Paper ICHEM

1. Documento N°19
LA SEGURIDAD PÚBLICA
EN EL PROCESO DEMOCRATIZADOR
Fundamentos, estrategias y limitaciones de la Prevención (II)
Por
Jorge Mardones
Y
Roberto Lagos

2. Registro intelectual Nº 160.387
Instituto Chileno de Estudios Municipales
Universidad Autónoma de Chile
Diciembre 2006
Consejo editorial
Teodoro Ribera
Rector Universidad Autónoma de Chile
Georg Spee
Vicerrector Universidad Autónoma de Chile
Sergio Thiers
Director Acreditación Universidad Autónoma de Chile
Ricardo Israel
Director Ejecutivo Ichem
Andrés Chacón
Secretario General Ichem
Tamara López
Editora Ichem
2

3. Jorge Eduardo Mardones Navarro
Periodista y Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magíster en Seguridad Ciudadana y Criminología © de la Universidad Central.
Director del departamento de Seguridad Pública del Instituto Chileno de
Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile.
Roberto Lagos Flores
Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador del
departamento de Seguridad Pública del Instituto Chileno de Estudios
Municipales de la Universidad Autónoma de Chile.
3

4. TABLA DE CONTENIDOS
La seguridad pública en el proceso democratizador desde la prevención………………..5
Democracia, seguridad, prevención……………………………………………………….5
¿Hacia dónde va la prevención del delito?...............................................................10
a) La prevención como industria…………………………………………………10
b) El etiquetamiento…………………………………………………………………13
c) El paternalismo……………………………………………………………………15
La prevención dentro de la estrategia 2006-2010…………………………………..…16
Bibliografía……………………………………………………………………………………………….18
4

5. La Seguridad Pública en el proceso democratizador desde
la prevención
Democracia, seguridad, prevención
Durante el período de instauración del sistema democrático, 1990-1994, el aparato
burocrático y, por tanto, el Estado fue el actor sin contrapeso en materias de
seguridad. Comenzó a diseñar y a implementar estrategias de seguridad interior
destinadas al control de la criminalidad. Como se entiende, se basó
fundamentalmente en la disuasión y el control policial y, por supuesto, en la efectividad
de las penas. Sólo más tarde y a partir del segundo gobierno democrático, se dio
paso a la incorporación de nuevos actores y a la construcción de conceptos
preventivos a través de programas y de planes pilotos. En estudios anteriores se ha
insistido sobre la diferenciación que existe entre la seguridad pública y la seguridad
ciudadana1, estableciendo como principio rector que la conceptualización de los
fenómenos de la violencia, la delincuencia y la victimización –temor-, se relativizan de
acuerdo a la diversidad de intereses que existen. De este modo, la seguridad pública
es un asunto público o issue vinculado a la respuesta fundada en las capacidades del
Estado de ejercer la seguridad interior, donde los agentes involucrados en el ejercicio
de las acciones destinadas a la protección de los ciudadanos de ser víctimas de actos
delictivos, nacen a partir de las respuestas que entrega el propio Estado democrático,
a través del establecimiento de programas y planes que deriven en la construcción de
una política pública de seguridad.
Ya Beccaria, hace un par de siglos, amparado en el paradigma del contrato social
daba luces sobre la nueva visión de la criminalidad, rompiendo los patrones clásicos de
administración estatal del delito y con ello sentando ciertas bases que los
preventólogos modernos han adoptado. Éste señalaba que el “legislador” debía
1Lagos, Roberto y Mardones, Jorge. La Seguridad Pública en los Gobiernos Locales. Documento de Trabajo Nº 10,
Santiago, ICHEM, octubre, 2006.
5

6. tender a evitar los delitos más que a castigarlos, desmarcándose así de la judilización
de ciertos problemas públicas y apuntando al fin último de la sociedad civil: el bien
común y la felicidad; de esta forma, insta a reforzar el aspecto educativo “pues es el
medio más eficaz de evitar los delitos”2.
En suma, ya en las bases del Iluminismo se observa la prevención de la criminalidad
como es entendida en la actualidad; como también en el positivismo criminógeno, ya
que el campo de intervención se amplía en dirección a lo social, derivando de ahí un
nuevo estadio de prevención: la prevención social del delito. Con ello se instaura un
nuevo concepto, el de peligrosidad social, ya no resulta fundamental que el individuo
transgreda la norma o cometa un delito, sino que sea peligrosa. Hay una franca
contraposición con el concepto de legalidad. Ambas corrientes tienen un correlato
patente en las políticas institucionales que se han estado aplicado y que pretenden
perfeccionarse, pero todavía sin renunciar a estas consideraciones teóricas.
