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Cartilla para el
control social a la
designación de
autoridades de
instituciones …
CONSULTORÍA
OBSERVATORIO CIUDADANO
ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL DEMÓCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES
El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés) es una
organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer y expandir la democracia en todo el mundo. A través de
una red mundial de expertos voluntarios, el NDI brinda asistencia práctica a líderes civiles y políticos en la
promoción de valores, prácticas e instituciones democráticos. El NDI trabaja con demócratas en cada región del
mundo para construir organizaciones políticas y civiles, salvaguardar las elecciones y promover la participación
ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en el Gobierno.

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derechos reservados. Este trabajo puede reproducirse y/o traducirse parcialmente con fines no comerciales,
siempre y cuando se le dé crédito al NDI como fuente del material y se le envíe al NDI una copia de la
traducción en cuestión. Impreso en los Estados Unidos de América.

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INDICE:
1. INTRODUCCIÓN 5
2. EL CONTROL SOCIAL PARA DESIGNAR AUTORIDADES 6
3. CONTROL SOCIAL DESDE LA INDIVIDUALIDAD O EL COLECTIVO 8
4. EL PROCESO DE CONTROL SOCIAL 9
Definición del objetivo 10
Conformación del espacio de control social 11
Compromiso de lo colectivo 13
Vocerías 14
Conformación de equipos de trabajo técnico 15
Planificación de la ejecución de la actividad 15
Estrategia de comunicación 16
Análisis de la normativa que rige cada proceso de designación 16
Registro o presentación de la iniciativa de control social 19
Establecimiento de parámetros mínimos de control 19
Mapa de actores 24
Recopilación de información 25
Procesamiento de la información 25
Generación de informes 26
Bibliografía 29
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1. INTRODUCCIÓN
La participación y control social es un derecho fundamental de los ciudadanos, no solamente para
fortalecer la democracia de las naciones sino también para transparentar la gestión pública y
contribuir a orientar desde la sociedad civil, la construcción de políticas públicas.
El control social es la capacidad de la sociedad de regularse a sí misma, y esta regulación
dependerá del grado en el que cada persona esté en condiciones de asumir objetivos comunes
con otros para en conjunto interpelar a la acción estatal promoviendo prácticas democráticas y
reduciendo la arbitrariedad y el abuso, de tal manera que, desde ese accionar, puede intervenir
para vigilar el manejo de los recursos públicos, la inversión adecuada en una obra pública, la
gestión correcta de una determinada autoridad, o, como el caso que nos ocupa: la designación
ética y transparente de autoridades del Estado que no son de elección popular y tampoco de
designación directa del Ejecutivo, sino de aquellas que lideran las instituciones de control, del
sector justicia, de la administración electoral y otras que permiten la existencia de pesos y
contrapesos en el diseño institucional, y que deben caracterizarse por su independencia.
En esta cartilla se resumen algunas acciones que pueden comprender la activación social para
hacer control eficaz y oportuno en la designación de las autoridades señaladas anteriormente, con
miras a contar con elementos que coadyuven al ideal democrático y disminuir la amenaza de
modelos autoritarios, en el entendido de que las instituciones juegan un rol fundamental en ese
propósito.
Comprende también el análisis de la conveniencia de actuar desde lo colectivo agrupando a las
diferentes expresiones de los intereses de la sociedad: gremios, organismos no gubernamentales,
movimientos sociales, etc., en plataformas, coaliciones, frentes, que permitan una intervención
con mayor fuerza que la que otorga la individualidad; espacios que deben partir de definir
claramente los objetivos de control que se proponen y del establecimiento de un compromiso que
permita el desarrollo de la actividad en tanto se requiere el concurso de todos con presencia
política, recursos materiales y humanos que deberán ser cubiertos por el colectivo; la
determinación de vocerías que representen a la iniciativa; la conformación de equipos de técnicos
que recopilen información, realicen el seguimiento y análisis de esa información, realicen las
actividades comunicacionales, entre otras actividades que –de ser el caso- deben estar a cargo de
personas especializadas; la generación de alianzas estratégicas que faciliten el desarrollo de la
labor, etc.
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La cartilla establece además algunos pasos a seguir para realizar la actividad de control
propiamente dicha que pasa por el análisis de normativa que rige el proceso de designación,
sugerencias para tener acceso a la información, acudiendo si es necesario, inclusive a las leyes de
transparencia o garantías jurisdiccionales; el registro o presentación de la iniciativa de control
social ante la instancia vigilada; el establecimiento de parámetros mínimos de control; la
construcción del mapa de actores para determinar relaciones e influencias entre nominadores y
postulantes al cargo o nominados; generación de informes y actividades de comunicación que
tiene por objeto informar por un lado pero por otro, impedir desde la opinión pública que se filtren
nombres inadecuados en la selección de autoridades, que de conseguir la reacción positiva de los
nominadores, se lograría el objetivo propuesto.
Este trabajo pretende constituirse en un instrumento que facilite la acción de control social sobre
las instituciones del poder público particularmente en los procesos para la designación de cortes
de justicia, fiscales, defensores públicos, defensores del pueblo, superintendentes, procuradores,
contralores o jueces de cuentas, administradores electorales y otros similares.
2. EL CONTROL SOCIAL PARA DESIGNAR AUTORIDADES
En los tiempos que vivimos, el control social puede y debe convertirse en una herramienta eficaz
que permita mejorar la democracia como forma de gobierno en la cual los derechos humanos
encuentran condiciones para su respeto y ejercicio, y, a la vez evitar o detener el avance de formas
de gobierno que derivan en autoritarismos o despotismos, que, con cierta frecuencia, amenazan a
nuestros países. En este último caso, no puede girarse la mirada porque siempre constituye una
amenaza que más vale prevenir, pues, algunos gobiernos llegan revestidos de legitimidad
originada en elecciones, pero al acceder al poder desconocen las reglas del juego democrático y
traspasan los límites del poder, violentan la independencia de Funciones, resquebrajan el Estado
de Derecho, debilitando la capacidad fiscalizadora de las propias instituciones y generando de esa
manera condiciones favorables a la corrupción y el autoritarismo que a su deriva en violación de
los derechos humanos y el menoscabo de las libertades de las personas.
