DISCUCION

1. INTRAGRANTES:
MARIEL NATHALY ALANOCA VILA
ALEX HENRY ALBORTA CADENA
WANDA NASHIRA CABALLERO QUISPE
DOCENTE:
JAIME TRUJILLO VELASCO
CARRERA:
DERECHO
MATERIA:
FILOSOFÍA JURIDICA
PARALELO: A

2. TURNO: SABADO
EL ALTO – LA PAZ –BOLIVIA
En Bolivia se está produciendo un avance importante en materia de Derechos de las Mujeres,
como el que se ha llevado a cabo hace unos meses en países como Chile. Hace unos días, la
Cámara de Diputados aprobó, tras meses de discusiones, el nuevo Código Penal que pretende
ampliar, en el ya más que famoso y mencionado artículo 153, las causas que permiten abortar a
las mujeres bolivianas.
El artículo 153 no despenaliza el aborto, que es lo que numerosas organizaciones y activistas que
forman parte de la Campaña 28-septiembre y el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto
quieren en Bolivia, pero amplía las causas en que una mujer podrá acceder a un aborto legal y
seguro. Esto es clave en un país con una de las tasas más elevadas de mortalidad materna de
toda América Latina y Caribe, donde el aborto constituye la tercera causa, y donde se estima que
cada día aproximadamente 200 mujeres se practican un aborto en lugares clandestinos
(recordemos que Bolivia tiene 11 millones de habitantes actualmente). Abortos que se realizan en
condiciones de clandestinidad e inseguridad, en habitaciones mal ventiladas, sucias, y en muchos
casos practicados por personas que carecen de la profesionalidad necesaria. Abortos que se llevan
por delante vidas de mujeres y dejan a otras muchas en situaciones de discapacidad. El artículo
153 amplía las condiciones en que ya está permitido el aborto, que son violación, incesto,
estupro, y riesgo para la salud de la madre; e incorpora la causal de malformaciones fetales
incompatibles con la vida, reproducción asistida no consentida por la mujer, y en los casos que la
embarazada sea niña o adolescente. En un país donde según el Fondo de Población de Naciones
Unidas se registraron 10 embarazos en adolescentes cada hora, muchos proyectos de vida
quedan truncados por maternidades no deseadas, muchas veces fruto de violencia sexual.
Además, el 153 permite el aborto en el plazo de 8 semanas (plazo aún muy limitado, pues muchas
mujeres no son conscientes de estar embarazadas en este período, ya que no todos los ciclos
menstruales se ajustan como un reloj a los 28 días) en los casos en que la mujer sea estudiante o
tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad o menores. Son unas causales que
han generado amplia polémica en la sociedad boliviana, en parte por prejuicios, sobre todo de tipo
religioso y por la falta de una educación sexual integral adecuada, pero que vienen a evitar
muertes de mujeres, especialmente aquellas que menos recursos tienen, que viven en zonas
rurales lejos de una clínica y que en muchos casos tienen rostro indígena.
Uno de los puntos fuertes de discusión ha sido la postura de los colectivos médicos, defendida por
el Colegio Médico de Bolivia, en torno al tema de la objeción de conciencia. El artículo 153
remarca que la objeción de conciencia es individual y no institucional, por lo que los servicios de
salud públicos que velan por el bien público deben asegurar que si uno de sus médicos se niega a
realizar un aborto, habrá otro dispuesto a realizarlo. Además existe un problema grave con las
prerrogativas que los médicos se adjudican a la hora de juzgar a las mujeres. Sólo en el mes de
agosto de este año, unas diez mujeres fueron encarceladas supuestamente por haberse
sometido a un aborto, denunciadas por personal médico. Aunque no suelen cumplir la pena (que

