1. Colombia: Tortura contra familiares de presos políticos es
mensaje del terrorismo de Estado
Parte VI del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
Por Azalea Robles
“Alida Arzuaga, de 9 años, fue víctima de desaparición forzada, tortura y
homicidio. Según testimonios el atroz crimen fue cometido por parte de paramilitares y
posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien
se encontraba preso(…) Estos hechos permiten evidenciar el tratamiento que reciben
los presos políticos en Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento,
sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales
contra sus familiares.” Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo,
introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego
le chuzaron el estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios
como se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es
posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser
revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”
Marinelly Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La existencia de 9.500 presos políticos[1] pone de manifiesto la falta de libertades
políticas en Colombia. La extrema intolerancia estatal contra toda reivindicación social
garantiza una situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es
causal del actual conflicto social y armado. Es debido a la miseria de las mayorías, aunada
al exterminio contra la oposición política civil, que parte importante de ésta elije la
oposición política insurgente. Uno de los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la
insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano se refiere precisamente a esa falta de
libertades políticas en Colombia. La liberación de los presos políticos sería un gesto
concreto hacia la paz por parte del gobierno colombiano; lamentablemente el gobierno no
se lo plantea, y por el contrario incrementa las detenciones políticas a la par que
incrementa la entrega del territorio a las multinacionales. Las organizaciones sociales
denuncian:“Las regiones del país donde existe mayor concentración de recursos

2. naturales, procesos organizativos e intereses económicos trasnacionales; coinciden
con aquellas en las que se usa con más frecuencia la detención arbitraria (…)Existe
una directriz de Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que se manifiesta
en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en su política criminal que
abiertamente da una repuesta represiva o punitiva al ejercicio del derecho a la
protesta(…) una estrategia criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento
popular y amilanar la protesta social” [2].
La violación de los derechos de participación política afecta no solamente al opositor
político que es asesinado, desaparecido u encarcelado, sino que vulnera a la sociedad
entera, al impedir el pensamiento crítico y desarticular la organización social, motores
históricos de la emancipación. Se trata de inyectar miedo a elevar una reivindicación: a
quienes reivindiquen se los ‘castiga’. En esa lógica estatal de dominación mediante el
miedo se inscribe la tortura: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia
su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que
conlleva incluso la muerte de los presos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio
contra los familiares de los presos políticos. La importancia de visibilizar estos crímenes de
Estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como un mecanismo de terror
contra la reivindicación social.
La situación en las cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura, padecen
niveles de hacinamiento del 47% [3], viven en condiciones de insalubridad extremas,
sufren la violación a los subrogados penales, no son clasificados en clara violación al DIH
por parte del estado -siendo incluso situados los presos políticos en patios paramilitares
como método de tortura que pone en peligro sus vidas-. Los presos sufren el alejamiento
familiar como forma de castigo; sufren extradición; e incluso los presos políticos sufren el
chantaje con las vidas de sus familiares si se niegan a fungir de falsos testigos contra otros
luchadores sociales en los juicios políticos que implementa el estado colombiano contra
periodistas, sindicalistas, líderes campesinos, estudiantiles, etc. Miles de personas están
sindicadas y presas sin juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro estatal’[4]. El uso del

3. aparato judicial como arma de guerra sucia convierte las detenciones en terror
omnipresente: “El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones
injustas”[5]. Además, son numerosos los presos políticos muriendo por tortura de negación
de asistencia médica, algunos padecen enfermedades que devienen terminales ante la
falta de tratamiento, y otros son heridos de guerra que son abandonados a la
gangrena[6]. Las organizaciones de DDHH llaman: “Al estado colombiano que cesen las
condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos mediante la omisión de
diagnósticos y atención médica oportuna. Solicitamos que la Liberación de las y los
Prisioneros Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el
gobierno Colombiano y las FARC-EP”[7]. En diciembre 2012, ante la continuidad de la
hecatombe, los presos se preguntan:
“¿Cuántos muertos más tenemos que poner los presos para lograr ser escuchados
y recibir solución a tan dramática situación? ¿Quién investiga y hace justicia con la
familia de más de 118 muertos en lo que va transcurrido en el presente año en las
cárceles del país? (…) Exigimos investigación sobre la muerte de nuestro compañero
Mauricio Fernández García miembro del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) el 7
de diciembre por la absoluta inasistencia medica (…) una de las prácticas aplicadas
sistemáticamente(…) Hemos solicitado al gobierno que decrete la emergencia
carcelaria y que se conforme una comisión de concertación Gobierno-MNC, para
buscar soluciones concretas a la crisis humanitaria por la cual estamos pasando los
mas de 140.000 presos que hay en Colombia” [8].