Uno de los modos que esos modelos de gobierno utilizan es precisamente cooptar las
instituciones democráticas y en lugar de garantizar y generar pesos y contrapesos, promueven
dependencias en las autoridades nombradas que les limita durante su gestión controlar los
abusos, juzgar las cuentas y el gasto público, o actuar a favor de los derechos y las libertades.
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El caso Odebretch ha demostrado que gobiernos, élites políticas -que incluyen funcionarios
encargados de realizar “control” de la cosa pública- y empresarios, condicionaron y sometieron al
silencio y complicidad a las instituciones creadas para el beneficio colectivo, organismos que
inobservaron sus propios mandatos de regular y vigilar las contrataciones públicas. Sin embargo,
si bien el referido caso ha llegado a conocimiento de la población porque fue develado a nivel
regional, este más bien constituye una excepción porque no se conocen el resto de casos de
corrupción que afectan a las naciones justamente por inoperancia de esas instituciones.
El ejemplo señalado es válido para concluir diciendo que las instituciones pueden convertirse en
agentes de control y erradicación de la corrupción o en agentes de su fomento y promoción.
Cuando determinan condiciones jurídicas y políticas para el control generan círculos virtuosos que
impiden cualquier acto de corrupción y abuso, pero cuando se convierten en organismos del
Estado vistos más como agencias de empleo burocrático en las que difícilmente se inician
procesos de revisión de transparencia y juzgamiento legal, son las que promueven prácticas que
conspiran y afectan a la democracia y al ejercicio de los derechos, especialmente de las personas
con menos oportunidades.
En sistemas de institucionalidad débil como son los de nuestros países, se torna importante la
impronta de quienes las lideran, por ello el control social a la designación de autoridades que
conducirán las instituciones es vital para la democracia y para la salud de las propias entidades
públicas, por ello esta cartilla toma como ideal “la designación de autoridades de manera ética,
transparente e independiente”, como medios que permitan aspirar al comportamiento
responsable de los servidores públicos que lideren las instituciones y el ejercicio ético en la
gestión pública en América Latina lo cual a su vez permite mejorar la democrática y combatir la
corrupción.
En este sentido, el control social en la designación de autoridades es una acción ex - ante que
busca prevenir la designación de perfiles inadecuados para una determinada función y viabilizar
los que se acercan al ideal requerido, planteándose realizar una calificación previa de quienes
aspiran a dirigir las instituciones.
El control social que cuente con la participación efectiva de los ciudadanos permite que sean los
personajes más probos quienes accedan a desempeñar las funciones de una autoridad en el
Estado, a juzgar por su trayectoria, las personas que han demostrado durante su vida el resguardo
de los intereses nacionales, y, a la vez evitar que lleguen quienes buscan beneficios particulares en
detrimento de la colectividad. Será posible incluso revertir situaciones lamentables de corrupción
que han proliferado en América Latina y que se sustentan en gran parte en la falta de acción de las
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instituciones obligadas a prevenir y sancionar a quienes incurren en actos de corrupción como son
los Contralores, Procuradores, Fiscales, Parlamentos, entre otras autoridades.
Por ello esta cartilla pone particular interés en la designación de esas autoridades, de las que
según las Constituciones de nuestros países deben cumplir un rol preventivo, fiscalizador,
controlador y sancionador para el efectivo desenvolvimiento de un país en democracia y libre de
corrupción.
3. CONTROL SOCIAL DESDE LA INDIVIDUALIDAD O EL COLECTIVO
El control social si bien proviene de la organización social que busca incidir de manera
direccionada al cumplimiento de un objetivo, que puede ser la conquista de un derecho, o, el
ejercicio de un derecho, puede expresarse desde una organización social pequeña hasta un gran
movimiento social cuyos integrantes actúan motivados por alcanzar esos objetivos.
La noción de control social, como se mencionó, es directamente proporcional a la acción
voluntaria del individuo, a sus relaciones sociales interactivas y mutuas con los demás personas y
que comparten un interés que beneficiará a la sociedad. Por lo tanto, se trata del esfuerzo de un
conjunto de individuos que realizan sus metas colectivas. Es importante mencionar que la
individualidad es un elemento crucial para un efectivo control social, sin embargo, es cuando los
individuos conforman una colectividad que el control social toma fuerza suficiente para generar
los cambios, objetivos y metas que se hayan planteado.
En ese sentido, el control social es más efectivo cuando se ejerce desde espacios colectivos que
agrupan no solo individuos, sino que agrupan organizaciones, colectivos, gremios, en plataformas,
coaliciones, acuerdos colaborativos, espacios de concertación o convergencia.
Para la tarea propuesta, son los colectivos y la suma de colectivos y de organizaciones quienes
presentarán mayor potencial para la conformación efectiva de las plataformas ciudadanas de
control para que se examinen de manera eficaz y eficiente los procesos que se desarrollan en lo
pertinente a la designación de las autoridades del Estado.
La voz colectiva que trabaja en conjunto es mucho más fuerte que una voz individual. El
empoderamiento de la colectividad mejorará las condiciones para que los individuos alcancen
resultados satisfactorios. Así, al integrar diversos grupos de gente que trabajan por un bien
común, se tiene la oportunidad de obtener información que puede ser de utilidad en doble vía.
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Una plataforma ciudadana ofrece por tanto, una gran oportunidad de crecimiento y esparcimiento
para el logro de la causa: procesos de selección de autoridades éticos y transparentes.
La idea es, con el colectivo ganar cierto control sobre las fuerzas que definen los hechos, de tal
manera que al lograr un mayor equilibrio de fuerzas se contribuya a cambiar positivamente la
situación de las personas con menor poder, que son los ciudadanos en general, y que no tienen
voz, incidiendo así en la construcción de mejores instituciones democráticas a través de integrar a
los mejores perfiles para que las dirijan lo que redunda en una sociedad más justa.
