Discurso en el debate sobre el Estado de la Comunidad de 1996. José Ángel Biel.

1. DISCURSO DE JOSÉ ÁNGEL BIEL EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO
DE LA COMUNIDAD DE 1996
Esta mañana, con motivo del primer café, me decía un ilustre
parlamentario de esta cámara que a este tipo de debates conviene
añadirles algunas dosis de ironía. Yo siento defraudarles porque si,
además de hacer los equilibrios que en política siempre hay que hacer,
nos entra la risa, corremos el riesgo de caernos, y no es eso lo que
pretendemos exactamente hoy. Aunque habría una manera de evitar
ciertos debates dialécticos o ciertos equilibrios, y es llamar a las cosas por
su nombre: coger el AVE e irnos todos a Madrid, porque, en definitiva, el
estado de esta Comunidad depende casi en exclusiva de Madrid. Y digo
que depende casi en exclusiva de Madrid porque esta mañana más me
daba a mí la impresión de que asistía a un debate en la Carrera de San
Jerónimo que a un debate en la Aljafería. Yo creo que conviene centrar las
cosas en sus términos justos y llamar a cada cosa por su nombre.
Señor Presidente, señorías, transcurridos más de quince meses
desde la constitución del actual Gobierno de Aragón al comienzo de la
presente legislatura, nos corresponde hoy lo estamos haciendo reflexionar
en voz alta sobre el estado de nuestra Comunidad. Es claro, señorías, que
de un debate de esta naturaleza cada Grupo Parlamentario espera obtener
resultados diferentes y lo utiliza con fines distintos, casi siempre más
acordes con su siempre legítimos intereses políticos que con lo que,
eufemísticamente, denominados todos «interés general de Aragón», y que
suele tener de general con comillas lo que coincide con lo particular de
algunos.
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2. Conviene dejar claro que del estado de la Comunidad, para
empezar, somos todos responsables, y, por supuesto, en la parte alícuota
que a cada uno nos corresponda, pero a todos nos toca alguna parte,
incluso a muchos que no se sientan en estos escaños. Que nadie intente,
pues, pasar de rondón por este debate, como planeando por encima del
bien y del mal. En un debate de esta naturaleza nos examinamos todos, y
no sólo el Gobierno, su Presidente y los consejeros. Por supuesto, si
alguien espera de esta discusión una especie de monográfico sobre el
estado de salud de la coalición PP-PAR, y no sobre el estado general de la
Comunidad, que abandone de entrada toda esperanza morbosa: vamos a
hablar del estado de la Comunidad principalmente y del Gobierno en sus
justas proporciones.
Para nuestro Grupo Parlamentario este debate es una magnífica
oportunidad para explicar algunas cosas y tratar de enfocar
adecuadamente otras. Antes, sin embargo, de desarrollar nuestra opinión
sobre cómo vemos a Aragón, si está mejor o peor que hace un año, dos o
tres, en sus aspectos generales o parciales, antes de eso, conviene hacer
algunas consideraciones previas que pueden servir de punto de referencia
para entender lo que después diremos.
Primera consideración. Nuestro Grupo Parlamentario aporta a este
debate unas concepciones ideológicas que nos diferencian sustancialmente
de todos y cada uno de los Grupos de esta cámara; me atrevería a decir
que nos situamos en una posición casi equidistante del resto de los grupos
políticos. A modo de ejemplo, no pensamos en la concepción del Estado
igual que partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista; no
pensamos en otras cuestiones ideológicas igual que la CHA o que
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3. Izquierda Unida; somos equidistantes, y no por eso, supongo, que se nos
podrá negar la posibilidad de entendernos con todos y cada uno de los
Grupos de esta cámara. Porque, claro, si al final sólo nos podemos
entender con los que son idénticos a nosotros, es que el PAR sobra de
esta cámara, y les puedo asegurar a sus señorías que el PAR en modo
alguno sobra en esta cámara.
