1. Preocupación por coordinación intergubernamental de
Ecuador, Perú y Colombia en criminalización de protestas
contra defensores ambientales y pueblos indígenas.
Sres. Diputados del Parlamento Europeo.
De nuestra mayor consideración:
Los que suscribimos, somos conocedores de sus preocupaciones por
la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas y
los defensores ambientales que se vienen produciendo en Perú,
Colombia y Ecuador. Acudimos a Uds. para expresar nuestra mayor
preocupación por las leyes de criminalización de las protestas y el
exceso de uso de la violencia que nuestros gobiernos vienen haciendo
en relación a las protestas socioambientales que se han incrementado
en nuestros países debido a la promoción e incentivos que nuestros
gobiernos hacen de las industrias extractivas sin que se garanticen
los derechos humanos de las poblaciones impactadas; se refuercen
las normas ambientales, haya observancia auténtica del derecho de
consulta previa libre e informada de los pueblos originarios conforme
lo prevé el Convenio 169 de la OIT.
En este sentido, creemos importante alertar sobre el llamado que
hiciera recientemente con motivo del encuentro Binacional entre Perú
y Ecuador realizado en la ciudad de Cuenca[1] el presidente Rafael
Correa a los presidentes de Perú Ollanta Humala y de Colombia José
Manuel Santos para instarlos a coordinar acciones
intergubernamentales contra quienes Correa denomina “enemigos del
desarrollo”, “ecologistas infantiles” o “ecoterrotistas” para descargar

2. sobre ellos la cuestionable ley antiterrorista ecuatoriana, así como
hacer pasar la peligrosa idea de que la motivación de los conflictos
socioambientales que se han acrecentado en todo el mundo, en el
caso de nuestros países haría parte de una oscura conspiración
contra la industria minera. Solo recordamos antecedentes de
existencia de acciones intergubernamentales de este tipo en el
llamado “Operación Cóndor” de los regímenes dictatoriales
<http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar> del Cono Sur
<http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_Sur> de América—Chile
<http://es.wikipedia.org/wiki/Chile>, Argentina
<http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina>,
Brasil<http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil>,
Paraguay<http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay>,
Uruguay<http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay>,
Bolivia<http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia> y esporádicamente,
Perú<http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA>,
Colombia<http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia>,
Venezuela<http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela>,
de las décadas 70 y 80 que llevó a la colaboración de los servicios de
inteligencia de esas dictaduras para colaborar en la expatriación,
eliminación o desaparición de sus opositores. Por esta misma razón
es sumamente preocupante que el Presidente Correa, amparado en la
proyección internacional de la institucionalidad democrática y derecho
humanista débil de nuestros países pretenda homogenizar y
coordinar las acciones para la criminalización y persecución de los
defensores ambientales que su gobierno y a realiza en Ecuador como
la que también se está realizando en Perú y podría acentuarse en
Colombia donde muchos defensores ambientales han sido asesinados
o desaparecidos.
En este sentido, compartimos con Uds. las recientes observaciones
que ha hecho el Comité DESC de Naciones Unidas en su informe de
noviembre del presente año sobre sus preocupaciones por la
criminalización de los defensores ambientales y pueblos indígenas en
Ecuador y que en su observación dice literalmente:
*“**El Comité se encuentra preocupado por las investigaciones y las
condenas penales contra líderes sociales e indígenas que han
participado en manifestaciones públicas con ocasión de las iniciativas
legislativas del Gobierno del Estado Parte sobre la administración del
agua y el desarrollo de proyectos que generarían impactos sobre

3. reservas naturales como en el caso de la Laguna Kimsakocha. Al
Comité le preocupa que en el Estado parte no existan suficientes
mecanismos de concertación social sobre las actividades de
extracción de recursos naturales, de manera que se puedan
armonizar con la cosmovisión del desarrollo de los pueblos y
nacionalidades indígenas.***
*“El Comité recomienda al Estado Parte establecer plenas garantías
para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica y
que regule el uso de la fuerza por agentes de la fuerza pública en el
contexto de las manifestaciones sociales. También recomienda que
clarifique el ámbito de aplicación de los tipos penales de sabotaje,
terrorismo y restrinja su aplicación en contextos de manifestaciones
sociales. Comisiones de investigación independientes podrían realizar
recomendaciones sobre la procedencia o no de la acción penal frente
a la protesta social.”**[2]*
Tenemos pues fundadas razones para estar preocupados, más aún
cuando en Perú estaría por consumarse la aprobación del Plan
Nacional de Derechos Humanos, desestimando las observaciones que
también sobre materia de criminalización de las protestas ha
realizado recientemente la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos al gobierno peruano.
En vista además de que se estaría esperando la aprobación de los
parlamentos de los países miembros de la UE de la firma del tratado
de libre comercio con Perú y Colombia, no nos cabe sino ser
portadores de estas preocupaciones que de no ser atendidas podrían
permitir que las necesarias relaciones comerciales entre la UE y
nuestros países puedan hacerse en un contexto de mayores
violaciones de derechos humanos de nuestras poblaciones más
vulnerables.
Sinceramente,
Mirtha Vásquez
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible -
GRUFIDES
Luis Isarra
Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable – FENTAP,

4. Perú
Ricardo Buitrón
Internacional de Servicio Públicos – ISP
Rocío Silva Santisteban
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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[1] Correa plantea a Perú, Colombia y Ecuador abordar problema
de radicales antimineros.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-correa-plantea-a-peru-
colombia-y-ecuador-abordar-problema-radicales-antimineros-
437131.aspx
[2] Ver Informe NN.UU. Observaciones finales del Comité sobre
el tercer informe de Ecuador, aprobada por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su cuadragésimo noveno
período de sesiones (14 al 30 de noviembre de 2012) Especialmente
la Observación Nro. 10
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Dra. Rocío Silva-Santisteban
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Webhttp://derechoshumanos.pe/