3. actualmente es de uno a tres años) la penalización ya existente lanza a las mujeres a someterse a
abortos en la clandestinidad, al margen de los daños psicológicos que les causa.
Esta discusión sacude hoy en día a la sociedad boliviana y copa los medios. Pero los abortos siguen
realizándose, se los practican las mujeres aymaras, quechuas y guaraníes (a veces mediante
infusiones de hierbas) y las mujeres no indígenas de las ciudades; se los practican las ateas y las
católicas. Recientemente, Católicas por el Derecho a Decidir ha realizado una Encuesta de Opinión
entre población católica en Bolivia, con el apoyo de Alianza por la Solidaridad, en la que se
preguntaba sobre qué debería hacer una mujer católica que decidió abortar. Poco más del 19%
decía que no tenía necesidad de confesarlo y el 53% decía que sólo debía confesarse con Dios. Sin
embargo la Iglesia Católica en Bolivia pregona discursos sobre la obligación de encarcelar a las
mujeres que aborten y sobre la culpa social y divina que caerá sobre ellas.
Las feministas y activistas de derechos que trabajan en estos temas defienden que el derecho al
aborto es el que más fuertes reacciones provoca en cualquier sociedad. Es la una de las luchas
primeras que hay que enfrentar: la lucha por los cuerpos, y suele ser la última a la que prestan
atención los estados a la hora de elaborar políticas públicas.
El pasado 28 de septiembre, casualmente o no, Día Mundial por la despenalización del aborto, a
pocas horas del cierre del día, organizaciones de mujeres y activistas se fueron a dormir sabiendo
que el Congreso de los Diputados había aprobado el artículo 153 por mayoría. Ahora queda su
aprobación en el Senado, donde se ha empezado a discutir el Código Penal en detalle hace 2 días.
Un paso más de los muchos que quedan por dar para asegurar que los servicios médicos y de
justicia aplicarán la ley y que no revictimizarán ni denunciarán a la policía a las mujeres que se
hagan un aborto legal. Un paso que esperamos no quede truncado por sentencias conservadoras
como la reciente del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la Ley 807 de Identidad de
Género, que ha despojado de sus derechos más fundamentales a la comunidad trans del país. Un
paso de los muchos más que quedarán para conseguir la despenalización total. Parece que se va
en buen camino, pero desde el activismo y la sociedad civil organizada estaremos vigilantes.

4. ARTÍCULO 263. - (Aborto). El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su
expulsión prematura, será sancionado: 1) Con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años, si
el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de diez y seis
años (16)
ARTÍCULO 157. (ABORTO) I. La persona que cause el aborto a una mujer embarazada sin el expreso
y libre consentimiento de ésta, o de su representante legal cuando ella esté impedida de
manifestar su voluntad por cualquier causa, será sancionada con tres (3) a diez (10) años de
prisión. II. La sanción será agravada en un tercio cuando el aborto sea causado por el ejercicio de
cualquier tipo de violencia contra la mujer. III. Cuando a consecuencia del aborto practicado sin
consentimiento se produzca la muerte de la mujer, se aplicará la sanción correspondiente al
feminicidio. IV. La mujer que voluntariamente interrumpa su embarazo fuera de los casos
previstos en el parágrafo V de éste artículo, será sancionada con prisión de uno (1) a tres (3) años.
V. No constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada
por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Se realice durante las
primeras ocho (8) semanas de gravidez, por única vez y además la mujer: a. Se encuentre en
situación de calle o pobreza extrema; b. No cuente con recursos suficientes para la manutención
propia o de su familia; c. Sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes
para su manutención; o, d. Sea estudiante; o, 2. En cualquier etapa de la gestación cuando: a. Se
realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada; b. Se realice
para para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada; c. Se
detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida; d. El embarazo sea consecuencia de
violación o incesto; o, e. La embarazada sea niña o adolescente. VI. El sistema nacional de salud
deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer, no podrá negar la interrupción
del embarazo ni su atención integral en los casos previstos en el parágrafo precedente alegando
objeción de conciencia y estará obligado a mantener el secreto profesional. El único requisito para
la interrupción del embarazo en los casos señalados en el parágrafo precedente será el llenado de
un formulario de constancia del consentimiento informado de la mujer y el señalamiento de la
causal y circunstancias de su decisión, sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento
previo de ninguna naturaleza. Ante la situación alarmante que presenta el país que denota la falta
de acceso a condiciones reales para que las mujeres puedan vivir con dignidad reflejada en los
siguientes datos. · En Bolivia “El aborto en condiciones de riesgo es la tercera causa de mortalidad