2. Torturas, desaparición y asesinato de familiares de presos políticos
Los familiares de los opositores políticos son también víctimas de la tortura. Los casos son
recurrentes y quedan en la impunidad. El terror de estado contra familiares y comunidades
se expresa en las masacres perpetradas por toda la geografía colombiana por la
herramienta paramilitar en coordinación con la fuerza pública; masacres en las que los
desmembramientos, las violaciones sexuales y otras barbaries buscan dejar impreso el
miedo en lo más hondo de los sobrevivientes, para así generar parálisis de la
reivindicación social y masivos desplazamientos poblacionales. De esta forma son
despojados los campesinos de las tierras codiciadas por el capital multinacional: el
desplazamiento forzado en Colombia alcanza ya los 5,5 millones de personas, haciendo
de Colombia el país del mundo con más desplazados internos [9].
Las víctimas preferenciales en las masacres son los opositores políticos y sus familiares.
Innumerables torturas forman parte de las vivencias colectivas, testimonios de una
dominación mediante la barbarie, como la castración y asesinato del niño Luis Carlos
Julián Vélez, de 8 años, hijo del entonces diputado del partido opositor Unión Patriótica,
partido que sufrió exterminio por parte del estado colombiano, siendo asesinados 5000 de
sus militantes[10].

4. Los hijos y padres de los opositores políticos son una población duramente golpeada; y
cuando éstos son familiares de insurgentes sufren, aunado al terror estatal, el ostracismo
mediático: “A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares, lo colgó
vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de
carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después
arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro… según
medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano,
tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su
vida?”, testimonia Marinelly Hernández, presa política y de guerra [11].
La tortura contra los familiares de presos políticos se expresa en el alejamiento geográfico,
en impedimentos de las visitas, en humillaciones: “Nuestros familiares tienen que sufrir un
calvario para visitarnos, son humillados, maltratados(…) las mujeres tienen que soportar el
infamante manoseo en sus partes intimas por parte de las guardianas de forma
abusiva”[12]. Aunado a lo anterior hay varios casos de agresiones, desaparición forzada y
asesinatos de familiares de presos políticos a manos de la herramienta paramilitar y la
fuerza pública: las agresiones y crímenes de estado contra los familiares son utilizados
como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si éstos no acceden
a convertirse en informantes, o para callar las denuncias. El preso político Carlos Iván
Peña Orjuela fue sometido a presión por parte la policía (SIJIN) para que diera falso
testimonio contra campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en
montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego procedió
a encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de
asesinar también al niño[13]. “Fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le
iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Celis Torres profirió amenazas de
montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que
‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro
de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano”, denuncia
el CSPP [Ibíd.]. Tras las amenazas, la policía pasó a mayores crímenes:
“la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido
político(…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar que tenía a cargo la custodia
del hijo del detenido político, de seis años. (…) el detenido político procedió a llamar al
celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien
se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían(…) En
palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y la
fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla, y por ahí le tengo otros
paqueticos’. El detenido político manifiesta que su hermano asesinado y la señora

5. María Yolanda eran las únicas personas que lo visitaban y ahora teme por la vida de
su hijo”[Ibíd.]. El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros
de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han
traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’
y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas
‘capturas masivas’” [Ibíd.].
