Con el fin de dar seguimiento a nuestra misión de acompañamiento a las comunidades de paz y en resistencia civil noviolenta en Colombia, nos dirigimos una vez más a las autoridades internacionales responsables de la vigencia de los derechos humanos. Para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en contra de campesinos del Urabá Antioqueño y afro descendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Cacarica.

1. Colombia: Se intensifican operaciones paramilitares
Justicia y Paz, 3 de octubre.- ¡En territorios controlados por la Fuerza
Pública en Urabá y Chocó! ¡Rete Colombia Vive!
Con el fin de dar seguimiento a nuestra misión de acompañamiento a
las comunidades de paz y en resistencia civil noviolenta en Colombia,
nos dirigimos una vez más a las autoridades internacionales
responsables de la vigencia de los derechos humanos.
Para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
en contra de campesinos del Urabá Antioqueño y afro descendientes
de las cuencas de los ríos Curvaradó y Cacarica.
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Colombia.
Todd Howland, Representante en Colombia. oacnudh@hchr.org.co
Juan Carlos Monge, Representante adjunto. jmonge@hchr.org.co
Sub-Oficina en Medellín. Úrsula Urdillo, Oficial derechos humanos
Dpto. de Antioquia. uurdillo@hchr.org.co
Narni, 0ctubre 1 de 2013.
Asunto: Se intensifican operaciones paramilitares en territorios
controlados por la Fuerza Pública en Urabá y Chocó (Colombia).
Con el fin de dar seguimiento a nuestra misión de acompañamiento a
las comunidades de paz y en resistencia civil noviolenta en Colombia,
nos dirigimos una vez más a las autoridades internacionales
responsables de la vigencia de los derechos humanos.

2. Para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
en contra de campesinos del Urabá Antioqueño y afro descendientes
de las cuencas de los ríos Curvaradó y Cacarica.
Por un lado, aumentan y se intensifican las acciones de los
paramilitares y, por otro lado, las fuerzas armadas estatales, como se
confirma en las denuncias, concretamente los efectivos de la Brigada
XVII y de la policía de Urabá en sus operaciones infringen el principio
de distinción en conflictos armados.
Como sabemos, este principio obliga a los actores armados a
diferenciar en sus acciones entre actores armados y población civil y
garantizar el trato humano a la población civil, no combatiente.
Por eso hacemos un llamado especial a los Organismos
Internacionales y evidenciamos la situación de zozobra e intimidación
en la que están sometidos los campesinos de San José de Apartadó y
veredas aledañas y, las comunidades que viven en las zonas de los
ríos Curvaradó y Cacarica por el aumento y la continuidad de los
operativos paramilitares y los abusos de poder de los militares
estatales.
En lo que cursa de este año hemos observado que las estructuras
paramilitares lejos de haber sido erradicadas han incrementado su
presencia y prácticas de amedrentamiento a los campesinos como en
años anteriores.
Operativos que, según el registro histórico de nuestro observatorio de
derechos humanos indican que no son hechos coyunturales sino que
parecen ser el resultado de una manera particular de concebir el
ejercicio de gobierno y el control social y territorial con fines privados,
basada en el terror y la coacción, obviando, por supuesto los límites
que impone el Estado de Derecho a las fuerzas del orden.
Volvemos a repetir, además de preocuparnos el incremento de las
denuncias por parte de las Comunidades campesinas y de
afrodescendientes, nos inquieta también la forma en que las
autoridades colombianas obvian dichas agresiones.
En efecto, la debilidad en los procedimientos para contrarrestar,
investigar y penalizar, realmente, los hechos denunciados y sus
responsables son una evidencia de la impunidad que impera en este
país en materia de violación de derechos humanos.
Con esta comunicación subrayamos que en menos de un mes,
efectivos de la fuerza pública de San José de Apartadó han detenido
dos veces el campesino GILDARDO TUBERQUIA, miembro de la
Comunidad de Paz y sobre el cual no recae ningún cargo, ni delito.
Hacemos notar a los Organismos Internacionales veedores del
respeto de los derechos humanos a nivel supranacional, que esta
práctica suele ser utilizada como un medio de intimidación, la cual,