Como tuve la oportunidad de decir en el debate de investidura del
actual Presidente y cito textualmente, «nuestro programa no se limita,
como creen los simplistas, a la aprobación del Estatuto y al
aprovechamiento integral de nuestras aguas; aspiramos, además, a lo que
nuestros estatutos llaman la convergencia social de clases, y eso es el
principio de una serie inexcusable de previsiones que tienden a la igualdad
social». Quede claro, por tanto, que los propósitos del PAR no se agotan
aún, ni, por supuesto, en un programa de mínimos. En consecuencia,
cualesquiera que sean los avatares y condicionamientos de la vida política,
en ningún caso haremos dejación de nuestras concepciones ideológicas.
Pero nuestro partido no es un fin en sí mismo; nuestro partido es un
medio que pretende transformar la realidad en la que vivimos mediante la
aplicación, en su máxima extensión posible, de nuestras ideas y nuestros
programas.
Segunda consideración. Participamos en este debate en nombre de
un Grupo Parlamentario que cuenta con catorce, de los sesenta y siete,
Diputados de la cámara, ni uno más ni uno menos, ni uno más ni uno
menos: catorce, de los sesenta y siete: ésa es la fuerza de nuestro Grupo
Parlamentario. A pesar de que el PAR no ha conseguido todavía ser la
primera fuerza política de nuestra Comunidad, nos parece, sin embargo,
3

4. evidente reconocer que su presencia y participación en la vida política
aragonesa han sido determinantes desde 1977, y muy especialmente
desde 1983, fecha en que se celebraron las primeras elecciones
autonómicas.
En Aragón, sin el PAR es nuestra concepción, las cosas no hubieran
ocurrido exactamente igual; me atrevería a decir que, de alguna forma, el
PAR ha marcado la diferencia de esta Comunidad Autónoma con otras de
similares características. El PAR, mediante su participación activa en la
vida política, a través de acuerdos y desacuerdos, que de todo ha habido,
desde el Gobierno y desde la oposición, ha sido decisivo en la resolución o
encauzamiento de buena parte de los problemas de esta tierra, o ha
evitado otros. Las peores épocas posiblemente coinciden con aquellos
períodos en los que el PAR o apenas contaba o no participaba en la
negociación de acuerdos y decisiones. Reclamo para nuestro partido, para
nuestro Grupo Parlamentario, el derecho a elegir la fórmula de
participación política que considere más conveniente para los intereses de
Aragón.
Visto el panorama extraído de las elecciones de mayo del noventa y
cinco (cinco Grupos Parlamentarios: ninguno con mayoría absoluta), hay
que decir que sin el PAR no es posible el gobierno ni su alternativa. Y esta
función decisiva es la que nos crea la mayoría de los problemas a nuestro
propio Grupo Parlamentario o a nuestro propio partido: esa posibilidad de
decidir quién es gobierno y quién es oposición. Si el PAR no es posible ni
el gobierno ni su alternativa. Que sólo acabarán los problemas internos o
no internos cuando los aragoneses nos den los votos necesarios para
decidir por nosotros mismos. Hasta entonces, la política es la que es, con
4

5. sus tensiones y desacuerdos, con acuerdos más o menos fructíferos. En
definitiva, la política es intentar hacer lo posible y lo difícil, pero no se nos
exija lo imposible, no se nos pida a catorce Diputados del PAR lo que al
menos deben hacer treinta y cuatro.
Tercera consideración. A través de un pacto de coalición con el
Partido Popular, el PAR forma parte del Gobierno de Aragón. Desde esa
posición, nos corresponde hablar en este debate. Pretender cualquier otra
filigrana dialéctica sería una incoherencia de tal magnitud que, desde
luego, este Portavoz se siente incapaz de intentar.
Señor Presidente del Gobierno de Aragón, si su señoría tiene la
bondad de releer con paciencia nuestra intervención en el debate de su
investidura, seguramente encontrará muchas claves que le servirán para
entender mejor lo sucedido en estos quince meses, y le serán de gran
utilidad para continuar el camino que su Gobierno deber recorrer en el
tiempo que resta hasta las próximas elecciones.