5. materna”. (Estudio Nacional de Mortalidad materna 2011, del Ministerio de Salud). · A nivel
nacional 13% de las muertes maternas ocurrieron por complicaciones de aborto realizado en
condiciones de riesgo. (Estudio Nacional de Mortalidad materna 2011, del Ministerio de Salud). ·
En Cochabamba es la PRIMERA causa de muerte materna con un 30%; en Santa Cruz es la
SEGUNDA causa con un 22% y en Beni también segunda causa con un 14%. (Estudio Nacional de
Mortalidad materna 2011, del Ministerio de Salud). · En Bolivia, en promedio, cada día tres
mujeres y dos niñas, niños o adolescentes son víctimas de violación, (Datos de la Fuerza Especial
de Lucha Contra la ViolenciaFELCV ). · En 2013 se registraron en el país 90 mil embarazos en
adolescentes, lo que equivale a 246 por día o 10 embarazos cada hora. (Reporte del Fondo de
Población de Naciones Unidas – UNFPA Bolivia), · Cada día en Bolivia 246 adolescentes quedan
embarazadas sin haberlo planificado. El 14% de las muertes maternas en Bolivia corresponden a
adolescentes entre 14 a 19 años, (Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2011 del Ministerio de
Salud). · Dos tercios de las muertes maternas son casos de mujeres indígenas pertenecientes
fundamentalmente a las naciones Quechua y Aymara. (Estudio Nacional de Mortalidad materna
2011 del Ministerio de Salud). La mortalidad materna en Bolivia es más del doble de la media de la
región. La razón de muertes maternas en el país es de 160 por 100 000 nacidos vivos y en la región
es de 70 por 100000 nacidos vivos. Ante las recomendaciones que el estado Plurinacional ha
recibido de la CEDAW, el Comité contra la Tortura referidas a descriminalizar el aborto, eliminar
los obstáculos que impiden el acceso al aborto seguro. Ante la campaña de desinformación y
chantajes que vive la población que intenta incidir en las decisiones de los tomadores de decisión,
exhortamos a su autoridad a actuar en el marco de los Derechos humanos y de la CPE para
garantizar el principio de la no discriminación hacia las mujeres y por lo tanto el derecho a la vida y
a la salud.
La penalización solo hace que los abortos sean clandestinos, se practiquen en forma insegura y sea
elevada la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes. El altísimo número de abortos evidencia,
por sí solo, el poco o nulo efecto disuasorio de la ley sobre las mujeres. Por otra parte, la
penalización nunca ha sido un medio efectivo para proteger al embrión. Su protección puede
lograrse mediante políticas públicas que, a la vez, sean consistentes con los derechos de las
mujeres. Países como Alemania, Francia104 Portugal105 y España106 tienen políticas en esa línea
proveyendo servicios de consejería pre-aborto para proteger al embrión

6. La Defensoría del Pueblo de Bolivia confirmó el lunes que la niña de 11 años que se encontraba
embarazada tras ser abusada durante meses por su abuelastro interrumpió su embarazo.
"La menor ha asumido una definición, conjuntamente con la madre, en el marco de resguardo a su
derecho a la vida y su derecho a la integridad", dijo este lunes en una conferencia de prensa, Nadia
Cruz, sobre el caso que desató una polémica nacional en el que la Iglesia Católica ha sido uno de
los protagonistas.
"La menor tiene derecho a la confidencialidad, tiene derecho a continuar con su vida, después de
todo lo que ha irrumpido la iglesia y de lo permisivas que han sido las instituciones públicas",
afirmó.
Durante más de nueve meses, la niña fue víctima de abusos sexuales por parte del padre de la
actual pareja de su madre.
El embarazo fue descubierto cuando la niña le contó a su familia que sentía "movimientos
extraños" en su vientre. La revisión médica determinó que en ese momento la niña tenía 21
semanas de gestación.
Una tía de la menor presentó una denuncia contra el presunto agresor, detenido en una cárcel de
máxima seguridad, mientras que se presentó una solicitud de Interrupción Legal del Embarazo
(ILE) para la niña.
Al hacerse público el caso, que sucedió en Yapacaní, departamento de Santa Cruz, al este de
Bolivia, se generó un acalorado debate público entre grupos próvida del país y la Iglesia católica y
las entidades de protección de la menor que argumentaban el derecho constitucional de la niña a
abortar.
¿El legal el aborto en Bolivia?
En Bolivia, una sentencia constitucional de 2014 determinó que una mujer puede acceder a un
aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación, incesto,
estupro (cuando la víctima es menor de edad) o si, como resultado de la gestación, su vida o salud
corren peligro.
Tan solo es necesario presentar una denuncia de violación y el consentimiento de la víctima,
eliminándose el requisito de una autorización judicial que figura en el Código Penal boliviano para
la realización de un aborto no punible.

