El documento describe la crisis de derechos humanos en Colombia, que se ha alimentado de prácticas como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por el Estado de forma similar a las dictaduras militares del pasado en Latinoamérica. También explica que el sistema judicial colombiano cuenta con cinco órganos independientes encargados de la administración de justicia, mientras que la rama ejecutiva incluye la Justicia Penal Militar y otras entidades relacionadas con derechos humanos.