El documento discute la próxima visita del Presidente Obama a México y sugiere que debe incluir la libertad de expresión y protección a periodistas en la agenda bilateral. México es uno de los países más peligrosos para periodistas debido a la violencia relacionada con la guerra contra las drogas. Aunque México ha tomado iniciativas para proteger a periodistas, se necesitan más medidas urgentes para defender la libertad de expresión.

1. POLICY BRIEF
Visita del Presidente Obama a México:
No se olvide de la libertad de expresión, señor Presidente
Libertad de expresión y protección a periodistas también tienen que estar en
la agenda.
Resumen
En su próxima visita a México el 2 de Mayo, el Presidente de Estados
Unidos, Barack Obama busca consolidar una agenda bilateral amplia,
desplazando a la seguridad con temas mucho más positivos como las
relaciones comerciales y energéticas. Si bien esto es de beneficio
mutuo, el Presidente Obama no puede ignorar las consecuencias de la
lucha contra el crimen organizado y las drogas, que Estados Unidos ha
apoyado fervientemente.
Además de la escandalosa cifra de más de 60 mil víctimas en los últimos
6 años, México es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para
ejercer el periodismo. El silencio y autocensura en que está sumida la
prensa mantiene en la oscuridad a los criminales, genera impunidad y
reproduce el ciclo de violencia. Con una prensa en silencio, las bases
mismas de la democracia están en tela de juicio.
Recientemente México ha tomado una serie de iniciativas para intentar
combatir los ataques a la prensa. El viaje de Obama debiera servir como
un espaldarazo a los avances hechos y tender una mano en la
implementación de otras medidas indispensables y urgentes para
defender la libertad de expresión.
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Por: Mariclaire Acosta, directora del proyecto México de FreedomHouse.
Viviana Giacaman, directora del Programa América Latina de
FreedomHouse.
La próxima visita del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama a México,
la primera visita internacional en su segundo mandato de gobierno, muestra
la importancia que las relaciones bilaterales con el vecino del sur tienen para
la administración estadounidense. Luego que Estados Unidos colmara la
agenda con temas de seguridad a través del Plan Mérida y otras iniciativas, la
intención del gobierno de Obama es ampliar el espectro de conversaciones e
incluir asuntos mucho más positivos y de miras al futuro como las relaciones
comerciales y energéticas.
Hace bien el Presidente Obama proponiendo una agenda amplia de interés
mutuo. Sin embargo, la política de seguridad, en la que Estados Unidos ha
entregado aproximadamente 2 mil millones de dólares a México, ha traído
consecuencias tales que el Presidente Obama simplemente no puede ignorar
sus resultados. A una escandalosa cantidad de víctimas, cercana a las 60 mil
personas, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo están
secuestrados por la espiral de violencia y amenazan con socavar las bases
mismas de la democracia. Por sus graves repercusiones sobre la

2. gobernabilidad democrática y la estabilidad, el Presidente Obama debe hacer
eco de esta problemática y situarla en un rol relevante dentro de la agenda
bilateral.
Las agresiones a periodistas y medios de comunicación en México se han
incrementado desde el año 2000 a la fecha de manera proporcional a la
violencia que se ha registrado en las calles, convirtiendo a ese país en uno de
los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el mundo.
Si bien las estadísticas no son precisas debido a la dificultad para acceder a la
informacióny al silencio de las víctimas y familiares que desconfían de las
autoridades, cifras oficiales proporcionadas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), en los últimos doce añosse contabilizaron 82
homicidios de periodistas, 18 desapariciones y 33 atentados a medios de
comunicación. En 2012, hubo 8 asesinatos (6 de ellos en Veracruz) y 4
desapariciones de periodistas (la mitad en Veracruz). La violencia contra la
prensa creció en un 20% en el último año, de acuerdo a las cifras de la
organización internacional de libertad de prensa Artículo 19. El Comité para
la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York señala que ningún
país del mundo tiene tantos periodistas desparecidos como México. Sus cifras
son más conservadoras que las de la CNDH ya que registra 12 desapariciones
en los últimos dos sexenios.
Según registros de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de
Noticias, WAN-IFRA, en lo que va del año 2013, ya se registraron 6
agresiones físicas, 5 secuestros, 5 ataques a medios de comunicación y 1
homicidio en el país. Además, el Diario Zócalo de Coahuila anunció que
dejaría de cubrir información relacionada con los cárteles por las amenazas
recibidas, y el autor del blog “Valor por Tamaulipas” tomó la decisión de
dejar de informar a la ciudadanía sobre enfrentamientos entre delincuentes,
y entre éstos y autoridades en la ciudad, porque grupos de la delincuencia
organizada ofrecieron una recompensa a quien diera información para
encontrarlo.
Los casos más graves como asesinatos y desapariciones provienen en su
mayor parte del crimen organizado y la impunidad en estos casos supera el
80% de los casos. Sin embargo, los estudios revelan que las autoridades,
tanto Federales, Estatales como localestambién tienen responsabilidad en
agresiones menores. Artículo 19, registra un aumento en el número de este
tipo de agresiones a periodistas en los últimos años. Mientras entre 2009 y
2011 la organización contabilizó 303 agresiones, 207 fueron registradas sólo
en 2012. Las víctimas atribuyen el 44% de ellas a autoridades de los tres
niveles de gobierno.
Frente a las varias docenas de miles de víctimas de homicidio y desaparición
como resultado de la “guerra a las drogas” la cantidad de periodistas e
informadores asesinados o desaparecidos podría parecer, a primera vista, de
poca monta. Sin embargo, además de tratarse de vidas humanas, la violencia
contra periodistas e informadores tiene el efecto pernicioso de atentar contra
derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo la libertad de
expresión, fundamental para la convivencia civilizada; el derecho a la

