Artículo de Francisco SIERRA CABALLERO. Decálogo para la democracia y el desarrollo audiovisual en España.

1. RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA Y DERECHOS
SOCIALES
Decálogo para la democracia y el desarrollo
audiovisual en España *
Dr. Francisco SIERRA CABALLERO**
Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación,
Política y Cambio Social (COMPOLITICAS)
Departamento de Periodismo I
Facultad de Comunicación
Universidad de Sevilla
Américo Vespucio, s/n Despacho D7
Isla de la Cartuja 41092
SEVILLA
fsierra@us.es
www.compoliticas.org
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* El presente texto es una versión adaptada de la Conferencia impartida en las Jornadas
“Las Radiotelevisiones Públicas en la encrucijada. Presente y futuro” (RTVA, CC.OO.
Sevilla, 26 de Octubre de 2011).
** Francisco SIERRA es Profesor Titular de Teoría de la Comunicación y Director de
COMPOLITICAS. Vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones
Científicas y Académicas en Comunicación, es, en la actualidad, Secretario de la Unión
Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura.

2. I.- INTRODUCCIÓN.
La televisión en abierto ya no es lo que era. El apagón analógico ha significado,
como era previsible a juzgar por la deriva de la política audiovisual, el punto y final del
predominio del sector público radiotelevisivo, y, en cierto modo, el acta de defunción
del concepto de Servicio Público en la administración del espectro televisual. La oferta
y consumo homogéneos de los canales generalistas, y la tradición de política rectora del
Estado en el sistema audiovisual en Europa, vienen siendo cercados por una errática
lógica política liberal que desde hace décadas cuestiona directamente la existencia del
sistema audiovisual público, su razón de ser, so pretexto de la mejora y cualificación de
un modelo multicanal y falsamente policéntrico, con creciente segmentación de la
audiencia, cuyo común denominador es la creciente privatización y, por lo general, la
orientación claramente conservadora conforme al modelo estadounidense del Public
Broadcasting System (PBS).
Como resultado, la promesa de la Vicepresidenta Fernández de la Vega de una
mejora, diversificación y calidad de la oferta, lejos de cumplirse, ha ido degradando la
estructura del audiovisual en España, afectando, de paso, la propia calidad democrática
con la vulneración continua de algunos principios y derechos constitucionales en el
modo de operar y definir la estructura del sector. Pues la supuesta relativa
democratización de los contenidos digitales no sólo no ha sido garantizada con el
principio de acceso universal, sino que, además, por otra parte, el diseño de la nueva
arquitectura tecnológica con los sofisticados sistemas digitales de procesamiento de
información, ha significado literalmente la expulsión de numerosos canales locales
como es el caso en la Comunidad Autónoma de Madrid de TeleK, al limitar los
contenidos de proximidad y los operadores públicos al servicio de las audiencias en
favor de nuevos empresarios de la comunicación como Federico Jiménez Losantos. En
definitiva, la reorganización de la televisión local con el Plan de Impulso de la TDT y la
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo más que sanear
el sector ha restringido el acceso de operadores y homogeneizado el espectro de las
audiencias justamente reproduciendo los elementos objeto de la crítica del sector
privado comercial respecto al monopolio público radiotelevisivo.
En el marco además de la crisis financiera, las restricciones presupuestarias por el
régimen de libre competencia y la multiplicación de la oferta han limitado el papel de
los operadores públicos cuestionándose hoy el papel y existencia misma de las empresas
radiotelevisivas nacionales y autonómicas pese a ser las únicas empresas que cumplen la
función de servicio público esencial del sistema radiotelevisivo atendiendo a los
diversos públicos, minorías e intereses colectivos.

3. NUEVO ESCENARIO AUDIOVISUAL
Tras la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), el nuevo ecosistema
audiovisual muestra en España un sector en permanente crisis y a la deriva que sólo ve
una salida al final del túnel con privatizaciones y mayor nivel de concentración, esto es,
en dirección justamente contraria a los intereses colectivos y al propio interés general.
