1. TODOS SOMOS BARILLAS
Publicado el 11/05/2012 per ooCPOoo
No al sometimiento del Estado guatemalteco a empresas multinacionales. Sí a la
vida.
A: Pueblos Hermanos
Y a la opinión pública nacional e internacional:
Una larga historia de defensa permanente de la madre tierra de parte de los pueblos,
frente a empresas multinacionales, con el apoyo del aparato del estado guatemalteco,
se ha agravado en el país este 1º de mayo con el seguimiento de un plan de represión
contra la resistencia comunitaria.
A 9 días del cobarde asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel y de las
heridas causadas a otros dos líderes Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar,
causado por la guardia de la empresa Hidro Santa Cruz Sociedad Anónima, responsable
del proyecto Canbalam I. Una vez más, los organismos encargados de hacer las
investigaciones para identificar y juzgar a los responsables materiales e intelectuales
de este crimen, no han actuado con celeridad para cumplir con el Estado de Derecho.
Este hecho detonante, corresponde a un plan preestablecido, que ha llevado al
gobierno a decretar el Estado de Sitio y con ello el reposicionamiento del Ejército y la
PNC, para garantizar los intereses de la empresa. Con este mecanismo se ha instalado
nuevamente, en los 9 días vividos, el estado de terror y despojo en territorio
Q'anjob'alano y otras comunidades y sus territorios adyacentes, quienes ha sufrido
todo tipo de abusos, atropellos y violaciones a sus derechos fundamentales, tanto
individuales y colectivos.

2. Denunciamos que la implantación del Estado de Sitio solo demuestra la incapacidad de
las instituciones del Estado, para garantizar y promover la participación de las
comunidades más abandonadas a procesos integrales de bienestar y el cumplimiento
de los derechos fundamentales que les asisten.
Responsabilizamos al gobierno militar de Otto Pérez Molina de actuar en complicidad
con la empresa Hidro Santa Cruz, S.A., que de diferentes formas y mecanismos ha
atentado contra la armonía, paz y formas de vida comunitaria. El Estado de sitio que se
ha implantado, con allanamientos, capturas y saqueo de bienes de las familias,
nuevamente obliga a emigrar fuera de sus comunidades y buscar refugio en otros
departamentos y en México. Las acciones brutales sufridas en estos días superan las
formas empleadas durante el conflicto armado y nos confirma su continuidad. La falta
de pruebas con que se incrimina a los y las lideresas detenidas, exige al Ministerio
Público y a los jueces dejar en libertad inmediata, como ya ha procedido con dos
hermanas mujeres.
La remilitarización de nuestros territorios representa una flagrante violación al
derecho internacional humanitario ratificado por el Estado Guatemalteco y una
violación a los Acuerdos de Paz, de los cuales el presidente fue signatario.
La propuesta de un modelo alternativo, fundamentado en el uso apropiado, equitativo
y responsable de los bienes naturales, en el que hemos aportado los pueblos y
movimientos sociales, ha sido negado permanentemente, por privilegiar la voracidad
del modelo neoliberal que se nos impone con violencia.
Como Consejo de Pueblos de Occidente:
1. Nos solidarizamos con los familiares del hermano ANDRES FRANCISCO MIGUEL,
demandamos al Estado y la Empresa el pago de una indemnización a sus familiares. Su
sangre derramada en Poza Verde, no quedará impune. Su testimonio alimenta y
fortalece nuestra lucha para la construcción de un nuevo amanecer de nuestros
pueblos.
2. Nos solidarizamos con nuestros hermanos heridos Pablo Antonio Pablo, Esteban
Bernabé Gaspar, las 15 personas detenidas arbitrariamente y las familias que han
tenido que desplazarse y buscar refugio local e internacionalmente.
3. Hacemos un llamado a nuestros hermanos y hermanas del municipio de Barillas a
mantener su convicción en la unidad en la lucha por la defensa de nuestros territorios
como un legado de nuestros abuelos y abuelas.
4. Exigimos respeto a la vida, el cese del despojo de nuestra madre tierra, el cese
inmediato del Estado de Sitio y la declaración de inconstitucionalidad de ley de minería
.
5. Denunciamos la complicidad de los diputados del Congreso de la Republica que
ratificaron el Estado de Sitio, como cómplices de la violación al orden constitucional.