3. información, vital para asegurar la gobernabilidad democrática y la
seguridad de las personas, requisito fundamental para la paz.
La autocensura ha sido una respuesta común de los periodistas y
comunicadores ante la amenaza de la violencia y muchos estados se han
transformado en “hoyos negros” informativos, donde ya no se publica
información relativa a la violencia. Las consecuencias del silencio son graves,
ya que contribuye a perpetuar la impunidad de los delitos y a la creación de
una ciudadanía desinformada, y por lo tanto débile imposibilitada para
ejercer sus derechos. Dos informes de la Fundación Mexicana para el
Periodismo de Investigación (MEPI), constataron en 2010 y 2011 que en la
medida que crecía la violencia en 14 estados de la República, disminuía la
cobertura informativa de los periódicos hasta más del 50%. La situación es
tal que en 2011 sólo dos periódicos en dos estados de los 14 estudiados,
pudieron publicar y dar seguimiento a información relacionada con violencia,
proveer contexto o dar nombres de víctimas. El resto se sumió en el silencio.
Estos desafíos para el ejercicio de la libertad de expresión no sólo alcanzan a
periodistas y medios de comunicación tradicionales: la censura y la represión
comienzan a atacar también a los usuarios de las redes sociales.
Microsoft Research publicó recientemente un estudio sobre el
comportamiento de los ciudadanos comunes y corrientes que informan en
Twitter o Facebook, también llamados periodistas ciudadanos, desde lugares
como Tamaulipas, Monterrey o Coahuila donde existe vacío informativo
respecto de temas de violencia o crimen organizado. Los periodistas
ciudadanos participantes del estudio expresaron frustración por la
debilidad de los medios de comunicación con relación al tema de la violencia.
La investigación de Microsoft concluye que son estos ciudadanos en redes
socialeslos que informan, confirman, comentan y difunden información
acerca de la violencia existente en sus comunidades. Sin embargo, el costo de
dicho reportaje fue muy alto: al final del 2011, 4 reporteros fueron
asesinados en Nuevo Laredo, dos de ellos colgados de un puente y dos
decapitados.
Los periodistas civiles también han sido víctimas de intimidación y ataques.
A fines de 2012 FreedomHouse y el Centro Internacional de Periodistas
realizaron un sondeo sobre seguridad digital entre periodistas y twitteros en
20 estados. Entre los hallazgos se encuentra que el espionaje cibernético y el
“crackeo” de cuentas de correo electrónico son riesgos habituales en su
trabajo. El informe también revela que el 70% de las 103 personas
consultadas han sido atacados por su trabajo y que el 96% conoce a alguien
que ha sido víctima de agresiones.
Iniciativas en defensa de la libertad de expresión
Tanto el Estado como la sociedad civil han respondido a los desafíos de la
violencia contra la prensa con una serie de iniciativas que incluyen:
Primero, la creación de un mecanismo estatal de protección a periodistas en
riesgo. El Mecanismo –creado por la Ley de Protección a Periodistas y
Personas Defensoras de Derechos Humanos (LPPPDDH), aprobada en junio

