos. Mi posición personal es que el
actual proyecto a pesar de sus problemas de conceptualización, de desorden inclusive, es
un proyecto que en los temas es coherente y recupera en gran parte los logros que hay en
Bolivia, de anteriores instrumentos, además está relacionada con la defensa de los
Derechos Humanos y es importante intentar que ya exista esta ley, porque estamos
debatiendo 10 años y al punto que actualmente la ley ya no está en la agenda.
Es más, el tema de acceso a la información y lucha contra la corrupción cada vez está
menos en la agenda internacional. Si ustedes se fijan ya no es un tema prioritario como fue
en la pasada década. Entonces, estamos perdiendo el barco y el tiempo y estamos
perdiendo la necesidad de entrenar al ciudadano a ser capaz de acceder a la información.
Sobre los temas específicos de esta ley, me parece fundamental que el instrumento del
tema de Acceso a la Información esté fuera del Ejecutivo y que sea una entidad como la
Defensoría del Pueblo, que goce de autonomía, que regule este derecho. Se supone
además, que incluso pueda ser un colectivo como sucede con el Instituto Federal de
Acceso a Información de México que es uno de los mejores ejemplos actuales.
Hay contradicciones en el proyecto de ley, sobre todo que va a pasar con la LOFA, de las
Fuerzas Armadas, y no se habla de lago que ha reclamado la Asociación de Periodistas de
cerrar el círculo con un trabajo sobre los archivos nacionales. No se nombran los
11

12. mecanismos, no se toman temas adicionales. Hay contradicciones sobre el tema de la
gratuidad. ¿Cuándo una solicitud es gratuita? ¿Cuándo debe cobrar el Estado? Imagínense
cuando se pidan 2.000 fotocopias o una información que no está en la entidad. Hay
muchos temas que ya han sido debatidos en las SIC, el mecanismo y a nivel de los países
que pudieran ser útiles al proyecto.
Lo que nos quedaría es intentar que se apruebe cuando antes la norma, salvo que se
introduzcan temas que estén fuera. Creo que nos va servir muchísimo, en este momento
habló como periodista y ciudadana, respaldarnos en la Ley Marco de la OEA. Ya no habría
mucho que discutir y casi se puede calcar esa normativa porque es como un instrumento
que ha sido diseñado para ser útil en todas partes, exista o no consagrado el derecho
constitucional a la información.
Es importantísimo que se trabaje, y me alegra mucho la presencia de Marcela, que se
trabaje con profesionales en historia, en bibliotecología y en archivística. Va a ser
imposible acceder a la información si no hay archivos institucionales ordenados y
accesibles. Les podría contar muchas experiencias que he tenido estos años ayudando a
pequeños municipios en este tema, en el trabajo de los reglamentos internos. Una entidad
tiene que definir antes cual es la información que no será pública y hay algo central que es
el archivo de gestión que es donde está el problema. ¿Cuándo se termina un expediente?
¿O puedo yo informar y dar a publicidad la carta que me ha llegado ayer? Y esto es lo que
debe establecer cada entidad como una guía general, pero cada organización, cada
ministerio tiene especificidades. No es lo mismo la información del Ministerio de Trabajo
que la del Ministerio de Hidrocarburos o la Cancillería.
Adicionalmente, es muy importante hacer talleres muy importantes para que se prepare a
las personas. Ojalá que la Asociación pueda preparar equipos de periodistas a nivel de La
Paz y ojalá a nivel nacional para capacitar a entidades y éstas puedan capacitar a sus
miembros y se haga una cascada para que se sepa realmente cómo pedir información.
Hemos tenido varias experiencias exitosas y quiero destacar que el Ministerio de
Hidrocarburos y sobre todo YPFB han entregado la información solicitada, que hay otras
entidades que no pueden entregar por el desorden interno que tienen, pero que hagamos
el ejercicio y que en esta práctica se vayan resolviendo muchos problemas que trae este
derecho. Muchas gracias.
5. “El acceso a los archivos, su utilidad y los procedimientos de desclasificación”.
Dra. Marcela Inch, Historiadora y ex Directora del Archivo Nacional de Bolivia.
Señor Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, señores periodistas, querida
Lupe. Agradezco a todos ustedes por tantas y tan caritativas palabras hacia mi persona.
Les agradezco profundamente. Quiero saludar especialmente a Alberto Bailey, que lo veo
allá, una cara querida, con quien he tenido oportunidad de trabajar más de seis años en la
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y de quien recibí enorme apoyo para el
trabajo que se ha hecho en el archivo y bibliotecas nacionales.
Les voy a contar un poco mi experiencia como archivera. Comenzar estas palabras
recordando que a finales de la época moderna, ya varios países de Europa, empezaron
12

13. abriendo sus archivos a un público mucho más grande que el que había accedido en la
época antigua y en la edad media.
Hay archivos desde que hubo sociedades organizadas y el acceso a esos archivos era
bastante amplio, por ejemplo, en Grecia. Se dice que fue la Revolución Francesa, en el
siglo XVIII, la que permitió poner los documentos ya sin interés para el Estado a disposición
de los investigadores, sin embargo, según Robert Henrry Bottier, esta afirmación es un
verdadero mito, hay muchos mitos entorno a la Revolución Francesa y este es uno de
ellos, ya que antes de 1789, los documentos públicos de Francia eran libremente
comunicados al público y más bien fue la convención la que limitó su consulta.
Como quiera que sea, este país creó en 1794 su Archivo Nacional para dar acceso a los
documentos públicos e históricos. A partir de ese momento, los Estados europeos imitaron
a Francia abriendo sus propios archivos nacionales y por supuesto, abriendo el acceso a la
información.
Esta política daría también lugar a la división de los archivos en históricos y
administrativos. Los administrativos son los de las oficinas. Los primeros, los archivos
históricos, eran los consultables, en cambio los segundos, los administrativos eran los no
consultables, es decir los vedados a la consulta de los ciudadanos.
Fue Suecia el país pionero en reconocer a través de su real ordenanza sobre Libertad de
Prensa, del año 1776, que los ciudadanos tenían derecho de acceder a los archivos
oficiales. Pero será hacia la década de los años sesenta y setenta del Siglo XX, con la
expansión de la democracia como modelo de organización social, que se impone el
convencimiento que los archivos del Estado se manejan y se conservan en beneficio de los
ciudadanos, lo que han mencionado tantas veces. Siendo al mismo tiempo estos archivos
la garantía de la transparencia de la actividad del Estado.
En pleno Siglo XXI el derecho de acceso a la información pública ha ganado indiscutible
consenso internacional y con ello la conciencia de la necesidad y de la utilidad de los
archivos administrativos para garantizar la transparencia en el manejo del Estado.
Los archiveros estamos muy felices ahora que nos mencionan tanto y que nos sientan tan
útiles, porque antes éramos lo último de las instituciones. Seguimos siendo, pero gracias a
los periodistas estamos pasando a ocupar un lugar bastante importante en la sociedad.
La aplicación generalizada en el mundo occidental del principio del derecho ciudadano de
acceso a la información pública ocasionó grandes efectos en la gestión de los archivos y los
documentos, viéndose sus administradores en la necesidad de alcanzar nuevos y altos
estándares de calidad en las tareas de control de fondos, los fondos documentales
obviamente.
Han sido, sobre todo, los archiveros de los países que se encuentran en la vanguardia de la
información como son Estados Unidos, Australia, Canadá y los países europeos los que han
respondido de manera más categórica a estos desafíos. No obstante, la necesidad de
reformas no podía quedarse únicamente en la teoría y práctica archivística. Esta alcanzó
las legislaciones que debieron ser coordinadas y armonizadas con las nuevas leyes sobre el
13