Si, de forma sucinta, observamos el mapa audiovisual y las políticas públicas
articuladas en los últimos años, es notorio el déficit democrático y los desequilibrios
que esta lógica de desarrollo del audiovisual radiotelevisivo que, hoy por hoy, incluso
amenaza nuestra convivencia democrática, desde el punto de vista del respeto y
garantías de los derechos sociales, con:
- El impulso de cambios estructurales y de regulación del sector al amparo de la
crisis financiera internacional que UTECA, la patronal del sector privado y
comercial de radiotelevisión, ha venido liderando en forma de campaña
mediática y ataques continuados a los profesionales y empresas del Estado, en lo
que podríamos calificar como una verdadera estrategia de acoso y derribo a
derechos constitucionales fundamentales y las libertades públicas, a fin de
cuestionar la identidad y función del sector público audiovisual y, en suma,
proteger los intereses privados del negocio y reparto oligopolista del mercado.
- La mayor privatización y desregulación del sector de la industria audiovisual,
sin un marco normativo claro, ni una autoridad pública independiente que
fiscalice, monitoree y garantice los derechos sociales a la comunicación, que
sitúan a España en una posición de excepcionalidad, al ser el único país de la UE
con este déficit democrático histórico. El sistema audiovisual, de hecho, vive, a
día de hoy, desde la transición, sin planificación coherente ni un modelo
definido de política pública, pese a la promesa frustrada de la reciente Ley
General del Audiovisual. En este sentido, la actual crisis del sistema económico
audiovisual es un epifenómeno de la ausencia de política empresarial
consecuente. Y de la incoherente aprobación de normativas como el Plan
Técnico de FM y el Reglamento de la Radio y Televisión por Cable, antes de la
Ley General del Audiovisual, que excluyó, por poner un caso, desde el punto de
vista de la democracia cultural, a las radios comunitarias del reparto de licencias
en beneficio de nuevos empresarios sin experiencia en el sector.
- El fomento de un marco regulatorio y un sistema audiovisual crecientemente
concentrado mediante la aprobación de disposiciones como el Real Decreto de
23 de Febrero de Medidas Urgentes en Materia de Telecomunicaciones. Así, la
supresión del 5% de participaciones cruzadas entre compañías y la admisión de
la fusión de dos operadores del sector, si no superan la cuota de audiencia del
27%, garantizando la existencia de tres compañías privadas de ámbito estatal
con dirección editorial distinta, legitima una política claramente
concentracionista, produciéndose paradójicamente el hecho notorio de que
quienes criticaran el monopolio público de RTVE tienden ahora, pese a la
multiplicación exponencial de canales, a concentrar, de forma privativa, un
mayor poder de la palabra y la representación en nuestra democracia.

4. - El bloqueo y ausencia de debate democrático en el diseño y modernización del
espectro radiotelevisivo tanto por la falta de un Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales como por la hipermediatización sesgada y oligopolista de las
industrias culturales que han limitado e impedido toda política cultural proactiva
sea en el audiovisual o en la industria editorial, por poner otro caso lesivo de
desarrollo e internacionalización del sector de la comunicación y la cultura. Ello
explica que, pese a los datos clarificadores de por ejemplo el Barómetro
Audiovisual de Andalucía (2009) en que el 80 % de la población se manifestaba
en contra del pago de la TDT en el proceso de adaptación a la nueva norma
tecnológica, esta constatación no fuera tomada en cuenta ni siquiera
reconsiderada en forma de contratos-programa, obligaciones de los operadores
privados o, simplemente, garantías de pluralismo, oferta y contenidos de los
nuevos servicios audiovisuales. Más aún, algunos propietarios como el Sr. Lara
anticiparon antes del apagón analógico que los nuevos sistemas interactivos y la
televisión a la carta, la promesa incumplida de la TDT, no iban a ser ofrecidos
por los operadores privados por su alto coste de prestación. Algunos ideólogos
del capital incluso han llegado a afirmar que a los usuarios no les interesa
Internet en las plataformas de TDT. La falta de una política pública activa y la
prevalencia de los intereses de los operadores privados han limitado así a tal
grado los términos del debate en el proceso de transformación del sistema
audiovisual que literalmente han logrado lo impensable para los apologetas de la
Sociedad de la Información y devotos de Steve Jobs, la nula y restringida
convergencia tecnológica.
