Los estudiantes chilenos declaran su disponibilidad para dialogar con el gobierno y ciudadanía para resolver el conflicto educativo. Sin embargo, piden condiciones mínimas como postergar plazos para becas y créditos estudiantiles, suspender proyectos de ley educativos, y asegurar transparencia en el proceso. El objetivo final es alcanzar una educación pública gratuita, de calidad y sin lucro.