14. acceso a la información y a la inversa, quedando establecido que las reglamentaciones
para el acceso a la información, en adelante tendrían que realizarse según principios
archivísticos normalizados, es decir, que aquellos Estados democráticos se vieron
enfrentados a la necesidad de implantar nuevas políticas, unas dirigidas al libre acceso a la
información pública y otro a las archivísticas, cada una con su respectiva normatividad,
pero coordinadas.
Las normas legales bolivianas, relativas a los archivos, todas consistentes en decretos
supremos, no contemplan en sus articulados de manera específica el acceso a los archivos
y a la información contenida en ellos, porque son bastante anticuados.
Quiero hacer notar una cosa. Antes que usar el término ‘acceso a la información’, hablo de
‘acceso a los archivos’. Los archiveros consideramos que es más adecuado referirse a los
archivos porque la información es algo etérea y que la información la encontramos en los
documentos, por eso hablamos de documentos y archivos. ¿Cómo podríamos almacenar
algo que es etéreo? Que no tiene cuerpo, algo que sí tienen los archivos. Alguna vez me
preguntan: ¿Cuántos metros lineales de información tienes? Ni medio centímetro, ni un
milímetro, porque no se puede medir la información, en cambio sí los documentos y
hablamos en metros lineales. Por ejemplo, el Archivo Nacional tiene más de 7.000 metros
lineales de documentos.
Si bien estos decretos supremos no se refieren al acceso, a la información y a los archivos,
si lo hace el proyecto de ley del sistema nacional de archivos que se encuentra en la
Asamblea Legislativa desde hace cuatro años. Fue un proyecto que se inició en el archivo y
biblioteca nacional, fue debatido en varios congresos con los archiveros de todo el país y
luego surgió otra propuesta de parte de la Biblioteca y el Archivo del Congreso; se
compatibilizaron las dos propuestas, los dos proyectos y el resultado de ello, se presentó a
lo que era, todavía en ese momento, el Congreso. Sigue allá, después de cuatro años fue
aprobada en grande esta ley. Pero, me enteré hace más o menos un mes que este tema ha
pasado al Ministerio de Hacienda. No conozco porqué razón. Es una ley sobre la que hay
que prestar atención y ver qué pasa. Tiene bastantes articulados con relación al acceso a la
información y he leído la ley modelo de la OEA y me impresioné por las similitudes.
Dejando de lado este proyecto, voy a pasar a mencionar que entre las normas legales en
vigencia, estos decretos supremos, hay uno que tiene relación con el tema que nos está
ocupando esta noche. Uno de ellos, el más importante, es el 23934, del 23 de diciembre
de 1994 que prevé en varios de sus artículos la accesibilidad a los archivos en sus fases
administrativas. Accesibilidad no acceso.
Para dejarme comprender, hago notar que el término accesibilidad significa en archivística
la posibilidad de consultar documentos de archivo, es decir, la posibilidad del examen
directo de la documentación por parte de los usuarios que depende, entre otras cosas, de
las normativa vigente, de su estado de conservación, documentos en mal estado no se
pueden consultar, y del control archivístico. Mientras que el concepto de acceso hace
referencia al derecho de los ciudadanos a consultar la documentación.
La accesibilidad y el acceso a los archivos, a la información que está en los archivos, no
obstante son dos conceptos vinculados. No podrá haber acceso si antes las
14

15. documentaciones no han pasado por el laborioso tratamiento técnico que las hace
accesibles y sobre este aspecto queremos detenernos un poco, porque es importante
anotar que por muy adecuada que sea una legislación de acceso a la información, los
archivos pueden estar cerrados en la práctica si no se hallan organizados, si no disponen
de instrumentos de consulta o no cuentan con las condiciones materiales necesarias para
su acondicionamiento.
Citamos un ejemplo que nos ayuda a sopesar mejor esta situación. La Directora del
Archivo General de Yucatán, México, sostenía en una reunión muy similar a esta que en
México la administración pública por una deficiente accesibilidad a los archivos tuvo que
responder más de 15.000 veces que no existen los documentos ante las consultas hechas
por los ciudadanos entre 2003 y 2009. Más de 15.000 preguntas.
De esta forma, mientras los archivos no se encuentren debidamente organizados y
descritos, son sólo un montón de papeles revueltos e inútiles para la información y la
investigación. Para que los archivos sean tales y cumplan con su finalidad de informar de
manera expedita, precisa, completa, sencilla, oportuna y sujeta a plazos, como tiene que
haber sido tratada técnicamente, de acuerdo a principios y normas estandarizadas.
Principios universales que existen en la archivística actual y normas estandarizadas. Han de
ser alojados, además, en instalaciones adecuadas. Lamento no haber traído fotografías
para que vean ustedes el estado de los archivos en la administración pública boliviana.
Pero además los archivos han de estar atendidos por profesionales en la materia. Porque
los archivos administrativos en Bolivia están en manos de las secretarias. Y que bien que
estén en manos de las secretarias, no tengo nada contra ellas, pero es que de los institutos
de donde vienen… realmente quisiera que se revisen esos pensum de esos institutos. La
materia de archivística no tiene ningún peso. No le dan ninguna importancia, entonces
claro las secretarias, cuando llegan a las instituciones públicas, no tienen idea de cómo
organizar un archivo.
Todas estas condiciones, entonces, no reúnen nuestros archivos. No están organizados, no
están descritos, no tienen personal profesional, no tienen las condiciones materiales
adecuadas para ser conservados. Tengo experiencia de lo que anoto entre 1995 y 2000 en
los archivos administrativos del Poder Ejecutivo, hoy Órgano Ejecutivo.
Esta experiencia me permitió apreciar de cerca la situación y el manejo de los archivos
públicos en Bolivia y tengo el convencimiento de que aquellas circunstancias se mantienen
en la mayoría de las oficinas públicas.
Conquistada la democracia en el país, el gobierno pidió a la cooperación alemana
asesoramiento para elaborar proyectos de desarrollo. Aceptada oficialmente la solicitud, la
GTZ pretendió poner en práctica su compromiso, encontrándose, sin embargo, que no era
posible, porque en los ministerios, entre otros requisitos básicos para ello, no se contaba
con información organizada. No sabían archivos organizados. Propusieron, entonces, al
gobierno comenzar por lo primero que era establecer bases normativas, legales para la
organización de la documentación como medio para lograr su accesibilidad. Con este fin se
elaboró el decreto 23934, de 23 de diciembre de 1994 y se aplicó. Y durante la aplicación
de este decreto en los ministerios elegidos se constató, en la etapa de los diagnósticos,
15