4. EL PROCESO DE CONTROL SOCIAL
En la ejecución del control social pueden identificarse dos ámbitos de acción que son necesarios y
se complementan para el cumplimiento del objetivo propuesto: el nivel político y el nivel técnico.
En esta cartilla realizamos una descripción de las principales actividades que en cada nivel deben
considerarse para la efectividad del control social a los procesos de designación de autoridades
judiciales y de organismos de control en nuestros países.
NIVEL POLÍTICO:
Definición del objetivo
La definición del objetivo consiste en delimitar la autoridad cuya designación va a ser controlada
con la acción social y sobre cuyo proceso de designación se busca promover transparencia e
idoneidad del designado o designada.
Esta definición depende de varios elementos:
1. El carácter de la designación. La multiplicidad de realidades que existen en América Latina
para la designación de autoridades es un elemento a considerar, en unos casos se eligen de
ternas enviadas por el ejecutivo o por otros organismos del Estado para la decisión del Poder
Legislativo: o, por designación directa del Parlamento; por designación del Ejecutivo con
ratificación del legislativo, por designación directa de varias instituciones del Estado, por
sistemas de cooptación, mediante convocatoria pública, o por concurso público de oposición
y méritos, entre otros.
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Los mecanismos de designación constan en las legislaciones de cada país y la facilidad o
dificultad para realizar el control social también depende de sus normativas y sus realidades.
En muchos casos la designación es veloz y no permite sino una brevísima reacción, o en otros,
como en caso de Ecuador puede durar entre seis y diez meses con lo cual el control social
puede acompañar durante todo el proceso o en parte de él, dependiendo siempre de las
capacidades técnicas y operativas que tengan las organizaciones que lo realizan.
2. El proceso de vigilancia y control social puede realizarse a una o varias autoridades
dependiendo del interés de los promotores de la acción y de los recursos con que cuenten. En
todo caso, lo recomendable es que cada una de las autoridades nombradas sea ésta individual
o un cuerpo colegiado, se trate como un proceso independiente, porque cada uno tiene sus
propias particularidades y constituye una experiencia única.
3. Algunas legislaciones prevén el control social como parte de la concepción del proceso de
designación. Estos casos son excepcionales, sin embargo, al tratarse de asuntos públicos, de
modo general puede ser ejercido al amparo de las normas que promueven la participación
ciudadana, el control social, las veedurías ciudadanas, el acceso a la información, gobierno
transparente, etc. que abren la posibilidad de la ejercerlo acudiendo por ejemplo a derechos
constitucionales sobre participación política o acceso a la información y deber de
transparencia que casi todos los Estados los contemplan.
4. El objetivo debe ser claro, realista, medible, congruente e importante. Por tanto debe
señalarse con precisión la tarea a asumir. Debe evitarse caer en generalidades y en
subjetividades.
5. Finalmente es recomendable determinar un ámbito territorial en el cual se actuará. Esta
cartilla básicamente se dirige a la designación de autoridades nacionales pero ello no obsta
que pueda ejercerse sobre autoridades regionales, provinciales, cantonales, municipales, etc.
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En conclusión la definición del objetivo tiene que ver con la identificación de la autoridad cuyo
nombramiento o designación va a ser controlada, de tal manera que exista claridad en el
propósito que asume la acción de control social.
Conformación del espacio de control social
Nada impediría que el control social pueda ser realizado por una persona, sin embargo, a la vez
que no está prohibido no es lo deseable ni lo más sencillo. El control social, como su nombre lo
indica, es un control colectivo, grupal, asociativo, que motiva a un sector de la sociedad o a un
grupo de personas en nombre de ésta a indagar, investigar, incidir, participar en los asuntos
públicos que atañen a todos.
En ese sentido puede ser realizado por una organización social, por un organismo no
gubernamental (ONG), por una asociación, por un gremio, por un grupo de estudiantes, etc., y
aún allí no es suficiente. Si el control va dirigido a transparentar los procesos de designación de
autoridades de altas funciones del Estado, se tiene como contradictores, al menos cuando se
tratan de modelos autoritarios, a los gobiernos que detentan el poder, manejan el Estado, cuentan
con recursos, a lo cual hay que contraponer los atributos de la sociedad civil: el compromiso, el
prestigio, la credibilidad, altas capacidades técnicas, la visión vanguardista, generando con ellos
un contrapeso con capacidades para incidir en la opinión pública y empujar hacia adoptar medidas
correctivas de ser necesario.
Ello es posible solamente con la generación de acuerdos colaborativos entre varias organizaciones
sociales, universidades, personas que gozan de reconocimiento público, con instancias técnicas,
entre otras, ya que las sinergias y la colaboración efectiva potencian las capacidades sociales para
obtener mayor incidencia.
En los últimos tiempos se tiene interesantes experiencias del trabajo colectivo de la sociedad civil
expresado en plataformas, coaliciones, mesas de trabajo, etc. en las que se agrupan por intereses
comunes grupos de ciudadanos y de organizaciones que se proponen un objetivo común, en este
caso, la transparencia de los procesos de designación de autoridades, que puede constituir el
objetivo central o un objetivo específico dentro de paraguas más amplios como la defensa de la
democracia.
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Los espacios colectivos se conforman sobre la base de intereses comunes: la democracia, la salud,
los derechos humanos de las mujeres, etc., de tal manera que los procesos de control social al
nombramiento de autoridades deben formar parte de la agenda común del colectivo y definirla
como acción a desarrollar con los compromisos de colaboración que requiera la iniciativa y que
pueden expresarse en aportes en recursos humanos, capital político, capacidad movilizadora,
metodologías, tecnologías, servicios, infraestructuras, recursos económicos, etc. lo cual sin duda
se requiere para el logro de lo planteado.