La exigencia de ordenación y racionalización del sector que reivindicamos desde la
Academia con la Ley General del Audiovisual, así como las demandas de profesionales
y directivos del sistema público para diseñar una nueva estructura, tal y como proponía
el informe del Comité de Sabios, mediante una regulación homogénea, básica y de
integración del conjunto de situaciones en un solo marco legal, superando las asimetrías
reguladoras entre distintos operadores en función del ámbito o alcance de cobertura y
modalidades de distribución de la señal, han terminado como resultado conculcando los
derechos sociales de la ciudadanía a un Sistema Audiovisual de Calidad, imponiéndose
el incumplimiento reiterado de las garantías constitucionales y de principios siempre
postergados como el Derecho de Acceso. Si bien la nueva Ley General Audiovisual
sanciona el reconocimiento de los servicios de difusión comunitaria, así como los
servicios de difusión de proximidad para emisoras sin ánimo de lucro, el llamado giro
UTECA ha terminado imponiendo la desregulación y comercialización del sector en
una evolución política del gobierno que, como en el caso de la crisis, ha tendido de la
defensa de un marco legal para la pluralidad y defensa de un sector público
desgubernamentalizado y de calidad a la asunción de la cultura privativa y el respaldo a
las políticas desreguladoras y de concentración empresarial. Una política que, incluso
desde la lógica de la racionalidad eficiente, resulta deficitaria y contraproducente. De
hecho, ya en la tramitación del “Anteproyecto UTECA”, en un encuentro con los
sindicatos y los comités intercentros de los operadores públicos, aavanzamos,
prospectivamente, la realidad del sector:
A). Creciente endeudamiento y crisis de sostenibilidad de los operadores públicos y el
previsible proceso de fusiones y concentración de los operadores privados.

5. B). Rebajamiento y pérdida de calidad de los contenidos con una creciente
espectacularización y la proliferación de espacios de dudosa legalidad (canales
televenta, quiromancia, contenidos atentatorios contra la infancia en horarios
inapropiados, etc. . . ).
C). Dualización de la oferta e imposición de la lógica del pago por visión (PVP) frente a
la promesa de la TDT pública, gratuita, plural y de calidad.
D) Acoso y marginalización de los operadores públicos sin un modelo estable de
financiación y obligados a externalizar crecientemente servicios y producción propia
por la imposición de modelos comerciales de gestión.
E) Polarización y clientelismo partidista de los canales en torno a los dos principales
partidos e intereses económicos y financieros, afectando sobremanera al principio de
pluralismo ideológico y político.
F). Mayor participación activa de las empresas de telecomunicación, reestructurando el
sector audiovisual, como en el caso de EE.UU., mediante la liberalización a favor de
operadores como ATT o TELEFONICA y de operadores extranjeros como News
International Corporation (Grupo Murdoch).
G) Incremento de la desigualdad social, pese al incremento constante y continuo de los
canales temáticos, de minorías excluidas (tercera edad, jóvenes, discapacitados,
población rural) ante los procesos de mercantilización del sector y la nueva oferta de
pago que tendrá lugar con los nuevos modelos de negocio, lo que directamente significa
un proceso de transferencia de recursos de la población, del conjunto de ciudadanos
hacia los operadores privados sin que, como hemos indicado, se observe
contraprestación ni obligatoriedad alguna, considerando los procesos de desregulación
habidos en los últimos años.
Ante tal panorama, y a la vista de la agresiva campaña contra los operadores públicos
promovida por UTECA y el sector privado de las industrias culturales, es el momento
de redefinir los términos del debate nacional y articular una crítica política madura y
consistente, a partir de las bases dde un pensamiento para el cambio cultural pensado en
defensa de la ciudadanía y los derechos sociales de una comunicación democrática,
plural y de calidad, en defensa de una televisión de todos y para todos.
DIEZ PRINCIPIOS Y UN AVISO PARA NAVEGANTES
1.El futuro del Servicio Público Radiotelevisivo no es un problema económico sino
político. La campaña ideológica contra el sector público es fruto de un falso debate
mediatizado por la posición dominante de los operadores privados en el espejo catódico.