16. que la situación de las documentaciones era por muchos factores más caótica de lo que se
había supuesto en principio. Cito algunos:
- La aplicación de criterios personales en su organización. Si se acercan ustedes donde una
secretaria y le preguntan por documentación, pónganse que la secretaria hubiera
ingresado este año a trabajar, de un documento del año pasado y no de más atrás. Les
dicen ‘no sé, mis archivos están muy bien organizados, pero esos del año pasado, los
manejó otra secretaria’.
- El hacinamiento de los documentos en las oficinas era espantoso. Se mezclaban los
archivos activos con los inactivos y hasta con documentos de valor permanente, es decir,
históricos. ¿En esas condiciones qué se puede organizar?
- Una producción irracional y carente de planificación de los documentos, en lo que se
refiere a su volumen. Yo decía que estos archivos tienen elefantiasis porque se hacían
copias de todo y para todo.
- Deficiencias en el contenido informativo de los documentos, en la calidad de sus
soportes. Hay documentos de valor permanente en las instituciones públicas que se están
produciendo en papel de ínfima calidad. En el Archivo Nacional se conservan en perfecto
estado documentos del siglo XVI, pero hay documentos del Siglo XX y del XXI que no van a
durar nada por la mala calidad del papel y nadie se preocupa por ver este aspecto. Hasta
los medios para su impresión. Cuando llegaron estas máquinas eléctricas, ustedes pasaban
el dedo por encima de las letras y las letras saltaban, o por ejemplo los faxes, las
fotocopias. Sobre todo los faxes. Les cuento rápidamente de una experiencia. En el
Ministerio de la Presidencia encontramos 70 bolsas en los entretechos del Palacio de
Gobierno, que hoy están en el repositorio intermedio del Poder Ejecutivo, luego de
pelearnos con los Colorados que reclamaban esos papeles para canjearlos, perdónenme,
con papel higiénico, y abrimos las bolsas y nos encontramos con una enorme cantidad de
faxes donde solamente quedaban los puntos y las comas. Las letras se habían ido. Esto
tampoco importa en la administración pública.
- La dispersión de los documentos que correspondían a un solo expediente, porque no
existen manuales de procedimiento en la administración pública y como además el
personal es permanentemente cambiado, entonces se abre un expediente y los
documentos no van precisamente a ese expediente, sino que se hacen colecciones de
correspondencia, colecciones de informes, colecciones de resoluciones, cuando en
realidad, esos documentos deberían constituir expedientes individualizados.
- La inexistencia de instrumentos de control y consulta. Cuando va un ciudadano a
preguntar por un documento, las secretarias no saben cómo y por dónde buscar, cómo
localizar esa información porque no hay instrumentos que intermedien entre el usuario y
los documentos. Un ejemplo. Cuando van a una biblioteca, entran y para localizar un libro,
cuando es estantería cerrada, uno va a un fichero y en ese fichero, en ese catálogo, se
encuentra la descripción del libro, un código y con ese código se accede al libro. Lo mismo
tiene que haber en los archivos.
16

17. - La falta de normas y procesos para su valoración con miras a su eliminación controlada.
En Bolivia se eliminan los documentos de forma incontrolada como se llenan los
documentos en las oficinas y en los depósitos, finalmente los documentos de llevan a las
fábricas de papel para canjearlo o reciclarlo. A veces, es tal el hacinamiento, que los
documentos quedan a la intemperie y es el sol, es el viento los que se ocupan de hacer
desaparecer los documentos. No estoy hablando solamente de documentos de valor
permanente, sino de documentos con valor administrativo, fiscales y legales, como
calificaciones de años de servicio. Acuden al archivo nacional, ya de desesperación, porque
acá no pueden encontrar esos archivos.
- Hay ausencia de controles en el préstamo y recuperación de los documentos. Los
funcionarios sacan los documentos y nos los devuelven.
- Aguda escases de infraestructura archivística, manifestada en la estrechez de los espacios
físicos, donde se encontraban los documentos, el estado ruinoso de los muebles para
guardarlos, si los había. La falta de carpetas y otros materiales para su adecuada
conservación, todo ello debido a la falta de previsión y dotación de presupuesto para los
archivos.
- Para terminar esta larga enumeración de calamidades, la ausencia completa de recursos
humanos calificados. Respecto de este último punto, no podía esperarse que fuese de otra
manera, puesto que estamos dentro de una administración pública donde los funcionarios
son removidos cada vez que se produce un cambio de autoridades.
Ustedes mi dirán si con estas condiciones es posible pretender encontrar respuestas
oportunas, expeditas, precisas y en plazos a las solicitudes interpuestas por los
ciudadanos, haciendo uso de su derecho de acceso a la información.
La recomendación 2.000 del Comité de Ministros de la Unión Europea a los Estados
miembros sobre la política que deben seguir en materia de comunicación de archivos,
parecería estar dirigida a nuestro país; dice así: La comunicación de los documentos por
más liberales que sean las reglas de acceso prescritas por la legislación dependen, en
primer lugar, del equipamiento, y los recursos humanos y financieros que disponen los
servicios archivísticos, para asegurar la conservación material y el tratamiento intelectual
de sus fondos y colecciones.
La destrucción no controlada de los archivos, la imposibilidad de proceder a su
clasificación o la ausencia de locales que permitan asegurar su conservación material en
buenas condiciones constituye otros tantos obstáculos al acceso del público a los
documentos de su interés. Si el presupuesto de Estado no prevé para el funcionamiento de
los servicios de los archivos públicos, la ley será letra muerta y los textos relativos a la
comunicación de archivos no podrán ser comunicados.
Realizar una evaluación de las condiciones de nuestros archivos en la administración
pública es, por tanto, una cuestión insoslayable y de enorme seriedad para quienes están
involucrados en el diseño, la aprobación y la puesta en ejecución de una ley de acceso a la
información.
17

18. El Decreto Supremo 23934 llegó a ser aplicado en el Ministerio de Justicia, en el de la
Presidencia, Presidencia de la República, en el Viceministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, en el de Cultura y en algunas otras reparticiones estatales. Sin
embargo, tengo conocimiento de que ese esfuerzo realizado, durante cinco años, ha
vuelto a fojas cero. Aquel decreto fija, por ejemplo, procedimientos para la conservación
de documentos confidenciales y cubre con sus normas toda la etapa de circulación de
estos documentos al interior de las oficinas ministeriales, desde su ingreso, su registro,
hasta su archivo y transferencia al archivo central para evitar que los documentos se
extravíen o se retrasen en su atención. Instruye establecer plazos para la atención de los
asuntos, da normas detalladas para la organización de los archivos activos y de los
centrales, llamados también memorias institucionales para asegurar la correcta custodia y
disponibilidad de los documentos que habían concluido su trámite en las oficinas.
De la aplicación de aquel decreto supremo, resultó también la creación del repositorio
intermedio del Poder Ejecutivo que se ubica en la zona de Villa Primavera en El Alto. Son
4.000 metros cuadrados y dos galpones que están allí, repletos de documentos,
documentos que habían sido retirados de las oficinas y depósitos ministeriales por haber
perdido ya sus valores primarios y que por no cumplir los 30 años todavía no pueden ir al
Archivo Nacional. Desde la gestión del presidente Jorge Quiroga, ese repositorio, creado
con el decreto supremo 25046 de 21 de mayo de 1998, los cientos de metros lineales de
documentos de gran importancia para la historia del país, se amontonan compartiendo
espacios con trastos viejos del Ministerio de la Presidencia. Es el trastero de cosas viejas
del Ministerio de la Presidencia. Por lo tanto, el acceso a esa documentación y a su
información es nulo y hay documentos de las épocas de dictadura. El custodio era el
portero.
Acerca de la accesibilidad de la documentación histórica, conservada en el Archivo
Nacional, no podemos dejar de decir con hondo orgullo que es una de las mejores de
Hispanoamérica. Desde la larga gestión de Gunar Mendoza hasta el día de hoy, se han
concentrado todos los esfuerzos para poner la documentación al servicio de los
investigadores mediante una organización basada en principios archivísticos universales y
una descripción que alcanza óptimos niveles de estandarización, equiparables a los
obtenidos en los archivos nacionales de los países más avanzados en el mundo.
En el caso de los fondos coloniales, existen extensas series documentales donde su
descripción es tan detallada que llega al nivel de las unidades, carta por carta.
Por otra parte, para facilitar aún más su consulta, estos catálogos se acompañan de índices
de nombres y de lugares. Lo que decía Lupe, yo no he visto periodistas en el archivo
nacional.
Respecto del acceso a sus fondos, a los fondos documentales del archivo y biblioteca
nacionales, es necesario señalar que existen algunas limitaciones al acceso por tratarse de
fondos patrimoniales, que no sólo deben servir a la actual generación de bolivianos, sino a
las que vienen. No se admite el ingreso de colegiales ni de personas que no posean
conocimientos básicos de metodologías de la investigación, que no tengan una idea clara
de la investigación que quieran efectuar o que no sepan paleografía cuando se trata de
consultar documentos del siglo XVI y XVII. A veces los periodistas chuquisaqueños nos
18