3. 6. Solicitamos a la Corte de Constitucionalidad, que de oficio restablezca el orden
constitucional en Santa Cruz Barillas, en cuanto que el Estado de Sitio violenta el orden
Constitucional.
7. Hacemos un llamado a la unidad y a la defensa permanente de los territorios,
porque la historia nos ha demostrado que hoy es Barillas, mañana será todo el
territorio.
ANDRES FRANCISCO MIGUEL
Héroe y mártir de la lucha de los pueblos por la defensa de la Madre tierra.
Chnab'jul, Huehuetenango, 09 de mayo de 2012
Santa Cruz Barillas: El pasado en el presente
Hace media hora que estuvieron en este lugar y el llanto no cesa. Tiraron el maíz,
metieron las manos en la comida del almuerzo, en el arroz con frijol de los niños
pequeños sentados en el borde de las mesas. Buscaron en lugares ilógicos lo que
siempre andan buscando. “¿Dónde están las malditas armas?”. Y siempre amenazan
con volver más tarde, en medio de la oscuridad, para llevárselos a todos.
Oswaldo J. Hernández, 10 Mayo, 2012
Raúl Aragón, jefe distrital de la PNC, explica que para realizar un allanamiento debe
haber solicitud del MP. Y crear tres círculos: Uno perimetral de las fuerzas del ejército.
Otro, más cercano, con agentes de la PNC. Y un tercero, donde el fiscal, acompañado
por dos agentes desarmados, revisa la vivienda.

4. Las armas, los gritos, las patadas, la comida en el suelo… cosas que no se irán
fácilmente. El pasado, el presente. Los ancianos, de pie, inexpresivos, frente a sus
casas allanadas, parecen pequeños niños perdidos. Recuerdan.
A primera vista, lo que existe en todo el lugar, es una estela de desorden, de
demasiado alboroto, y de mucho miedo que todavía permanece. Hay sillas tiradas, la
leña para calentar la cena está regada por los matorrales, la ropa (ahora rota), hecha
jirones, ha sido lanzada fuera de las casas. Es el rastro de que ha sucedido un nuevo
allanamiento en una comunidad de Santa Cruz Barillas. Uno más, luego de que el
presidente Otto Pérez Molina haya decretado el Estado de Sitio para este municipio de
Huehuetenango el pasado 1 de mayo. Otro que se da luego de su visita improvisada el
lunes 7 de mayo donde, acompañado del Ministro de Defensa, Noé Anzueto, felicitó a
la tropa, “sus muchachos”, por haber contenido pacíficamente a los pobladores que
irrumpieron violentamente en el destacamento militar, en “una situación tan difícil”, y
en el que fueron agredidos y resultaron soldados lesionados. Felicitó a las fuerzas
armadas del ejército y a la Policía Nacional Civil.
El conflicto estalló el 1 de mayo con un hecho del que no se ha hecho mayor
investigación o, al menos, las autoridades no han revelado sus pesquisas: el asesinato
de Andrés Francisco Miguel, y dos personas más heridas. La muerte a balazos de
Miguel, quien según los pobladores era uno de los opositores a la instalación de la
hidroeléctrica, caldeó los ánimos de un grupo de pobladores que iniciaron la revuelta,
en la que según Hidro Santa Cruz ha sido destruida maquinaria de la empresa.
En el rostro de María Juana Manuel, de 36 años, esta tarde no hay más que una mirada
vacía mientras reordena su humilde vivienda en medio de la resignación. Está atareada
con el desorden. Sus dos pequeños hijos la miran atemorizados desde un rincón.
Lloran.
–Así como ustedes llegaron a alborotar al pueblo, al destacamento, así les toca ahora.
No se quejen– recuerda que le decían los policías.
–¿Qué hicimos pues señores?
Y ellos se reían. Lo tiraban todo.
Más arriba, a tres casas en la ladera del cerro, Juana Pedro Ramón, de 75 años, viuda,
está ahogada por el llanto. La tristeza la tiene sumida en una silla de madera y mira
regado el maíz para sus tortillas -todo tirado- a lo largo y ancho de su pequeña cocina.
Su nieto la consuela, pero no es suficiente. Unas señoras a su alrededor dicen que el
ejército se llevó a su marido en los años ochenta. Ella lo recuerda todo. La situación la
pone mal. Los policías y los soldados que recién entraron sin permiso a su casa, para
ella llegaron como si hubieran salido directamente de un infierno que la ubica en el
pasado. Se toca el pecho y no puede, no consigue, no logra que de sus labios salgan las
palabras.