Decíamos hace quince meses que, una vez constatado que en las
elecciones del 28 de mayo de 1995 ningún partido político había obtenido
la mayoría absoluta, el PAR, tras un intenso debate interno, que no
ocultamos entonces ni ocultamos ahora, había optado por suscribir con el
Partido Popular un acuerdo que asegurara la gobernabilidad de Aragón
mediante la obtención de mayorías estables y suficientes. Decíamos
entonces que iba a ser un pacto que requería una interpretación cuidadosa
para asegurar que se cumplieran los fines que cada partido procura
legítimamente y para que no generara graves discrepancias; que el PAR
procuraría colaborar lealmente a que fuera posible esa pacífica
interpretación de lo pactado, y, para ello, lo más necesario era la
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6. predisposición psicológica de cada parte a entender las exigencias y las
limitaciones de la otra. Nosotros decíamos hace quince meses
respetaremos siempre el carácter del Partido Popular como partido de
ámbito estatal y que tiene, por ello, obligaciones que cumplir en otros
territorios; pero esperamos a cambio que también se respete el carácter
del PAR, cuyas preocupaciones se centran en esta Comunidad Autónoma.
En consecuencia, que no se espere del PAR que haga nada que quebrante
su identidad.
Pero no tengan dudas, sus señorías decíamos hace quince meses, de
que el PAR cumplirá lo acordado; hemos primado los intereses generales
de los aragoneses por encima de los intereses partidarios. Nos parece que
eso es lo que Aragón y los aragoneses le pedían al PAR: que diera
estabilidad y sosiego a la política aragonesa, propiciando la apertura de
una nueva etapa en la que tengan mayor peso específico y trascendencia
los acuerdos que los desacuerdos.
Desde diciembre de 1988 venimos diciendo lo mismo: que la
estabilidad institucional y la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma
son objetivos prioritarios del PAR y una necesidad ineludible para asegurar
el futuro de Aragón. El PAR subordina sus propios intereses al logro de
estos objetivos, y a ello dirigirá consecuentemente su acción política.
Señorías, en estos últimos quince meses Aragón ha tenido un
gobierno con mayoría amplia, un gobierno estable; atendiendo a la
aritmética parlamentaria, el más estable desde la aprobación del Estatuto
de Autonomía: cuarenta y un Diputados y la casi imposible existencia de
otra alternativa a la actual mayoría dotan a este Gobierno de una
estabilidad casi absoluta. Es esta una oportunidad única en la historia de
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7. Aragón que no deberíamos perder entregando el gobierno a los
quebrantahuesos de siempre.
Pero, señorías, un gobierno estable no es necesariamente un
gobierno fuerte o todo lo fuerte que Aragón necesita. Para que un
gobierno estable tenga, además lo decíamos entonces, la fortaleza
necesaria, no basta con tener garantizada una amplia mayoría
parlamentaria; es necesario, además, que haga gala de una especial
capacidad de diálogo; que se sitúe por encima en el panorama de los
llamados «otros poderes»; que consiga ser el primer poder de esta
Comunidad Autónoma y el referente más importante para los poderes
ajenos a Aragón; que sea reivindicativo cuando convenga a los intereses
de Aragón.
Pero, señorías, hablemos ya del Aragón sobre el que pretendemos
actuar desde los poderes públicos. Cuando se sube a esta tribuna, se tiene
la impresión de que llevamos años hablando de los mismos temas.
Repasando otros debates similares a éste, uno tiene la impresión de que
el tiempo no ha transcurrido apenas: unos gobiernos han ido sucediendo a
otros, y aquí seguimos reflexionando en voz alta sobre los mismos temas
que ya preocupaban a la asamblea de parlamentarios allá por los años
1977 y 1978. Prueba evidente de lo que digo es el escaso autogobierno
que disfrutamos, o, mejor, padecemos, en esta tierra. Porque, señorías y
esta es la clave del estado de Aragón, ¿creen ustedes que los aragoneses
tenemos autonomía suficiente para decidir sobre nosotros mismos
después de un debate de esta naturaleza? Hablaremos luego de este
asunto, cuando opinemos sobre el desarrollo del Estado de las
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8. autonomías, que el tema de las autonomías no es sólo una cuestión de
Estatuto, sino de concepción del Estado de las autonomías.