3. como se ha comprobado en otros casos, suele anteceder a las
desapariciones y asesinatos.
En el caso de Luis Eduardo Guerra y otros líderes de la comunidad de
Paz asesinados por los paramilitares en complicidad con la fuerza
pública, este cuadro operativo ya antecedió: amenazas, detenciones
arbitrarias, agresiones y por último asesinato o desaparición forzada.
Así mismo, no teniendo noticias del joven Buenaventura Hoyos
Hernández, retenido por los paramilitares en jurisdicción de San José
de Apartadó cuyo control territorial lo tienen concretamente el
Ejército Nacional en las Brigadas XVII, XI, Brigada Móvil 11, 24, y 25
y la Policía en Urabá.
Seguimos insistiendo en la responsabilidad que tiene el Estado
colombiano en lo que respecta a la integridad de la vida de este joven
campesino.
A continuación remitimos a otros hechos en los cuales la dignidad y
por ende los derechos humanos de estos campesinos y
afrodescendientes han sido violados:
Caso Comunidad de Paz de San José de Apartadó
>>• El martes 17 de septiembre de 2013; un grupo de militares
acampó a la entrada al asentamiento de la Comunidad de Paz en San
Josesito, durante la noche ingresaron ilegalmente al caserío, sin
ninguna orden de allanamiento.
Desatendiendo de esta manera el principio básico de distinción y,
sobre todo, violando el derecho a la propiedad privada consagrado en
la Constitución Política de Colombia.
>>• El miércoles 18 de septiembre de 2013; Hacia las 5:00 horas un
taxi de servicio público, en el que se trasladaban varios miembros de
la Comunidad desde e San Josecito a Apartado, fue interceptado por
otro grupo de militares.
>>• El mismo miércoles 18 de septiembre de 2013; dos grupos de
militares uno que bajaba de la base militar de San José y el otro que
subía desde el paraje de Caracolí, se acercaron al asentamiento de la
Comunidad de Paz en San Josecito, para realizar un montaje.
Los testigos describieron cómo los militares sacaron de unos costales
varios fusiles a los cuales les tomaron fotos justo frente al
asentamiento. Igualmente los mismos testigos vieron cómo los
militares posteriormente, entregaron los fusiles a un individuo
uniformado de militar pero no obstante esto, carecía de insignias del
ejército.
>>• El viernes 20 de septiembre de 2013; hacia las 5:00 horas
paramilitares ingresaron a la vereda las nieves, contigua entre las
veredas la Esperanza y la Unión.

4. Los paramilitares retuvieron y fotografiaron, durante una hora , a
cuatro campesinos, uno de éstos miembros de la Comunidad de Paz.
De igual forma, como de costumbre, amenazaron con asesinar a la
gente que tienen en lista, entre estos a los miembros de la CdPSJA.
>>• Ese mismo viernes 20 de septiembre de 2013; hacia las 18:00
horas otro grupo de paramilitares ingresó, ilegalmente, al
asentamiento de la Comunidad de Paz en la Esperanza, detuvieron a
REINALDO CARDONA, y lo fotografiaron amenazándolo porque lo
tenían en la lista de personas para asesinar
>>• El domingo 22 de septiembre de 2013; hacia las 10:00
miembros de la Comunidad de Paz solicitaron a un grupo de militares,
que se instalaron desde el 15 de septiembre de 2013 junto al
asentamiento de la Comunidad de Paz en San Josecito, que se
retiraran de los espacios de vida y trabajo de las familias de San
Josesito.
Ante lo cual los militares respondieron que no se retirarían porque
estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Este grupo de
militares han dañado los cultivos de Cacao Orgánico, plátano, Caña;
cultivos que son el sustento de las familias de la Comunidad de Paz.
>>• Ese mismo domingo 22 de septiembre de 2013; hacia las 12:30
horas una tropa de militares retuvo a GILDARDO TUBERQUIA,
miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz durante varios
minutos en el sitio conocido como Chontalito entre San Josecito y la
Vereda Mulatos.
Los militares le manifestaron que "de seguro iba para San José a
traer remesa", señalándolo como colaborador de la guerrilla.
GILDARDO, ya había sido retenido por militares y policías en San José
de Apartado, el martes 10 de septiembre de 2013. Sin embargo, los
comandantes de la Policía y del Ejército de Urabá niegan lo sucedido
ante la Comunidad Internacional.
>>• El lunes 23 de septiembre de 2013; en horas de la mañana un
grupo de paramilitares se instalaron junto a las viviendas de las
familias de la Comunidad de Paz en la vereda la Esperanza. Allí
permanecieron hasta las horas de la tarde.
Caso Comunidades de Cacarica y Curvaradó.
En esta zona de Colombia también, las presiones y operaciones de
tipo paramilitar continúan realizándose con intensidad con el
patrocinio de empresarios vinculados al sector de los agronegocios
que a través de la fuerza y el terror quiere adueñarse de los predios
colectivos de Curvaradó, Pedeguita y Mansilla.
A pesar de la presencia de las fuerzas del orden en los territorios
colectivos de Curvaradó los paramilitares amenazan y operan sin
ningún límite para atemorizar a líderes comunitarios reclamantes de
tierra.