5. Con más de 50 órdenes de captura, los allanamientos en Santa Cruz Barillas
contabilizan hasta ahora más de 30. Buscan, además de “personas delincuentes”, las
armas sustraídas del destacamento militar que hoy, como indica el subjefe del Estado
Mayor de la Defensa, Manuel Augusto López Ambrosio, “sólo quedan por recuperar
dos pistolas de agentes de la PNC”.
Mientras tanto siguen buscando.
En sí, buscar debería significar, como lo explica Raúl Aragón, jefe distrital de la PNC,
primero, recibir la solicitud del Ministerio Público para efectuar aprehensiones. Crear
en el lugar tres círculos. Uno perimetral conformado por las fuerzas del ejército. Uno
de apoyo, más cercano al lugar del allanamiento, en que los agentes de la PNC son los
protagonistas. Y un tercero, donde el fiscal, acompañado por dos agentes desarmados,
revisa la vivienda.
No ocurrió así en Recreo A. Hay puertas pateadas, tapancos levantados, “entraron por
todas partes y el Ministerio Público, que estaba allí, no hizo nada”, dicen las vecinas.
No había organizaciones internacionales ni miembros de la Procuraduría de Derechos
Humanos acompañando esos allanamientos.
Los hombres, en estás comunidades aledañas al casco urbano de Santa Cruz Barillas,
en las cercanías al terreno de la Hidroeléctrica de la compañía Hidro Santa Cruz, han
tenido que huir, esconderse. Los policías y soldados, en breves entrevistas, dicen que
únicamente encuentran niños y mujeres, también muchas casas abandonadas. A nadie
a quién aprehender.
Han capturado hasta el momento a 17 personas. Dos por temas de “trata de
personas”. Las demás relacionadas a los disturbios del 1 de mayo y a las comunidades
que se oponen a la construcción de una hidroeléctrica cerca de sus viviendas.
–Vamos a regresar en la noche. Nos los vamos a llevar presos a todos– escuchó Eularía
Pedro Simón, de 24 años, cuando se alejaban por fin los policías.
–Vamos a quemarles las casas – amenazaba otro.
Los niños quedaron afectados. Unos recogen sus juguetes también dispersos entre la
tierra. Hay los que lloran junto a sus mamás. Otros, con la mirada vidriosa, observan
desde la cima de una roca, el curso del río CamBalam que corre metros más abajo, en
las faldas de la montaña.
Las armas, los gritos, las patadas, la comida en el suelo… cosas que no se irán
fácilmente. El pasado, el presente. Los ancianos, de pie, inexpresivos, frente a sus
casas allanadas, parecen pequeños niños perdidos. Recuerdan.
Media hora después del allanamiento, Rosa Juana Lorenzo, de 30 años, con nueve
meses de embarazo, no quiere quedarse a esperar una nueva visita de la policía y el
ejército. Está decidida a marcharse. No importa a dónde, quizás a la montaña. Se
llevaría a sus cuatro hijos. Tendría a su bebé en cualquier lugar menos aquí.

6. “Tengo mucho miedo”, dijo.
Al día siguiente, Rosa Juana Lorenzo y otras mujeres, cuando se hizo una nueva visita a
la comunidad, se habían abandonado sus viviendas. Se habían ido “a la montaña”.