Al parecer, bajo el ejemplo de los planes, programas y proyectos de prevención
ejecutados durante los gobiernos democráticos aún se mantiene vigente la discusión
en torno a la etiología del crimen y sobre cuándo y dónde actuar. Hoy en día el
énfasis es la prevención social del delito, lo que demuestra la falta de comprensión de
la complejidad del fenómeno y sus múltiples aristas: penales, policiales, preventivas,
psicosociales, comunitarias, situacionales, clínicas, etc.
Una manera de esquematizar lo anteriormente expuesto se observa en el siguiente
diagrama, cuadro Nº 1, el cual pretende dar ciertas luces sobre el campo de la
prevención dentro del problema de seguridad pública actual y con ello evitar la
amplitud conceptual del fenómeno y aportar a su precisión.
2Véase Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Bogotá, Ed. TEMIS, 1987. Además, para una profundización del
pensamiento y su implicancia histórica ver Bergalli, Roberto; Juan Bustos Ramírez y Teresa Miralles. El Pensamiento
Criminológico. vol. I, Bogotá, Ed. TEMIS, 1983. Pág. 27-40.
6

7. LA PREVENCIÓN DENTRO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
PREVENCIÓN
Prevención Penal Prevención Social Prevención Policial
del delito del delito del delito
Prevención Prevención
Psicosocial Prevención Situacional
Comunitaria
Cuadro Mª 1
El cuadro Nº 1 señala los niveles de prevención en los diferentes ámbitos de
incumbencia de la seguridad pública: lo penal, lo policial y lo preventivo. De este
último se derivan tres ejes de acción donde se trabaja en la reducción de los factores
de riesgo o los refuerzos positivos de la actividad criminal.
No obstante lo anterior, persiste en el debate público la naturaleza amplia de la
prevención, enfocada en la estrategia nacional del gobierno y patente incluso en la
literatura especializada: “la prevención social tiene por objetivo prevenir el delito, a
7

8. través de la reducción de los factores de riesgo que llevan a que un individuo pueda
delinquir”3.
Conceptualización que presenta ambigüedades, la primera es que “sesga” el campo
preventivo solamente a lo social, dejando de percibir la prevención del sistema de
control y del sistema punitivo. Segundo, es “imprecisa” porque se centra solamente en
el actor o sujeto que delinque, siendo en cambio necesario recalcar que la prevención
actúa más que en el sujeto en su conducta, por ello habría que adicionarle a la
definición de los expertos arriba citada, la promoción de conductas desviadas de los
valores establecidos por la sociedad. Mediante esta explicación se comprueba el
fenómeno demasiado amplio de la prevención y su falta de precisión.
Por una parte, es conveniente señalar que la prevención penal adhiere al modelo
clásico de la criminología, ámbito de acción de la tradicional teoría penal del delito,
en ella, la pena se presenta como una herramienta disuasoria, donde la prevención es
abordada desde el delito; acompañada con importantes niveles de moralidad, es
decir, lo que importa en este universo de prevención es el comportamiento basado en
las normas legales, en definitiva en la ciencia normativa. Un nivel de prevención
esencialmente clásico dentro del pensamiento criminógeno tradicional.
Por otra parte, La prevención policial también es un ejemplo de la evitación del delito
mediante estrategias de trabajo focalizadas, incorporando técnicas de prevención del
crimen al trabajar sobre el espacio físico, un ejemplo de ello son los sistemas de
georreferenciación utilizados por las policías. Carabineros incorpora la seguridad
preventiva a través de la conformación de microzonas – barrios rojos según la Escuela
de Chicago – que se identifican y se priorizan de acuerdo su grado de peligrosidad,
llegando incluso a implementar índices de vigilancia, de los cuales se da un mayor
3 Véase Vanderschueren, Franz; Marcus, Michel; Lunecke, Alejandra y Jean Pierre Buffat. Políticas de Seguridad
Ciudadana en Europa y América Latina. Santiago. División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, 2004, pág.
194.