Otro caso que evidencia los niveles de tortura aberrantes que sufren los presos políticos y
sus familiares es el caso de la niña Alida Teresa Arzuaga, que por ser hija de un preso
político, fue violada y asesinada. En febrero 2012 la familia recibió otro golpe, al ser dejado
en libertad uno de los presuntos perpetradores, sin siquiera ser juzgado. La impunidad
cubre los crímenes de Estado. Denuncia el Equipo Jurídico Pueblos:
“El 9 de junio 2005, Alida Teresa Arzuaga Villar, de tan solo nueve años, fue
víctima de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio, perpetrados por
parte de reconocidos paramilitares en Santander. Fue encontrada sin vida en una
cañada, su cuerpo registraba signos de tortura, siendo accedida sexualmente antes de
su muerte. Según testimonios rendidos por paramilitares dentro del proceso penal,
el atroz crimen fue cometido en 'retaliación' por parte de los paramilitares y
posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor,
quien en ese momento se encontraba preso en la cárcel Modelo, señalado de
pertenecer al ELN.
El 17 de septiembre 2010, el Juzgado(…) profirió sentencia condenatoria contra
Hernando Rodríguez Zarate, alias ‘Volunto’, jefe paramilitar. Además ordenó que se
investigue la posible participación en los hechos de John Fredy Quitian González, alias
‘Jorge’, jefe paramilitar, que si bien es cierto formalmente se había desmovilizado en el
año 2004, continuaba siendo protegido por la policía y el ejército en Santander. El
24 de febrero 2012, en Bogotá, fue capturado Quitian González, procediendo a
definirse situación jurídica por parte de la fiscalía(…) absteniéndose de imponer
medida de aseguramiento y ordenando su libertad inmediata. La decisión de la
Fiscalía contrasta con su actuación morosa al momento de pronunciarse sobre la
demanda de constitución en parte civil, que busca garantizar el acceso a la justicia de
las víctimas. La posición del ente acusador genera profundo desconcierto y dolor en

6. los familiares de Alida, quienes desde el mismo momento en que ocurrió el crimen han
exigido Verdad y Justicia al Estado colombiano. Estos hechos que conmueven los
cimientos del Estado social de derecho que se predica en Colombia, permiten
evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en nuestro país, quienes
además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las
estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares” [14].
3. Conclusión: La tortura como mecanismo de control social
Hay una utilización sistemática de la tortura con una finalidad clara: la perpetuación de
un Status Quo de injusticia social mediante el miedo. La tortura es inherente a un Estado
que ha instaurado el terror como mecanismo de control social. Un mecanismo amparado
por la impunidad tejida nacional e internacionalmente: perfeccionado y articulado en pro de
garantizar el libre saqueo de los recursos.La ferocidad que busca destrozar al opositor
político se inscribe en una lógica de estado, las crueldades no son obra de ‘guardianes
desquiciados’, ‘negligencias médicas’, o ‘manzanas podridas’ en el ejército: hay una
planificación del terror, una negación de facto de la asistencia médica en el ámbito
carcelario, una doctrina militar del “enemigo interno”, hay formadores en torturas [15] y hay
una política de “tierra arrasada” preconizada desde EEUU, que incluye el empleo de la
herramienta paramilitar[16].
El sistematismo, la impunidad y la perpetuación del drama humanitario pone de relieve un
ensañamiento preconcebido. No es casualidad que ante la intensificación de la entrega
del país a las multinacionales, que trae su consiguiente desacuerdo popular, se
implementen mecanismos que legalizan los crímenes de Estado: se busca que la
respuesta represiva del Estado ante la reivindicación social no tenga límites. La tortura
estatal goza de un marco ad-hoc. En diciembre 2012 el congreso colombiano aprobó la
Reforma Constitucional de ampliación del Fuero Militar, impulsada por Santos:el Fuero
Penal Militar consagra la impunidad para los crímenes de Estado; esuna herramienta
indispensable a esa lógica estatal de emplear la tortura y el exterminio como mecanismos
de control social. El congresista Cepeda expresa: “Es un golpe como pocos en nuestra
historia a los Derechos Humanos. (…)Es altamente probable que todos esos casos de
asesinatos de civiles a manos de militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más de
3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos de la justicia militar. Las
víctimas quedan expuestas a que su derecho a la justicia sea abiertamente violado” [17].