En los espacios colectivos pueden participar organizaciones de primer nivel, de segundo o incluso
conformarse con la agrupación de agrupaciones sociales, y también personas a título individual, lo
importante es que todos confluyan en un interés común y que los participantes además de estar
interesados en el accionar de la plataforma ejerzan efectos positivos en el objetivo del control
social y que por sus ejecutorias aporten en la promoción, divulgación, sensibilización y
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concientización de la importancia de la actividad de control social propuesta como una acción
que redunda en el beneficio colectivo.
Compromiso de lo colectivo
Resulta importante que quienes formen parte de la plataforma ciudadana de control, establezcan
el compromiso de trabajo colectivo en un documento en el cual se determinen sus objetivos y los
lineamientos básicos de funcionamiento, elementos siempre necesarios para el desenvolvimiento
cotidiano y la toma de decisiones, pues hay momentos claves e inclusive de tensión, en los cuales
las reglas de funcionamiento facilitan el avance, mucho más si se considera la dimensión de la
tarea que se proponen con el control de nombramiento de las autoridades de justicia y control de
un Estado, en cuyos procesos los momentos coyunturales exigen respuestas inmediatas.
El compromiso se convierte también en una suerte de seguridad de los participantes, pues tener
reglas previamente acordadas, que sean claras, conocidas y aprobadas por las organizaciones y
personas que participan en la Plataforma, cuyos rasgos y características pueden ser múltiples, e
inclusive responder a diverso origen e intereses, facilitan la toma de decisiones y potencian el
trabajo y esfuerzo.
Este hecho además puede constituirse en el elemento de lanzamiento público de la Plataforma
pues en el compromiso puede simbolizarse la voluntad de la ciudadanía para realizar control social
sobre la designación transparente de las autoridades de justicia y control, generando
posicionamiento y expectativa ciudadana.
Vocerías
En los procesos de control social la vocería es una pieza fundamental para obtener el objetivo
propuesto, pues tiene la grande tarea de comunicar a la sociedad la posición de la instancia de
control social que dice actuar en su representación y por tanto en resguardo de sus intereses. De
esa vocería depende que la sociedad se identifique con las actuaciones que se hacen en su favor,
o las rechace.
Al tratarse de asuntos de trascendencia nacional, la vocería puede convertirse inclusive en un
conductor del proceso en tanto consiga la adhesión colectiva a su gestión. Es uno de los puntales
más importantes en el proceso de control social.
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Por ello es necesario contar con los objetivos y los argumentos bien definidos con respecto al
proceso de control social y que los voceros deben dominarlos para poder transmitirlos.
La preparación de la vocería de la iniciativa debe tener en cuenta todos los puntos de interés para
los medios, especialmente aquellas cuestiones que pudieran incomodar la vocería como tal y
como si la tomaran por sorpresa.
Todas las preguntas son importantes, incluso aquéllas que parezcan haber surgido de la falta de
conocimiento acerca del tema a tratar, por tal razón es importante aprovechar esas
oportunidades para enriquecer la imagen de la plataforma, de reflexionar acerca de su situación y
de sus intereses para el cumplimiento del objetivo. Se detallan a continuación distintos tipos de
vocerías que en determinada etapa de la iniciativa van a ser necesarios considerar.
Vocero Oficial: Es aquel a quien la organización le establece la responsabilidad de transmitir
mensajes a nombre de la plataforma frente a audiencias tales como los medios de comunicación,
organismos gubernamentales y no gubernamentales, instancias internacionales, etc. Se trata de la
persona visible, reconocida que generará impacto en la opinión pública.
Vocero no-Oficial: Es aquella persona que forma parte de la plataforma ciudadana, que está al
tanto de todo pero es únicamente capaz de transmitir esa información a círculos pequeños como
familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.
Voceros Naturales: son quienes ya conocen de la lucha social y se sienten parte de esta. Estarán
siempre interesados en aportar. Por ejemplo, miembros de consejos estudiantiles secundarios y
universitarios, dirigentes de gremios y asociaciones, miembros de colectivos de la sociedad civil,
entre otros.
NIVEL TÉCNICO:
Conformación de equipos de trabajo técnico
Cualquier actividad de control social debe estar soportada en equipos de trabajo que se
encarguen de recopilar y procesar la información, de producir análisis e informes que sirvan para la
toma de decisiones.
En la modalidad de control social con acompañamiento cercano al proceso, inclusive, es necesario
nombrar al menos una persona delegada para que asista a las sesiones de carácter público, e
informe desde el sitio mismo donde suceden los hechos cada uno de los acontecimientos, lo cual
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implica muchas veces una convivencia con los actores directos durante el período en que se
desarrolla el proceso de designación.
Existen veedurías que han realizado un trabajo paralelo al institucional, y han sacado sus propios
resultados adelantándose a la institución responsable, información que al ser divulgada permite
contrastar con la producida por la institución pública, colaborando con ello a reducir el nivel de
discrecionalidad de los funcionarios públicos. Esta actividad en los procesos de selección
mediante concurso público de oposición y méritos, demanda contar con equipos más amplios.
En todo caso, dependiendo la magnitud de la tarea que se deriva del país de que se trate, se
requieren equipos multidisciplinarios que realicen el seguimiento, el análisis, la comunicación, el
manejo de herramientas tecnológicas, el archivo físico de la información así como su digitalización
que por un lado facilita el acceso de la población a la misma y asegura su conservación de por
vida, etc.
Planificación de la ejecución de la actividad
Todas las actividades anteriores son decisiones que la Plataforma debe adoptar en un nivel
político en el que se definen las directrices y los lineamientos macro, no obstante, los equipos de
trabajo deben desarrollar una planificación más detallada en que se desagreguen hasta un nivel de
metas y actividades, y esto, en varios ejes como el acceso a la información, el seguimiento del
proceso, las actividades de incidencia, comunicación, alianzas estratégicas, etc.