19. reñían por eso. Las restricciones se enduren aún más cuando el estado físico de los
documentos nos es bueno, en este caso no se presta ni a los investigadores.
Para salvar muchas de estas dificultades, que plantean la consulta de los documentos
originales, el archivo ha emprendido desde el año 2002, la digitalización de los
documentos. Hoy, varias series documentales sólo es posible consultar a través de la
computadora. Los originales ya no se sacan.
Existen en el Archivo Nacional fracciones de fondos documentales que están sometidos a
reserva. Por ejemplo, una parte de los 36 metros lineales de documentos que
pertenecieron a Wálter Guevara Arce no es consultada hasta el año 2025. Se trata de la
correspondencia mantenida por Guevara con su hijo mayor. Otra fracción del mismo
fondo que se hallaba en las mismas condiciones de reserva fue desclasificada el 17 de
enero de 2005 ante notario público. Al día siguiente estuvo Lupe para consultar esos
documentos. En este caso, se trataba de cuatro cajas con la documentación relativa a la
muerte aún no esclarecida a la muerte, aún no esclarecida, de Oscar Únzaga de la Vega y
sobre los asesinatos cometidos en Terebinto. No se ha encontrado nada nuevo, era el
anzuelo de Wálter Guevara para incitar a la gente que vaya a consultar sus documentos.
La disposición para que estas documentaciones se mantengan en reserva y el número de
años bajo esta condición se halla estipulada en carta notariada suscrita por el propio
Guevara Arce. Eso es lo que pedimos hacer desde hace mucho tiempo atrás. La
documentación de un colega de Ustedes, de Fernando Ortiz Sanz, también se encuentra
en reserva.
Se nos ha pedido también hablar sobre la utilidad de los archivos. La documentación
también nace para fines prácticos, administrativos y jurídicos propios de la persona física o
jurídica que la produce y durante siglos esa ha sido su única finalidad, servir a la
administración que los ha creado.
Hoy como antes los documentos se conservan con el propósito de ser, por una parte, el
testimonio de las acciones de la administración y, en ese sentido, la ley les concede valor
probatorio. Y por otra parte, se conservan porque tienen como misión proporcionar
referencias para el desarrollo efectivo y eficaz de las actividades de las instituciones. La
toma de decisiones en ellas sin el apoyo de los archivos sólo es posible a riesgo de cometer
errores.
Por otra parte, en el caso de las instituciones públicas, los archivos sirven como recurso
básico de información de los ciudadanos y garantía de transparencia administrativa de los
ciudadanos, imprescindible en todo estado de derecho. Mediante los documentos, el
ciudadano tiene la posibilidad de inquirir y controlar, cuantos asuntos sean de su interés
en el manejo de la cosa pública.
A partir de fines del Siglo XVIII los archivos fueron adquiriendo cada vez mayor interés para
la investigación histórica. Datan de fines de este siglo, los archivos nacionales de Europa y
del Siglo XIX los de Hispanoamérica. No obstante, también hay que notar que también en
la antigüedad los archivos de los griegos eran consultables.
19

20. Acerca de los procedimientos de desclasificación, tengo que comentar que este término
de desclasificación ha sido importado del inglés. En castellano no es posible expresar con
un solo término y normalmente se dice, levantar la reserva. Pero es más práctico decir
desclasificación. Los países que han aprobado tanto la ley de acceso a la información como
su reglamento, establecen en el segundo de estos instrumentos los procedimientos a
seguir para la desclasificación.
Es general, el primer requisito a cumplir, la fecha de vencimiento. Para aquellos
documentos que aún se encuentran reservados y el ciudadano tiene interés por
consultarlos, debe recurrir a un procedimiento judicial. No es posible de otra manera. En
unos países puede ser ante los tribunales ante quienes se acudan, en otros al gobierno, en
otros al parlamento, varía dependiendo del país.
En cuanto al acceso a los documentos en reserva de los archivos históricos, generalmente
quien decide su desclasificación, entre comillas, es el director del archivo.
Muchas gracias por su atención.
6. “Límites y responsabilidades en el acceso a la información”.
Edwin Flores, Docente de periodismo e Investigador
Buenas noches. Presidente de la Asociación de Periodistas, miembros del directorio;
respetables maestros aquí presentes. Colegas periodistas de las distintas generaciones,
alumnos de la Carrera de Comunicación de la UMSA, bienvenidos a este escenario.
Realmente las dos anteriores exposiciones han sido sumamente valiosas, se han abarcado
aspectos que van mucho más allá de la preocupación enteramente comunicacional o
periodística. La mala noticia, en la primera exposición, es que sigue el debate del proyecto
de ley de accesibilidad a los archivos y de transparencia desde hace 10 años. Y la otra mala
noticia, o sea hay varias malas noticias en la exposición en el tema de los archivos, porque
en el caso de que esta ley se apruebe este año, ojalá no tengamos que esperar otros 10
años para que esos archivos sean sistematizados, ordenados adecuadamente para que los
periodistas y la ciudadanía tengamos disponibilidad de la información existente en esas
fuentes documentales de investigación.
A mí me ha tocado hablar de un eslabón que va mucho más allá de la accesibilidad a las
fuentes, es decir, de los límites y la responsabilidad que tiene relación directa con los
procesos de producción periodística. ¿Qué hacemos una vez que los periodistas
accedemos a estas fuentes documentales? ¿Qué hacemos con esos datos con esos
mensajes, con esas frases, con esos números? ¿Cómo los ordenamos? ¿Cómo los
sistematizamos? ¿Cómo los convertimos en materia de alta noticiabilidad? a través de un
procedimiento semántico, lingüístico; a través de los estándares de calidad en la
producción de los materiales.
Así, hablaré un poco de los límites y un poco de las responsabilidades. Es evidente el valor
que tiene el periodismo y la comunicación en general para una sociedad como la nuestra y
es evidente también que el periodismo se ha constituido en todo los tiempos como una
20