“Es el otorgamiento a militares y policías de un cheque en blanco, para matar, torturar,
desaparecer, desplazar y agredir sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier
colombiana o colombiano, con la garantía de que no van a ser castigados por sus
crímenes”[18], apunta el periodista Camilo Raigozo. Es la garantía de impunidad para
intensificar la guerra del terror contra la población. En cuanto a las aducidas 7 excepciones

7. a la Justicia Militar, se denuncia que no son sino una coartada, ya que en la práctica será
imposible hacerlas valer porque su exclusión viene validada solo sí se le reconoce al
crimen el carácter de Crimen de Lesa Humanidad. El carácter de Lesa Humanidad, de
Crimen de Estado, deberá ser demostrado en instancias estatales; el cinismo consolida la
total impunidad para los militares.
“En cuanto a la coartada que encierra las ‘exclusiones de la justicia penal
militar’, la ONU y HRW advirtieron que de acuerdo con el derecho internacional, y
según fue confirmado recientemente por la sala de casación penal de la Corte
Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares
únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad ‘si forman parte de
un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con
conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u organización’. En
palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no es
toda grave violación de derechos humanos. El Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados contra la
población civil’. Por lo tanto en la enmienda aprobada, para poder emprender acciones
en los tribunales de la justicia ordinaria, los fiscales deben demostrar en cada caso
que la víctima de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia
sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco
de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población
civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial, lo cual
es imposible, porque es de lo que se van a cuidar los criminales” [19].
Demostrar eso caso por caso va a resultar imposible, y no por falta de
evidencias, no porque estos crímenes en Colombia no sean parte de un
“ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado
con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado”,
sino justamente, porque al ser parte de una planificación estatal, todas las
instancias estatales se van encargar de imposibilitar tal demostración ¿O
si no qué explica que en un país en el que se han documentado más de 3000
casos de asesinatos de civiles a manos de militares -según el mismo modus
operandi, impulsados por una directriz ministerial (029) y con la misma
finalidad-, todavía el ejército y los medios de desinformación hablen de
las “manzanas podridas” al referirse a los militares que han perpetrado estos
crímenes en masa? No hay tal“manzanas podridas”, hay una planificación
estatal, y los ejecutantes de la tortura, violación sexual, genocidio,
desplazamiento forzado, son parte de un ejército que perpetra estos crímenes

8. de Lesa Humanidad amparado en la impunidad que le garantiza esa
planificación estatal.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En los últimos 50 años
de violencia estructural, el movimiento de victimas, social y de derechos humanos ha
documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6
millones de personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000
desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje
a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el
establecimiento. Cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe contar
con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado(…) Es indispensable que
se incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as) políticas
(…)exigimos que cesen los montajes judiciales y la injusta judicialización de la protesta
social”[20].
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la VI Parte del dossier Colombia y sus miles de presos
políticos silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los
montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la
invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto.
Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas completas, en caso de no tenerlas
aparentes en esta publicación:www.azalearobles.blogspot.com
[1] “En Colombia existen 9.500 presos políticos” Informe Situación Carcelaria
http://www.traspasalosmuros.net/node/727
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140827&titular=la-situaci%F3n-carcelaria:-%22en-colombia-existe-
9.500-presos-pol%EDticos%22-
[2]Declaración encuentro Campaña "Defender la Libertad un asunto de tod@s
" http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=853:fcspp&catid=2
9:cele&Itemid=61
[3]Modelo represivo y alerta humanitaria por Hacinamiento carcelario en Colombia
http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/04/hacinamiento-carcelario-en-
colombia.html?utm_source=BP_recent
28/08/2012 Gobierno revela que existe un 47% de hacinamiento en las cárceles del país, 400% en
algunos penales
http://www.rcnradio.com/noticias/gobierno-revela-que-existe-un-47-de-hacinamiento-en-las-carceles-del-
pais-18090
[4] Secuestro carcelario, montajes judiciales, ‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende las
fronteras
http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/02/secuestro-carcelario-montajes.html?utm_source=BP_recent
[5] ‘El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones injustas’
http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=854:wwwrcnradioco
m&catid=1:nacionales&Itemid=66
http://www.rcnradio.com/noticias/el-estado-enfrenta-mas-de-12-mil-demandas-por-detenciones-injustas-
36645#ixzz2E8CJVnGn
[6] Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e impunidad revelan una lógica de estado
http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/07/tortura-en-carceles-
colombianas_4572.html?utm_source=BP_recent
“Padecemos negligencia médica que en muchos casos degrada nuestra condición humana como sucedió
con nuestro compañero José Dinael Lamprea a quien se le condenó a la pena de muerte de facto,
padeciendo graves tumores que evolucionaron en un cáncer de huesos.