Estrategia de comunicación
Cuando en párrafos anteriores se abordaron las vocerías que debían ser nombradas por la
Plataforma ciudadana, se tocó un tema importante para el proceso de control social que es la
comunicación porque a través de ella se amplifican los resultados encontrados en la iniciativa de
control, difusión que puede contribuir a generar presión desde la opinión pública permitiendo
reducir niveles de discrecionalidad en los funcionarios públicos y desincentivar prácticas que se
alejen los parámetros propuestos, sin descuidar que también sirve para incentivar los adecuados
comportamientos a través del reconocimiento de la institución controlada. Por esto la
comunicación debe estar presente de manera transversal durante todo el proceso, y cada vez que
se cuente con resultados de la investigación y del control social, deben salir a la sociedad.
Por otra parte, los medios de comunicación son una de las más importantes alianzas estratégicas
que hay que promover, pues pueden constituirse en el complemento perfecto para lograr el
objetivo propuesto, en tanto, a la plataforma de control social le interesa que sus reportes e
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informes se hagan públicos, y, por su lado, a los medios de comunicación les interesa generar
noticias. En ese sentido, puede actuarse en una suerte de simbiosis que les permita obtener
beneficio mutuo y a la vez cumplir con sus objetivos individuales.
Resultan muy útiles hacer alianzas con las asociaciones de medios de comunicación escrita, radio
y televisión, así como con los gremios de profesionales de la comunicación porque puede
constituirse en un mecanismo multiplicador del mensaje.
No obstante cabe aclarar que la comunicación no solo se refiere a los medios de comunicación
tradicionales sino también a las nuevas formas de hacerlo lo cual incluye las redes sociales, y cada
ámbito debe ser atendido con la especialidad del caso.
Análisis de la normativa que rige cada proceso de designación
Un primer paso imprescindible es conocer la normativa que rige el proceso de designación de la
autoridad de que se trate. Partiendo de la Constitución, siguiendo por las leyes especiales de la
institución cuya autoridad se designará u otras conexas, o lo que al respecto señalan las normas
parlamentarias, o, las que correspondan a la función de designar, al igual que reglamentos u otras
de menor jerarquía relacionadas. En ese sentido es necesario recopilar y analizar las normas y
desarrollar una fase de socialización con el equipo de trabajo de tal manera que exista unidad de
criterio en su comprensión e interpretación, generando debates sobre puntos controversiales o de
contradicción previamente a actuar y durante todo el proceso de designación.
El análisis de la normativa debe versar especialmente sobre los puntos neurálgicos del control, por
ejemplo, requisitos que deben cumplir los postulantes o nominados, prohibiciones en las que no
deben incurrir, competencia de las autoridades nominadoras, funciones y atribuciones que poseen
los actores del proceso de designación, método de designación, entre otros aspectos que otorgue
al veedor conocimiento pleno de los asuntos que debe controlar durante todo el proceso y a partir
de los cuales debe elaborar su criterio para juzgar si lo actuado es correcto o incorrecto.
En esta fase también es importante identificar los límites y alcances para el control social con los
que puede encontrarse la iniciativa ciudadana de control social, mismos que están dados en las
normativas internas de cada país, habiendo unas que las contemplan de modo explícito y otras en
las obligatoriamente nos remiten a otras las leyes siendo las de transparencia y acceso a la
información las más cercanas al propósito.
Leyes de transparencia y acceso a la información
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MÉXICO HONDURAS ARGENTINA
Tiene por objeto establecer
los principios, bases
generales y procedimientos
para garantizar el derecho
de acceso a la información
en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y
organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos,
fideicomisos y fondos
públicos, así como de
cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba
y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad de
la Federación, las Entidades
Federativas y los municipios.
Ley de orden público e
interés social. Tiene por
finalidad el desarrollo y
ejecución de la política
nacional de transparencia,
así como el ejercicio del
derecho de toda persona al
acceso a la información
pública para el
fortalecimiento del Estado
de Derecho y consolidación
de la democracia mediante
la participación ciudadana
para garantizar y
participar en la gestión de
los asuntos públicos;
promover la utilización
eficiente de los recursos del
Estado; hacer efectiva la
transparencia en el ejercicio
de las funciones públicas y
en las relaciones del Estado
con los particulares;
Combatir la corrupción y la
ilegalidad de los actos del
Estado.
Ley que tiene por objeto
garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la
información pública
fundada en los principios de
presunción de publicidad,
transparencia y máxima
divulgación, Informalismo,
máximo acceso, apertura,
disociación, no
discriminación, máxima
premura, gratuidad, control,
responsabilidad, In dubio pro
petitor, facilitación y
Buena fe para garantizar que
los sujetos obligados
cumplan los fines
perseguidos por el derecho
de acceso, brinden los
medios de asistencia
necesarios a los solicitantes,
promuevan la cultura de
transparencia y actúen con
diligencia, profesionalidad y
lealtad institucional.
Fuentes de consulta: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto Ejecutivo,
Presidencia Enrique Peña Nieto, Capitulo I, Disposiciones Generales. Diario Oficial de la Nación;
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras, Capitulo I,
Disposiciones Generales, Diario Oficial La Gaceta; Ley 27275 Derecho de Acceso a la Información Pública
Argentina, Capitulo I, Objeto Excepciones y Alcances, Boletín Oficial del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
En el caso ecuatoriano, por ejemplo, se contempla a nivel constitucional que los procesos de
selección de autoridades por concurso de oposición y méritos, esto es, Defensor/a del Pueblo,
Defensor/a Público/a, Fiscal General del Estado, Contralor/a General del Estado, miembros del
Consejo Nacional Electoral, jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, deben estar
sometidos a veedurías ciudadanas durante todo el proceso, y los postulantes a una fase de
impugnación y escrutinio público, fase a la cual también están sometidas las personas propuestas
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en las ternas enviadas por el Presidente de la República para la designación de Procurador/a
General del Estado y siete Superintendentes/as; y, el Consejo de la Judicatura que se conforma por
la delegación proveniente de un integrante de cinco instituciones: Asamblea Nacional, Presidencia
de la República, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.
ECUADOR
Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
además de los previstos en la ley:
11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía
General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección
correspondiente.
12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y
Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.
Art. 209.- Para cumplir sus funciones de designación el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las encargadas de
llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso público de oposición y méritos con
postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana.