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9. puntaje a aquellos sectores “etiquetados” como vulnerables. Este modelo preventivo
también tiene su referente en el Modelo Ecológico del crimen.
Finalmente, la prevención social del delito es la aplicación más usada y divulgada
durante la democracia, profundizada mediante la Estrategia Nacional
Antidelincuencia de 2006, la cual se basa en 3 principios fundamentales: la
integralidad, es decir una respuesta que abarque las distintas dimensiones de la
prevención, la corresponsabilidad, es decir, la incorporación o inclusión de otros
actores y la participación activa de la comunidad organizada. Un modelo preventivo
arquetípico es el Programa Comuna Segura, que se inició con el apellido Compromiso
Cien y que en la actualidad vive un proceso de reestructuración. Este modelo de
intervención social basado en el enfoque de prevención social tiene su fundamento en
las Teorías Subculturales, incorpora aspectos de las Teorías de la Neutralización, del
Arraigo social, de la Contención y la Teoría subcultural de Cohen, entre las más
destacadas, puesto que las políticas públicas criminales sustentadas en este modelo
identifican la etiología del crimen en los factores de riesgo del sujeto, existen por tanto,
subculturas criminales que se alimentan de la frustración que experimentan los
individuos, básicamente jóvenes, de las clases sociales bajas al tratar de conseguir, sin
éxito, un status económico pretendido. Por tanto, este tipo de subcultura aparece
especialmente en los sectores donde se carece de oportunidades para triunfar de una
manera lícita. En consecuencia, esta aspiración de metas socialmente prescritas bajo
condiciones que impiden el legítimo acceso a éstas, es un preludio ya de la desviación,
(riesgo social, vulnerabilidad, peligrosidad –en definitiva– precrimen).
Como se entiende, la prevención social del delito incluye en su campo de acción
aspectos específicos de análisis. Este artículo propone la adopción analítica de tres
ámbitos de prevención social: primero la prevención psicosocial que promueve
cambios conductuales, comportamentales y cognitivos en el sujeto parte de los
campos de peligrosidad social teorías - Escuela Clínica -; segundo, la prevención
situacional al propender a la reducción de las oportunidades de la ocurrencia del
delito en el espacio público, con marcado énfasis en el espacio físico, cuya
herramienta principal es la disuasión del crimen mediante mejorías urbanas – teorías
9

10. ecológicas-. Por último, la prevención comunitaria, ampliamente utilizada en los
programas de gobierno y que han promovido la información y el contacto vecinal, la
conformación de subculturas barriales que brinden conocimiento y protección social
informal – teorías subculturales -. En suma, medidas que en diferentes niveles tienden
a la reducción de los factores de riesgo personal, comunitarios y espaciales pero
diferenciados y según lineamientos y fundamentos propios.
¿Hacia dónde va la prevención del delito?
De acuerdo a los alcances de los capítulos anteriores se puede señalar que ha
existido, acentuándose en la actualidad, una visión amplia sobre lo que se entiende,
en el discurso público, por “prevención”. Contribuyen a su amplitud las instituciones
encargadas (Ministerios, policías), las agencias colaboradoras o co-responsables
(centros de estudio, asociaciones) y los medios de comunicación, transmitiendo a la
comunidad mensajes simples, vagos, hasta contradictorios4. Uno de ellos: la seguridad
pública es responsabilidad de todos. Aún más, la extensión del concepto y su
abordaje se difuminan cuanto más al ejecutar acciones a nivel local, vecinal o barrial;
pudiendo encajar bajo el paradigma preventivo cualquier acción que razonada
socialmente busque intervenir promoviendo o modificando conductas, sin el debido
respaldo del saber científico, sin el sentido de ciencia y de realismo, que permite
establecer una visión sinóptica de la realidad vinculada al hecho social.
a) La prevención como industria
El propósito científico de la prevención es la interacción entre el ser humano y el medio
y la génesis del aprendizaje de la conducta criminal, donde influyen los refuerzos
negativos y positivos de la conducta desviada, en consecuencia, según la
4 Para una visión general sobre la relación medios de comunicación y los “intereses y demandas” de los consumidores
de noticias (receptores), véase Dastres, Cecilia. ¿Visiones personales, ideología o mercado al momento de informar? Un
análisis de las noticias sobre inseguridad ciudadana desde el emisor. Serie Estudios, Centro de estudios en seguridad
ciudadana, Universidad de Chile, Santiago, 2002.