”http://www.traspasalosmuros.net/node/1048
“Denuncia pública contra el Estado Colombiano por condenar a pena de muerte al prisionero político y de
guerra José Dinael Lamprea(…) al omitir diagnóstico oportuno, negarle atención médica adecuada”
http://www.traspasalosmuros.net/node/1009

9. “El 25 de noviembre falleció el interno David Guerrero Leal(…) exámenes no eran los apropiados para
detectar su patología cancerígena, por lo tanto nunca llegaron a tener un diagnostico real y científico(…)el
21 de octubre (2012) por negligencia medica falleció el interno Héctor Peñaranda
Bayona”http://www.traspasalosmuros.net/node/1042
“Denunciamos y Rechazamos la condena a Pena de Muerte de Facto a la que son sometidos
los prisioneros políticos en Colombia, a través de la negligencia médica u omisión de protección a
quienes padecen amenazas de muerte (…) la muerte del prisionero político Vicente Saúl Balcárcel (…) el
18 de septiembre de 2012(…) luego de haber sido diagnosticado tardíamente de cáncer del colon y no
haber recibido la atención médica adecuada, a pesar de existir un fallo de tutela a su favor (…) esta
violación a la dignidad humana y los derechos humanos no es un hecho aislado, recordemos las muertes
por responsabilidad del Estado Colombiano de los prisioneros políticos Jordán Fabián Ramírez, Otoniel
Calderón Ovalle, Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés Cupitre, Alexander
Martínez Palacio, entre otros, ocurridas durante los últimos dos años sin que a la fecha se hayan tomado
medidas efectivas para evitar que ocurran mas muertes(…) Con estas muertes y omisión de protección el
Estado Colombiano ha violentado los artículos 11 y 12 de la Constitución que disponen que “el derecho a
la vida es inviolable, no habrá pena de muerte y nadie será sometido a tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes” (…)”http://www.traspasalosmuros.net/node/988
[7] Lazos de Dignidad: “(…)al estado colombiano que cesen las condenas a pena de muerte contra los
prisioneros políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica oportuna. Solicitamos que la
Liberación de las y los Prisioneros Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de
diálogos(…)” http://www.traspasalosmuros.net/node/1009
[8]“¿Quién hace justicia con la familia de más de 118 muertos en lo que va transcurrido en el presente
año en las cárceles?(…) Exigimos investigación sobre la muerte de Mauricio Fernández García miembro
de Movimiento Nacional Carcelario el 7 de diciembre por la absoluta inasistencia
medica.”http://www.traspasalosmuros.net/node/1052
[9] Abril 2012: El número de desplazados en Colombia en el año 2011 llegó a 259.146, la cifra total
asciende a 5.445.406, según denunció la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
en su informe anual "Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada", el cual toma en cuenta
los casos presentados en el país desde 1985. Desplazados en Colombia llegan a 5,5 millones, dice
Codhes http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-262261-desplazados-colombia-llegan-a-55-millones-
dice-codhes
Colombia, país con más refugiados del hemisferio, y el 1er país del mundo con más desplazados internos
del mundo, CODHEShttp://kaosenlared.net/america-latina/item/23776-colombia-es-el-pa%C3%ADs-con-
más-refugiados-del-hemisferio-y-el-1er-pa%C3%ADs-del-mundo-con-más-desplazados-internos-del-
mundo-codhes-reporta-528-millones-de-desplazados.html?tmpl=component&print=1
2011, Peor que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO): Colombia país con más desplazados y refugiados
internos http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129586&titular=colombia-es-el-pa%EDs-con-m%E1s-
desplazados-y-refugiados-internos-
http://www.codhes.org/
"El 11,42 % de la población colombiana: desplazada de manera forzada”(06-
2011) http://www.rebelion.org/docs/130767.pdf
[10] Asesinado por ser “hijo de comunista”. Asesinato de Carlos Julián Vélez Rodríguez, Diputado por la
Unión Patriótica; su esposa Norma Garzón Moya; su hijo Luis Carlos Bello Garzón, y su hermano Dimas
Elkin Vélez Rodríguez, en el Meta. http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.7a.htm