Fuente: Constitución de la República del Ecuador, artículos 208 y 209.
Además de la ley de transparencia y acceso a la información, Ecuador tiene contempladas normas
de publicidad y acceso a la información en las reglas de los concursos de oposición y méritos,
porque toda esa información se considera pública, de tal manera que por norma reglamentaria la
instancia seleccionadora está obligada a publicar en su página web todas las convocatorias a las
sesiones, las resoluciones que adopte, las hojas de vida de todos los postulantes, las
puntuaciones, los reclamos, en fin, lo cual facilita la actividad de control social.
Si bien esto no se ha cumplido a cabalidad en el ejercicio de la actividad de designación, el solo
hecho de contar con norma, permite a quien realiza el control social, reclamarlo y pedir que la
información se haga pública.
Registro o presentación de la iniciativa de control social
Algunos países han regulado que las actividades de vigilancia y control social puedan ser
registradas ante la misma entidad que va a ser controlada o ante otra, lo cual no debe constituir
una dependencia de dicha entidad, y si bien esa práctica puede ser considerada contraria a la
autonomía plena de que debe gozar la participación ciudadana y el control social, es un aspecto a
considerar.
De todas maneras siempre debe existir una comunicación formal a la institución controlada para
que conozca plenamente de la actividad a realizarse, así una vez conformada la Plataforma de
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Control Social debe hacerse saber de la iniciativa, sus objetivos, sus metas, su forma de
funcionamiento, inclusive los requerimientos, siendo uno de ellos el acceso a la información para
el cabal desempeño de la actividad.
Establecimiento de parámetros mínimos de control
Independientemente de lo que la normativa diga y que generalmente tiene que ver con los
requisitos que deben cumplir los postulantes o nominados, así como con las prohibiciones en las
cuales no deben incurrir, deben establecerse los parámetros que rigen el control social, desde la
plataforma ciudadana, pues, si bien la acción de control puede ceñirse estrictamente a lo
establecido en las normas, también puede ampliarse hacia otros requisitos que pueden revestir de
mayor idoneidad a la autoridad a designar, o, pueden determinarse con mayor detalle cada uno de
los requisitos o prohibiciones que facilitan tomar decisiones al momento de enfrentarse a los
casos concretos.
En términos generales, en la región, existen algunas similitudes constitucionales con respecto de
los requisitos y de las prohibiciones de quienes podrían y no podrían ser autoridades de las
principales instituciones del Estado, matices que a su vez constituyen diferencias.
Con el objeto de ejemplificar, se han tomado indistintamente algunas prohibiciones que deben ser
atendidas por los postulantes a altas funciones del Estado en varios países de América Latina. Y, si
bien no son aplicables literalmente a todos los países, con variaciones, en general están presentes
en la mayoría de legislaciones. Las prohibiciones buscan impedir relaciones de parentesco del
postulante o nominado con el presidente de la República o con la autoridad proponente
(parlamento u otro), estableciendo generalmente un rango entre el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad; o castigan a la persona que haya tenido un pasado judicial
que signifique condena y sanción penal con prisión, en unos casos no se establece base de la
pena, con lo cual puede quedar inhabilitado la persona que haya sido juzgada y condenada por
cualquier delito común, o, en otros casos
se pone una base de la sanción, por
ejemplo, más de un año de prisión, o en
otros se impide que pueda ser nominado
quien haya cometido ciertos delitos como
cohecho, concusión, peculado, etc., es
decir delitos en contra de la transparencia
en el manejo de recursos públicos, entre
otras variaciones; con el ánimo de
18

garantizar independencia, algunas legislaciones prohíben designar autoridades de instituciones a
quienes hayan ocupado puestos directivos en partidos políticos hasta cuatro años antes de la
fecha de la designación, tiempo que varía en otras legislaciones hacia dos o menos, pero en otros
casos, está prohibido inclusive el solo ser afiliado a una organización política; constituye
prohibición también haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del servicio notarial por
resolución judicial en firme; o no pueden ocupar este tipo de cargos quienes mantengan deudas
derivadas de sentencias judiciales, lo cual incluye ser deudor alimentario moroso, para lo cual
algunos países cuentan con un registro de deudores judiciales morosos; tampoco pueden
participar quienes se encuentren en estado de quiebra culposa o fraudulenta. La edad es otro
parámetro que establecen las legislaciones, prohibiendo en algunas de ellas a las personas
mayores de setenta y cinco años al día de la designación; o, en términos de salud, algunas
legislaciones contemplan la obligación de no presentar discapacidad mental, física o sensorial que
le imposibilite a la persona cumplir con sus funciones, aspecto que debe estar debidamente
acreditado; el ser militar en servicio activo o, siéndolo, no haber renunciado por lo menos doce
meses antes de la elección, es otra prohibición. Entre otra serie de casos que restringen la
postulación o la nominación y que se entiende buscan que la autoridad a ser designada cumpla
con requisitos de carácter físico, psicológico, intelectual y ético que exige el desempeño de una
alta función del Estado.
Por otro lado, los requisitos “en positivo” tienen tres dimensiones, una primera relacionada con
aspectos básicos como edad, estar en
goce de derechos de ciudadanía,
vinculación con el país por nacionalidad,
etc. una segunda, relativa a los temas de
formación académica, especialización,
experiencia que en varios casos puede
establecer una base en años, y finalmente
una tercera dimensión relacionada con
aspectos más subjetivos pero
indispensables en el propósito:
reconocida honorabilidad, idoneidad,
probidad notoria, buena reputación,
integridad e independencia, cuya
denominación aparece inclusive con expresiones tales como “tener conducta intachable” o
“reconocida solvencia moral”.
19

A manera de ejemplo, copiamos un conjunto de casos sobre requisitos establecidos en las
legislaciones de varios países:
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (MEXICO)
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (PERÚ)
Para ser electo ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, se necesita ser ciudadano
mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles; tener cuando menos
treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación; poseer el día de la designación, con
antigüedad mínima de diez años, título profesional de
licenciado en derecho, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello; gozar de
buena reputación y no haber sido condenado por
delito que amerite pena corporal de más de un año de
prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto público,
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la
pena.