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11. preventología, será por ello imprescindible reducir o disminuir los refuerzos positivos de
la actividad criminal. El trabajo preventivo estaría radicado entonces en el manejo
-control y reducción- de estos refuerzos, el anteponerse a un hecho, el pre-crimem.
Se actúa bajo un modelo, a diferencia de la criminología tradicional, donde todavía
no existe el delito, en una etapa pre-delictual, fundamentando el accionar en el
peligro de una posible conducta social, con ello difuminando el objeto de intervención
de la criminología y las políticas públicas de reducción del delito: delito – delincuente –
víctima – control social de conductas a predelito – predelincuente – control social
informal.
En consecuencia podríamos hablar de la existencia de una “industria de la
prevención”, que se instala con una serie de sustitutivos penales desde el ámbito de lo
social, económico, político, religioso, familiar, educativo; confundiendo el trabajo de
programas y planes de gobierno al servicio de la seguridad pública, la prevención y el
control del delito. Esta industria preventiva que se operacionaliza a través de planes y
programas (Programa Comuna Segura, Programa Previene, Programas de Mediación
Escolar, Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia, entre muchos otros),
parecería contener: prevención de conductas de riesgo (drogas, alcohol, violencia,
discriminación, precariedad laboral, desigualdades), prevención de conflictos o
situaciones difíciles (violencia escolar, intrafamiliar, vecinal), prevención ambiental
(contextual o situacional, seguridad urbana, espacios físicos, mejoramiento vial); en
definitiva, una industria preventiva como parte de la oferta pública, actuando donde
no hay delito, anticipándose basados en el saber técnico, en los “expertos positivistas”,
es decir, fundamentando la intervención en el afán humano de anticiparse a todo, de
extender al máximo las posibilidades de acción del aparato público, sustentado en la
ecología de la prevención: útil, pero desarticulada, poco rigurosa; con la secuela de
promover «consecuencias no buscadas», a veces perniciosas para la misma estrategia
prevencionista. Una de ellas, la estigmatización social y territorial, que fomenta el
inmovilismo del sujeto intervenido, una segunda, la multiplicación de la oferta
preventiva y su adopción por parte de los gobiernos locales sin la debida transferencia
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12. de recursos; una tercera, cuanto más grave, la prevención sin evaluación y
sistematización de resultados y de impacto social. En suma, aparte de sus indiscutibles
ventajas: coherencia lógica, relación costo-beneficio y sustento teórico, entre otras;
también posee limitaciones (estigmatización, “ofertazo preventivo”, parcialidad
ideológica) y carencias (resultados, sustentabilidad, recursos).
La presencia de una industria de la prevención se hace evidente cuando agentes
públicos y privados construyen un lenguaje común, un tanto inusual, al señalar que la
respuesta más clara, efectiva y duradera en torno a la seguridad pública es la
prevención de la criminalidad.
Ha existido una promoción comunicacional con respecto al tema y generada desde
distintos ámbitos: gobierno, centros privados de estudio, partidos políticos,
municipalidades. Y se ha convertido en una industria, pues ha sido la respuesta
políticamente correcta a ciertos factores que apremian la reducción de la
criminalidad: inmediatez, (altas consecuencias políticas derivan de la inacción pública)
higienismo, (relativamente escasas consecuencias políticas trae sustentar acciones en
el marco preventivo), transversalidad (la prevención es una herramienta que si bien
surge de un sector ideológico progresista es aceptada por el conservadurismo político
sin grandes complicaciones). Además es respaldada por la literatura y es inocua para
la sociedad, a diferencia del control del delito o su penalización pues la sensibilidad de
los actores políticos se acentúa, emergen mayores argumentos doctrinarios y se
observa un mayor debate ideológico sobre cómo enfrentar criminológicamente el
tema. En cambio, la prevención está menos ideologizada y es neutral políticamente
aún cuando haya sido adoptada y promovida por el pensamiento progresista.