Sobre un territorio de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados,
rodeado de importantes comunidades con gran peso político, viven poco
más de un millón cien mil personas en casi mil núcleos, especialmente
rurales. En un solo municipio viven más de la mitad de los aragoneses.
Los importantes recursos naturales de Aragón apenas son todavía
explotados en beneficio de sus habitantes. La ausencia, por razones
históricas y demográficas, de una importante entre comillas burguesía
culta ha sido sustituida por algunos poderes locales o localistas muy poco
vertebradores del tejido social. Los desequilibrios intraterritoriales en
Aragón son evidentes. Reconozcamos, además, que la visión unitaria de
Aragón era una mera ilusión hasta el reconocimiento jurídico de nuestro
autogobierno. Hasta esa fecha, hasta la creación de las instituciones
aragonesas de autogobierno, ninguna política sectorial se realizaba en
Aragón con perspectiva aragonesa; ni las carreteras, ni la cultura, ni los
servicios esenciales, se construían, se fomentaban o se establecían con
visión aragonesa global. Sobre esta realidad, señorías, operan, sin
coordinación aparente, diferentes administraciones públicas: un gobierno
autónomo, tres diputaciones provinciales, setecientos veintinueve
ayuntamientos y una compleja y, en parte, residual Administración
periférica del Estado.
Señorías, comprendo que los treinta minutos que me otorga el
Reglamento, aun contando con que el señor Presidente me haga donación
de algún tiempo suplementario, es un tiempo demasiado corto para
desarrollar todo un programa en relación con el estado de nuestra
8

9. Comunidad. Ni siquiera sería tiempo suficiente para hacer un diagnóstico
detallado de cómo se encuentra nuestra Comunidad a estas alturas de la
legislatura, lo que se espera que diga el PAR en un debate de esta
naturaleza. Desde luego, no nos corresponde hacer el papel del portavoz
del Partido Popular, ni, por supuesto, el papel de los portavoces de los
Grupos de la oposición. Quede claro que, en este sentido, no vamos a
hacer ninguno de los dos papeles.
El PAR puede hacer, sin embargo, una petición, y quizás una
propuesta. Una petición al Presidente de la Comunidad para que no se
limite a oír, sino que, como sé que hace, escuche con todas sus
consecuencias los argumentos que el PAR está aportando al debate. Y una
propuesta la cámara, y especialmente al Grupo Popular, de continuar
haciendo cuanto esté en nuestra mano en orden a dotar al Gobierno de
Aragón de la fortaleza y capacidad de decisión necesarias para no perder
la oportunidad histórica que nos brinda la existencia, en casi todas las
instituciones de Aragón, de mayorías estables y suficientes.
Sin embargo, para que esta petición y esta propuesta sean
efectivas, quizás sería bueno, con carácter previo, fijar algunos conceptos
para que sus señorías conozcan nuestro pensamiento en los aspectos
fundamentales que deben definir, a nuestro juicio, la política aragonesa. A
nada de lo que expondré a continuación renunciaremos, cualquiera que
sea nuestra ubicación en la política, sea en el Gobierno o sea en la
oposición.
De lo que hablaré a continuación depende en buena medida el
futuro de nuestra Comunidad, y de los acuerdos en estas materias
depende la eficacia del Gobierno y la utilidad de estas Cortes. ¿Creen, sus
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10. señorías, por ejemplo, que el estado de nuestra Comunidad puede
modificarse con unos presupuestos que son resultado presupuestos
económicos de un modelo de financiación nada descentralizador, o que
están prácticamente comprometidos o condicionados en su 80%? ¿Creen
sinceramente que eso es posible?