21. vanguardia en las luchas de los proceso de fortalecimiento, de recuperación y de
mantenimiento de la democracia en Bolivia. Tenemos mucho que hablar cuando nos
referimos a las fortalezas de esta profesión, pero voy a referirme más bien a las
debilidades y a las amenazas del periodismo y cómo nos encontramos internamente y cuál
es la situación del periodismo desde el punto de vista de los límites que el periodismo
tiene en el marco de la Constitución, de las leyes, de la ética y la responsabilidad
profesional.
¿Cuán es la situación actual? Acudiré a tres estudios que se hicieron entre 2007 y el 2009.
El Observatorio Nacional de Medios ha hecho una investigación muy interesante sobre la
situación de los medios y sus límites y responsabilidades. La Cooperación danesa a través
de una institución denominada Media Suport y un taller de capacitación periodística de la
cooperación alemana entre el 2008 y 2009, en la ciudad de Santa Cruz, además de algunas
investigaciones propias que hicimos en la carrera de Comunicación Social de la UMSA
respecto a esta temática.
En general, las observaciones básicas o las debilidades básicas que está enfrentando el
periodismo hoy en nuestro país se resumen en los siguientes puntos.
- Existe una excesiva espectacularidad de los contenidos periodísticos. Algunos autores
prefieren llamar la farandulización del periodismo en cuyo proceso se exacerba más o se
da más importancia a la imagen y al sonido que a las ideas o que a las propuestas en los
debates.
- Existe una politización explícita en algunos medios de comunicación. Se habla cada vez
más del término de la vídeopolítica, o de la mediocracia, así como del periodismo de
consigna. Estas formas de expresión del periodismo pueden en algún momento ir a
romper los límites de la búsqueda permanente de la verdad o de la información con
imparcialidad que son los principios básicos de nuestra profesión.
- Existe una discrecionalidad en el manejo de los géneros y de los subgéneros
periodísticos. Hay una especie de confusión en los medios radiofónicos y televisivos de los
tres géneros tradicionales. Las audiencias no saben en qué instante el comunicador o
periodista está informando, en qué instante está opinando, o en qué instante está
interpretando. La información no llega a las audiencias con la claridad necesaria y esto
resulta preocupante.
- Existe una escasa investigación y contextualización. En Bolivia como en la mayoría de los
países de Suramérica los periodistas somos 95 por ciento informativistas, expertos en el
manejo del género informativo y no mostramos productos relacionados con el género
opinativo y en menor proporción con los géneros de interpretación.
- Falta de pluralidad en el manejo de fuentes y de temas. El tema político se lleva un gran
porcentaje de los espacios de los medios escritos, televisivos y radiofónicos, al igual que el
tema económico, relacionado con la administración del Estado, en detrimento de otras
temáticas también de interés de la sociedad.
21

22. - Hay un incumplimiento de los estándares de calidad periodísticos. El Observatorio
Nacional de Medios de la Fundación Unir ha producido dos textos importantes sobre esta
materia en el que coincide, por ejemplo, que la construcción de los leads en los medios
televisivos, radiofónicos y escritos no cumple con las normas básicas internacionales de
responder a las cinco o seis preguntas básicas. Han hecho un estudio técnico muy
interesante sobre esta materia. Se utiliza una sola fuente, muestran un enfoque parcial de
la realidad social en la mayoría de los casos. Javier Darío Restrepo cita un estudio a nivel
latinoamericano de 1999 que entre otros elementos, el periodismo latinoamericano está
perdiendo credibilidad y prestigio entre sus públicos debido a que los periodistas o una
gran parte de ellos no dominan la herramienta más importante de su profesión: El
Lenguaje, errores de ortografía, errores de concordancia, errores sintácticos, menudean
en algunos estudios específicos realizados en este ambiente.
- En las últimas encuestas realizadas por ONADEM, en 10 ciudades del país a líderes
sociales, ellos observan que existe un bajo nivel de la ética periodística. En general, todos
estos rasgos nos muestran que el 53 por ciento de los encuestados en esas ciudades
importantes del país se muestran insatisfechos con el trabajo periodístico y no creen en
sus contenidos al 100 por ciento.
En conclusión. Algunos periodistas no estamos respetando los límites ni estamos
cumpliendo con la responsabilidad periodística. No cumplimos con nuestros entornos,
nuestros linderos, o con nuestras fronteras técnicas legales, profesionales o éticas; es
decir, nos estamos extralimitando en algunos aspectos y creo que esto es motivo de
preocupación y lo ideal es que sea motivo de ocupación para resolver estas debilidades.
Existen varios ejemplos recientes; fundamentalmente desde el 2008. Vayan cinco botones
de de muestra que ponen en duda el ejercicio periodístico, respetando sus principios y sus
valores básicos. El caso uno. En diciembre de 2008, conocido como el de los 33 camiones.
Un medio impreso de comunicación, en ese entonces, tituló: ‘Evo negoció luz verde con
los contrabandistas’. Este titular ha ocasionado la apertura de un proceso de imprenta
contra el Jefe de Redacción de ese medio. Tres años después, ese proceso está paralizado
por una especie de inacción legal de los abogados del gobierno.
El segundo caso, de junio de 2009. En el que la madre y ciudadana Luisa Larico fue
acusada de raptar un bebé y acusada por testigos, uno de ellos su hermano, la madre del
bebé, y acusada por los policías, además de la Fiscalía que inclusive en ese tiempo se
hicieron circular fotografías de esta señora en varios lugares de la ciudad, acusándola de
ser autora del delito y como resultado de la investigación, fue inocente y liberada de la
cárcel y declaró: ‘Estoy muerta en vida’. Este caso como otros nos llama a la reflexión y a
recordar de manera permanente que en el proceso de producción de nuestros materiales
periodísticos debemos tomar en cuenta que en algún momento, la libertad y la vida,
incluso, de la ciudadanía está en nuestras manos, por tanto, necesitamos las herramientas
legales, éticas y profesionales suficientes para ir superando estos errores, que finalmente
en algunos casos se convierten en delitos y que afectan al prestigio de la profesión.
El caso número tres. En Santa Cruz, ocurrido en 2010. ‘Un camarógrafo obliga a consumir
drogas a un menor de edad’. ¿Los periodistas somos constructores o re-constructores de
la realidad social? ¿Somos productores o reproductores de la realidad social? Podemos
22

23. manipular hasta ese extremo la realidad social para cumplir con algunas órdenes
unilaterales de algún jefe de redacción o de algún propietario de los medios?
El caso número cuatro tiene que ver con la marcha por la defensa del Tipnis. ‘Muere un
bebé en violento operativo’ Tiene que ver con el caso Yucumo que ha sido tan polémico y
que ha generado una la crispación de las autoridades del gobierno en su más alto nivel.
Ahí también cabe preguntarse si esa información ha sido manejada al calor de los límites,
de la responsabilidad que nos otorga la Constitución, las leyes y nuestros códigos de Ética.
Queda la duda.
El caso número cinco de marzo de 2012. Periodista Rogelio Pelaez condenado a dos años
y seis años de cárcel por difamación y calumnias.
Todos estos casos ameritan una discusión profunda en estos ambientes y sobre todo, en
los mismos escenarios, en las mismas fábricas de noticias que son los medios de
comunicación. Si nos resta el tiempo podremos ir discutiendo y polemizando sobre estos
cinco casos.
¿Qué hacer frente a esta realidad, frente a estas amenazas contra la imagen institucional
del periodismo? ¿Cuáles son los antídotos para esto?
Como muy pocos países en el mundo, a partir de febrero de 2009, Bolivia se privilegia de
tener el derecho a la información, consagrada en la Constitución. Ese es uno de los
marcos naturales, constitucionales y doctrinales en los que los periodistas, los
propietarios de los medios y los trabajadores de los medios debemos apoyar de manera
cotidiana.
El artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo segundo, dice que
toda persona tiene derecho a la intimidad, honor, imagen propia y dignidad, y libertad. El
parágrafo sexto de este mismo artículo dice que todo ciudadano tiene derecho a acceder
a la información. Quizá este artículo nos permita superar las limitaciones de este nuevo
proyecto de ley de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla
libremente de manera individual y de manera colectiva.
El artículo 24 de la misma Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a la
petición de manera individual y colectiva, oral o escrita y a la petición de respuesta formal
y pronta. Es decir que mientras se aprueba la Ley de Transparencia de Acceso a la
Información, podemos utilizar este artículo de la Constitución para acceder a información
que esté archivada en algunas instancias del poder.
Los otros artículos. El 106 y el 107 de la Constitución se convierten también en los marcos
constitucionales básicos en los cuales deberíamos movernos los periodistas y ni que decir
de la Ley de Imprenta que en sus 71 artículos están vigentes y es una ley que va
combinando sabiamente dos vías. El derecho constitucional que preserva la libertad de
expresión contra los abusos del poder político y del poder económico y del derecho penal
que protege la privacidad, los derechos y las garantías constitucionales de la ciudadanía
del poder mediática.
23