Profundizando, la prevención del delito como punta de lanza de la política criminal
industrializada estimula el accionar público inmediato, pues dejar las tareas de
seguridad en statu quo es un suicidio gubernamental: hay que intervenir con población
en riesgo (estigmatización territorial), hay que evitar el inicio de la carrera delictual
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13. (estigmatización social), hay que hacer funcionar programas de prevención que
sustenten ese modo de intervención social (oferta programática), lo cual, como toda
industria, produce ganancias: para los ejecutores de las mismas un aparato
burocrático funcionando, para la sociedad, la percepción de que el sistema político
está generando outputs, para la academia, el almacenaje de literatura, ya que en
general las evaluaciones de las políticas de reducción del delito basadas en la
prevención social demuestran su efectividad5. En este sentido se podría decir que lo
que importa para los efectos de un accionar gubernamental no es lo que ocurre (el
saber científico y la realidad de los hechos), sino lo que se piensa que ocurre, los
supuestos del quehacer preventivo.
b) El etiquetamiento
Una «consecuencia no buscada», que opera en este afán preventivo es la generación
de caretas o figuraciones falsas, proveniente de la “teoría de las etiquetas”6, que
ahondan más que solucionan el problema, la estigmatización social y territorial: los
carteles de escuelas críticas, barrios vulnerados, barrios vulnerables, población en
riesgo, barrios rojos, extranjeros ilegales, encarcelados, etc.; siguiendo a la Escuela de
Chicago. Una clasificación con la cual los policy makers y los ejecutores de las mismas
orientan sus estrategias de intervención, focalizando recursos y con ello aplicando a
grupos o redes sociales los calificativos de “riesgoso”, “peligroso”, “potenciales
desviados”, como fatales al control social de parte de las instituciones democráticas
de derecho, como algo nocivo para la integralidad y estabilidad social. La prevención
puede ser usada como una herramienta burocrática que captura a los «sujetos-
objetos» que no se comportan según los cánones institucionales, los asisten y procuran
convertirlos al paradigma de control dominante.
5 Una muestra completa de programas preventivos y sus alcances, efectos y resultados en el enfoque de prevención de
drogas en Becoña, Elisardo. Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Madrid, 2002. En cuanto a la
prevención del delito ver Werth, Francisca. Prevención social del delito. Pautas para una intervención temprana en
niños y jóvenes. Fundación Paz Ciudadana, abril, 2006.
6
Es el self-fulfilling prophecy; la comunidad y los agentes burocráticos estudian e intervienen sobre el sujeto según lo
previsible, según su comportamiento criminal futuro, coartando sus oportunidades reales, consolidando un estigma y
afectando así la libertad individual.
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14. En suma, opera sobre explotado el prevencionismo en torno al delito, imprescindible
como foco de políticas, pero exagerado en el discurso público y que por su amplitud,
inmediatez, higienismo y transversalidad carece de mediciones, de resultados
concretos y dificulta el análisis y la rectificación o corrección de los errores que
contienen las políticas y programas que la promueven.
En este sentido, existirían dos caminos posibles: el acotamiento o la potenciación. Por
una parte, acotar, es decir, reducir el concepto de la prevención social del delito
hacia intervenciones imprescindibles, certeras y comprobadas, por ejemplo,
prevención situacional, trabajando sólo sobre los factores determinantes de la carrera
delictual, apartando intervenciones correspondientes a otras áreas (reescolarización sin
el enfoque criminológico, prevención del consumo de drogas sin el enfoque de control
del delito). Por otra parte, potenciar, o sea, apropiarse de la amplitud de la
prevención e incorporar “competencias” y “habilidades” a través de la prevención
psicosocial pero no como una forma de reducir o disminuir la posibilidad de que un
sujeto etiquetado inicie una carrera delictual, pierda el control y desafíe el orden y la
convivencia, por el contrario, incorporarlo a la estructura social, participante de la
comunidad y de la sociedad civil mediante un aumento considerable en sus recursos
personales y en el fortalecimiento de sus lazos sociales.
De alguna forma, la ingeniería social, la construcción de intervenciones preventivas
sobre «sujetos-objetos», según sus etiquetas, emergen de agentes estatales constituidos
en actores conservadores de un orden y ejecutores del control social formal e informal.
Es en definitiva, la disposición de un Estado que dictamina y clasifica a sus gobernados
y los etiqueta y diseña estrategias para prevenir el delito. Una especie de Estado
Terapéutico con la misión de sanar a sus gobernados, un Estado Paternalista, que
enseña a sus dirigidos los caminos correctos, exige rendimiento y no discute, sino que
impone las conductas que quiere y no quiere aceptar.
