El documento discute los delitos contra la seguridad pública en el contexto de la pandemia de COVID-19. Propagar una enfermedad contagiosa intencionalmente puede ser castigado con 3 a 10 años de prisión. Violar las medidas sanitarias para prevenir la propagación de una enfermedad puede ser castigado con 6 meses a 3 años de prisión. El incumplimiento de las disposiciones de la emergencia sanitaria nacional se considera una infracción administrativa sancionable.