Las posibilidades de modificar el estado de la Comunidad, que es de
lo que hemos venido a hablar aquí, depende de cómo resolvamos algunas
cuestiones que ahora plantearé, y sobre las cuales comprendo que puede
haber diferencias; pero, bueno, ahí está el esfuerzo que tenemos que
hacer todos y cada uno de los Grupos de esta cámara.
En relación con lo que denominamos «concepción del Estado»,
partimos de la base de que el desarrollo del Estado de las autonomías
previsto en la Constitución no tiene límite prefijado ni fecha de
culminación del proceso. En consecuencia, entendemos que de ningún
modo puede afirmarse, por muchos pactos autonómicos que se firmen,
que el Estado de las autonomías está terminado. No se puede poner fecha
a la imaginación; aunque aún recuerdo cuando, allá por el año 1984, el
entonces señor Vicepresidente del Gobierno vino a Zaragoza a firmar
entre comillas la culminación del proceso de transferencias.
Debe reconocerse que desde la aprobación de los estatutos de
autonomía en el verano de 1982, consecuencia directa de la voluntad de
los constituyentes, hasta la fecha de hoy, las cosas no han sucedido como
se preveía en 1978. La Administración central ha crecido
desmesuradamente, a pesar de la vigencia de la Ley del proceso
autonómico y del traspaso a las diecisiete comunidades autónomas de
gran número de competencias exclusivas. La Administración periférica del
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11. Estado apenas se ha reducido, manteniéndose hasta la fecha las figuras
más anacrónicas del siglo XX. El traspaso de servicios correspondientes a
competencias atribuidas a las comunidades autónomas por sus
respectivos estatutos se hizo aplicando una metodología para la valoración
del coste, que en nada tenía que ver con los principios constituyentes de
descentralización política.
Mediante la aprobación de leyes orgánicas o de bases, se han
limitado de hecho las competencias de las comunidades autónomas
(ejemplo: Ley de aguas) o se han transferido competencias a las
comunidades autónomas sin valorar los servicios (ejemplo: Ley de
protección civil). Indirectamente, se obliga a las comunidades autónomas
a financiar competencias que no son propias de tales comunidades y cuyo
ejercicio es muy difícil, sin embargo, de rechazar porque el ciudadano
quiere que se financien servicios sin distinguir la Administración
competente. Y, así, se da la paradoja de que con un modelo de
financiación basado en el coste de las competencias transferidas, hay que
financiar de hecho servicios que no son competencia de la Comunidad
Autónoma, como, por ejemplo, centros de salud en su época, haciendas
locales a través de un fondo de participación municipal, convenios con
Renfe, expropiaciones del Pacto del Agua, etcétera, etcétera. ¿No se dan
cuenta sus señorías de que es ridículo aceptar unas reglas que no tienen
ningún sentido?
El modelo de financiación autonómica previsto por la LOFCA ha
nacido viciado de origen, al basarse exclusivamente en la valoración del
coste de los servicios transferidos, lo cual demuestra que no se ha
ejecutado el proceso de descentralización política previsto en la
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12. Constitución, sino un proceso meramente de descentralización
administrativa, a pesar de la existencia de diecisiete parlamentos
autonómicos. Nunca podremos asentar en consecuencia un modelo de
financiación basado en esta concepción; no podemos aceptar un modelo
donde Aragón, a modo de ejemplo, gestiona la centésima parte del
presupuesto general del Estado. No podemos aceptar un modelo donde
Aragón es la centésima parte de España; eso es lo que estamos
gestionando en este momento: la centésima parte del presupuesto
general del Estado. Todo ello, como es lógico, obliga a la comunidades
autónomas a endeudarse, aunque sólo sea para justificar su propia
existencia, y de ahí surgen un montón de problemas sobre los cuales ya
hemos debatido bastante en este tema.
En este asunto resumo, de alguna manera, diciendo que, de hecho,
sobre un mismo territorio, el español, y una misma población, la española,
funcionan de hecho dos organizaciones del Estado, la central y la
autonómica, superpuestas.