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15. c) El Paternalismo
Una política paternalista se caracteriza por coartar la libertad individual al proteger al
sujeto de su propia conducta con el fin de desarrollar formas de vida compatibles con
la reproducción social de un orden y con promover su propio bienestar.
En lo que respecta a la prevención de conductas desviadas se buscan disminuir los
refuerzos positivos de la actividad criminal con el objetivo de contener y dirigir al
individuo hacia un modelo diseñado por la sociedad en su conjunto, impide que el
sujeto actúe según su criterio, pues bajo este supuesto, el camino criminal es algo que
el sujeto no desearía si tuviera información completa, supiera sus consecuencias y
actuara bajo el principio de la legalidad. La justificación estatal se basa en lo palpable
del daño social que acarrea la delincuencia, la violencia y la victimización.
Sin embargo, ¿bajo qué principios los preventólogos intervienen socialmente? A través
de ellos el Estado Paternalista indica a sus ciudadanos los modos correctos de
comportarse bajo una idea propia del bien, y la manera de encausar conductas
peligrosas o riesgosas es previniéndolas. De este modo, implementa programas para
que sus gobernados eviten realizar acciones que razonablemente podrían rechazar.
Impera la siguiente lógica: el Estado tiene el deber de impulsar a sus dirigidos a prevenir
el riesgo, a protegerse; el Estado y sus instituciones –mediante su brazo armado policial
y el aparato burocrático- orientan el accionar de la sociedad buscando inhibir el
delito. En ese momento, se desliza la posibilidad de ver a los ciudadanos como
receptores, como objetos, y se les inculca la responsabilidad de no ser agentes
perturbadores del orden y la paz públicos, bajo el prisma de que “todos podemos
delinquir”, “todos tenemos responsabilidad en el problema y en buscar su solución”.
En líneas generales es correcto y provechoso impulsar estrategias públicas según los
lineamientos prevencionistas, lo cuestionable es que dentro de esa amplitud
conceptual, etiquetamiento social y territorial y paternalismo estatal se impida ver con
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16. claridad al agente rendidor de cuentas, puesto que ¿quién es el responsable de los
resultados de las políticas de seguridad pública? ¿Quién responde ante la ciudadanía
por el accountability del sistema político?7
La prevención dentro de la estrategia 2006-2010
La nueva estrategia gubernamental presentada en noviembre de 2006, propone
como núcleo decisorio una Subsecretaría de Seguridad Pública, organismo que
vendría a rendir cuentas por las políticas de seguridad y a unificar una institucionalidad
difusa, con lo cual podría convertirse en un actor con un peso político relevante en la
materia frente al cual exigir resultados8.
La Estrategia Nacional considera 6 ejes de acción: institucionalidad, información,
prevención, control y sanción, rehabilitación y asistencia a las víctimas. Mantiene y
tiende a profundizar aspectos de prevención señalados en líneas anteriores. Primero,
dentro de la prevención psicosocial conserva la prevención de conductas violentas en
el sistema escolar, la prevención del consumo y tráfico de drogas en variados ámbitos
(familiar, escolar, laboral, vecinal) y la prevención etiquetada en torno a niños y
jóvenes vulnerables. Segundo, la mantención de acciones en prevención situacional,
dada su eficacia y la posibilidad de transferir recursos a las comunidades locales, y
tercero, la profundización de la prevención policial a través de mayor presencia
policial preventiva mediante el aumento de carabineros y la extensión del “Plan
cuadrante de Seguridad Preventiva” a 100 comunas el año 2010. Con todo, se
visualiza la «extensión» del quehacer gubernamental en el prevencionismo social del
7 Concepto que en su significado amplio busca que individuos y organizaciones sean responsables por su desempeño,
medido lo más objetivamente posible, va más allá de una definición legalista y del combate a la corrupción o el abuso
en el sector público.
8 Entre otros velar por el cumplimiento de promesas gubernamentales, como por ejemplo: “reducir en un 10% el número
de hogares victimizados y en un 9% la victimización por delitos de mayor connotación social”. Entrevista a Felipe
Harboe, Subsecretario de Interior en La Nación, domingo 3 de diciembre 2006.
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17. delito, intentando en esta partida imponer metas y resultados claros, pero enfocados
fundamentalmente en lo concerniente a lo psicosocial y a lo comunitario.