Los intereses económicos particulares sitúan como interés general la necesaria
privatización de los medios públicos por la insostenibilidad del sector cuando
justamente ha sido UTECA, la patronal del sector radiotelevisivo, la artífice y
promotora del modelo de regulación y asfixia del audiovisual público siguiendo un

6. guión trazado con antelación a la Ley General del Audiovisual que tiene además
resonancias en la propia UE en forma de doctrina Bangemann y ataque a lo que se
denominó en Bruselas “euforia reglamentaria”, curiosamente en un sector
insuficientemente regulado. El discurso de la sostenibilidad del sector público es pues
un discurso de mixtificación de los intereses privados que encubre un ataque frontal de
recorte de los derechos sociales a la comunicación de la población que exige ir más allá
de la contabilidad de las empresas para hablar de tejido audiovisual, de derechos
colectivos, de industria radiotelevisiva y de modelo de negocio, en una línea no
economicista sino económico-política. En otras palabras, es preciso subvertir este
pensamiento único del sentido común según el cual lo privado es el bien común y lo
público, los medios del Estado y de las comunidades autónomas, intereses especiales de
trabajadores bien remunerados, con una posición privilegiada, frente a la precariedad
laboral del conjunto de la población y, especialmente, de los trabajadores de los medios
de los “guardianes de la libertad de expresión”. Se hace un flaco favor desde los medios
de comunicación públicos enfocar el debate de la crisis financiera como un problema de
sostenibilidad de lo público cuando resulta que, justamente, ha sido el capital financiero
internacional, la banca y el gran capital especulativo el responsable de la crisis, y en el
caso del audiovisual las aventuras y desventuras de los Cebrián, Berlusconi y compañía
los causantes, en buena medida, de la crisis de competitividad del sistema
radiotelevisivo nacional. Fueron los operadores privados, sin previsión ni un proyecto ni
modelo claro de negocio, salvo el expolio de lo público, quienes primero exigieron más
canales, después demandaron, en poco tiempo, luz verde para la concentración y hoy
criminalizan lo público y exigen la privatización de los canales autonómicos por
principios de austeridad e insolvencia del estado de las autonomías. Todo atento analista
y estudioso del sector es consciente de que la demanda de más canales expresada por
UTECA no era razonable, que la ampliación exponencial del número de operadores
privados en España no parecía a priori viable, ni oportuno, sin un panorama clarificado
del modelo de comunicación como política de Estado. El resultado la urgente llamada a
la privatización de los canales públicos, cuando no su desaparición. Por ello, el debate
no es tanto económico como político-ideológico. El falso debate UTECA debe pues ser
atajado cuestionando el papel de las empresas privadas en el sector y su presunta
eficiencia con la gran paradoja y la dificultad que representa hablar de democracia del
servicio público radiotelevisivo en un sistema de medios privatizado y de escasa o nula
cultura democrática, por la ausencia de pluralismo y el dominio de los intereses creados.
En otras palabras, hay que poner en evidencia el principio de privatización de los
beneficios y socialización de las pérdidas, mostrando a la ciudadanía que España es una
excepción en este punto, a diferencia del caso francés o alemán, a fin de redefinir los
términos del debate nacional que hoy se sigue en los medios a partir de los derechos
culturales, de la calidad y prestación de servicios a la ciudadanía y no tanto desde la
lógica de la contabilidad que, en verdad, guía discusión en el terreno de las causas
perdidas y los intereses creados de la patronal del sector. En suma, la agenda pública
debe ser reorientada de lo económico a lo político y de lo político a lo económico, en
una visión más amplia del estatuto y función social de los operadores radiotelevisivos
del Estado y las Autonomías.
2. La primera libertad de prensa consiste en NO ser una industria. El talón de
Aquiles del neoliberalismo es su naturaleza autoritaria y de innegable voluntad de poder
y recorte de las libertades. Por ello es necesario recordar, como el joven Marx, que la
primera libertad de prensa consiste en no ser una industria; en otras palabras, la función
original vicaria de toda mediación periodística no es otra que la defensa de las libertades

7. públicas, lo que implica anteponer su función cultural al principio sagrado de la
propiedad privada o de los intereses creados de la estructura económica. Llama la
atención que los editores, reunidos en AEDE, reclamaran recientemente ayudas públicas
del Estado para mantener los diarios, pero al tiempo reclamen para sí la libertad de
empresa informativa en una paradójica y significativa pirueta de reconocimiento del
Estado para seguir reclamando el imperio del Mercado, eso sí, con financiación de la
Hacienda Pública. El ejemplo reciente, en medio de la crisis de consumo de lectores y la
fuga acelerada de usuarios del papel prensa a Internet, da cuenta de la ambivalente
concepción de las libertades públicas informativas por el empresariado nacional, que
reclama para sí autonomía, pero al tiempo pide la ayuda del Estado para ser
subvencionados, sin contraprestación alguna, en calidad de baluartes de la democracia,
pese a su frontal oposición a todo principio de responsabilidad y regulación pública, que
consideran una amenaza a la libertad de prensa. Cuando afirmamos que es preciso
reivindicar la libertad de prensa como estrategia de cuestionamiento de esta
mixtificación ideológica, es para construir un discurso y una política de defensa del
dominio público. La radiotelevisión, en Europa, surge y es reconocido como un Servicio
Público Esencial. Pero en las últimas décadas de neoliberalismo, primero las
telecomunicaciones y hoy el audiovisual han sido convertidas en producto de consumo.