Coincidirán conmigo, señorías, que con estas premisas el PAR debe
manifestar su inconformismo respecto al desarrollo autonómico, y somos
especialmente inconformistas respecto al autogobierno de Aragón. Y
aunque defendemos como propio el proyecto de reforma del Estatuto de
30 de junio de 1994, lo hacemos porque pensábamos que era un proyecto
posible, por ser fruto del acuerdo de las fuerzas políticas presentes
entonces en esta cámara. Pero por muy posibilistas, con cierta
ingenuidad, que seamos, éste no es en plenitud el estatuto del PAR, y no
lo puede ser porque es el de todos, y cuando el Estatuto es el de todos, no
es el de ninguno en particular. Sin embargo, a pesar de ello, en la materia
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13. de aplicación de los principios políticos previstos en el título VIII de la
Constitución, a pesar del posibilismo, no esperen en ningún caso que el
PAR diga un día: estamos plenamente satisfechos. Háganse a la idea de
que eso nunca sucederá, y nos acabaran entendiendo mejor si es que
quieren entenderse con nosotros para hacer algo útil por esta tierra.
Comprenderán, en consecuencia, sus señorías, que si el Estatuto de
30 de junio de 1994 no es en plenitud el Estatuto del PAR, porque insisto
no puede serlo por ser el de todos, aunque lo aceptemos como propio,
menos lo será el que salga de las Cortes Generales, si las enmiendas
presentadas por los dos Grupos mayoritarios en aquella cámara prosperan
al final del trayecto legislativo.
Y en este punto constatamos y lo dejamos así de esta forma dicho,
al haberse presentado enmiendas por el Partido Popular, que se han
incumplido dos pactos: el de coalición de gobierno de 1995 y el de
coalición electoral de 1996, y un compromiso refrendado en el debate de
investidura del 7 de julio de 1995. Y que se ha incumplido, además, el
compromiso aceptado por los dos Grupos enmendantes en Madrid de
respaldar el proyecto de reforma tal y como se aprobó en estas Cortes. En
consecuencia, deberán ser estas Cortes las primeras en decidir sobre
dicho incumplimiento. Desde luego, nuestro partido no votará ni en el
Congreso ni en el Senado las enmiendas, y nos reservamos las decisiones
políticas, que, desde luego, nuestro Grupo Parlamentario, no es el
competente para resolverlas, sino los órganos competentes. Quienes lo
enmendaron, que lo arreglen. En la Ponencia sólo el PAR se opuso, porque
quiero recordar que el ponente de Izquierda Unida ni asistió; tendría
gracia que ahora fuera el PAR el culpable del desaguisado.
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14. En materia de política territorial, asignatura pendiente de resolver
en estas Cortes y sobre lo cual se ha hablado muy poco esta mañana,
afirmamos que esta cuestión no es un capricho de nuestro Grupo
Parlamentario; es una necesidad: sin el territorio, señoras y señores
Diputados, no seríamos Aragón; nos limitaríamos a ser Zaragoza. Es
preciso, en consecuencia, desarrollar una política de organización
territorial más acorde con las necesidades del siglo XXI y con el
establecimiento de servicios esenciales en todo el medio rural. Con una
adecuada política territorial aplicada por el Gobierno en el ejercicio de sus
competencias de ordenación del territorio, no se hubieran producido los
desastrosos efectos de la aplicación de la LOGSE.
Como forma de completar lo que ayer dijo el señor Presidente en
esta materia recordamos, simplemente, la necesidad de desarrollar las
resoluciones aprobadas por unanimidad en esta cámara en noviembre del
año 1991, y referidas a la potenciación de las mancomunidades de
servicios y desarrollo paulatino, oportunamente incentivado, de la
comarcalización; aprobación y aplicación del mapa comarcal; desarrollo
del área metropolitana de Zaragoza; transferencia o delegación de
competencias a los ayuntamientos de más de cinco mil habitantes y
comarcas, en su caso; reordenación de competencias con las diputaciones
provinciales, mediante la aplicación de las leyes sectoriales ya aprobadas,
pero con las comisiones mixtas de transferencias negociando el traspaso,
no como se pretendía hacer con los hospitales de Huesca y de Zaragoza, u
otras que se aprueben en el futuro; exigir del Estado, que es el
competente, la aplicación de un modelo de autonomía financiera de los
entes locales no podemos pagar lo que no es de nuestra competencia,
sobre todo, teniendo en cuenta que nuestro modelo de financiación se
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15. basa sólo y exclusivamente en competencias propias; ¿cómo podemos
pagar las competencias ajenas si no hemos resuelto, todavía, nuestro
modelo de financiación?, y, por supuesto, la coordinación de los planes de
obras y servicios de las diputaciones provinciales.