24. Los códigos de ética. Existen tres códigos, de la ANP, de los propietarios de los medios, de
la Confederación de la Prensa que es uno de los más antiguos y de mayor consenso,
aprobado en 1991 y de la Asociación Nacional de Periodistas. Sería interesante que se
vaya logrando un nivel de consenso sobre estos códigos de ética que en general van
coincidiendo en sus articulados. Estos códigos muestran de manera explícita cuales son
los deberes y cuáles son las obligaciones para que un periodista cumpla su rol a través de
una actitud ética adecuada. Es decir, nos muestran los valores y los antivalores del
periodismo.
Es simplemente eso que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
7. “El acceso a la información en la investigación periodística”
Marcelo Tedesqui, Editor de Seguridad de Página Siete
[Presentación apoyada con filminas de Power Point]
Estimado Pedro Glasinovic, distinguidos miembros de la Asociación de Periodistas de La
Paz. Muchas gracias por esta invitación. Compartir la testera con la calidad de
profesionales como Lupe, Edwin, Marcela, me llena de orgullo, al igual que presentar esta
ponencia ante tan distinguida audiencia. Veo a premios nacionales de periodismo y un
saludo muy especial a don Alberto Suazo, que lo veo por allá.
La investigación periodística y el acceso a la información pública es un desafío pendiente
de enfrentar porque hay un débil cumplimiento del acceso a la información en Bolivia. La
cultura del secreto persiste entre los funcionarios públicos. Ese es un hecho y así lo ha
confirmado una investigación en la que he tenido el honor de participar que realizó la
Asociación Nacional de la Prensa en 2010 a través de una alianza con el Centro de Archivo
y Acceso a la Información Pública de Uruguay, CAINFO.
El estudio reflejó la situación del acceso a la información pública en países como
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Nosotros hicimos el informe
correspondiente a Bolivia.
La Asociación Nacional de la Prensa ha presentado dentro del campo práctico de este
estudio, 32 solicitudes de información en Bolivia, de ellas se han respondido 14.
Sinceramente esperábamos una respuesta menor.
Hemos presentado este modelo de las solicitudes de información que hemos presentado.
Este modelo (ver diapositivas) se ha construido en base al decreto 28168 que se dirigía a la
autoridad de la institución a la que íbamos a dirigirnos; el cargo, el nombre, pero además
poníamos que nos dirigíamos ejerciendo el derecho a la petición y de acceso a la
información pública, reconocidos en los artículos 24 y 106 de la Constitución, en el Decreto
28168 y en el Decreto Supremo 214 de esta gestión de gobierno y que, según el estudio
que hemos hecho, el Ministerio de Transparencia debería ampliar a los sujetos que debían
entregar la información.
El Decreto 28168 estaba restringido al ámbito del Poder Ejecutivo y el 214 tenía la
posibilidad de ampliarlo a los cuatro poderes.
24

25. Este era el ejemplo de cuestionario (ver diapositiva). Hacíamos un cuestionario para
solicitar la información y destacábamos la información que estábamos pidiendo no se
encontraba bajo ningún supuesto de información secreta, reservada o confidencial.
Además, en este experimento hemos enviado las solicitudes de información no como
Asociación Nacional de la Prensa. Las mandé yo como persona particular, la asistente de la
oficina e incluso otro asistente que teníamos.
Solamente, ocho instituciones, de las 14 que respondieron las solicitudes de acceso a la
información, lo hicieron en tiempo y forma, según lo establecido en el Decreto Supremo
28168; otras seis lo hicieron de manera extemporánea pero lo hicieron y las restantes 18
no respondieron.
Las cinco instituciones que presentaron información más completa. Definitivamente el
Banco Central de Bolivia que presentó la respuesta en menos de una semana, inclusive
nosotros hicimos una repregunta y volvieron a enviar la información sin ningún problema.
El Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y efectivamente, como ha
dicho Lupe, tiene un buen nivel de acceso a la información. El Gobierno Departamental de
Santa Cruz y aquí está la sorpresa: La Policía boliviana. En este caso, la Policía boliviana
presentó una muy buena y completa respuesta que quiero compartir.
Como recordarán, el 7 de mayo de 2010, en Caranavi, hubo la intervención violenta de la
Policía a un grupo de bloqueadores que provocó la muerte de dos jóvenes, la Fiscalía
imputó a cuatro mandos medios de la Policía y liberó al comandante de la institución, al
jefe departamental de la misma y al propio Ministro de Gobierno. Según tengo entendido,
este proceso no avanzó. Las preguntas eran:
- ¿Cuántos efectivos fueron movilizados a Caranavi para levantar el bloqueo a esta región
en el operativo del 7 de mayo? La respuesta fue 410 efectivos. Esta solicitud de la presentó
al entonces comandante general de la Policía, Gral. Oscar Nina.
- Otra pregunta: ¿Cuánto dinero demandó la movilización en alimentación, transporte y
vituallas? Respondieron que la Policía dentro de su presupuesto no tiene asignado
recursos para este tipo de contingencias, razón por la que efectúa un requerimiento al
Ministerio de Gobierno que ejecuta de manera directa esos recursos. Este teme
corresponde informar a la dirección administrativa de ese ministerio. Era una pauta. Si
esto fuere parte de una investigación periodística para enviar otra solicitud para enviar
otra solicitud de información al Ministerio en cuestión. Lo hicimos. Pero en ese caso no
respondieron.
- ¿A qué monto ascendió el gasto para gases lacrimógenos? Tampoco lo dijeron
claramente. Durante el operativo se usaron agentes químicos de acuerdo a un cuadro
demostrativo. Enviaron una lista con equipos utilizados y la cantidad. Proyectiles de largo
alcance de simple acción: 1930 unidades. Este tema, dentro de una investigación
periodística ya tenía valor interesante.
Otro ejemplo. El Ministerio de Educación. Solicitamos al Ministro y él lo derivó a su
personal y le preguntamos cuánto dinero se invirtió en el pago Juancito Pinto desde su
25