Por ello, es necesario recordar que el servicio público radiotelevisivo no atañe sólo a los
operadores que son propiedad estatal, sino también a los operadores privados que,
sistemáticamente, vulneran y atentan contra los derechos de acceso, pluralidad y calidad
cultural, al amparo del discurso de la libertad de prensa como libertad de empresa
informativa. Luego el apoyo a la inversión en el sector público y la defensa del dominio
público de la información, de un medio y un sistema informativo ciudadano, frente a los
intereses privativos de los que articulan un discurso de ineficiencia del sector público,
es la mejor garantía de las libertades públicas asociadas al Derecho a la Información.
3. El sector radiotelevisivo comercial potencia un sistema privado inspirado en la
lógica del capital rentista. En su afán depredador, y clientelista, la industria cultural en
España parece querer emular la política especulativa que ha dado lugar a la burbuja
inmobiliaria. Así, los operadores privados, no contentos con la Ley del Audiovisual,
diseñada a imagen y semejanza de su visión estratégica, ahora quieren eliminar la
presencia de todo operador público. Al parecer, la liberalización solicitada con la
renovación automática de las licencias por 15 años autorizando la venta y arrendamiento
de licencias que convierten la TDT en un negocio especulativo de acumulación rentista,
siguiendo el modelo del ladrillo que tanto daño ha hecho a la estructura y dependencia
económica de nuestro país, no es suficiente. Por lo que hay que volver a decir que la
consecuencia de esta economía de extracción especulativa de valor es la que es en la
industria cultural, y en el sector radiotelevisivo especialmente: precariedad del empleo,
insostenibilidad, destrucción del tejido industrial, incumplimiento de obligaciones y de
la propia norma, pérdida de calidad, y más recortes a libertades públicas esenciales
como el derecho de información y la libertad de opinión. Y cuando los operadores
privados no siguen el patrón especulativo del capital rentista, desarrollan la estrategia y
cultura del estraperlo. Un claro ejemplo es el del gobierno de la Comunidad Autónoma
de Madrid, que criminaliza servicios públicos esenciales como la sanidad (caso Hospital
de Leganés) al tiempo que externaliza servicios de comunicación a los amigos del cartel
o a los imputados de turno del caso Gurtel. Nada que ver por tanto con la supuesta
eficiencia y modernidad prometida por el sector, ni resquicio alguno de innovación y
experimentación en nuevos formatos, y mucho menos tal proceder justifica la necesidad
de competitividad y sinergia empresarial bajo liderazgo del capital privado. Quienes

8. aplaudieron con entusiasmo la contrareforma de la Ley General Audiovisual ya
manifestaron su clara oposición a la existencia de cualquier ente estatal de regulación
que controlara la gestión y contenidos del audiovisual mientras intentan asfixiar
económicamente al sector público con la excusa de la crisis, pero, al tiempo, y de forma
sistemática, renuncian a innovar en el proceso de adaptación tecnológica, evitando
invertir en I+D+i, para replicar productos ya manidos mientras incumplen
reiteradamente la Directiva “Televisión sin Fronteras”, por no mencionar la situación
precaria de una buena parte de sus profesionales, con independencia de la cuenta de
resultados.
4. El sistema privativo audiovisual incurre en un delito de culturicidio. La noción de
destrucción creativa de los operadores privados de radiotelevisión en España es más
culturicida que innovadora. La radiotelevisión comercial en nuestro país atenta contra la
diversidad, no respeta los derechos humanos ni la dignidad de la persona, regularmente
traspasa todos los límites habidos y razonables de la privacidad e incluso, deudora como
es de la doctrina Murdoch, practica formas patológicas de verdadero terrorismo
informativo reforzando valores contrarios a la Constitución y la democracia con
continuos linchamientos y juicios mediáticos, cuando no directos ataques a las
instituciones del Estado. Este comportamiento de los operadores privados, sin parangón
en el espacio de la UE, constituye todo un programa cultural de destrucción del
ecosistema simbólico so pretexto de que TODO VALE en el mercado libre del
audiovisual. Todo, incluso la financiación pública del culturicidio. Porque, al igual que
los editores de prensa, es previsible que cuando las audiencias no acompañen reclamen,
herederos como son de la cultura del estraperlo, la protección del Estado, de nuevo al
amparo de la máxima de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas.