4. de 2012— debe analizar casos de periodistas o defensores de derechos
humanos en situación de vulnerabilidad y proveer protección para
salvaguardar la vida e integridad de aquellos que se encuentren en riesgo. El
reglamento que permite la operatividad de este mecanismo sufrió retrasos y
sólo fue aprobado el 30 de noviembre del 2012.
Hasta la fecha el mecanismo ha tenido dificultades para cumplir con su rol.
Según diversas fuentes, los casos que llegan al Mecanismo no tienen
suficiente personal calificado para ser analizados, por lo que los expedientes
han comenzado a quedar rezagados. Además, parte importante de los
recursos económicos asignados para su funcionamiento no pueden utilizarse,
pues el Fideicomiso en el que se concentran aún no cuenta con los criterios y
lineamientos que son requisito de la Secretaría de Hacienda para su
operación. Por último, hay poca información sobre los procedimientos para
acceder al mecanismo: las organizaciones de la sociedad civil, por un lado, no
tienen claro cómo hacerlo y, por el otro, aún no tienen confianza ni en el
Mecanismo, ni en las autoridades que lo operan.
Segundo, la reforma al Artículo 73-XXI de la Constitución, publicada
oficialmente el 25 de junio de 2012, que faculta a las autoridades federales
para atraer y conocer casos de agresiones en contra de periodistas sucedidos
en el ámbito local. Al ser una reforma a la Constitución, ésta requiere que se
reformen leyes secundarias para poder operar. Estas reformas fueron
aprobadas por el pleno del Senado, recién el 11 de abril de 2013.Es necesario
que ésta se apruebe en la Cámara de Diputados y, posteriormente, sea
publicada por el Presidente de la República para hacerse efectiva.
La tercera es la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos contra la Libertad
de Expresión (FEADLE), creada en 2010 y que está adscrita a la Procuraduría
General de la República. Si bien esta es una buena iniciativa, que ha mostrado
algunos resultados en sus años de funcionamiento, la PGR está inmersa
actualmente en un proceso de reestructuración, y por tanto la permanencia,
capacidad de operación y efectividad de la FEADLE es incierta.
La cuarta iniciativa está aún pendiente y corresponde al fortalecimiento de
una instancia especializada al interior de la Procuraduría General de la
República (PGR) que se encargue de conocer todos los casos contra la
libertad de expresión, tanto federales, como los de nivel local. Dicha instancia
debe contar con autonomía plena, facultades suficientes, presupuesto y
personal calificado para llevar a cabo estas funciones de manera eficaz.
La sociedad civil ha sido muy activa en generar instancias de discusión,
diálogo y de elaboración de propuestas concretas tendientes a mejorar la
situación de vulnerabilidad de los periodistas y de la libertad de expresión.
Entre otras actividades, desde inicios de 2012 FreedomHouse convocó a
organizaciones de la sociedad civil, autoridades de gobierno, así como a la
Oficina México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) a conformar un grupo de trabajo para fortalecer a las
instituciones del Estado a fin de que cumplan con su obligación de proteger
la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Durante este tiempo el grupo

5. se avocó al fortalecimiento de un mecanismo de protección para defensores y
periodistas en riesgo, alojado en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que
antecedió a la LPPPDDH así como al combate a la impunidad mediante la
estrecha colaboración con la FEADLE.
Si bien estas instancias han sido fundamentales para el avance de iniciativas
gubernamentales de protección, aún hay un largo camino por recorrer en la
defensa de la libertad de expresión y la integridad de los periodistas.
FreedomHouse ofrece aquí una serie de recomendaciones, tanto para el
gobierno mexicano como para el Presidente Obama que pueden contribuir en
esa dirección.
Recomendaciones para el Presidente Obama en su visita a
México:
Inclusión de la violencia contra periodistas y comunicadores como
tema fundamental de la agenda de conversaciones durante la visita a
México. FreedomHouse considera que la exclusión de temas relacionados
con la grave y frágil situación de libertad de expresión en México da una
señal negativa a actores mexicanos, incluidas instancias gubernamentales,
sociedad civil y los propios periodistas, que ven en el apoyo de Estados
Unidos una contribución importante para mejorar su situación.
Mantener abiertos canales formales y permanentes de diálogo bilateral
sobre temas de derechos humanos y expansión de estas iniciativas. Los
gobiernos de Estados Unidos y México retomaron en Marzo una plataforma
de diálogo bilateral sobre temas de derechos humanos (U.S.-Mexico Bilateral
Human Rights Dialogue), en que participó la Subsecretaria de Estado Roberta
Jacobson y otras figuras de alto nivel. FreedomHouse recomienda a ambos
gobiernos mantener abierto este canal de comunicación, incluir de temas
relacionados con la libertad de expresión en la agenda, y abrir este diálogo a
la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Recomendaciones al Gobierno de México:
Fortalecimiento del Mecanismo de Protección:Para mostrar un
compromiso con la protección a los periodistas en riesgo, es necesario
instruir a las autoridades encargadas a generar los lineamientos y normativa
necesaria para abrir el Fideicomiso que permita operar el Mecanismo de
Protección. Asimismo, es necesario fortalecer y contar con los recursos
humanos suficientes para analizar los casos de periodistas y defensores en
riesgo y así agilizar el proceso.
Abrir y mantener los canales de comunicación con la sociedad civil:
Cualquier política y programa de protección nacional debe incluir a la gente

6. que pretende servir. Por tanto, la comunicación abierta con las
organizaciones de la sociedad civil mexicanas necesita mantenerse para
continuar el diálogo sobre la protección de periodistas y libertad de
expresión. La comunicación continua asegurará la transparencia y
responsabilidad del mecanismo de protección lo que, a cambio, generará
mayor confianza en el gobierno.
Aprobación de las Leyes Secundarias de la Reforma al Artículo 73-XXI:
Para lograr abatir la impunidad y generar un ambiente de justicia, es
necesario lograrsupronta promulgación por el Presidente de la República.
Fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos contra
la Libertad de Expresión (FEADLE):Es de vital importancia contar con un
órgano especializado para atender los delitos contra la libertad de expresión,
como lo ha sido la FEADLE. En el proceso de reformas de la fiscalía es
importante que se mantengan instancias temáticas especiales como ésta. Más
aún, es necesario que ella cuente con autonomía plena, facultades suficientes,
presupuesto y personal calificado para llevar a cabo sus funciones de manera
eficaz.
Washington / México, DF, 30 de abril de 2013