7. Sin embargo, según le manifestó a BBC Mundo la Defensora del Pueblo Cruz al desatarse la
controversia sobre el caso hace un par de semanas, la mediatización del mismo y la presión de los
grupos antiaborto, lograron que la niña y su madre desistieran de continuar con la interrupción del
embarazo.
Una mujer protesta en un hospital de Bolivia
FUENTE DE LA IMAGEN,EPA
Fue así como la niña fue dada de alta del hospital en el que se encontraba y se mudó a un centro
de acogida de la Iglesia católica, institución que se comprometió a hacerse cargo de la menor y de
su nonato.
Sin embargo, Cruz explicó ante los medios que el Tribunal de Garantías ordenó salvaguardar los
derechos de la niña y la conformación de un equipo técnico que velara por su salud física y mental.
"Podemos señalar que el equipo multidisciplinario técnico-científico ha asumido la protección de
la menor. El sábado por la tarde, la niña se encontraba bien de salud. Psicológicamente debe ser
todavía acompañada", afirmó.
"La decisión que tomaron no debería ser pública porque afecta el futuro de la menor y todos los
juzgamientos que han existido alrededor de la niña", enfatizó Cruz.
Proceso penal contra la Iglesia católica
El 27 de octubre la Defensoría del Pueblo había anunciado que su oficina había presentado
múltiples denuncias penales contra quienes ejercieron presiones indebidas contra la decisión de la
niña.
"Estamos presentando una denuncia penal en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia
de Yapacaní y Santa Cruz, del personal médico y de enfermería del Hospital Percy Boland, la ONG y
el Arzobispado de Santa Cruz que ha intervenido, y también en contra de la madre, por los delitos,
en lo que corresponda, de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones
constitucionales y trata de personas", señaló en su momento Cruz.
Y aseguró que con esta acción pretendían que los responsables fueran sancionados con penas de
entre 15 y 20 años de prisión, "pues la víctima es una menor de edad".
El lunes, Cruz dijo que el Tribunal de Garantías le ha solicitado a la Fiscalía Departamental que
reporte cada 5 días "sobre los avances e investigación sobre los hechos ilícitos de injerencia de la
Iglesia católica".
La funcionaria dijo que "después de la primera definición que la menor toma para interrumpir el
embarazo hubo una junta médica" que no fue solicitada por nadie y en la que inexplicablemente
participó la Iglesia.

8. Una mujer protesta a favor del derecho a decidir el embarazo en Bolivia
FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES
"Sí ha habido presión por parte de la Iglesia y presión de ese tipo de grupos".
"En esta junta se habría definido, sin consultar ni con la madre ni con la menor, la suspensión de
esa intervención, incluso habiendo puesto para tal suspensión un medicamento que estaba
poniendo en riesgo inminente la vida de la menor", aseguró Cruz en la rueda de prensa..
También dijo que la Fiscalía ya cuenta con las pruebas presentadas por la Defensoría del Pueblo de
la injerencia ilegal en este caso.
Según datos de la Casa de la Mujer publicados por la agencia de noticias EFE, en 2020 se
registraron 39.999 embarazos de menores de 18 años en Bolivia, lo que supone que 104 niñas se
embarazan por día en el país, de las cuales 6 son menores de 13 años.