Cuando el responsable de UTECA, José Miguel Contreras plantea la necesidad de un
debate serio sobre el futuro de los entes autonómicos quizás convendría plantear por
ello el sentido de la televisión en España y su misión cultural y cuestionar,
públicamente, si UTECA comparte el modelo SÁLVAME. Porque cuando desde el
sector privado se habla de doble contabilidad en las empresas públicas (vía ingresos
publicitarios y presupuestos públicos), en tal afirmación se niega y encubre por
principio el robo propietario del espectro, que la contrarreforma introduce con la lógica
de subasta de licencias. O si de verdad de tratar en detalle y a profundidad el modelo de
televisión en España convendría recordar cómo antiguos asalariados de Silvio
Berlusconi como Mario Monti han venido haciendo campaña en la dirección general de
competencia de la UE a favor de Fininvest mediante ataques al sector público o
impidiendo políticas culturales activas, supranacionales, de las televisiones estatales.
Hablar, pues, en serio, como demanda el Sr. Contreras y UTECA es discutir el modelo
cultural: ¿ La radiotelevisión comercial piensa contribuir al desarrollo del audiovisual y
la cultura nacional o seguir la estela de Martin Bangemann, de la lógica del interés y un
modelo de negocio basado en prácticas opacas, nada transparentes, y en ocasiones como
en el caso Berlusconi, incluso delictivas ?. La presidencia de UTECA pregunta y acosa,
cual paparazzi a los directivos de los operadores públicos pero no responde a estas
cuestiones sustantivas. Pero como en el silencio administrativo la falta de respuesta ya
es, de por sí, la licencia de una respuesta consabida. Su proyecto de audiovisual
televisivo es propia de un modelo cultural del mundo al revés en el que, parafraseando a
Galeano, los NADIES, los hijos de NADIE, los dueños de NADA, no son, no pueden
ser, no pueden hablar, no pueden soñar, no pueden pensar, ni decir. . . y los POCOS que
son, que dicen, que hablan, que tienen el monopolio de pensar, decir y dirigir, nos dicen

9. que somos culpables de su crisis, de su sostenibilidad, de sus aventuras externas como
preclaros empresarios del audiovisual; nos dicen y argumentan, en fin, que somos
obstáculos para la modernización de sus expropiaciones y reapropiaciones, de sus
invasiones del radioespectro y de su voluntad depredadora. Pero esos POCOS,
prohombres serios y defensores del libre comercio como el Sr. Contreras o Silvio
Berlusconi, que, al amparo de sus intereses, en la historia de la radiotelevisión nacional,
y pese al intento de garantizar la memoria secuestrada, sabemos que han tenido una
conducta lesiva, irregular, clientelista y abusiva para el sector audiovisual nacional, no
están dispuestos a hablar de cultura, de ecosistema social, de proyecto de Estado ni
siquiera de modelo de negocio. Sólo de cuenta de resultados.
5.El problema de la viabilidad del sistema público radiotelevisivo no es un
problema económico sino cultural. La defensa del sector público es un problema
ideológico, de mirada, de punto de observación, que exige un reposicionamiento
político. Si el neoliberalismo aísla, fragmenta y desconecta diversos aspectos de la
realidad oponiendo dicotomías como la alternativa quirófanos vs. televisiones
autonómicas, es el momento de plantear la lucha por la defensa del audiovisual público
como un problema de modelo de Estado de Bienestar, desde un enfoque global y no
sectorial. Desde este punto de vista, retomando a Williams, la defensa del sector
radiotelevisivo es una utopía, la mirada en horizonte con perspectiva histórica que
plantea el sentido del servicio público televisivo como una exigencia de política
cultural. Pues si se limita el poder regulador y fiscalizador del Estado y los operadores
privados tienen, como hoy, vía libre, sin obligaciones, para continuar con su
culturicidio, no es posible la cultura y convivencia democrática en común. Precisamos
mirar de otro modo este problema sectorial. Vincular servicios públicos, articular
democracia ciudadana.