Haber residido en el país durante los dos años
anteriores al día de la designación; y no haber sido
Secretario de Estado, Procurador General de la
República o de Justicia del Distrito Federal, senador,
diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe
del Distrito Federal, durante el año previo al día de su
nombramiento.
Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y
cinco años ni mayores de setenta. No pueden
ocupar otra función pública excepto la docencia a
tiempo parcial. No pueden ser candidatos a cargos
de elección popular. No pueden ser ciudadanos
que desempeñen cargos con carácter nacional en
las organizaciones políticas o que los hayan
desempeñado al menos durante cuatro años
anteriores a su postulación.
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES (COSTA RICA) CONSEJO SUPREMO ELECTORAL (NICARAGUA)
Podrá ser nombrado Defensor de los Habitantes de la
República, el costarricense que se encuentre en el
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que sea
mayor de treinta años, con solvencia moral y
profesional de prestigio reconocidos. El cargo de
Defensor de los Habitantes de la República es
incompatible con cualquier otro cargo, público o
privado, que no sea docencia o la investigación
universitarias. Que no participe en actividades
político-partidistas
Para ser Magistrado del Consejo Supremo Electoral
se requiere de las siguientes calidades: ser nacional
de Nicaragua; estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos y haber cumplido veinticinco años
de edad.
20

FISCALÍA DE LA NACIÓN (PERÚ) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (COLOMBIA)
Ser peruano de nacimiento; tener el pleno ejercicio de
la ciudadanía y los derechos civiles; tener título de
abogado expedido o revalidado conforme a ley, así
como encontrarse hábil en el ejercicio profesional; no
haber sido condenado ni haber sido pasible de una
sentencia con reserva de fallo condenatorio por la
comisión de un delito doloso ni encontrarse dentro
del Registro de Deudores Judiciales Morosos. La
rehabilitación, luego de cumplida una sentencia
condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera
fiscal. No encontrarse en estado de quiebra culposa o
fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso; no
presentar discapacidad mental, física o sensorial
debidamente acreditada, que lo imposibilite a cumplir
con sus funciones; no tener afiliación vigente en
ningún partido político.
Para ser Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia se requiere: ser colombiano de nacimiento
y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber
sido condenado por sentencia judicial a pena
privativa de la libertad, excepto por delitos
políticos o culposos y; haber desempeñado,
durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en
el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen
crédito, por el mismo tiempo, la profesión de
abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas
jurídicas en establecimientos reconocidos
oficialmente.
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (ECUADOR) CONTRALORÍA GENERAL (COLOMBIA)
Ser ecuatoriana o ecuatoriano, tener más de 18 años,
no ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad del presidente o vicepresidente de la
República, además estar exento de contratos con el
Estado. Haber ejercido con probidad notoria la
profesión o la cátedra universitaria por un lapso
mínimo de quince años y cumplir los demás requisitos
de idoneidad que fije la ley.
Se requiere ser colombiano de nacimiento y en
ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de
edad; tener título universitario; o haber sido
profesor universitario durante un tiempo no menor
de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que
exija la ley.
No podrá ser elegido Contralor General quien sea o
haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo
público alguno del orden nacional, salvo la
docencia, en el año inmediatamente anterior a la
elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya
sido condenado a pena de prisión por delitos
comunes. En ningún caso podrán intervenir en la
postulación o elección del Contralor
personas que se hallen dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil o legal respecto de los candidatos.
Esos son los requisitos que ponen las legislaciones latinoamericanas, no obstante pueden existir
otros que se impulsa desde la ciudadanía como la paridad entre hombres y mujeres; no tener
conflicto de intereses con el cargo que va a ocupar, no tener relación política directa con el
gobierno de turno porque si bien existe prohibición de no tener relación familiar, hay que cuidar
que quienes se postulan para instancias como el poder judicial o las cortes constitucionales, vale
21

revisar que los postulantes no provengan de tener cargos anteriores con el partido de gobierno u
otras vinculaciones que pueden poner en cuestión su independencia cuando ejerzan las delicadas
funciones a cargo de esas instituciones.
Con los parámetros mínimos de control deben realizarse matrices para la verificación de su
cumplimiento e incumplimiento bajo un método de fácil uso y condensación de la información.
Mapa de actores
El mapa de actores es fundamental en tanto es una herramienta que permite representar la
realidad en la cual se está inmerso durante la ejecución de la iniciativa de control social en cuyo
marco es posible visualizar las relaciones que existen entre los protagonistas del proceso
controlado, permitiendo comprender mejor el contexto, en su extensión y en su complejidad.
Son esquemas que ayudan identificar a los sujetos, sus intereses, su posición frente al tema
objetivo, los actores que influencian sobre ellos, entre otros aspectos, que permiten conocer
quiénes son los afines y quiénes los opuestos; quién presiona y por qué; la capacidad de
influenciar las acciones de otros; quién es escuchado y quién no; quienes tienen mayor fuerza y
poder; quiénes son los más vulnerables, y otra serie de interrogantes que pueden plantearse
según el caso.
Por lo tanto, se trata de una herramienta que permite sintetizar la realidad sin embargo no hay
que perder de vista que la realidad es cambiante, y que el rol y funciones de determinados actores
pueden modificarse, ya sea por la presencia de nuevos actores, por cambios en el contexto, o
simplemente por cambios en el propio actor, lo cual debe ser actualizado constantemente.
A continuación se establece un punteo de actividades previas a la creación del mapa de actores
para que este nos brinde la mayor efectividad en el análisis de la iniciativa;
1. Elaborar matriz en la que se establezca por ejemplo: tipo de actor, recursos, influencia,
posición a favor o en contra, etc.
2. Enlistar y clasificar actores
3. Identificar funciones de cada actor
4. Análisis de los actores por nivel de poder, influencia, relaciones de confianza y de conflicto
5. Reconocimiento de las relaciones entre actores: fuerte coordinación, débil nivel de
conflicto, etc.
