Este decreto supremo modifica el Reglamento de Prevención y Control Ambiental de Bolivia de 1995 para optimizar la gestión ambiental. Se modifican artículos relacionados con la identificación del nivel de categorización de evaluación de impacto ambiental, los procedimientos para la actualización de licencias ambientales, y anexos sobre formularios y declaraciones juradas. El objetivo es ajustar los instrumentos de regulación ambiental y procedimientos técnico-administrativos para mejorar la fiscalización y el control ambiental.