Este decreto reforma varios artículos de la Constitución Mexicana relacionados con la educación. Se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para evaluar la calidad del sistema educativo. También se establecen disposiciones para garantizar la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior. Finalmente, se incluyen artículos transitorios sobre la implementación de estas reformas.