6. La privatización de los Entes Públicos Radiotelevisivos no debe de plantearse
como un asunto exclusivamente sindical ni de destrucción de empleo, sino como un
problema político y social. Según venimos argumentando, el discurso neoliberal
suprime interesadamente el todo por la fragmentación de las partes y tiende a aislar,
fragmentar y desconectar realidades que forman parte de una lógica de organización
social. En este sentido, la defensa del modelo público de radiotelevisión no puede ser
enfocado como un problema sindical, y de destrucción de empleo, sino como un
proceso de recorte de libertades públicas que, lógicamente, incluye el problema de la
precariedad de los trabajadores de la industria cultural y la “descualificación” de
contenidos o la pérdida de democracia y autonomía informativa. El reto pues es pasar de
la defensa del empleo público a la indignación contra la precariedad informativa y
contra la calidad del sistema privado de comunicación. Pues hoy, más que nunca, es
necesaria una segunda ruptura democrática, ciudadana, que realice la transición
democrática de forma integral y productiva. Si ha sido posible realizar la
“desgubernamentalización” de RTVE, hemos ahora de incidir en la cultura de
construcción de espacio público por medio de la ruptura de una historia de España en la
que, tradicionalmente, la población ha sido más bien súbdita que sujeto y artífice del
futuro y desarrollo común. Necesitamos, en fin, comenzar a ser ciudadanos, con
derechos políticos y culturales y unos medios de comunicación de todos para todos,
como un espacio público de encuentro, representación y pluralismo social, político e

10. ideológico, para el desarrollo equilibrado de las instituciones democrática y la propia
sociedad.
7. La defensa del sector público debe ser planteado como un proceso de
regeneración democrática en términos de libertad y autonomía. El problema del
futuro de la radiotelevisión pública constituye, en este sentido, un problema de
independencia, libertad informativa, dominio público y ciudadanía frente al afán
privatizador de los intereses creados. Ahora bien, la defensa del servicio público pasa
por una autocrítica permanente, por deliberación ciudadana, por la reconstrucción y
regeneración democrática. En este punto, es necesario asumir que debemos ser muy
autocríticos con la gestión de los directivos y también con los trabajadores de los
medios públicos por las inercias y derivas gubernamentales y ciertas culturas de
producción. Pero también poner en valor que son los medios públicos los que tienen
Estatutos y Consejos de Redacción, en los que se desarrollan formas de autonomía,
independencia y calidad profesional, que permiten, en fin, la representación y el debate
sindical, que garantizan en suma los derechos ciudadanos. En este sentido, urge hacer
pedagogía de la democracia sobre los derechos de la comunicación y su centralidad en
la defensa del conjunto de los derechos sociales promoviendo una MESA NACIONAL
sobre medios públicos y democracia para poner en movimiento el derecho a la
comunicación y la sociedad en movimiento en la defensa de los servicios públicos. De
otro modo, ¿ qué espacio radiotelevisivo van a tener grupos minoritarios como los
discapacitados en los canales de los operadores privados, si ya afirmaron que tal
obligatoriedad, como muchas otras, era un coste inasumible y debía de quedar en manos
del sector público?. El discurso y lenguaje de la LIBERTAD. AUTONOMÍA,
INDEPENDENCIA, SENTIDO PÚBLICO Y CIUDADANO frente a intereses privados
constituye por ello una prioridad como una alianza y compromiso de Periodismo Real
Ya con la población que, no olvidemos, en los informes del CIS manifiesta, tras la clase
política, una gran desconfianza sobre los medios y periodistas, en general.