5. Por ello, responsabilizamos al Presidente Juan Manuel Santos,
Presidente y máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, del
bienestar y la integridad de la vida de JAMES RUIZ, MARIO CASTAÑO,
MARLENY BENITEZ, FELIPE TRIANA, ARGEMIRO HERNÁNDEZ.
Los predios colectivos robados a las comunidades y los cuales
reclaman estos líderes amenazados, actualmente son explotados por
ASOPROBEBA, Asociación de Productores de Belén de Bajirá,
organización dedicada a la ganadería extensiva, creada también por
miembros de estructuras paramilitares.
Así mismo alertamos que los líderes y lideresas GUILLERMO DÍAZ,
ENRIQUE CABEZAS, LIRIA ROSA GARCÍA Y RAÚL PALACIOS, fueron
objeto de malos tratos por un alto efectivo militar de la brigada XVII
a quien se han dirigido para solicitar respeto a sus derechos
territoriales ante la instalación de una base militar sin ser consultados
y en predios que pertenecen a las comunidades.
La situación de los propietarios de los territorios comunitarios de las
riberas de los ríos Cacarica y Curvaradó es de total indefensión e
impotencia ante las estrategias violentas y de terror de los
paramilitares con el fin de imposibilitar el proceso de restitución de
tierras a los legítimos y legales propietarios de los territorios
colectivos, los cuales fueron desplazados hace 16 años bajo la
operación Génesis entre otras.
Por lo tanto, como acompañantes internacionales, invocando el
principio de Jus Cogens:
Manifestamos nuestra preocupación por la vida e integridad de los
miembros de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de
los ríos Cacarica y Curvaradó, incluidos sus dirigentes, habida cuenta
de las amenazas dirigidas contra esas comunidades y de la incursión
de un gran grupo de paramilitares en la zona;
Encomendamos a los organismos internacionales a que persuadan a
las autoridades colombianas a tomar medidas de protección, de
estricta conformidad con los deseos de las personas amenazadas, y a
ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre estas
amenazas y sobre la presencia de paramilitares.
Y a la vez, insten al actual gobierno colombiano a emprender
acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares y
romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los
compromisos expresos del gobierno a nivel internacional y con las
recomendaciones formuladas por la ONU y otras organizaciones
intergubernamentales.
Aprovechamos para respaldar, como acompañantes de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, el derecho de petición presentado
por el padre Javier Giraldo S.J. al presidente Santos con el objeto de

6. solicitar el cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en
su Sentencia T-1025/07.
Que ordena la identificación de los efectivos militares que operan en
la zona, y como jefe de estado, detenga la barbarie perpetrada de
manera sistemática por agentes subalternos, contra la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó y la población campesina de su entorno
geográfico y social.
Derecho de petición radicado en la presidencia de la república el 17
de septiembre del año en curso.
Esperamos, entonces, la colaboración de los Organismos
Internacionales de protección y defensa de los derechos humanos
para que se realicen las acciones permitidas por el Derecho
Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de
violaciones a la dignidad humana en Colombia.
Agradecemos su amable atención,
Andrea Proietti. Presidente ¡Rete Colombia Vive!
«»Con copia a:
Presidencia de la República de Colombia - Vicepresidencia de la
República de Colombia - Ministro de la Defensa - Ministro del Interior
y de Justicia - Fiscal General de la Nación - Defensoría del Pueblo -
Departamento de Policía Urabá - Coronel Gustavo Chavarro Romero,
Comandante Departamento de Policía de Antioquia
Comando de la Brigada XVII. Mayor General Jaime Esguerra Santos
Inspector General de Ejército. Mayor General Rodolfo Bautista
Palomino López - Director de Seguridad Ciudadana Policía Nacional.
Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador. Embajada
de Italia en Colombia. Embajada de Colombia en Italia.
http://justiciaypazcolombia.com/Se-intensifican-operaciones•