Los conflictos vecinales son un foco de disputas y fricciones que las leyes tratan de ordenar. Los intereses disímiles entre vecinos pretenden ser limados y encauzados mediante la figura de la Propiedad Horizontal (PH). Pero dada la complejidad de la legislación vigente, las PH suelen acudir a una figura experta en dicha legislación: los administradores.

1. Destituir al administrador de una PH
con el consenso de los propietarios
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consenso-de-los-propietarios/
Los conflictos vecinales son un foco de disputas y fricciones que las leyes tratan de
ordenar. Los intereses disímiles entre vecinos pretenden ser limados y encauzados
mediante la figura de la Propiedad Horizontal (PH). Pero dada la complejidad de la
legislación vigente, las PH suelen acudir a una figura experta en dicha legislación: los
administradores.
Régimen general de nombramiento y cese de los
administradores de PH
De manera análoga a las sociedades mercantiles, los miembros de la PH gozan
de la facultad de designar libremente al administrador, así como de revocar ese
nombramiento y cesarle o sustituirle. Para hacerlo no necesitan alegar más razones que
la decisión expresada en una Asamblea que haya sido convocada debidamente.
Esta libertad de nombramiento y cese atañe también a las figuras del Revisor Fiscal
y a los integrantes del Consejo de Administración. Tanto unos como otros acceden
a sus cargos y permanecen en los mismos por decisión de la Asamblea y es ésta la que
puede cesarles en cualquier momento.

2. Actuaciones irregulares del administrador
Cuando un administrador actúa de modo irregular, puede causar severos perjuicios
tanto a los miembros de la PH como a terceros, que repercutan en un deterioro de la
propiedad y de los derechos vinculados a ella.
Si se convoca una Asamblea en la que el Administrador ha sido citado para
pronunciarse respecto a presuntas irregularidades por él cometidas, dicho
Administrador está compelido a presentarse. En caso de ausentarse sin causa
justificada, la Asamblea podrá cesarle de inmediato sin necesidad de que la moción
de cese estuviera en el orden del día de la Asamblea.
Independientemente de que se compruebe con posterioridad si el Administrador ha
incurrido en actuaciones irregulares, el mero hecho de no asistir a la Asamblea se
considera un indicio de su mal hacer.
Una actuación mucho más grave se daría en el caso de que se compruebe que el
Administrador ha incurrido en la falsificación de algún documento oficial, por
ejemplo, la modificación de los datos esenciales de algún comprobante de pago o de
cobro, como la fecha, el importe, la identidad de los implicados en la transacción o el
objeto de la misma.
La manipulación de la documentación contable de la PH con objeto de modificar
informaciones sensibles que atañen a la vida jurídica, social y fiscal de la PH puede
suponer la comisión del delitode fraude.Además, el Administrador se estaría sirviendo
de su puesto para perpetrar este ilícito, por lo que estaría usando la confianza
depositada en él para infringir la Ley.
Esto supone el empleo del agravante del abuso de confianza, ya que sin tener
acceso a las funciones de Administrador no se pueden realizar estas infracciones.
Responsabilidad de los Administradores de
PH
En caso de que se pruebe la responsabilidad penal del Administrador, éste debe
responder de los perjuicios causados tanto a la PH como a los
propietarios integrantes de la misma, y a terceras personas perjudicadas.
La responsabilidad contraída por el Administrador alcanza no sólo su esfera
profesional, sino que puede responder de los perjuicios ocasionados también con
su patrimonio personal.

3. Dicha responsabilidad le puede ser exigida no sólo por los perjuicios que haya
ocasionado dolosamente, sino también por aquellos que causada por culpa leve o grave.
Cuando se verifiquen incumplimientos o extralimitación de las funciones del
Administrador, o infracciones de la ley o el reglamento de Propiedad Horizontal, la
legislación vigente establece la presunción de culpabilidad leve en contra del
Administrador. Posteriormente, en el proceso judicial puede retirarse esa presunción o
ser sustituida por una acusación de actuación dolosa.
En el caso de que no haya un perjuicio derivado de la actuación del Administrador
pero sí un engaño realizado por él, no será necesaria la convocatoria de Asamblea para
el cese, bastará con decisión del Consejo de Administración.