Y, hablando de coordinación, el Gobierno de Aragón debería ser el
impulsor de una fuerte política y me consta que lo va a hacer de
coordinación en relación con las políticas sectoriales aplicadas por las
diferentes administraciones públicas que operan en Aragón. Se dan,
señorías, las condiciones políticas para ello: está en el pacto PP-PAR la
extensión del mismo a todas las instituciones, desde el Gobierno de
Aragón, aplicando principios de cooperación y coordinación, se pueden
coordinar las políticas sectoriales de setecientos veintinueve
ayuntamientos, respetándose, en cualquier caso, su autonomía, de tres
diputaciones provinciales y de la Administración del Estado, sea ésta,
periférica o central, y, por supuesto, de los seis departamentos del
Gobierno autónomo. Nunca un Presidente, a nuestro juicio, a tenido
tantas posibilidades de hacer cosas en esta Comunidad Autónoma. Y, en el
llamamiento que hace a «empujar el carro», nos encontrará.
Nos reafirmamos, por otro lado, en el contenido del acuerdo de
Gobierno suscrito en 1995, y ratificado en 1996, con motivo de la
coalición electoral PP-PAR para las elecciones generales de marzo. Es un
pacto para toda la legislatura, hasta 1999, fecha en la que podremos
juzgar si se ha cumplido o no; porque tiene gracia que se pida ahora lo
que realmente tiene que terminarse en 1999. Es, por su contenido, un
buen pacto: el que Aragón precisaba en 1995. Recuerden cómo estaba
Aragón en ese momento, y no seamos olvidadizos. Sin embargo y ello es
15

16. una prueba más de nuestra escasa autonomía política y financiera, es un
pacto que hay que reconocer, cuya ejecución depende esencialmente del
Gobierno de Madrid. Por esa razón pedimos reiteradamente al señor
Presidente que sea más reivindicativo, que utilice, si es preciso y
entrecomillo a sus socios del PAR como punta de lanza ante Madrid.
Pregúntense, pregúntese su señoría cuál habría sido el resultado electoral
en marzo de 1996 si no se hubiera planteado la coalición PP-PAR, y
encontrará el señor Presidente muchas razones para que el Gobierno
central atienda a esta Comunidad.
Reafirmamos, en consecuencia, nuestro apoyo decidido al Pacto del
Agua lo dice el pacto; lo cual significa ejecutar de un modo integral las
obras allí contempladas, sin dilaciones, ni tácticas filibusteras, ni que
Aragón pague lo que no nos corresponde por ejemplo, las expropiaciones.
De esta forma se hace imposible cualquier trasvase de futuro.
Promoción, apoyo y ejecución de infraestructuras en materia de
comunicaciones, señalando como prioritarias las autovías Sagunto-
Somport, Huesca-Pamplona y Lérida-Huesca, y, por supuesto, sobre este
tema me congratulo por los anuncios públicos que se han hecho en esta
Comunidad Autónoma.
Impulso a la apertura de accesos directos de Aragón a Francia por
ferrocarril y carretera, y potenciación del aeropuerto de Zaragoza.
Impulso al Plan especial de Teruel; nos congratulamos de su
incremento, siempre insuficiente, porque lo sabe especialmente el señor
Presidente.
Incorporación a los planes de enseñanza de todos los niveles
educativos de las materias que aseguran el conocimiento de Aragón.