22

Con estos parámetros el mapa de actores contribuye a comprender con la mayor objetividad
posible la realidad, tomar decisiones y determinar acciones antes, durante y después de la
ejecución de la iniciativa ciudadana de control.
Recopilación de información
Iniciado el proceso, una tarea indispensable es la recopilación de las hojas de vida de los
nominados/as, y no solamente aquella que formalmente se ha presentado, sino la que se logre de
investigar sobre las diferentes fases de la vida de cada candidato o candidata, para lo cual el
internet es una herramienta indispensable pero no la única.
También debe recopilarse información sobre los nominadores, pues de las hojas de vida de
quienes tienen a su cargo la nominación y la designación pueden aparecer relaciones entre
nominadores y nominados que atenten a los principios que se defiende con el control social como
independencia y que no existan relaciones prohibidas por los requisitos formales o por lo que se
impongan para el proceso de vigilancia.
Cuando el acceso a la información se restringe por parte de las autoridades, lo cual generalmente
sucede en los gobiernos de tinte autoritario, se ha dicho que se puede acudir a las leyes de acceso
a la información como mecanismo para requerirla, sin embargo, en algunas ocasiones inclusive
esta vía resulta inefectiva, ante lo cual cabe realizar alianzas estratégicas con legisladores o
legisladoras ya que los Parlamentos en la mayoría de casos cuentan con la atribución de requerir
información.
Procesamiento de la información
Dependiendo de la forma de designación corresponde realizar las matrices de análisis de la
información, el procesamiento de datos y la extracción de las novedades para los informes
respectivos, hacemos una aproximación de lo que correspondería en cada caso.
En los casos de designación mediante ternas, o designación directa del Parlamento, o,
designación desde el Ejecutivo con ratificación del legislativo, o, de designación directa de varias
instituciones del Estado, o, los sistemas de cooptación, no dan mucho tiempo porque tardan
entre lo que el proponente envía la terna y lo que el ente nominador decide, a menos que se
encuentre legislado que se abran espacios de opinión y debate sobre los nombres propuestos, en
todo caso, son los procesos más ligeros y en ese corto tiempo debe contarse con el equipo
suficiente para procesar la información según los parámetros previamente definidos, y profundizar
23

en investigar otros aspectos relativos a los postulantes, que es donde muchas veces se
encuentran los aspectos más relevantes y que los propios postulantes en algunas ocasiones
deliberadamente no los incorporan en su hoja de vida, porque genera conflictos con los principios
que se están vigilando: relaciones con el poder, falta de independencia, probidad notoria,
idoneidad, etc.
Las designaciones mediante convocatoria pública o concurso público de oposición y méritos
tienen un proceso más largo porque pasa por la postulación ciudadana o la autopostulación,
hecho que ya es público. En este caso, el trabajo exige mucho más detalle, porque al menos en el
caso de los concursos debe realizarse el proceso de calificación paralelo, tomando en cuenta la
normativa aprobada para el efecto, de tal manera que mediante el control social la ciudadanía
pueda conocer los resultados de una calificación objetiva libre de las presiones políticas que
recaen sobre las instituciones nominadoras.
Una vez procesada la información deben determinarse los aspectos que deben ser informados o
denunciados públicamente.
Dependiendo del carácter de la veeduría y de los alcances acordados entre los integrantes de la
Plataforma las denuncias pueden tener varios niveles: el de la denuncia pública que es hacer
conocer las inconsistencias o hechos anómalos a la ciudadanía en general a través de los medios
de comunicación, o en casos extremos, inclusive acudir formalmente ante autoridades
competentes como Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado u otros con
denuncias formales para que se realicen investigaciones sobre los hechos detectados.
Generación de informes
Los informes también dependen del tipo de proceso que se enfrente. En los casos que no se tiene
mucho tiempo los resultados deben ir saliendo de modo inmediato a la par que se va procesando
la información y deben contener básicamente el análisis de cumplimiento e incumplimiento de los
parámetros que se delimitaron como objeto de la actividad de control social, además de revisar si
se cumplen los procedimientos diseñados para la designación.
En los casos de concursos de oposición y méritos o los de convocatoria abierta al ser más largos
los procesos los informes pueden salir periódicamente y según cada una de las fases que forman
parte del proceso: convocatoria, postulación, calificación, oposición, impugnación, etc. y en cada
uno de ellas se determinarán los aspectos que se han ejecutado conforme a las reglas del juego y
puntualizando, de existir, anomalías.
24

CONCLUSIÓN
En los contextos políticos que viven los países de América Latina en los que, en los últimos años,
ha transitado por varios de ellos la amenaza de instalarse gobiernos autoritarios, el control social a
la designación de autoridades de organismos de control y sector justicia se torna una necesidad
que debe ser impulsada con el objeto de resguardar las premisas democráticas de independencia
de funciones, pesos y contrapesos, que permitan mejorar la democracia en los países que no han
vivido esta amenaza, y, evitar que prosperen los modelos autoritarios en donde dicha amenaza sí
ha existido.
En este sentido esta cartilla aborda la ruta a seguir para realizar control social a las designaciones
de autoridades de control y judiciales propendiendo a la selección de los mejores ciudadanos y
ciudadanas, haciendo seguimiento a los procesos que están regulados por cada país, en términos
de los entes nominadores, sus atribuciones, sus limitaciones y de los entes encargados de la
designación. La cartilla da pautas generales de cómo realizar dicho control social, en tanto las
realidades en la región son múltiples y deben ser adaptadas a cada caso.
La combinación del trabajo técnico con el político en el control social puede constituir un aporte
cualitativo a la conservación y mejoramiento de nuestras democracias.
ANEXOS
Se anexan fichas de datos sobre reglas para designación de cortes de justicia, organismos
electorales, Procuradurías de la Nación o del Estado, Contralorías o jueces de cuentas, Fiscalías de
la Nación o del Estado, Defensores del Pueblo, en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Nicaragua, Perú.
25

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