26. puesta en marcha, en diciembre de 2006, hasta su último pago de eso momento, octubre
de 2009. La investigación se hizo en 2010.
- El Ministerio respondió con un cuadro que detalló la gestión, el número de beneficiarios,
el monto ejecutado y la fuente de financiación. Esta era la parte que parecía más
interesante. El primer año el TGN, el segundo año el TGN, YPFB y COMIBOL, el tercer año
el TGN y el cuarto año aparece otra vez YPFB. Este es un tema, que si se lo ve desde el
punto de vista periodístico, es muy interesante para avanzar en una investigación.
- Otra pregunta. ¿Con qué fondos se paga el bono y cómo se garantiza su sostenibilidad?
La respuesta se respaldó en el cuadro donde se señalaron que las fuentes de financiación
eran variables entre gestiones. Y lo que dice aquí es que sobre la sostenibilidad no
depende de este ministerio. Es decir que el Ministerio de Educación no podía garantizar la
sostenibilidad ya que la asignación de fondos ni la fuente de los mismos se encuentra
relacionada con sus atribuciones. Ese dato pasaba a otra instancia que era el Ministerio de
Economía. No hubo tiempo para hacer esta consulta.
Dentro del débil cumplimiento y otras instituciones que cumplieron de manera parcial,
algunas cosas sí, otras no, está el Ministerio de Salud, la ASFI, Impuestos Nacionales y el
Tribunal Constitucional.
Y cinco instituciones dirigieron notas al solicitante pero no respondieron al pedido. La Caja
Nacional de Salud, la Autoridad de Control Social de Electricidad, el Ejército, la Fuerza
Especial de Lucha contra el Narcotráfico e Insumos Bolivia.
Quisiera compartir con ustedes la respuesta de Insumos Bolivia: Ustedes recuerdan la
imagen de aquel galpón repleto de harina que fue importada desde Argentina, un hecho
que nos motivó a presentar esta solicitud de información.
Ellos argüían que el solicitante no había manifestado el interés legítimo, según lo prevé el
artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo que señala que toda persona
individual o colectiva o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectada
por una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente para
hacer valer sus derechos como corresponde. ‘En tal virtud, dicen ellos, creemos que
Insumos Bolivia no afecta su derecho subjetivo o interés legítimo merced a la solicitud de
los datos de su nota de referencia (…) nos cumple desestimar de la forma más respetuosa
su solicitud de información’.
Nosotros volvimos a mandar una solicitud y argumentamos el interés general de que un
quintal de esta harina llegue a cualquiera de nuestras casas y que enferme a nuestros
hijos. No recibimos respuesta.
Este ejercicio alienta un poco y, personalmente lo he vivido así, generar este tipo de
iniciativas. De buscar información a partir de los instrumentos que están vigentes.
En el trabajo periodístico es cada vez más difícil acceder a entrevistas a altas autoridades
ejecutivas. Es el caso de los Ministros de Estado. Yo lo vivo todos los días desde la
redacción de Página Siete. Desde agosto del año pasado, hemos gestionado entrevistas
26

27. con autoridades como el Ministro de Defensa el de Gobierno, el Comandante de la Policía
y miembros de la Cúpula Militar. El Ministro de Defensa nunca nos ha querido atender, los
de Gobierno, lo hemos intentado con Sacha Llorenti no hemos podido ubicarlo, lo
intentamos con Wilfredo Chávez, no lo hemos logrado y hace dos semanas hemos podido
conseguir al fin una entrevista con Carlos Romero.
El Comandante de la Policía tiene como política de comunicación no hablar con los medios.
Es imposible que el Comandante de la Policía dé una entrevista. Los miembros de la
Cúpula Militar lo han hecho, pero nunca personalmente. Convocan a desayunos, convocan
a reuniones con medios de comunicación; tienen una estrategia de comunicación que es
reciente, porque antes no habían contacto con los medios. En este último año, por lo
menos, la Armada, la Fuerza Aérea han intentado un acercamiento. Con el Ejército no.
Es un panorama complicado porque en la mayoría de los casos, los funcionarios de
gabinetes de prensa, ocultan a la autoridad. Si ese es el panorama con las autoridades,
¿qué queda para el periodista? Buscar, al menos eso funciona en los medios impresos, las
fuentes en off. Funciona porque el entrevistado se siente más libre, para dar información,
pero luego hay que cotejar.
Sin embargo, ha surgido un mecanismo que hemos explorado con Página Siete y vuelvo a
tocar el caso del Ministro de Defensa. El Ministro de Defensa no accedía a nuestras
entrevistas, pero desde hace algún tiempo, a través de solicitudes de información,
preguntamos ciertos hechos que nos preocupan y, con cierta rapidez hay respuestas que
nos permiten avanzar en tema de informar que es la lucha.
Lamentablemente, el periodismo de investigación y eso hay que reconocerlo, hay que
admitirlo, tiene un gran enemigo dentro de los periódicos, que es la coyuntura. La
coyuntura rebasa a veces la posibilidad de hacer periodismo de investigación y por eso
planteo que el periodismo de investigación es un desafío.
Bolivia no tiene Ley de Acceso a la Información, pero cuenta con los decretos que
definitivamente hay que utilizarlos.
Además, hay algo muy importante. El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción ha abierto oficinas de transparencia, ha consolidado eso que ya venía desde
antes en una buena parte de las entidades públicas, lo que está estipulado en el decreto.
En el trabajo realizado en 2010 hemos hablado con muchos encargados de estas unidades
de transparencia y hemos confirmado que los funcionarios de Estado saben que la
normativa de acceso a la información no tiene rango de ley, pero existe, que el acceso a la
información es un derecho.
Una anécdota: Un poco antes de hacer este estudio con CAINFO, ya en la ANP empezamos
a ensayar las solicitudes de información. Después de la posesión del Presidente Evo
Morales en la que vimos que se habían gastado muchos recursos, como en el acto de
Tiwanaku, en la posesión. En el almuerzo en el que Ejecutivo trajo de distintas partes del
país. Hicimos una solicitud de información y la dirigimos al Ministerio de Culturas. En esa
oportunidad, pedimos cómo habían sido los gados, quien había cubierto el traslado de la
27

28. gente, toda la parte logística. La presentamos y me entrevisté con la encargada de la
oficina de transparencia. Ella sabía perfectamente la vigencia del Decreto 28168 del 214,
sabía perfectamente el tema y me dijo: ‘Yo tengo 15 días para responderle’.
Antes de cumplirse los 15 días hábiles me llamó
–Deme un tiempito más, la próxima semana vengase tal día. Le dije –perfecto.
La fui a visitar y me mostró el documento.
– He cumplido y quiero que Usted lo sepa, aquí está, aunque lo único que falta es la
autorización del Ministro y creo que esto va entrar y en cuestión de dos o tres días Usted
va tener la información.
Le agradecí por haber cumplido, confié en ella aunque insistió –Ojo yo he cumplido, aquí
está el documento. Yo lo hojee.
¿Saben cuando me entregó el documento? Nunca, nunca más supimos sobre el resultado
de esta solicitud.
Entonces, la petición es una herramienta fundamental y me he centrado más en este
tema. Hay otros elementos que tiene el acceso a la información pero en el ámbito
periodístico el más cercano a la investigación periodística es el derecho a la petición.
Cualquier persona además; este no es un derecho que asiste sólo a los periodistas.
Pero lo increíble es que muy pocos ciudadanos conocen este derecho, además, los
mecanismos de acceso a la información son una herramienta fundamental para el
periodismo de investigación. En las organizaciones de prensa y los medios debemos
promover esta práctica y presionar para despertar el interés de los legisladores para
promover una Ley de Acceso a la información que sea justa y que no sea política.
También creo que es muy importante que el ente regulador de acceso a la información no
sea político. Que no sean los políticos que decidan que una solicitud de información va o
no, sea pertinente o no.
Para finalizar quisiera compartirles una experiencia que tuvimos desde la redacción de
Página Siete con el caso del Senador Fidel Surco. La redacción del periódico recibió la
versión de que provenía de la Asamblea de que el Senador Surco había sufrido otro
accidente en un vehículo oficial. El 19 de junio en la vía a Yungas; era el segundo siniestro
que involucraba a este legislador del MAS.
Se trataba de una vagoneta Nissan, placa 2441ALS. El medio lo buscó y se logró entrevistar
con el Senador Fidel Surco. Esto era un poco antes del problema del Tipnis y él estaba
reunido con dirigentes de Alto Beni. Nos dio un espacio y pudimos hablar con él. Esta es la
entrevista: ‘No ha pasado nada, ninguna vagoneta tuvo ningún accidente’.
“–Lamentablemente no sé de donde salen estos comentarios, le podría decir algunos
chismes, seguramente quieren dañar mi imagen, surgen de algún comunicador de la
derecha, según me informaron, de alguien que está cerca de los medios. La movilidad está
haciendo los viajes de siempre, retornó de este último viaje, como informamos a la
28