16

17. Establecimiento de estudios superiores de la Universidad de
Zaragoza, en las provincias de Huesca y Teruel, mediante la implantación
de carreras de ciclo completo que no reiteren las que pueden cursarse en
otro lugar del distrito universitario. Y analizaremos, en consecuencia, con
detalle la anunciada ley de inversiones.
Actualización y puesta en ejecución de las directrices del plan
estratégico de Aragón.
No a la macrocárcel de Zuera y a la línea Aragón-Cazaril.
Fomento del reequilibrio territorial, avanzando en el proceso de
comercalización y desarrollando una política activa de desarrollo y
potenciación del medio rural.
No, por tanto, a la política del Ministerio de Educación de aplicar una
política de centros que atentan contra la supervivencia del medio rural.
Estudiaremos el pacto por la educación que nos oferta el señor Presidente
con el interés que merecen siempre para nuestro Grupo Parlamentario las
propuestas del Presidente de la Comunidad Autónoma.
Tenía puesto aquí que un portavoz del PAR no puede olvidarse de
los departamentos que de alguna manera gestiona directamente el PAR;
pero me voy a olvidar, y me voy a olvidar dado que se enciende el
semáforo, y, como tengo confianza con los dos consejeros, va a ser difícil
que pueda decir todo lo bueno, y mucho, y barato, que iba a manifestar
que han hecho los departamentos.
Señor Presidente, señorías, no olvidamos, por supuesto, a otros
sectores de la actividad pública, como no los olvidamos con motivo del
debate de investidura. Allí consta nuestra opinión en las materias de
educación y cultura, modernización de la Administración autonómica;
17

18. ordenación del territorio, carreteras, creación de empleo. Sobre todas y
cada una de estas cuestiones, mi Grupo Parlamentario presentará
resoluciones después del debate; pero ninguna política sectorial concreta
será posible, por muy querida que nos sea como la educación, si no
articulamos antes una política coherente en las materias esenciales que he
citado como causa del estado de nuestra Comunidad. Lo que opinamos,
señorías, asimismo, sobre una determinada concepción del Estado; sobre
unos determinados modelos de financiación de las comunidades
autónomas y de las haciendas locales; coordinación, desde la Diputación
General, de las políticas sectoriales de las administraciones que operan en
Aragón; política de organización territorial; cumplimiento estricto, hasta
1999, del programa de la coalición PP-PAR.
Desde estas ideas, con estas ideas, estamos en el Gobierno;
formamos parte del Gobierno; somos Gobierno; nuestra aportación
refuerza, o debería reforzar, la posición del Gobierno, salvo que éste
pretenda convertirse en una mera sucursal de Madrid, o limitarse a
administrar los escasos recursos que, por mor de un deficiente modelo de
financiación, tiene esta Comunidad Autónoma. Pretendemos, como es
lógico, perfeccionar el funcionamiento de un Gobierno de coalición para no
perder la mejor oportunidad de Aragón.
Señor Presidente, déjese ayudar: un Gobierno de coalición no exige
necesariamente el acuerdo en todos los temas; pero sí exige la
«codecisión», no sólo la «cogestión» o «coadministración». Habrá asuntos
en los que nunca llegaremos a acuerdo porque somos dos partidos
diferentes. Es cierto, por ejemplo, que administramos dos Departamentos
del Gobierno de Aragón; pero nuestra presencia no puede limitarse a
18

19. hacer lo que nos parezca en dichos Departamentos, y aceptar como hecho
consumado lo que se decida en el resto de las áreas sin contar con lo que
el PAR representa.
De este debate debe salir un Gobierno, a nuestro juicio, reforzado.
Un Gobierno fuerte es el mejor instrumento para hacer cosas por Aragón,
día a día, en todos los campos de la actividad pública. Me consta, porque
le conozco bien, que el señor Presidente de la Comunidad Autónoma, al
señor Presidente sólo le mueve el interés general de Aragón: el mismo
interés que mueve a mi Partido. No desaprovechemos esta magnífica
ocasión porque nadie lo entendería, ni los más agoreros de esta tierra.
Nada más.
Y muchas gracias.
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