Habrá que esperar a que el Chile del Bicentenario pueda evaluar finalmente los
avances de esta estrategia y dar cuentas a la ciudadanía, como también la
mantención de un discurso que apela a la responsabilidad de la comunidad en
general obviando a actores importantes que tienen atribuciones y facultades
especiales en la materia.
Por otra parte, la estrategia también pone énfasis en la prevención policial a través de
la “disuasión” de conductas, todo ello, buscando propender a la modernización
policial con miras a una policía más comunitaria e integrante de la comunidad. Sin
embargo, profundiza la sobre intervención poblacional –sectores etiquetados que
sufren intervenciones gubernamentales esporádicas, difusas– y aumenta el aparato
burocrático en torno a los fenómenos de la delincuencia, la violencia y la victimización.
Sólo cabe esperar el cumplimiento de las promesas y la evaluación del impacto de
estas acciones públicas y el debido aprendizaje del aparato público y de los expertos
frente al fenómeno.
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18. Bibliografía
Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Bogotá, Ed. TEMIS, 1987.
Becoña, Elisardo. Bases científicas de la prevención de las drogodependencias.
Delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio del
Interior, España, Madrid, 2002.
Bergalli, Roberto; Juan Bustos Ramírez y Teresa Miralles. El Pensamiento Criminológico.
Vol. I, Bogotá, Ed. TEMIS, 1983.
Dastres, Cecilia. ¿Visiones personales, ideología o mercado al momento de informar?
Un análisis de las noticias sobre inseguridad ciudadana desde el emisor. Serie
Estudios, Centro de estudios en seguridad ciudadana, Universidad de Chile,
Santiago, 2002.
Figueroa, Carlos. Seguridad Ciudadana: Una tarea del Estado. En Seminario
Internacional Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior y Fundación Konrad
Adenauer, Santiago, 1995.
Fouillioux, Luciano. Seguridad Ciudadana en Democracia. Documento de Trabajo Nº
4, Santiago, ICHEM, 2006.
García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de Criminología. Madrid, Ed. Espasa Calpe,
2003.
Lagos, Roberto y Jorge Mardones. La Seguridad Pública en los Gobiernos Locales.
Documento de Trabajo Nº 10, Santiago, ICHEM, octubre, 2006.
La Nación: “Estrategia Segura”, 3 de diciembre de 2006.
Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Estrategia Nacional de Seguridad Pública
2006-2010. Santiago, Noviembre, 2006.
Mir Puig, Santiago. Función de la pena y teoría del delito en el estado social y
democrático de derecho. (2° Ed.), Barcelona, Bosch, 1987.
Vanderschueren, Franz; Marcus, Michel; Lunecke, Alejandra y Jean Pierre Buffat.
Políticas de Seguridad Ciudadana en Europa y América Latina. Santiago. División
de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, 2004.
Werth, Francisca. Prevención social del delito. Pautas para una intervención temprana
en niños y jóvenes. Fundación Paz Ciudadana, abril, 2006. (Fecha de consulta: 12
diciembre 2006). Disponible en:
<http://www.pazciudadana/documentos/Pautasparalaprevencion.pdf>
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19. Publicaciones anteriores
Documento Nº 1 “Análisis Jurídico en los gobiernos locales”
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Documento Nº 2 “Descentralización y autonomía durante los gobiernos de la Concertación”
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Documento Nº 3 “Gobierno local y participación ciudadana”
Autor Manuel Acevedo
Documento Nº 4 “Seguridad ciudadana en democracia”
Autor Luciano Fouillioux
Documento Nº 5 “Paradiplomacia municipal”
Autora Claudia Godoy
Documento Nº 6 “Educación en Chile”
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Documento Nº 7 “Desarrollo económico local”
Autores Juan Ibacache y Ricardo Tichauer
Documento Nº 8 “Chile: un municipio social con limitaciones para impulsar el desarrollo local”
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Documento Nº 9 “La ciudad y la comuna: roles y expectativas”
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Documento Nº 10 “La Seguridad pública en los gobiernos locales”
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Documento Nº 11 “La descentralización del sistema educativo”
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Documento Nº 12 “El ciudadano como cliente del municipio”
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Documento Nº 13 “Justicia de policía local: aplicación Ley de Protección de los derechos del consumidor
a los usuarios de concesiones de obre pública”
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Documento Nº 17 “Lenguaje y teoría de la mente: un estudio exploratorio”
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Documento N° 18 “Modelos de administración electrónica y su impacto en la gestión municipal”
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