29. Oficialía Mayor del Senado y se ha llevado a la casa Nissan. Ha recorrido más de 5.000
kilómetros”. En resumen, dijo, el vehículo estaba en mantenimiento.
La investigación continuó y Página Siete envió una solicitud de información al Oficial
Mayor de la Cámara de Senadores, quien en su respuesta, a diferencia de Surco no pudo
esconde que algo había ocurrido con el vehículo.
“–El Senado admite que el vehículo asignado a Surco tiene daños… La Oficialía Mayor del
Senado informó anoche a este medio, por escrito, que el informe preliminar de la empresa
Nissan señala que el auto presenta algún desperfecto que será corroborado. Cabe señalar
que se inició un proceso administrativo para establecer la responsabilidad administrativa
para establecer la responsabilidad del funcionario al que se le asignó el vehículo” No al
Senador, sino al funcionario, que era uno de sus asesores. “La Oficialía Mayor
complementó que una vez que termine el proceso de investigación correspondiente se
hará conocer los resultados del mismo. Hasta ahora no se conocen los resultados de esa
investigación.
Entonces, el senador Fidel Surco mentía porque a raíz de los datos de la solicitud de esta
información, el siguiente paso fue la revelación de Tránsito, cuyo comandante mostró el
reporte que el accidente había ocurrido.
“–El Comandante de Tránsito Carlos Gutiérrez entregó el informe y señaló que la Policía no
tiene porqué socapar a nadie”. El reporte dice que el conductor del vehículo era Oswaldo
Surco, hermano del Senador y precisa que no portaba licencia de conducir. El documento
sobre la alcoholemia que se aplicó a Oswaldo Surco señaló que tenía un nivel sancionable.
El permitido es 07, y él tenía 1,5.
Este es el desafío que tenemos. Hay elementos como para seguir en el camino. No
tenemos una ley, pero tenemos la normativa suficiente como para entrar en la batalla.
Gracias.
8. Preguntas y respuestas
Antonio Barriga, desde el auditorio: Una pregunta para Edwin Flores. En su exposición
habla de que los periodistas tenemos una politización explícita, una discrecionalidad de
géneros en el tema del trabajo que realizamos, escasa investigación y falta de
contextualización, falta de pluralidad, incumplimiento de la calidad y más.
Además, dice, que una encuesta realizada con los líderes sociales, que desde mi
interpretación están muy próximos al gobierno, en realidad son parte del gobierno,
descalifican y dicen que los periodistas tenemos falta de ética. Una de mis interrogantes es
si eso dicen las organizaciones sociales y un investigador plantea este hecho acá, me
pregunto si todas las encuestas que se han formulado, inclusive alguna de la propia
universidad, que señalan que después de la iglesia católica, la población en quien más cree
es en los periodistas, ¿creemos a quienes han dicho que si creen en los periodistas o
creemos en las organizaciones sociales que dicen que nos falta la ética?
29

30. Otra pregunta. Menciona cinco casos. Estamos hablando de periodistas. Habla en uno de
los casos de camarógrafo que obligó al consumo de alguna droga prohibida para lograr
una nota. Camarógrafo, luego menciona el tema de la muerte del bebé en el tema Tipnis.
ABI el primer medio que dio esa información y no dijo un solo muerto. Revisen y van a
encontrar, revisen y van a encontrar que fue el primer medio en dar a conocer este hecho.
También habla del periodista Rogelio Pelaez. Por lo menos en mi incipiente conocimiento,
Rogelio Pelaez no fue periodista, nunca pudo certificar que pertenecía a ninguna
organización de periodistas sino era simplemente que contrató un espacio. Separo en dos
a los comunicadores, aquellos que siendo comunicadores luego hacen y se meten al
ejercicio del periodismo y hay quienes no conocen el trabajo de los periodistas y sí nos
juzgan desde su perspectiva, sin, de verdad, estar en medio de la tinta.
Edwin Flores. Primera aclaración. Esas señales de debilidad detectadas en el ejercicio del
periodismo, corresponden a estudios específicos que se han hecho y evidentemente
contrastan con otro tipo de estudios de percepción realizados por otras empresas
comerciales, expertas en ese ámbito, y los últimos estudios ubican por lo menos en una
posición expectable a la credibilidad de los medios de comunicación después de la iglesia.
No es que los medios estemos en el mejor nivel de credibilidad y de prestigio ante la
sociedad, después de la Iglesia y, evidentemente, mucho antes de las Fuerzas Armadas y
la Policía. Hay estudios y estudios de percepción que son eso. Unas fotografías que hay
que estudiarlas en un contexto determinado. Estos estudios hacen sonar las campanas de
alerta porque no todo nuestro trabajo está bien, hay debilidades que hay que atender.
Los códigos de ética nos llaman a que ejerzamos la crítica y la autocrítica de manera
permanente en los medios de comunicación. Lamentablemente siguen existiendo
periodistas amantes de esa frase que los medios somos el cuarto poder del Estado. Hay
periodistas que utilizan columnas y espacios en los medios de comunicación y dañan
dignidades, atentan a las libertades. No podemos esconder estas debilidades y debemos
seguir profundizando en este ámbito.
Con relación al compañero Rogelio Pelaez. El comenzó a cubrir información conmigo a
principios de la década del 90. Tengo conocimiento de que antes de ejercer el periodismo,
era dirigente sindical del sector petrolero. Pero del 90 a la fecha ha hecho ejercicio
periodístico permanente en varios medios de comunicación, radiofónicos sobre todo y
últimamente en este mensuario “Larga Vista”. Y es evidente que hay que comenzarnos a
preocupar sobre la calidad académica o el denominativo de nuestra profesión. Existe un
marco legal para esto. Evidentemente hace unos 40 años, cuando apareció la primera
carrera de Comunicación que fue en la Universidad Católica y hace 27 años cuando
apareció la carrera de Comunicación en la Universidad de San Andrés, había un conflicto
entre periodistas académicos y periodistas empíricos.
Pero en este momento, estas brechas ya se han ido cerrando. De acuerdo con los estudios
que hace ONADEM, el 90 por ciento de los trabajadores de los medios de comunicación
son egresados o tienen estudios académicos en las universidades, más aún si tenemos 44
carreras de comunicación en el ámbito público y privado en este momento. Ya no es oficio,
sino una profesión. La ley 494 del 29 de diciembre de 1979, promulgada por doña Lidia
Gueiler, Presidenta Constitucional, obliga a los propietarios de los medios a contratar
profesionales con títulos en provisión nacional.
30

31. Tenemos también vigente, Estatuto del Periodista, aprobado también en un gobierno
Constitucional, en 1984, que son marcos suficientes, en términos legales para ejercer
académicamente esta profesión.
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