8.La privatización del servicio público radiotelevisivo condena al sector y amenaza
el futuro de la industria audiovisual. Curiosamente, cuando España apuesta por la
sociedad del conocimiento, por tener un liderazgo industrial y tecnológico –taly como
se argumentara en la tramitación de la Ley de Economía Sostenible – la campaña
ideológica de acoso y derribo a las televisiones autonómicas y, en general, al sector
público no sólo afecta al empleo, sino que amenaza gravemente el futuro de la política
industrial audiovisual. Las circunstancias que afectan a este debate vienen motivadas, en
parte, por la ausencia de un modelo para el sector. Era previsible que la supresión de la
publicidad en la RTVE no iba a incrementar los ingresos publicitarios de los operadores
privados. De los 520 millones de euros de la RTVE apenas 120 millones llegaron a los
operadores privados. Pero, a cambio, siguiendo la visión política conservadora del
modelo PBS se consiguió marginalizar y reducir el papel de liderazgo en la economía de
la atención de las televisiones públicas haciendo real el deseo de un modelo audiovisual
en el que, como advierte Martín Barbero, el futuro es pensado en exclusiva para el
capital y el pasado para el Estado. En otros términos, más de lo mismo, privatización de
los beneficios y socialización de las pérdidas. Los operadores privados quedan exentos
por ejemplo de atender los derechos de las personas con discapacidad y los operadores
públicos sin recursos, marginados y sin capacidad de liderazgo en el espacio público
quedan como responsables de atender las demandas de la población. Pero la viabilidad
de este modelo se ve agravada con la ausencia de un sistema claro y preciso de
financiación de las cadenas de titularidad pública. Todo lo contrario al caso de la BBC

11. que, aunque sufre un reajuste económico, con el incremento del 3 por ciento anual para
el servicio público (232 euros anuales por habitante para pagar con el canon el nuevo
servicio) y son notorias las reducciones de presupuesto y personal, el papel de esta
institución está lejos de quedar en un papel secundario o marginal como ha sucedido
con las reformas de la RTVE en España, que ha perdido la posibilidad de acceder a
eventos deportivos, siendo obligada además a aumentar en un 20 por ciento su
aportación a la industria cinematográfica.
9.La defensa del sector público exige una política progresista de convergencia de
las fuerzas de la izquierda. Ante este escenario, es el momento de reivindicar un Pacto
de Estado por el Futuro el Audiovisual a partir de una política de alianzas de la
Universidad, los Sindicatos y Movimientos Sociales y las fuerzas políticas de progreso.
Tenemos ejemplos en Argentina y Venezuela, en Brasil y Uruguay o Bolivia.
Históricamente, es posible, y evidentemente necesario impulsar un movimiento de
defensa de la radiotelevisión pública a partir del principio de que la mejor defensa es un
ataque, la movilización y agitación política y social.
10. La articulación de un modelo público de Radiotelevisión exige mayor
cooperación y articulación a nivel nacional, local, regional y del espacio de la
Unión Europea. De la misma forma que la defensa del sector público no es un
problema sindical, ni puede ser acometido sin alianzas sociales y la convergencia de
progreso, es notorio que, hoy por hoy, en nuestro país es necesaria una mayor
cooperación y coordinación interterritorial de la FORTA para la supervivencia de los
operadores regionales – autonómicos del sector público. Pero también, es evidente que
son necesarias redes de televisión públicas autonómicas, entre lo local y lo regional, y a
nivel nacional regulando, claro está, la presencia de las privadas e impulsando el Tercer
Sector Audiovisual vinculado a los medios comunitarios para la creatividad y
experimentación en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y la
Universidad. Si el neoliberalismo y la ofensiva contra lo público prospera, en beneficio
de una minoría, justamente por este discurso neoliberal de separación, división,
localización y desconexión; una política alternativa exige lo contrario, unión, conexión,
vinculación, mayor participación ciudadana, deliberación pública, empoderamiento,
crítica social y cultural, articular en fin política y democracia de los vínculos.
La defensa del servicio público radiotelevisivo, hoy más que nunca, exige, en
definitiva, asumir conscientemente el reto civilizatorio de OTRA COMUNICACIÓN
POSIBLE. Es el tiempo de la Política y de una Estrategia para Luchar por la
Hegemonía Cultural. En este empeño, partimos con ventaja. Tenemos la pasión de
decir, y la voluntad de servicio, el arte y lenguaje de los vínculos. ¿ No pedían
recientemente los editores salvaguardar la comunicación para la democracia de los
diarios como servicio público ?. Nada tan público como las radios y televisiones
autonómicas y nacionales. El servicio público radiotelevisivo es la realización de la
comunicación como derecho fundamental garante de la democracia; la
comunicación como factor de desarrollo; la comunicación como diálogo y
comprensión; la comunicación como conector y esencia de cualquier relación
humana; la comunicación, en fin, como facilitador de información, como educación
y espacio público de construcción de la ciudadanía. La comunicación, en suma, de
todos para todos a partir de un principio esencial: MANDAR OBEDECIENDO.

12. Para nosotros nada, para todos TODO. . . Este es el programa alternativo de una
política sindical del servicio público radiotelevisivo.
Sevilla, 10 de Noviembre de 2011