Asesinato del niño Luis Carlos Vélez Garzón http://sandinovive.info/?page=ver_articulo&id=702
Extractos históricos de la UP: http://es.scribd.com/doc/68373112/Extractos-historicos-de-la-vida-de-la-
Union-Patriotica-de-Colombia-Libro-Memorias-en-Baja-1
Plan de exterminio de la UP “Baile Rojo”.
Documental: http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
[11] Marinelly Hernández, presa política y de guerra testimonia y se declara en Ruptura con el Estado
colombiano, ante un juez:http://www.traspasalosmuros.net/node/359
[12] “Nuestros familiares tienen que sufrir un calvario para visitarnos(…) las mujeres tienen que soportar
el infamante manoseo en sus partes intimas por parte de las guardianas” Junio 2012, Comunicado de los
Presos Políticos de la cárcel Modelo: http://clarindecolombia.info/noticias/colombia/1212-comunicado-de-
los-presos-politicos-de-la-carcel-nacional-modelo.html
http://www.inspp.org/news/political-prisoners/comunicado-de-los-presos-politicos-de-la-carcel-nacional-
modelo
[13] El preso político Carlos Iván Peña Orjuela, sometido a presión por parte de la policía judicial de la
SIJIN para que diera falso testimonio contra campesinos. Ante su negativa, la policía desapareció y
asesinó a su hermano menor, luego procedió a encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar que se
ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar a su hijo. Asesinan al hermano del preso político Carlos Iván
Peña Orjuela y la policía amenaza a su hijo de 6 años http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102342

10. “amenazó a su hijo diciendo que “de pronto anochecía pero no amanecía” el niño. Le dio un plazo para
convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano”,
CSPP http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=46
http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-negro-antonio-denuncia-torturas-carcel-pretenden-convertir-
gu
http://www.kaosenlared.net/noticia/desaparicion-familiares-tortura-contra-presos-politicos-alto-estado-ge
En libertad cinco campesinos de Santander y familiar de Carlos Iván Peña Orjuela, Yolanda Cañón,
víctimas de montaje judicial: 7 meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la organización
campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra el preso político Orjuela por su negación
a fungir como testigo falso en los montajes judiciales de la policía. http://www.conapcolombia.org/?p=338
Octubre 2011, en huelga de hambre presos políticos de Palogordo exigiendo asistencia médica para el
preso político Peña
Orjuelahttp://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid=48
[14] La niña Alida Teresa, hija de preso político, violada y asesinada por paramilitares, crimen en
impunidad, 2012.http://www.rebelion.org/noticias/2012/3/145927.pdf
2 de marzo 2012, Ordenan Libertad a Jefe Paramilitar señalado de desaparición forzada, tortura y
homicidio de la niña Alida Teresa en hechos ocurridos en junio 2005 en Zapatoca,
Santander http://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2012_02_26_archive.html
[15] Mercenario israelí que entrenó a grupos paramilitares confirma la participación del Ejército. Yahir
Klein: "El hacendado que se convirtió en presidente pagó por mis
servicios” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159161
Yair Klein: el instructor de la muerte http://elturbion.com/?p=1690
[16] A raíz de la visita de la Misión Yarbourough del ejército estadounidense (febrero/62) y de las
directrices secretas que dejó consignadas, el Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente
paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas (1964-65).Tal doctrina estratégica puede
estudiarse en los Manuales de Contrainsurgencia que comienzan a formar parte de la Biblioteca del
Ejército y por tanto de los textos de estudio y entrenamiento militar desde 1962. Tomando como fuente 6
manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción que hay allí de la
población civil y su papel en la guerra, se la define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra
(paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los
movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).
Cronología de hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado. Investigación Javier
Giraldo: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75
Los Gobiernos de EEUU y el
paramilitarismo: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda19.pdf
El verdadero origen del paramilitarismo en Colombia: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article529
http://www.statecraft.org/chapter9.html
Brig. Gen. William P. Yarborough, "U.S. Special Warfare Center," in U.S. Department of the Army, Office
of the Chief of Information, Special Warfare U.S. Army: An Army Specialty (Washington, D.C., 1963), p.
61. A Psychological Operations Course covering all aspects of psychological warfare was also offered at
Fort Bragg, in consonance with the center’s Psychological Warfare origins. .Headquarters, U.S. Army
Special Warfare School, Subject: Visit to Colombia, South America, by a Team from Special Warfare
Center, Fort Bragg, North Carolina, 26 February 1962. Kennedy Library, Box 319, National Security Files,
Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia; 3/62. Also Carroilton Press, Declassified Documents
Reference Series (1976:154D), and McClintock, The American Connection, vol. 1, State Terror and
Popular Resistance in El Salvador, pp. 23-24. 26. "Secret Supplement, Colombian Survey Report."
[17] Cepeda sobre Aprobación de Fuero Militar: “Es probable que todos esos casos de asesinatos de
civiles a manos de militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más de 3000 víctimas, más de 1.700
investigaciones, terminen en manos de la justicia
militar.” https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dC4HhsaJ2XU#!
[18] “Es el otorgamiento a militares y policías de un cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer
(…) con la garantía de que no van a ser castigados por sus
crímenes” http://prensarural.org/spip/spip.php?article9814
[19] Tomado de http://prensarural.org/spip/spip.php?article9814 que a su vez cita apartes de la carta de
HRW a Santos:http://www.hrw.org/es/news/2012/10/25/colombia-carta-al-presidente-santos-criticando-
ampliaci-n-del-fuero-militar “En cuanto a la exclusión de crímenes de lesa humanidad de la justicia penal
militar, cabe hacer presente que de acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado por la
sala de casación penal de la Corte Suprema, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros

11. abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad si forman parte de un
ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de
acuerdo con la política de un Estado u organización. En palabras del Fiscal General Eduardo
Montealegre, “[e]l crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos. El
[E]statuto [de Roma] de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o
generalizados contra la población civil”. Por ende(…) para poder emprender acciones en los tribunales de
la justicia ordinaria, los fiscales deberán demostrar en cada caso que la víctima de violencia sexual,
tortura o ejecución extrajudicial fue agredida en el marco de un ataque generalizado o sistemático
perpetrado por militares contra la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con
una política oficial.”
[20] Movimiento de Víctimas de Crímenes de estado, 9 de septiembre 2012 ‘Un proceso de paz con
participación de las víctimas’ http://www.movimientodevictimas.org/documentos/conclusiones-
encuentros/item/2811-declaración-movice-un-proceso-de-paz-con-participación-de-las-
v%C3%ADctimas.html
Las partes ya publicadas de este Dossier, que consta de 7 partes en su totalidad, son:
Parte I : Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada
Parte II : Despojo, empobrecimiento y muerte para beneficio multinacional; la voz disidente es eliminada
Parte III : Secuestro carcelario, montajes judiciales, ‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende
las fronteras.
Parte IV: Hacinamiento carcelario en Colombia: Modelo represivo y alerta humanitaria
Parte V: Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e impunidad revelan una lógica de estado
Parte VI: Tortura contra familiares de presos políticos es mensaje del terrorismo de Estado
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